STC2969-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2969-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01147-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Para sustentar sus reclamos indic\u00f3, en s\u00edntesis, que junto con su padre Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra Gladys Romero Vargas, Jos\u00e9 del Carmen Romero Vargas, Roberto, Ana Bel\u00e9n, Jacinto y Romelia Romero Romero, Henry, Nubia, Alba, Omar, Yolanda, Margy, Ana Mercedes, Sandra Milena y Fabio Gonz\u00e1lez Romero, as\u00ed como frente a los dem\u00e1s herederos indeterminados de Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento, Rosa y Mercedes Romero Romero y personas indeterminadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la declaraci\u00f3n la pretendieron respecto de un predio rural llamado El Balbanero, ubicado en Barichara \u2013Santander-, en el que vive con su familia, entre ellos su padre que tiene 83 a\u00f1os y padece de \u00abartrosis degenerativa\u00bb y su t\u00edo Jacinto Romero Romero, de 65 a\u00f1os, \u00abdeclarado interdicto absoluto en decisi\u00f3n judicial\u00bb, inmueble en el que, junto con su padre, ha ejercido posesi\u00f3n quieta pac\u00edfica e ininterrumpida por m\u00e1s de treinta (30) a\u00f1os, desde cuando Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento, fallecido, se los transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de donaci\u00f3n, contrato que con posterioridad fue anulado por orden judicial. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en el proceso cuestionado, varios de los demandados formularon excepciones en las que alegaron su falta de legitimaci\u00f3n por tener la calidad de \u00abheredero del titular del derecho de dominio\u00bb, la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n por cuenta del proceso de nulidad del contrato de donaci\u00f3n y la ausencia de presupuestos de la acci\u00f3n ejercida, adem\u00e1s Alba Luz Gonz\u00e1lez Romero formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n para lograr la reivindicaci\u00f3n del referido inmueble y el pago de los frutos naturales y civiles, en favor de la sucesi\u00f3n de Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil en sentencia de 11 de noviembre de 2021 neg\u00f3 sus pretensiones y acogi\u00f3 las de la demanda de reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, y confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esa ciudad el 12 de octubre de 2022. <\/p>\n
En su criterio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, al apreciar indebidamente los elementos probatorios y omitir la apreciaci\u00f3n de otros, y por \u00abdesconocimiento del precedente consolidado por la Corte Suprema de Justicia\u00bb, toda vez que el Tribunal estim\u00f3 equivocadamente que la posesi\u00f3n hab\u00eda sido interrumpida, debido al proceso de nulidad del mencionado contrato de donaci\u00f3n, no obstante que, no lleg\u00f3 un nuevo poseedor al inmueble y los demandantes no se desprendieron del mismo y, adem\u00e1s, quien formul\u00f3 el proceso mencionado no estaba habilitado para actuar en nombre de la sucesi\u00f3n de Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento, pues \u00e9sta, para esa \u00e9poca, no hab\u00eda sido abierta. <\/p>\n
Agreg\u00f3 igualmente, que el abogado que promovi\u00f3 el juicio de nulidad de donaci\u00f3n actu\u00f3 como apoderado de algunos herederos y de su t\u00edo Jacinto Romero Romero, sin embargo, con posterioridad se adelant\u00f3 la interdicci\u00f3n de este \u00faltimo, por lo que resultaba inviable que siguiera actuando en nombre de su t\u00edo y, menos, para despojarlo del predio en el que vive. <\/p>\n
