STC2980-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2980-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02596-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de enero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Alfonso Diaz Pizarro contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de esa localidad, la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaci\u00f3n \u2013 Corporaci\u00f3n Distrital de Recreaci\u00f3n y Deportes \u2013Cordeportes y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2010-00294. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jes\u00fas Alfonso Diaz Pizarro promovi\u00f3 ordinario laboral contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaci\u00f3n \u2013 Cordeportes, en procura de que se declarara que \u00abcon la segunda, existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, (\u2026) entre el 25 de julio de 2006 y el 15 de febrero de 2008, cuando fue despedido sin justa causa\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el pago de diferentes emolumentos, tales como \u00abcesant\u00edas y sus intereses; vacaciones; primas de servicio, de navidad y de vacaciones; (\u2026) intereses moratorios, (\u2026) la indemnizaci\u00f3n por despido injusto; el reintegro de las sumas pagadas por concepto de \u00ablegalizaci\u00f3n de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb [y] la indexaci\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, quien absolvi\u00f3 a las all\u00ed querelladas, pues consider\u00f3 que \u00aben el proceso no se acredit\u00f3 que las codemandadas hubieren impartido \u00f3rdenes o ejercido poder disciplinante sobre el demandante\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad revoc\u00f3 lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que \u00abse demostr\u00f3 la existencia de \u00f3rdenes de labor de forma continua e ininterrumpida, entregadas al accionante, entre el 25 de julio de 2006 y el 15 de febrero de 2008 (\u2026) acredit\u00e1ndose los tres elementos de todo contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el Distrito Especial convocado recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem, toda vez que \u00abel se\u00f1or D\u00edaz Pizarro, (\u2026) tendr\u00eda la calidad empleado p\u00fablico y no de trabajador oficial, deviniendo evidente que el juez colegiado err\u00f3 al enmarcar las labores de celadur\u00eda en aquellas consideradas por la ley y la jurisprudencia como de sostenimiento de obras p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, en sede de instancia confirm\u00f3 \u00abpero por razones diferentes\u00bb lo dispuesto por el estrado de primer grado, pues \u00abal existir la seguridad de que el trabajador es un empleado p\u00fablico, no corresponde a esta jurisdicci\u00f3n dirimir sus controversias\u00bb3. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del censor incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico, y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, pues (\u2026) existi\u00f3 una indebida apreciaci\u00f3n de las pruebas y a la realidad de un contrato de trabajo, as\u00ed como un desconocimiento al principio de favoralidad (sic)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[d]e acuerdo con la realidad sobre las formas, una vez reunidos los elementos del contrato, hay relaci\u00f3n de trabajo, independiente de la forma o denominaci\u00f3n distinta que se haya plasmado en un papel, sea que corresponda a un v\u00ednculo contractual o legal y reglamentario\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que se deje sin efectos el fallo SL3115-2022, 16 ago., y en su lugar se ordene \u00abPROFERIR sentencia de fondo en la que se estudien y valoren las pruebas aportadas, conforme a la sana critica, as\u00ed como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarroll\u00f3 la vinculaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abel argumento relativo a que, la presunci\u00f3n del art\u00edculo 23 del CST, es aplicable con independencia de que la actividad laboral se desarrolle en una empresa privada, industrial y comercial del Estado o en un establecimiento p\u00fablico, es equivocado, pues dicho estatuto solo rige para las relaciones individuales de trabajo de car\u00e1cter particular, no para los empleados p\u00fablicos, quienes se encuentran mediados por una relaci\u00f3n legal y reglamentaria, como es el caso del peticionario\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abel argumento relativo a que, la presunci\u00f3n del art\u00edculo 23 del CST, es aplicable con independencia de que la actividad laboral se desarrolle en una empresa privada, industrial y comercial del Estado o en un establecimiento p\u00fablico, es equivocado, pues dicho estatuto solo rige para las relaciones individuales de trabajo de car\u00e1cter particular, no para los empleados p\u00fablicos, quienes se encuentran mediados por una relaci\u00f3n legal y reglamentaria, como es el caso del peticionario\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Liquidaciones de Barranquilla refiri\u00f3 que la solicitud de amparo \u00abno est\u00e1 instituida para tenerse como una instancia posterior a un proceso judicial culminado, pues el juez de Tutela no puede