STC2975-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2975-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01079-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Carlos Arturo Carvajal Mej\u00eda contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje sin efectos el auto del 26 de septiembre de 2022 emitido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y el auto de segunda instancia\u2026 proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil-Familia de [Ibagu\u00e9] el 16 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Banco de Bogot\u00e1 SA promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Salom\u00f3n Ricaurte Chambueta, tr\u00e1mite en el que se libr\u00f3 orden de pago el 18 de diciembre de 2019 y, adem\u00e1s, se dispuso el embargo de un veh\u00edculo de propiedad del enjuiciado, as\u00ed como tambi\u00e9n del inmueble identificado con folio inmobiliario 350-167915. <\/p>\n
2.2. Comoquiera que el referido predio estaba gravado con una garant\u00eda hipotecaria a favor de Carlos Arturo Carvajal Mej\u00eda, mediante prove\u00eddo del 26 de marzo de 2021, se orden\u00f3 la citaci\u00f3n del referido acreedor hipotecario, convocatoria que tuvo lugar el 3 de junio de 2021. <\/p>\n
2.3. Tras ordenarse continuar con la ejecuci\u00f3n, mediante prove\u00eddo de 9 de noviembre de 2021, se fij\u00f3 fecha para el remate del veh\u00edculo cautelado. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, el acreedor hipotecario present\u00f3 solicitud de acumulaci\u00f3n de demanda ejecutiva, neg\u00e1ndose el mandamiento de pago con auto del 26 de septiembre de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 16 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, en el juicio criticado, \u00aben el cual se encuentra embargado el bien inmueble hipotecado y perseguido por [\u00e9l], a\u00fan no se ha proferido auto que fije la primera fecha para remate del bien inmueble, motivo por el cual, es procedente la acumulaci\u00f3n\u00bb que reclam\u00f3, por lo que es \u00aberr\u00f3nea la interpretaci\u00f3n de [los convocados], toda vez que\u2026, se colige que en caso de que el acreedor con garant\u00eda real citado deje vencer los veinte\u2026 d\u00edas de que trata el art.462 del C.G.P, podr\u00e1 hacer valer su derecho dentro del proceso en que fue citado\u2026 hasta antes de que se profiera auto que fije la primera fecha para remate del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, tras rese\u00f1ar las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado, destac\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n judicial adoptada en el auto de\u2026 26 de septiembre de 2022, negando el mandamiento de pago acumulado pretendido por el ahora tutelante, no constituye ninguna causal de procedibilidad del amparo, ni comporta la afectaci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad precis\u00f3 que, \u00aben lo tocante a las censuras formuladas por el gestor, se atiene\u2026 a lo consignado en el expediente digital contentivo del tr\u00e1mite judicial cuestionado y las razones jur\u00eddicas que motivaron la decisi\u00f3n proferida el 16 de diciembre del a\u00f1o anterior\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2022, que confirm\u00f3 el dictado el 26 de septiembre de esa misma anualidad, toda vez que fue esa determinaci\u00f3n la que zanj\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 respecto a la acumulaci\u00f3n de demanda que reclam\u00f3 el tutelante. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la citada providencia de 16 de diciembre no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable la prenotada acumulaci\u00f3n, aspecto sobre el que precis\u00f3: <\/p>\n
2.2. Reclama el censor que el a quo interpret\u00f3 de forma err\u00f3nea la normatividad, ya que en su sentir no se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino <\/p>\n
previsto en el art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso para promover la demanda ejecutiva acumulada dado que el bien inmueble sujeto a gravamen a\u00fan no ha sido objeto de remate. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, menester se hace traer al asunto la oportunidad establecida por el canon en menci\u00f3n para arribar al proceso y solicitar la acumulaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite ejecutivo, fij\u00e1ndose por el legislador lo siguiente: \u201cAun antes de haber sido notificado el mandamiento de pago al ejecutado y hasta antes del auto que fije la primera fecha para remate o la terminaci\u00f3n del proceso por cualquier causa, podr\u00e1n formularse nuevas demandas ejecutivas por el mismo ejecutante o por terceros contra cualquiera de los ejecutados, para que sean acumuladas a la demanda inicial\u201d\u2026 Extray\u00e9ndose de esa tesitura de forma diamantina que la oportunidad procesal para presentar solicitud de acumulaci\u00f3n se encuentra limitada temporalmente hasta cuando se emita auto en el que se fije fecha para el remate de los bienes que fueron objeto de medida cautelar. <\/p>\n
2.3. Bajo esa egida, al examinarse la cuesti\u00f3n aqu\u00ed atacada f\u00e1cil resulta concluirse que el recurso vertical se encuentra llamado a la <\/p>\n
improsperidad, toda vez que la petici\u00f3n elevada por Carlos Arturo <\/p>\n
Carvajal Mej\u00eda solicitando la acumulaci\u00f3n se encuentra por fuera del espacio temporal trazado por el legislador para incorporarse al <\/p>\n
contradictorio, en raz\u00f3n a que en el sub examine se profiri\u00f3 auto calendado 9 de noviembre de 2021 en el que dispuso llevar a cabo <\/p>\n
