STC2986-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2986-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02579-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 24 de enero de 20231, que neg\u00f3 la tutela de Luis Alberto Trujillo R\u00faales frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad y la Fiscal\u00eda 156 Seccional de Yumbo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-28187. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que el 24 de junio de 2020 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cali lo conden\u00f3 a la pena de 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb, sentencia que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 12 de mayo de 2022. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 los cuestionamientos contra los referidos veredictos condenatorios, esencialmente critic\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los juzgadores de instancia en cuanto a la apreciaci\u00f3n de los relatos de la v\u00edctima y de otros declarantes, seg\u00fan adujo, por la incursi\u00f3n en supuestas inconsistencias sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la ocurrencia de los hechos. Tambi\u00e9n critic\u00f3 la labor de las abogadas que estuvieron a cargo su defensa, pues asever\u00f3, debido a su actuaci\u00f3n, \u00abel sentido del fallo fue condenatorio\u00bb. <\/p>\n
Requiri\u00f3 finalmente que, se ordene \u00abuna valoraci\u00f3n por \u00abignosis (sic) o por pol\u00edgrafo; se ordene una valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica a JDDZ; y, se le solicite al Instituto Nacional de Medicina Legal me realice una valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica para descartar alguna psicopat\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se infiere que pretende que, se deje sin efecto los referidos fallos y se ordene su libertad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali remiti\u00f3 copia de la providencia proferida dentro del proceso penal 2016-28187. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa capital hizo un recuento del juicio que se le adelant\u00f3 al procesado Trujillo R\u00faales resaltando que ninguna garant\u00eda le fue desconocida; adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que, lo que aqu\u00e9l pretende \u00abes revivir una discusi\u00f3n que ya se surti\u00f3 al interior del proceso\u00bb, lo que va en contrav\u00eda del car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 156 Seccional de Yumbo destac\u00f3 que Trujillo R\u00faales, desde el inicio de la investigaci\u00f3n estuvo acompa\u00f1ado por profesionales del derecho id\u00f3neos que ejercieron su defensa. Concluy\u00f3 en todo caso que, \u00abla acci\u00f3n de tutela no es escenario para la correcci\u00f3n de los errores del litigio\u00bb. <\/p>\n
4. EL Instituto Nacional de Medicina Legal manifest\u00f3 no haber vulnerado derecho alguno puesto que, sus funciones est\u00e1n determinadas por los lineamientos legales e institucionales; ahora, frente a las valoraciones y ex\u00e1menes que pide el gestor del amparo, precis\u00f3 que estas deben ser requeridas \u00abpor la autoridad que investiga el caso y el consentimiento escrito para tal proceder (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, inform\u00f3 que vigila la sanci\u00f3n que le fue impuesta al tutelante, y que, en lo que respecta a su competencia, no obra ninguna solicitud pendiente de resolver elevada por el sentenciado. <\/p>\n
6. Gloria Esperanza Sedano Ospina, defensora p\u00fablica, indic\u00f3 que tuvo a cargo la defensa del ciudadano Trujillo R\u00faales, aunque no tiene informaci\u00f3n si el asunto lo tuvo solo en audiencias preliminares o lo llev\u00f3 hasta el juicio y la sentencia. <\/p>\n
7. Karyl J\u00e9ssica L\u00f3pez, abogada vinculada, indic\u00f3 que ejerci\u00f3 la defensa t\u00e9cnica del encausado aqu\u00ed tutelante \u00aba partir del 1\u00ba de agosto de 2019, momento en el cual [el tr\u00e1mite] se encontraba en sede de juicio oral\u00bb, cumpliendo con diversas actuaciones, entre ellas, la apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, y una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento o sustituci\u00f3n por una no privativa de la libertad. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de subsidiariedad e inmediatez; el primero porque \u00ab(\u2026) la \u00faltima decisi\u00f3n proferida dentro del proceso penal censurado por el accionante, se emiti\u00f3 hace m\u00e1s de ocho (8) meses, excediendo as\u00ed, lo que se podr\u00eda considerar como un plazo razonable (\u2026)\u00bb; y, respecto del segundo requisito, porque, el accionante \u00ab(\u2026) no agot\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa para el cumplimiento de sus pretensiones, esto es, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra de la providencia de segunda instancia\u00bb.2 <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio, adicionalmente, recab\u00f3 en su inconformidad con el trabajo de las profesionales del derecho que lo representaron en el juicio, de quienes aduce, no elaboraron una apropiada estrategia defensiva dirigida a refutar y evidenciar los \u00aberrores y dudas de la fiscal\u00eda\u00bb y en general las irregularidades que se habr\u00edan presentado en el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso al condenarlo a la pena de 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
2.2. En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, se pudo verificar que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, el 12 de mayo de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa capital, en lo que es materia de reproche, esto es, la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las censuras que ahora plantea. <\/p>\n
