STC2984-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2984-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00911-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ronald Estiven Mestre Jim\u00e9nez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa localidad y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio1, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, m\u00ednimo vital, dignidad humana, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas; comoquiera que, de un lado, (i) el tribunal, puntualmente el magistrado Oscar Hoyos Gonz\u00e1lez \u00abme neg\u00f3 [una] acci\u00f3n de tutela pese a encontrarse en riesgo inminente la integridad y vida de mis hijas menores (\u2026) y ni siquiera me envi\u00f3 copia del fallo\u00bb; aunado a que (ii) el estrado del circuito desestim\u00f3 otra acci\u00f3n constitucional2, \u00abpese a haberle aportado todas las pruebas de las condiciones es que nos encontramos y el gran perjuicio que est\u00e1 ocasionando la unidad de v\u00edctima (sic) a la integridad de mis hijas menores a causa de la negativa de las entregas de las ayudas humanitarias siendo que estas ya me las hab\u00edan aprobado y de tres que me aprobaron solamente me entregaron una hace m\u00e1s de 8 meses\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abordenar abrir una investigaci\u00f3n contra el se\u00f1or Oscar Hoyos Gonz\u00e1lez magistrado del tribunal superior por violaci\u00f3n al debido proceso de igual forma solicite me env\u00ede fotocopia del fallo de la demanda presentada ante este juzgado y fotocopia de la respuesta enviada por la unidad de v\u00edctima y el juzgado\u00bb; (ii) \u00abordenar a la unidad de v\u00edctima (sic) que si m\u00e1s dilataciones (sic) me haga entrega de la ayuda humanitaria de emergencia reconocida por esta a mi hogar [y] entregarme el subsidio de generaci\u00f3n de ingresos para montar un negocio que me permita conseguir los alimentos que requieren mis familiares diariamente\u00bb; y (iii) \u00abordenar a la alcald\u00eda y gobernaci\u00f3n del Cesar vincularme a los programas de apoyo econ\u00f3mico que estas entidades o municipio tiene para la poblaci\u00f3n v\u00edctima de conflicto en su territorio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar manifest\u00f3 que, ante ese estrado, se adelant\u00f3 la causa constitucional rad. n.\u00ba 2023-00006, promovida por el aqu\u00ed gestor contra la UARIV, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social \u2013 DPS, entre otras autoridades, por la alegada falta de entrega de ayudas humanitarias en su favor. <\/p>\n
En ese sentido, explic\u00f3 que \u00aben aquella oportunidad el hoy tambi\u00e9n accionante manifest\u00f3 en el ac\u00e1pite de los hechos que es discapacitado de su mano izquierda, tiene quebrantos de salud, padre de tres menores viviendo en la pobreza absoluta, que se encuentra desempleado y por lo tanto, no cuenta con solvencia econ\u00f3mica para sufragar los gastos del sostenimiento de una familia, motivo por el cual solicita sea amparado el derecho invocado, sin embargo se pudo constatar que al accionante le hab\u00edan sido autorizadas tres ayudas humanitarias, siendo la primera ya pagada en el mes de octubre del a\u00f1o inmediatamente anterior, quedando en espera el pago de las otras dos ayudas para este a\u00f1o. Raz\u00f3n por la que no se hall\u00f3 fundamento para la procedencia del amparo constitucional deprecado por el se\u00f1or RONAL MESTRE. Proferido el fallo, el 3 de febrero se realizaron las notificaciones pertinentes en la misma fecha, vistas en el consecutivo 12 del expediente digital\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reliev\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela interpuesta en contra de la decisi\u00f3n emitida por este estrado judicial no cumple con el principio de subsidiaridad, habida cuenta que el se\u00f1or Mestre Jim\u00e9nez contaba con otro mecanismo de defensa judicial como es la interposici\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n, si se encuentra en desacuerdo con la decisi\u00f3n emitida por el suscrito en calidad de juez constitucional. Por lo que aquel ciudadano, en tal caso, debe interponer el mentado recurso y no promover un tr\u00e1mite constitucional nuevo para buscar que se le reconozca sus pretensiones que por lo dem\u00e1s, a nuestra consideraci\u00f3n basada en las probanzas arrimadas al plenario, se encuentran ya reconocidas por la entidad competente dentro del marco legal que regula la entrega de las ayudas humanitarias\u00bb. <\/p>\n