Sostuvo, que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que \u00abla posici\u00f3n jurisprudencial de la Corte es un\u00e1nime y m\u00e1s que centenaria, en afirmar que el secuestro no interrumpe la prescripci\u00f3n, porque no extingue ni releva de la posesi\u00f3n a quien la detenta (\u2026). Postura que tiene plena vigencia y que pone de presente con claridad que los accionados han desconocido la jurisprudencia marcada en este sentido, pues de la misma se desprende que ninguna medida que establezca la tenencia provisional de un predio en manos de un tercero, se traduce en la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva, especialmente si se da aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 786 del C\u00f3digo Civil cuando establece que \u201cel poseedor conserva la posesi\u00f3n, aunque transfiera la tenencia de la cosa, d\u00e1ndola en arriendo, comodato, prenda, dep\u00f3sito, usufructo, o cualquiera otro t\u00edtulo no traslaticio de dominio\u201d. Supuesto que pone de presente que el supuesto secuestro y entrega practicados por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Barichara, aducidos por los juzgadores como base de sus decisiones, carecen de la vocaci\u00f3n necesaria para configurar los supuestos establecidos en el numeral 2 del art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, y tras referir in extenso las declaraciones rendidas en el proceso censurado, indic\u00f3 que esas pruebas fueron valoradas irregularmente, porque de ellas lo que se conclu\u00eda era la procedencia de sus pretensiones. <\/p>\n
2. Con sustento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto la Sentencia de fecha 12 de octubre de 2022, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN GIL SALA CIVIL FAMILIA LABORAL y la proferida por el juez de primera instancia accionado\u00bb y ordenarle a la Corporaci\u00f3n accionada proferir nueva sentencia, \u00abvalorando en conjunto el material probatorio y el acatando el precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de San Gil, relat\u00f3 los antecedentes del asunto y envi\u00f3 copia de la sentencia proferida en segunda instancia en el proceso cuestionado. <\/p>\n
2. Martha Consuelo Guar\u00edn Pati\u00f1o, quien adujo actuar como curadora en el proceso de pertenencia, manifest\u00f3 atenerse a lo decidido en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Juan Pablo Gonz\u00e1lez Romero reprocha la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil el 12 de octubre de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Primero Civil del Circuito de ese municipio en la que se desestimaron las pretensiones de la demanda de pertenencia que promovi\u00f3 el accionante junto con Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez y se acogieron las de la reconvenci\u00f3n orientadas a lograr la reivindicaci\u00f3n del predio en contienda, en favor de los herederos de Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento. <\/p>\n
3. Analizado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, la Sala advierte el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada porque no se constata irregularidad alguna, en la decisi\u00f3n de 12 de octubre de 2022, con la cual la Corporaci\u00f3n acusada le puso fin a la problem\u00e1tica aqu\u00ed alegada por el solicitante. <\/p>\n
3.1 En efecto, se observa que, en ese pronunciamiento, el Tribunal Superior tras exponer los antecedentes del asunto y lo fallado en primer grado, refiri\u00f3 los motivos de la apelaci\u00f3n planteada por la parte demandante e indic\u00f3 que los mismos se sustentaban en lo siguiente, <\/p>\n
\u00abInexistencia de reconocimiento de dominio ajeno por parte de los demandantes y su continuidad en la posesi\u00f3n\u201d, la cual explica atendiendo diversos aspectos. Estos fueron: i) \u201cla participaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n como elemento de manifestaci\u00f3n del animus dominio\u201d; ii) la \u201cposesi\u00f3n aut\u00f3noma del inmueble y vocaci\u00f3n sucesoral\u201d; iii) la \u201ccontinuidad de la posesi\u00f3n\u201d; iii) la \u201cfalta de materializaci\u00f3n de la diligencia de entrega\u201d; iv) la \u201cImprocedencia de la aplicaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil\u201d; y v) la \u201cindebida valoraci\u00f3n de la prueba testimonial y documental\u00bb. <\/p>\n