De manera que, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio interesado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal adecuado, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza sin agotar el debate que ahora propone ante el tribunal de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
2.3. Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
3. De la presunta falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 tambi\u00e9n el actor quejas frente a la actuaci\u00f3n de sus abogadas defensoras (una de ellas adscrita a la Defensor\u00eda P\u00fablica), de quienes cuestion\u00f3 no haber elaborado una correcta estrategia defensiva; sin embargo, esa acusaci\u00f3n no es suficiente para que a partir de ella pueda predicarse la afectaci\u00f3n del derecho de defensa t\u00e9cnica como pasa a explicarse. <\/p>\n
Se ha dicho en anteriores oportunidades que no es suficiente calificar de ineficiente o negligente la labor del abogado defensor desde hechos aislados como el no agotar un determinado recurso o no discutir una espec\u00edfica postura jur\u00eddica, sin apuntar su grado de trascendencia desde un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n; al respecto, esta Sala en precedencia ha destacado que ese tipo de reclamos no concierne dilucidarlos al juez de amparo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional en la medida que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, \u201cno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u201d\u00bb (CSJ, STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, sobre la misma tem\u00e1tica en sede de tutela, se precis\u00f3 que alegar \u00abfalta de diligencia\u00bb del apoderado tampoco sirve como, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) elemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; as\u00ed, en fallo de 15 de marzo de 2011, exp. 03093-01, se indic\u00f3: \u201cTampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de sus profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de (\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026), ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n. 2003-00157\u00bb (CSJ STC, 6 sep. 2011, rad. 01816-00, criterio reiterado en STC5012-2017). <\/p>\n
Por su parte, la Hom\u00f3loga Penal, cuando se cuestiona v\u00eda tutela el proceder de un defensor en un litigio penal, se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abLa violaci\u00f3n al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n generada por la inactividad categ\u00f3rica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicci\u00f3n de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva var\u00eda seg\u00fan el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen f\u00f3rmulas uniformes o estereotipos de acci\u00f3n. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violaci\u00f3n al estudiado derecho\u00bb (STP154-2017, rad. 48128). <\/p>\n
Esa Sala Especializada, en otra oportunidad, sobre dicho t\u00f3pico apunt\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 dem\u00e1s reiterar lo se\u00f1alado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto que no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer transgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de acciones como la presente, puedan entrarse a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva (\u2026)\u00bb (CSJ STP12286-2015, 8 sep. 2015, rad. 81699). <\/p>\n
De manera que, no logr\u00f3 en este evento el tutelante, acreditar la influencia en las resultas del juicio que pudieron tener en \u00e9l, el desempe\u00f1o de quienes asumieron su defensa que; adem\u00e1s, el promotor \u2013 m\u00e1s all\u00e1 de manifestar su inconformidad con la actuaci\u00f3n de las abogadas \u2013 no plante\u00f3 de forma concreta razones que permitieran vislumbrar que la actuaci\u00f3n de quienes lo asistieron en la defensa fuera indudablemente perniciosa al punto que se evidenciara de manera notoria la afectaci\u00f3n de ese derecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consecuencia de lo analizado es la ratificaci\u00f3n de la improcedencia de la salvaguarda, pero por las puntuales razones expuestas en esta sede de conocimiento. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional expone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
4.2. No demostr\u00f3 el actor las razones por las cuales estim\u00f3 vulnerado su derecho a la defensa t\u00e9cnica, de manera que se observe incuestionable la afectaci\u00f3n de dicha prerrogativa a partir de la actuaci\u00f3n desplegada por sus abogados defensores en el juicio penal. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 15 de marzo de 2023 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 16 de marzo de 2023. <\/p>\n
2\u0002 Mediante auto ATP1796-2022, de 29 de noviembre de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 nulidad de lo actuado (dispuso conservar la validez de las pruebas) y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias a esa misma Sala Especializada para el conocimiento de la acci\u00f3n constitucional en primer grado, al advertir que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali que tramit\u00f3 la demanda tutelar rad. 2022-1358-00 (y que dict\u00f3 fallo el 3 de octubre de 2022), deb\u00eda ser igualmente vinculada por haber proferido sentencia de segunda instancia en el proceso penal cuestionado por el actor. <\/p>\n
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