2. La UARIV expuso que \u00abde acuerdo con el procedimiento de identificaci\u00f3n de carencias realizado al hogar del accionante, se determin\u00f3 la asignaci\u00f3n de 3 giros el primero por el valor de UN MILLON CINCO MIL PESOS M\/CTE ($1.005.000) y el segundo y el tercero por el valor de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M\/CTE ($795.000) cada uno, por el per\u00edodo de un a\u00f1o, cada giro tendr\u00e1 una vigencia de cuatro (4) meses y se entregar\u00e1n conforme con la disponibilidad presupuestal. La entrega del primer giro se realiz\u00f3 el 1 de octubre de 2022, a nombre De Ronald Estiven Mestre Jim\u00e9nez, quien es el designado para pago, por lo expuesto anteriormente se encuentra realizando las respectivas validaciones para la colocaci\u00f3n del pr\u00f3ximo giro. Lo anterior teniendo en cuenta la RESOLUCI\u00d3N No. 0600220223827379 de 2022 \u201cPor medio de la cual se decide sobre una solicitud de Atenci\u00f3n Humanitaria\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica adujo que \u00abesta representaci\u00f3n reitera la voluntad del Gobierno Nacional en el sentido de brindar ayudas a quienes est\u00e9n en condiciones de especial vulnerabilidad. Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica no tiene ninguna responsabilidad en estos reclamos. La decisi\u00f3n de reconocer a una persona como beneficiaria de los diversos programas estatales (indemnizaciones, subsidios y dem\u00e1s), de administrar esos recursos y gestionar, directa e indirectamente los desembolsos efectivos, son competencia directa de otras entidades, y son temas en los que este Departamento Administrativo no puede intervenir\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aclar\u00f3 que \u00abel otorgamiento de ayudas de emergencia y de subsidios estatales no es una concesi\u00f3n graciosa, sino que est\u00e1 sujeto a procedimientos reglados. Por comprometer la ejecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos, los requisitos y condiciones para su acceso deben ser debidamente solicitados y verificados por parte de estas autoridades, en el marco de sus propias competencias. De esta forma, la solicitud de la accionante de obviar esos requisitos, y que por orden judicial se disponga la inclusi\u00f3n en los programas asistenciales, el desembolso de recursos, etc\u00e9tera, no puede ser atendida. Priorizar el turno de reconocimiento y pago de las ayudas por v\u00eda de acciones de tutela, lejos de garantizar el derecho a la igualdad de la accionante, supondr\u00eda una alteraci\u00f3n anormal de la organizaci\u00f3n de los diversos programas de asistencia, pensados para solucionar las necesidades de miles de colombianos, y s\u00f3lo perjudicar\u00eda los derechos de quienes, cumpliendo las condiciones de ley, tengan la legitimidad necesaria para acceder a tales beneficios\u00bb. <\/p>\n
4. El Fondo Nacional de Vivienda \u2013 Fonvivienda arguy\u00f3 que \u00abuna vez realizada la Consulta de Informaci\u00f3n Hist\u00f3rica de C\u00e9dula de FONVIVIENDA, se encontr\u00f3 que el accionante NO FIGURA en ninguna de las Convocatorias para personas en situaci\u00f3n de desplazamiento de los a\u00f1os 2004 y 2007 (\u2026) como tampoco se postul\u00f3 a la Convocatoria Vivienda Gratuita y dem\u00e1s programas habitacionales ofertados por el Gobierno Nacional\u00bb, de modo que \u00abotorgar un subsidio a un hogar que no se ha postulado, es vulnerar el derecho al debido proceso e igualdad de los dem\u00e1s hogares que si han cumplido con los requisitos de acceso\u00bb. <\/p>\n
5. El magistrado Oscar Marino Hoyos Gonz\u00e1lez, de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, inform\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela radicada bajo el No. 20001-22-14-001-2023-00029-00, adelantada por Ronald Estiven Mestre Jim\u00e9nez en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, fue repartida a este despacho judicial. Mediante providencia de fecha 1\u00ba de marzo de 2023, se dispuso remitir la acci\u00f3n constitucional al reparto inmediato entre los Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, comoquiera que esta Corporaci\u00f3n judicial funge como accionada, pues la inconformidad del accionante tambi\u00e9n radica en la sentencia de tutela de fecha 17 de febrero de 2023, emitida por esta Colegiatura con ponencia del Magistrado Jes\u00fas Armando Zamora Suarez\u00bb. <\/p>\n
6. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social explic\u00f3 que \u00abcon la interposici\u00f3n de estas acciones de tutela, la parte accionante busca obtener de manera directa un beneficio con el prop\u00f3sito desleal de obtener la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s individual a toda costa, dejando al descubierto el abuso del derecho, con lo cual se entiende que su actuar hace incurrir a la administraci\u00f3n de justicia y a las entidades demandadas, en un desgaste innecesario, torn\u00e1ndose su actuaci\u00f3n en temeraria\u00bb. <\/p>\n
7. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Departamento del Cesar anot\u00f3 que \u00abos hechos expuestos no nos constan\u00bb. <\/p>\n
8. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Cesar adujo que \u00aben salvaguarda de las condiciones y del goce efectivo de los derechos de la accionante, debe requerirse de manera preventiva a las entidades estatales involucradas para que realicen el estudio pertinente, y, finalmente, sujeto a cumplimiento de condiciones, se sirva reparar administrativamente de acuerdo a la ley 1448 de 2011, y a la situaci\u00f3n en particular del accionante\u00bb y que \u00abno ha incurrido en ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que permita endilgar la violaci\u00f3n o riesgos de los Derechos fundamentales del accionante y su n\u00facleo familiar y en atenci\u00f3n a ello, respetuosamente solicitamos que sea excluida de cualquier responsabilidad que se llegare a atribuir como consecuencia de la misma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas reclamadas por el accionante, en tanto que (i) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar \u2013puntualmente, el despacho del magistrado Oscar Hoyos Gonz\u00e1lez\u2013 habr\u00eda tramitado de forma irregular un amparo que aquel dijo haber formulado; a la vez que (ii) tanto ese colegiado, como el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad, habr\u00edan negado otras dos tutelas, y (iii) las dem\u00e1s entidades requeridas habr\u00edan omitido la entrega de subsidios, en especial, la UARIV, pese a sus especiales condiciones de vulnerabilidad. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
2.1. Sobre la primera queja respecto del tribunal: ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.1. La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., entre otras). <\/p>\n
2.1.2. Con observancia en las premisas que anteceden, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas por el accionante, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar \u2013en especial, al magistrado previamente referenciado\u2013, a informarle al gestor sobre la tramitaci\u00f3n de la tutela que indic\u00f3 haber promovido con fundamento en similares argumentos a los expuestos en el sub-lite; pero, verificado el sistema de gesti\u00f3n judicial con los datos espec\u00edficos suministrados por aquel, no fue posible individualizar ninguna actuaci\u00f3n con esas caracter\u00edsticas \u2013en la que se hubiese desestimado el petitum, a trav\u00e9s de sentencia\u2013; y, pese a que se requiri\u00f3 al memorialista para que aclarara esta inconsistencia3, reiter\u00f3 sus pedimentos iniciales sin indicar elementos adicionales. <\/p>\n
Ahora bien, si eventualmente la queja se enmarcara en la causa que el referido funcionario remiti\u00f3 por competencia (rad. n.\u00ba 2023-00029), tampoco se colige irregularidad alguna en ese proceder; m\u00e1xime si, como qued\u00f3 visto, no se aclar\u00f3 por parte del libelista si su censura tambi\u00e9n se enfilaba contra lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
Por ello, en situaciones como la del sub-lite, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha relievado que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun.). <\/p>\n