Fijado lo anterior, advirti\u00f3 que en el proceso no hab\u00eda discusi\u00f3n en relaci\u00f3n con la identificaci\u00f3n del inmueble materia de pertenencia y reivindicaci\u00f3n, del cual figuraba como titular del dominio Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento, fallecido seg\u00fan el registro civil de defunci\u00f3n aportado y por lo cual actuaban los demandados como sus sucesores determinados e indeterminados. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n y en cuanto a la actuaci\u00f3n de Jacinto Romero Romero, t\u00edo del accionante, resalt\u00f3 que el guardador de \u00e9ste, Omar Gonz\u00e1lez Romero fue designado mediante sentencia judicial, agreg\u00f3 que como lo adujo el recurrente, no pod\u00eda aplicarse el art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil, sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, ya que el asunto \u00abno versa sobre una prescripci\u00f3n ordinaria como la que all\u00ed se prev\u00e9\u00bb, adicionalmente sostuvo, que tambi\u00e9n compart\u00eda el cuestionamiento del demandante, aqu\u00ed accionante, en cuanto a que no reconoci\u00f3 dominio ajeno, en tanto que en la sucesi\u00f3n de Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento, incluso reclam\u00f3 la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite, por estar adelantando la pertenencia estudiada. <\/p>\n
No obstante, sostuvo que deb\u00eda confirmarse la sentencia de primera instancia porque \u00abdentro del proceso se evidencian fundamentos probatorios concluyentes de que la posesi\u00f3n quieta, tranquila y pac\u00edfica sobre el inmueble objeto de pertenencia, requerida por el t\u00e9rmino m\u00ednimo de diez a\u00f1os ciertamente no se demostr\u00f3 de manera fehaciente\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que sobre la \u00abcontinuidad de la posesi\u00f3n\u00bb y la \u00abfalta de materializaci\u00f3n de la diligencia de entrega\u00bb aducida por el apelante no pod\u00edan avalarse tales alegaciones, porque el a quo hab\u00eda expuesto diversos argumentos en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite derivado de la demandada de nulidad contractual y \u00absu efecto material en lo que hac\u00eda alusi\u00f3n a la posesi\u00f3n invocada por los demandantes\u00bb y \u00e9stos no hab\u00edan sido controvertidos al sustentarse la apelaci\u00f3n, particularmente, record\u00f3 que el juez de primer grado anot\u00f3 que en el proceso obraba prueba del litigio \u00abordinario de nulidad de Escritura p\u00fablica propuesto por Gladys y Jos\u00e9 del Carmen Romero Vargas en contra de Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez y herederos del causante Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento\u00bb, sobre lo cual se sostuvo, <\/p>\n
(\u2026) En el proceso mencionado, se solicit\u00f3 la nulidad de la donaci\u00f3n del predio El Balbanero efectuada por Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 1809 del 15 de septiembre de 1999 en favor de RAM\u00d3N GONZ\u00c1LEZ RODR\u00cdGUEZ, proceso que se tramit\u00f3 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito bajo el radicado 201000093-00 en el que por sentencia calendada el 30 de noviembre de 2015 resolvi\u00f3 \u201cdeclarar la nulidad absoluta y por ende ineficaz de la donaci\u00f3n contenida en la escritura p\u00fablica No.1809 del 15 de septiembre de 1999, otorgada en la notaria segunda del c\u00edrculo de San Gil y que recay\u00f3 sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.302-5276 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos y privados de Barichara\u201d esa misma providencia cancel\u00f3 la escritura p\u00fablica a la que ya se hizo menci\u00f3n, junto con la anotaci\u00f3n 4 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria y en su numeral octavo dispuso: \u201ccondenar al demandado RAM\u00d3N GONZ\u00c1LEZ RODR\u00cdGUEZ, que dentro de los seis d\u00edas posteriores a la ejecutoria de la sentencia, haga entrega del bien objeto de donaci\u00f3n a la sucesi\u00f3n del causante JUAN DE JES\u00daS ROMERO SARMIENTO\u201d. <\/p>\n
La sentencia antes referida fue objeto de apelaci\u00f3n por parte del demandado, pero solamente en lo tocante a la condena en costas, lo cual nos indica que la nulidad de la donaci\u00f3n como la orden de entrega quedaron inc\u00f3lumes seg\u00fan sentencia del 26 de julio de 2016 proferida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de San Gil. <\/p>\n