diligencia de remate del veh\u00edculo\u2026, momento en que se cerr\u00f3 la oportunidad procesal para que Carvajal Mej\u00eda o cualquier otro interesado pudiera hacer uso de la instituci\u00f3n jur\u00eddica de la acumulaci\u00f3n, sin que pueda ser de recibo el argumento que explana el recurrente el cual se cimenta en que el bien sobre el cual recae su gravamen no fue objeto de la almoneda, pues la norma no hace distinci\u00f3n alguna sobre este aspecto puntual, sino que \u00fanicamente se restringe a categorizar la etapa procesal en que se <\/p>\n
cierra la brecha para acudir al juicio bajo el amparo del art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Encontrando de tal suerte esta Sala Especializada que la solicitud <\/p>\n
elevada por Carlos Arturo Carvajal Mej\u00eda el 13 de septiembre de 2022 se encuentra por fuera del interregno previsto por el legislador para solicitar la acumulaci\u00f3n de la demanda, incumplimiento en dicha temporalidad que acarrea al interesado las consecuencias desfavorables previstas en el art\u00edculo 117 en el Estatuto Adjetivo Civil, pues mem\u00f3rese que \u201clos t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario\u201d ya que \u201cla inobservancia de los t\u00e9rminos tendr\u00e1 los efectos previstos en este C\u00f3digo, sin perjuicio de las dem\u00e1s consecuencias a que haya lugar\u201d. <\/p>\n
pueda ser de recibo para que se tramite conjuntamente con el juicio <\/p>\n
que se adelanta en contra de Salom\u00f3n Ricaurte Chambueta por estar el lapso previsto en el art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso finalizado con la expedici\u00f3n del auto del 9 de noviembre de 2021 por parte del Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 fue una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 la norma que regula la acumulaci\u00f3n de demandas en procesos ejecutivos y concluy\u00f3 que la solicitud que en ese sentido elev\u00f3 el tutelante resultaba extempor\u00e1nea, toda vez que se present\u00f3 por fuera de la oportunidad all\u00ed contemplada, pues, previamente a la petici\u00f3n de acumulaci\u00f3n, se hab\u00eda fijado fecha para remate en el asunto acusado. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n del despacho judicial acusado no puede ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, cabe a\u00f1adir que, si bien la interpretaci\u00f3n del Tribunal es fruto de una aplicaci\u00f3n literal del art\u00edculo 463 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que se arriba a id\u00e9ntica conclusi\u00f3n al hacerse una apreciaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas que, en conjunto, regulan la acumulaci\u00f3n de demandas provenientes de acreedores hipotecarios. <\/p>\n
Sobre el particular, t\u00e9ngase en cuenta que el art\u00edculo 462 del estatuto procesal civil, en su aparte pertinente, establece que: <\/p>\n
Si del certificado de la oficina de registro correspondiente aparece que sobre los bienes embargados existen garant\u00edas prendarias o hipotecarias, el juez ordenar\u00e1 notificar a los respectivos acreedores, cuyos cr\u00e9ditos se har\u00e1n exigibles si no lo fueren, para que los hagan valer ante el mismo juez, bien sea en proceso separado o en el que se les cita, dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n personal. Si dentro del proceso en que se hace la citaci\u00f3n alguno de los acreedores formula demanda que sea de competencia de un juez de superior categor\u00eda, se le remitir\u00e1 el expediente para que contin\u00fae el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
Si vencido el t\u00e9rmino a que se refiere el inciso anterior, el acreedor notificado no hubiere instaurado alguna de las demandas ejecutivas, s\u00f3lo podr\u00e1 hacer valer sus derechos en el proceso al que fue citado, dentro del plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo siguiente. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 463 ib\u00eddem establece que \u00ab[a]un antes de haber sido notificado el mandamiento de pago al ejecutado y hasta antes del auto que fije la primera fecha para remate, o la terminaci\u00f3n del proceso por cualquier causa, podr\u00e1n formularse nuevas demandas ejecutivas por el mismo ejecutante o por terceros contra cualquiera de los ejecutados, para que sean acumuladas a la demanda inicial\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Entonces, al acreedor hipotecario se le conceden dos oportunidades para acumular su reclamo a un proceso ejecutivo en curso. La primera, cuando atiende el llamado que ordena el citado art\u00edculo 462 y, la segunda, en el t\u00e9rmino que contempla el canon 463, esto es, desde antes de haberse notificado el mandamiento de pago y hasta \u00abantes del auto que fije la primera fecha para remate\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a este \u00faltimo plazo, considera la Sala que el legislador lo estableci\u00f3 en procura de evitar la paralizaci\u00f3n del proceso inicial, cuando se encuentra en una etapa tan avanzada como lo es el remate de los bienes cautelados por cuenta de ese juicio. De ah\u00ed, que se vea el tr\u00e1mite como un todo, sin que pueda escindirse, como pretende hacerlo el gestor el resguardo, dependiendo del bien para cuyo remate se fije fecha. <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, no puede dejarse de lado que el actor a\u00fan puede hacer efectiva su garant\u00eda hipotecaria, a trav\u00e9s de proceso separado, por lo que no puede entenderse que la negativa de la que se duele, haga ilusorio su derecho, circunstancia que permite concluir que el amparo deprecado, adem\u00e1s, carece de trascendencia constitucional, comoquiera que, se reitera, el quejoso aun cuenta con v\u00edas judiciales id\u00f3neas para reclamar el pago de las acreencias que reputa insolutas. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
6 <\/p>\n
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