remplazar al Juez ordinario y en el presente caso no se dan ninguno de los requisitos que eventualmente facultan la acci\u00f3n Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de esa localidad indic\u00f3 que la salvaguarda incumple con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio y arguy\u00f3 que \u00ab[n]o se observa (\u2026) como la Sala hubiere incurrido en vulneraci\u00f3n ius- fundamental alguna\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00ab[r]esulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio del accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural dentro del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto, para que se impartan unos tr\u00e1mites sobre asuntos donde la autoridad judicial act\u00fao dentro del marco de autonom\u00eda e independencia que le han sido otorgadas por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00ab[l]a (\u2026) Sala de Casaci\u00f3n Laboral se equivoc\u00f3 al casar la sentencia de segunda instancia porque su estudio se enfoc\u00f3 en demostrar que el suscrito era un funcionario p\u00fablico, nunca en comprobar si mi vinculaci\u00f3n reun\u00eda los requisitos de un contrato de trabajo. No advirti\u00f3, a partir de los documentos y las declaraciones de los testigos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon mi vinculaci\u00f3n laboral con el distrito de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por el gestor (SL3115-2022, 16 ago.), por cuanto cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del tribunal y, en sede de instancia, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n desestimatoria del juzgado a quo, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada (i) infirm\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abel se\u00f1or D\u00edaz Pizarro, (\u2026) tendr\u00eda la calidad empleado p\u00fablico y no de trabajador oficial, deviniendo evidente que el juez colegiado err\u00f3 al enmarcar las labores de celadur\u00eda en aquellas consideradas por la ley y la jurisprudencia como de sostenimiento de obras p\u00fablicas\u00bb y, (ii) en sede de instancia, confirm\u00f3 la providencia absolutoria de primer grado, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo formulado \u00abpor la v\u00eda indirecta en la causal de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 5\u00b0 del Decreto 3135 de 1968, 288 a 292 del Decreto Ley 1333 de 1986 e infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 3\u00b0 de la Ley 909 de 2004 y 4\u00b0 del Decreto Ley 785 de 2005, que gener\u00f3 una aplicaci\u00f3n indebida de las normas que regulan el r\u00e9gimen de salarios y derechos laborales de los trabajadores oficiales, cuales son la Ley 6\u00b0 de 1978 y el Decreto 797 de 1949\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l Tribunal coligi\u00f3 que las actividades de vigilancia prestadas por el reclamante para Cordeportes, hoy liquidada, en las instalaciones deportivas de propiedad de \u00e9sta, correspond\u00edan al sostenimiento de obras p\u00fablicas, dado que su finalidad era la de preservar el bien para que sirva al destino oficial asignado, m\u00e1xime cuando los inmuebles vigilados eran p\u00fablicos y destinados a un servicio p\u00fablico, de donde declar\u00f3 la calidad de trabajador oficial del promotor del juicio y profiri\u00f3 las consecuentes condenas\u00bb. <\/p>\n
Respecto de las actividades de servicios generales o vigilancia, precis\u00f3 que de conformidad con la decisi\u00f3n SL4440-2017, 22 mar., \u00abla Corte tiene pac\u00edficamente decantado que (\u2026) se encuentran excluidas de la categor\u00eda de los servidores vinculados a la administraci\u00f3n p\u00fablica a trabajos de contratos laborales, por cuanto no constituyen actividades de construcci\u00f3n o mantenimiento de obra p\u00fablica\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En ese aspecto, cit\u00f3 en lo pertinente la determinaci\u00f3n SL7783-2017, 31 may., y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel se\u00f1or D\u00edaz Pizarro, en su indiscutida condici\u00f3n de vigilante de los escenarios deportivos a cargo de Cordeportes, hoy liquidada, tendr\u00eda la calidad empleado p\u00fablico y no de trabajador oficial, deviniendo evidente que el juez colegiado err\u00f3 al enmarcar las labores de celadur\u00eda en aquellas consideradas por la ley y la jurisprudencia como de sostenimiento de obras p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, estableci\u00f3 que \u00abel ataque es pr\u00f3spero y lleva al quiebre total de la providencia confutada, raz\u00f3n por la cual est\u00e1 relevada la Sala de cualquier pronunciamiento sobre los restantes embates\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en sede de instancia confirm\u00f3 \u00abpero por razones diferentes, la sentencia proferida el treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, el fallo adoptado, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la resoluci\u00f3n cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 15 de marzo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan la respuesta allegada por la Corporaci\u00f3n enjuiciada en sede constitucional. <\/p>\n
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