Una vez desatada la alzada y devuelto el expediente al juzgado de origen, como tr\u00e1mite subsiguiente se adelant\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la sentencia dentro del cual se llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega del bien EL BALBANERO efectuada a los herederos de la SUCESION ILIQUIDA del causante JUAN DE JESUS ROMERO SARMIENTO, la cual se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 29 de marzo de 2017, sin oposici\u00f3n alguna, seg\u00fan se evidencia del acta contentiva de dicha diligencia efectuada por la inspecci\u00f3n municipal de polic\u00eda de Barichara, en donde consta que el hoy actor nunca se opuso a la entrega del bien inmueble, aceptando integralmente la orden de entrega a la sucesi\u00f3n o a los herederos del causante citado. (Se destaca). <\/p>\n
Sin embargo, como se anunci\u00f3, el Tribunal Superior resalt\u00f3 que las anteriores afirmaciones no hab\u00edan sido objeto de la apelaci\u00f3n, porque nada se dijo sobre la apreciaci\u00f3n que tuvo el a quo en cuanto a la firmeza de la sentencia que declar\u00f3 la nulidad del contrato de donaci\u00f3n y la correspondiente entrega que all\u00ed orden\u00f3 y se practic\u00f3, conforme a los elementos de prueba obrantes, concretamente, el \u00abacta contentiva de dicha diligencia efectuada por la inspecci\u00f3n municipal de polic\u00eda de Barichara\u00bb y donde ninguna oposici\u00f3n formularon quienes, despu\u00e9s, plantearon el proceso de pertenencia materia de queja. <\/p>\n
Con todo, anot\u00f3 la Corporaci\u00f3n que los reproches de los recurrentes se dirigieron a cuestionar \u00abel efecto jur\u00eddico\u00bb de la entrega del predio en el asunto de nulidad contractual porque, para ellos, esa actuaci\u00f3n no permit\u00eda tener por interrumpida la posesi\u00f3n, cuestionamientos que el juzgador de segunda instancia no acogi\u00f3, con fundamento en que, <\/p>\n
\u00abello incluso conllevar\u00eda a desconocer de manera evidente decisiones judiciales que fueron emitidas y cobraron la correspondiente ejecutoria y el propio alcance de la diligencia de entrega. Y si bien, con posterioridad a tal actuar pudieron ocurrir hechos referidos a un \u00e1nimus posesorio de los demandantes, es tambi\u00e9n claro que esa diligencia, acaecida el 29 de marzo del 2017, determin\u00f3 que en ese momento perdieran la condici\u00f3n de poseedores los demandantes. Y el tiempo anterior a esa diligencia judicial, mal podr\u00eda sumarse a la posesi\u00f3n que se pudiera tener con posterioridad a la fecha indicada\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, advirti\u00f3 que no encontraba yerros en la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3 el a quo sobre los documentos contentivos del proceso de nulidad y su consecuente efecto jur\u00eddico, relativo a la entrega material y real del predio pretendido. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre los presuntos defectos en la apreciaci\u00f3n de las declaraciones recepcionadas, sostuvo que no obstante que los deponentes manifestaron que los demandantes ten\u00edan una relaci\u00f3n posesoria con el bien, no debilitaba los efectos jur\u00eddicos de la citada entrega, adelantada en el juicio de nulidad contractual ampliamente comentado, pues <\/p>\n
\u00absi con anterioridad, los demandantes de consuno o cada uno por aparte ejerci\u00f3 posesi\u00f3n, lo cierto es que en el momento en que se hizo efectiva la entrega material se gener\u00f3 la interrupci\u00f3n, al tiempo que ya con anterioridad y con motivo del proceso, pod\u00eda inferirse que los \u00e1mbitos de la posesi\u00f3n ya no pod\u00edan entenderse como pac\u00edficos, precisamente por la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda que diera inicio al proceso que en \u00faltimas conllev\u00f3 a la aludida diligencia de entrega. <\/p>\n