2.2. Sobre las tutelas que se adelantaron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y el Tribunal Superior de esa ciudad: <\/p>\n
2.2.1. La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr.). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene., entre otras). <\/p>\n
2.2.2. Sobre este aspecto, se afianza la inviabilidad de las censuras propuestas contra las providencias dictadas tanto por (i) la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar (rad. n.\u00ba 2023-00014)4, como por (ii) el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa localidad (rad. n.\u00ba 2023-00006)5, toda vez que este mecanismo no est\u00e1 instituido para cuestionar lo resuelto en acciones de la misma naturaleza. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto similar, en caso de concurrir los siguientes eventos, establecidos como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, los supuestos aludidos se descartan en el sub-examine, por cuanto no se probaron ni se invocaron por el accionante, ya que la censura estuvo esencialmente dirigida \u2013aunque de forma un tanto abstracta\u2013 contra las consideraciones plasmadas en esas sentencias \u2013pese a lo cual tampoco las impugn\u00f3, seg\u00fan se constata en el sistema de gesti\u00f3n judicial\u2013; es decir, se trata de manifestaciones producto de su inconformidad, en las que no se evidencian motivos concretos que permitan inferir la presencia de alguno de los eventos referidos en la jurisprudencia en cita, de tal forma que se habilitara excepcionalmente el resguardo. <\/p>\n
3. Precisiones adicionales. <\/p>\n
3.1. De otra parte, en lo que respecta a la pretensi\u00f3n de que se ordene \u00ababrir una investigaci\u00f3n contra el se\u00f1or Oscar Hoyos Gonz\u00e1lez magistrado del tribunal superior por violaci\u00f3n al debido proceso (\u2026)\u00bb; precisa la Corte nada obsta para que el censor acuda directamente ante las autoridades competentes para formular sus espec\u00edficas denuncias y\/o quejas disciplinarias, en tanto que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir actuaciones que corresponden al interesado. <\/p>\n
3.2. Finalmente, en lo que concierne a la UARIV, deviene di\u00e1fano para la Sala que las censuras del reclamante \u2013presunta falta de entrega de una ayuda humanitaria6, entre otras\u2013, fueron previamente dirimidas ante las autoridades judiciales que aqu\u00ed se accionaron, siendo denegado el petitum en ambas ocasiones, en pronunciamientos recientes \u2013rad. n.\u00ba 2023-00014, 17 de febrero; y rad. n.\u00ba 2023-00006, 3 de febrero de 2023, respectivamente\u2013, por lo que, en ese orden, no es posible reabrir la discusi\u00f3n que ya se zanj\u00f3 ante el juez constitucional, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, (i) pese al sentido desfavorable, no ejerci\u00f3 el medio de defensa disponible \u2013impugnaci\u00f3n\u2013 contra esas sentencias, por lo que (ii) las diligencias fueron enviadas a la Corte Constitucional para su eventual selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n, etapa que, de acuerdo con la p\u00e1gina web de esa colegiatura, a la fecha no se ha surtido. <\/p>\n
Por ello, en el sub-lite tambi\u00e9n se predica la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial, en la medida en que el promotor todav\u00eda cuenta con la posibilidad de solicitar ante el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n que seleccione los dos asuntos para revisi\u00f3n, una vez las foliaturas de esas tramitaciones sean radicadas. <\/p>\n
Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC 7 nov. 2012, rad. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep., entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de las precitadas decisiones, sigue abierto ese escenario, en el cual puede intervenir cualquier interesado; y, en caso de no seleccionarse, podr\u00e1 hacer uso de la facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
