STC2999-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC2999-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2023-00079-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 3 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que \u00c1ngela Mar\u00eda Arredondo Garc\u00e9s formul\u00f3 contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia – Oficina de Cobro Coactivo y el Consejo Seccional de la Judicatura de ese departamento, tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el proceso de cobro coactivo radicado bajo el n\u00famero 05001-12-90-000-2018-06713-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que el Juzgado Veintis\u00e9is Penal de Medell\u00edn en sentencia de 11 de septiembre de 2018, la conden\u00f3 a pena de prisi\u00f3n y multa por $52\u00b4077.592, y declarada la extinci\u00f3n de la primera, la segunda entr\u00f3 en cobro persuasivo ante la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el 3 de noviembre de 2022 secuestraron un parqueadero de su propiedad ubicado en la carrera 63 B 42 54 de Medell\u00edn, momento en el cual se enter\u00f3 del procedimiento seguido en su contra y del cual se le inform\u00f3, le hab\u00eda sido notificado a su correo electr\u00f3nico, sin que lo hubiese autorizado de esa manera. <\/p>\n
Indic\u00f3, que una vez revis\u00f3 su buz\u00f3n de mensajes, encontr\u00f3 varios documentos provenientes de esa oficina, con los que se le enviaron las resoluciones DESAJMEGCC19-77423 (mandamiento de pago) DESAJMEGCC22-3153 (citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal) DESAJMEGCC22-7282 (orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n) y, DESAJMEGCC22-9270 (medida de secuestro) y, que, adem\u00e1s, se le inform\u00f3 que hab\u00eda ingresado a la lista de morosos del Estado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a la entidad accionada dejar sin efecto la notificaci\u00f3n realizada y cualquier otro acto que se desprenda de ella. <\/p>\n
Igualmente, oficiar a la oficina de registro de las personas morosas del Estado, para que fuera borrada de la lista y finalmente, que se ordenara el desembargo de su predio con matr\u00edcula inmobiliaria 001-1346262. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia inform\u00f3 que no tuvo ninguna injerencia en las decisiones adoptadas por el Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal de Medell\u00edn y la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n judicial, raz\u00f3n por la cual se aten\u00eda a lo que se probara dentro del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n judicial de Antioquia indic\u00f3 que su gesti\u00f3n inici\u00f3 a partir de la recepci\u00f3n de la providencia que profiri\u00f3 el despacho judicial, y adelant\u00f3 las acciones encaminadas al cobro efectivo de la obligaci\u00f3n, e indic\u00f3 que a la actora se le hab\u00eda garantizado el debido proceso en las diferentes etapas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de la subsidiariedad, en la medida en que \u00abla actora conoc\u00eda de la existencia del proceso que se adelantaba ante la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n judicial, pues pese a que (\u2026) nunca autoriz\u00f3 la notificaci\u00f3n v\u00eda e-mail, \u00e9sta dio poder a un profesional del derecho para que presentar\u00e1 propuesta de pago\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que la interesada contaba con otros medios de defensa judicial para hacer efectivos los derechos cuya protecci\u00f3n pretend\u00eda, los cuales no hab\u00eda ejercido con anterioridad, por lo que, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, su acci\u00f3n era improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC2544-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, \u00c1ngela Maria Arredondo Garc\u00e9s acudi\u00f3 inconforme con el proceso de cobro coactivo seguido en su contra ante la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia -Oficina de Cobro Coactivo, con base en la condena econ\u00f3mica impuesta por el Juzgado Veintis\u00e9is Penal de Medell\u00edn en la sentencia de 11 de septiembre de 2018, proferida en el proceso de radicado n\u00famero 05-001-12-90-000-2018-06713-00, pues, en su criterio, no fue debidamente notificada, ya que solo se enter\u00f3 de este tr\u00e1mite cuando el 3 de noviembre de 2022 secuestraron un inmueble de su propiedad, debido a que no autoriz\u00f3 que el acto de notificaci\u00f3n se realizara a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico, en el que, en esta \u00faltima fecha, encontr\u00f3 todos los documentos que al respecto le hab\u00edan sido remitidos con anterioridad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que los tr\u00e1mites seguidos ante las autoridades competentes son nulos, en todo o en parte -entre otros- cuando no se practica en forma legal la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o su mandamiento de pago a las personas que deban ser citadas como partes, vicio para cuyo alegato solo se encuentra legitimada la persona o personas que, conforme a la ley, deb\u00edan ser convocadas al respectivo proceso. <\/p>\n
Revisado el expediente allegado a este tr\u00e1mite, no se advierte ninguna prueba que permita concluir que la interesada haya agotado, ante la entidad que dirige el cobro coactivo iniciado en su contra, una petici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo referido, u otra similar, por lo que es clara la ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, y sin lo cual, al juez que la conoce no le es permitido inmiscuirse en la situaci\u00f3n que se presenta, y menos a\u00fan en ausencia de una decisi\u00f3n judicial pudiera considerarse caprichosa, antojadiza u originaria de alguna vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales. <\/p>\n
Debe recordarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los instrumentos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n extraordinaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, reiterada, entre muchas en STC2544-2023). <\/p>\n
Y es que como lo ha repetido en m\u00faltiples ocasiones esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00absi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019 y STC483 de 2023). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Tampoco proced\u00eda el amparo como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, habida cuenta que, para el evento relatado, se requer\u00eda que el da\u00f1o denunciado revistiera cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela, lo que no se logr\u00f3 concluir del expediente (CSJ. STC9985-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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