Por consiguiente, la Sala comparte \u00edntegramente el convencimiento de que la posesi\u00f3n quieta, tranquila y pac\u00edfica de los demandantes sobre el inmueble objeto de pertenencia, por t\u00e9rmino m\u00ednimo de diez a\u00f1os, no pudo demostrarse y por ende lo as\u00ed concluido en la primera instancia se ajust\u00f3 a derecho. Y consecuente con ello, no pod\u00edan salir avante las pretensiones de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el Tribunal Superior aval\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado a quo en cuanto a acoger las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n orientadas a lograr la reivindicaci\u00f3n del predio en disputa, toda vez que, insisti\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) la posesi\u00f3n invocada con anterioridad a la diligencia de entrega referida, la cual como se dej\u00f3 observado acaeci\u00f3 en el 2017, no podr\u00eda ser tenida en cuenta porque este hecho, derivado de una sentencia judicial, enteramente oponibles a los demandados en reivindicaci\u00f3n, conllev\u00f3 a la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n que pudiera haberse detentado con anterioridad. <\/p>\n
Por lo mismo, el sustento que pudo haber tenido en ciertos actos jur\u00eddicos y situaciones de hecho, no tendr\u00edan incidencia a posteriori, porque precisamente tal clase de v\u00ednculos no fue suficiente para que decisiones judiciales anteriores lo ampararan, las cuales ciertamente cobraron ejecutoria. <\/p>\n
Deviene entonces colegir que tambi\u00e9n la pretensi\u00f3n reivindicatoria del predio \u201cEl Balbanero\u201d, estaba llamada a prosperar y que los reparos endilgados a la sentencia de primera instancia que accedi\u00f3 a ello, no pudieron ser avalados por esta Sala, raz\u00f3n por cual la sentencia recurrida deber\u00e1 igualmente ser confirmada en este pronunciamiento y conllevando con ello a que, en definitiva, lo resuelto en la primera instancia deber\u00e1 ser confirmado \u00edntegramente. <\/p>\n
4. En las consideraciones que preceden, como antes se expuso, la Sala no encuentra irregularidad, porque la decisi\u00f3n criticada es producto de una valoraci\u00f3n suficiente y prudente de las pruebas recaudadas y las normas aplicables. <\/p>\n
Debe destacarse que fue la falta de acreditaci\u00f3n de los diez (10) a\u00f1os de posesi\u00f3n exigidos para la prescripci\u00f3n adquisitiva demandada, lo que impidi\u00f3 acoger las pretensiones del accionante, cuesti\u00f3n que no se muestra arbitraria si se tiene en cuenta que, en realidad, la demostrada entrega del predio reclamado desde el 2017, por cuenta del proceso de nulidad del contrato de donaci\u00f3n, tuvo la virtud de interrumpir el se\u00f1or\u00edo que presuntamente tuvieron antes los demandantes, ya que vencidos en dicho juicio, se les orden\u00f3 entregar el predio a quienes lo reclamaron como sucesores de Juan de Jes\u00fas Romero Sarmiento, sin que respecto del bien se les hubiera reconocido calidad alguna, m\u00e1xime si ni siquiera en la diligencia plantearon oposici\u00f3n, apreciaci\u00f3n que de ning\u00fan modo contrar\u00eda el \u00abprecedente\u00bb de esta Corte aducido por el solicitante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que, en los razonamientos y conclusiones del Tribunal Superior de San Gil, de ning\u00fan modo puede invocarse arbitrariedad, m\u00e1s a\u00fan cuando el punto donde se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica y que, en este caso, est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
Asimismo, se advierte que para la materializaci\u00f3n de la entrega que, nuevamente, se orden\u00f3 en el juicio censurado, las autoridades a cargo deben actuar con plena observancia de las garant\u00edas fundamentales de quienes habitan el predio, previa manifestaci\u00f3n de los interesados. (CSJ. STC8046-2019). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Pablo Gonz\u00e1lez Romero contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2969-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2969-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01147-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72041","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72041\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}