3.3. Por lo dem\u00e1s, en este caso tampoco procede el auxilio como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que persiste al alcance del gestor \u2013solicitud de selecci\u00f3n ante el Tribunal Constitucional\u2013, aquel no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, rad. 00194-01). <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que, si bien se enunciaron las dif\u00edciles circunstancias econ\u00f3micas y personales que estar\u00eda afrontando el reclamante, la UARIV indic\u00f3 en esta acci\u00f3n que \u00abRONALD ESTIVEN MESTRE JIMENEZ, efectivamente cumple con esta condici\u00f3n y se encuentra incluido en dicho registro por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, bajo el marco normativo LEY 1448 de 2011\u00bb, raz\u00f3n por la cual es destinatario de \u00abla asignaci\u00f3n de 3 giros el primero por el valor de ($1.005.000) y el segundo y el tercero por el valor de ($795.000) cada uno, por el per\u00edodo de un a\u00f1o, cada giro tendr\u00e1 una vigencia de cuatro (4) meses y se entregar\u00e1n conforme con la disponibilidad presupuestal\u00bb, lo que, se itera, fue objeto de verificaci\u00f3n en los resguardos auscultados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Quien adujo la condici\u00f3n de \u00abpadre cabeza de familia, enfermo, discapacitado, desplazado por la violencia con tres hijos menores de edad viviendo en la pobreza absoluta pr\u00e1cticamente en la indigencia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 La cual no individualiz\u00f3, pero, producto de este tr\u00e1mite, las autoridades denunciadas allegaron las providencias respectivas, proferidas en el marco de dos asuntos distintos. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, en prove\u00eddo de 6 de marzo de 2022, se inadmiti\u00f3 el libelo para que se\u00f1alara cu\u00e1les eran los espec\u00edficos asuntos cuestionados, pues en el sistema de gesti\u00f3n se pod\u00edan evidenciar varios asuntos a su nombre, pero ning\u00fan con esas caracter\u00edsticas: esto es, que en el despacho del citado funcionario se hubiese denegado una tutela en primer grado. <\/p>\n
4\u0002 Amparo interpuesto por el aqu\u00ed actor contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, tr\u00e1mite que se hizo extensivo a la Personer\u00eda Municipal de Valledupar, Defensor\u00eda del Pueblo, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Alcald\u00eda de Valledupar, Departamento para la Prosperidad Social \u2013 DPS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF y Fonvivienda\u00bb. Decisi\u00f3n que no fue impugnada, de acuerdo con la consulta del sistema de gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
5\u0002 Resguardo formulado contra las mismas autoridades referidas supra, cuya sentencia tampoco fue recurrida por el aqu\u00ed inconforme. <\/p>\n
6\u0002 Sobre el tema, (i) la providencia del juzgado se\u00f1al\u00f3 que: \u00abes claro que sus derechos deben ser protegidos y al respecto, en procura de sus derechos fundamentales y los de sus menores hijos, se halla entonces que en efecto el grupo familiar accionante tiene derecho a reclamar sus ayudas humanitarias por manifestaciones de la misma UARIV tambi\u00e9n es cierto que esa entidad competente confirm\u00f3 que la primera ayuda otorgada por valor de un mill\u00f3n cincuenta mil pesos hab\u00eda sido reclamada y pagada en debida forma en octubre de este a\u00f1o inmediatamente anterior; as\u00ed como tambi\u00e9n, inform\u00f3 que hab\u00edan sido autorizadas dos ayudas m\u00e1s para este a\u00f1o 2023. nformaci\u00f3n puntual que llevan al juez a determinar la procedencia de la carencia actual de objeto de la presente acci\u00f3n de tutela por hecho superado al haber sido autorizadas tres ayudas humanitarias en favor del n\u00facleo familiar accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, (ii) el tribunal en su sentencia recrimin\u00f3 la actuaci\u00f3n temeraria: \u00aben lo atinente a la entrega de ayudas humanitarias, se evidencia que la demanda cotejada concuerda con la actual en los puntos cardinales que las motivan, por lo que se puede concluir que existe una equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y que evidencia el abuso en su ejercicio reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario\u00bb. <\/p>\n
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STC2984-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2984-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00911-00 (Aprobado en Sala de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ronald Estiven Mestre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}