STC2970-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2970-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00433-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de marzo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nohora Argenis Beltr\u00e1n Quiceno contra los Juzgados Treinta y Uno Civil del Circuito y Once Civil Municipal, ambos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado del circuito encausado \u00abdejar sin valor ni efecto las providencias proferidas a partir del 28 de marzo de 2022, para que, en su lugar, proceda a estudiarse de fondo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y sustentado oportunamente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Bengala Agr\u00edcola S.A.S. promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Nohora Argenis Beltr\u00e1n Quiceno, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien el 20 de noviembre de 2019 libr\u00f3 mandamiento de pago; notificada la ejecutada formul\u00f3 medios defensivos y, el 10 de noviembre de 2021 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 28 de marzo de 2022, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 corri\u00f3 traslado de 5 d\u00edas al recurrente para sustentar la alzada y, el 2 de junio siguiente, declar\u00f3 desierta la alzada, al considerar que no fue sustentada dentro del t\u00e9rmino concedido; determinaci\u00f3n que, si bien se recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, tal remedio se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que regresado el expediente ante el juzgado de conocimiento, el 3 de agostos de 2022 radic\u00f3 revocatoria de poder a su apoderada, al tiempo que, otorg\u00f3 mandato a otro abogado, situaci\u00f3n que reiter\u00f3 el 15 de diciembre siguiente, sin embargo, solo hasta el 2 de febrero de 2023 reconoci\u00f3 personer\u00eda. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que es necesario resolver de fondo la apelaci\u00f3n, toda vez que, el juez de primera instancia decret\u00f3 pruebas inconducentes e impertinentes, adem\u00e1s \u00abhizo referencia a declaraciones de situaciones derivadas de la relaci\u00f3n contractual que existi\u00f3 entre las partes, cambiando la naturaleza del t\u00edtulo ejecutivo, por lo presupuestos de un proceso declarativo, pues quiso encontrar el fundamento suficiente para ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n cuando las facturas aportadas no cumplen con los requisitos para ser exigibles por la v\u00eda ejecutiva, al no tener la fecha de recibido y no ser recibidas por [ella], pasando por alto lo dispuesto en el C\u00f3digo de Comercio, respecto a los requisitos para la exigibilidad de la factura\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil Municipal de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Camilo Esteban Casta\u00f1o Rocha, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Bengala Agr\u00edcola S.A.S., alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del amparo por incumplirse el presupuesto de la inmediatez, pues la decisi\u00f3n criticada, por medio de la cual se declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada, data de 28 marzo de 2022, es decir, hace cerca de un a\u00f1o; remiti\u00f3 link para verificar sus actuaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al encontrar insatisfecho el presupuesto de inmediatez, pues el auto que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n fue emitido el 2 de junio de 2022, esto es, hacer cerca de 8 meses. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que, el presupuesto de inmediatez est\u00e1 satisfecho, comoquiera que, \u00abdebe tenerse en cuenta la fecha a partir de la cual el suscrito [apoderado] se hizo parte dentro del proceso, pues es il\u00f3gico contabilizar el t\u00e9rmino hacia atr\u00e1s, cuando se tuvo conocimiento de la actuaci\u00f3n hasta el momento en que se hizo la revisi\u00f3n del expediente, lo cual\u2026 se dio hasta el 23 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja de la promotora de la salvaguarda se dirige contra el prove\u00eddo de 2 de junio de 2022; de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse el presupuesto de inmediatez para su procedibilidad. <\/p>\n
En efecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la decisi\u00f3n de 2 de junio de 2022 (por medio del cual se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n); y la interposici\u00f3n de la tutela el 24 de febrero de 2023, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, relievando que, los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n para superar tal presupuesto no son de recibo, comoquiera que, de un lado, la supuesta vulneraci\u00f3n se dio con el prove\u00eddo censurado y, por otra parte, porque, el quebranto de garant\u00edas se da para la parte del proceso, no para el apoderado, por lo que si la accionante consideraba la configuraci\u00f3n de alguna irregularidad pudo acudir a la salvaguarda, incluso, en su propio nombre. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad de la salvaguarda planteada, debido a que la quejosa tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 2 de junio de 2022 -por medio del cual el Juzgado declar\u00f3 desierta la alzada-, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del Estatuto General del Proceso1, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, desperdiciando as\u00ed la oportunidad pertinente ante el fallador natural para exponer lo aqu\u00ed planteado, destacando que, si bien la promotora acudi\u00f3 a dicho mecanismo de defensa, el mismo se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo, situaci\u00f3n que demuestra, a\u00fan m\u00e1s, la desidia para activar su defensa. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Al respecto, en reciente pronunciamiento, en un caso con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, la Corte dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026esta Sala advierte que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del tribunal a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que la memorialista no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n \u2013en virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013 el auto mediante el cual el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primer grado, en el marco del ejecutivo hipotecario que se adelant\u00f3 en su contra, si es que se encontraba inconforme con esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, es de resaltar que la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb(CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). (CSJ, STC7251-2021; 18 de jun.; rad. 2021-00109-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo anterior se considera suficiente para confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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