STC3001-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3001-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01110-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Viviana Barrero Giraldo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el juicio de responsabilidad civil extracontractual radicado n\u00ba 2019-00046. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio y como representante legal de la sociedad N & D Inversiones S.A.S., invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que la sociedad que representa es propietaria de un establecimiento de comercio denominado \u00abRestaurante Fusi\u00f3n Latina\u00bb, que funcionaba en un inmueble ubicado en la \u00abcalle 16 n\u00ba 9-15 de Cali\u00bb del cual es arrendataria; dicho local se vio seriamente afectado en su estructura por la demolici\u00f3n de un edificio contiguo (que gener\u00f3 grietas y la ca\u00edda de un muro colindante), raz\u00f3n por la cual instaur\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra el propietario de la construcci\u00f3n derribada (Mario Fernando Mera Villareal). <\/p>\n
Relata que la demanda que fue conocida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, no fue contestada por el accionado, por lo que el citado despacho dict\u00f3 sentencia anticipada estimatoria de las pretensiones, declar\u00e1ndolo civil y extracontractualmente responsable por los da\u00f1os y perjuicios. <\/p>\n
Refiere que el fallo fue apelado por el demandado, quien adem\u00e1s promovi\u00f3 incidente de nulidad \u2013 por falta o indebida notificaci\u00f3n \u2013 el cual no prosper\u00f3. <\/p>\n
Resalta que, desatado el recurso de alzada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali mediante sentencia del 21 de julio de 2021 revoc\u00f3 la proferida por el a quo, absolvi\u00f3 de responsabilidad al convocado y la conden\u00f3 (junto con la sociedad que representa) al pago de las costas procesales. <\/p>\n
Acusa la providencia del tribunal de constituir v\u00eda de hecho por defectos f\u00e1ctico, sustantivo y procedimental. Alega que el tribunal desconoci\u00f3 que el demandado tuvo la oportunidad de proponer excepciones previas y de m\u00e9rito, pero no lo hizo. Cuestiona que no se realiz\u00f3 por parte del ad quem una revisi\u00f3n integral de la demanda y de las pruebas aportadas en relaci\u00f3n con los perjuicios sufridos por el establecimiento de comercio a partir de las cuales se justific\u00f3 el juramento estimatorio presentado con el libelo. <\/p>\n
A\u00f1ade que no se valor\u00f3 adecuadamente el da\u00f1o padecido y las consecuencias que representaron para la sociedad el tener que suspender el funcionamiento del restaurante. <\/p>\n
Cuenta que, paralelamente promovi\u00f3 un proceso de responsabilidad civil contractual contra la empresa arrendadora del local y el propietario del inmueble \u00abcon la esperanza de lograr justicia a mi favor [\u2026] no obstante, lo decidido en la sentencia recurrida est\u00e1 afectando el curso de dicho proceso por cuanto se cree que hay cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, pidi\u00f3 que se supere el requisito de la inmediatez, pues afirma que la demora para la interposici\u00f3n de la tutela \u00abes debido a la falta de recursos econ\u00f3micos. Como lo manifest\u00e9 [\u2026] por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados en el bien inmueble donde funcionaba el restaurante Fusi\u00f3n Latina, la sociedad y mi persona tuvimos p\u00e9rdidas. Si a eso le sumamos los gastos en honorarios de abogados, tr\u00e1mites procesales y defensa jur\u00eddica en otros procesos que tengo, b\u00e1sicamente mi capacidad de pago no era suficiente para plantear esta posibilidad. Por otro lado, con la poca estabilidad econ\u00f3mica de la sociedad que represento [\u2026] estuvimos en la obligaci\u00f3n de posponer algunas actuaciones para atender otras obligaciones personales\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que \u00abse revoque la sentencia del 21 de julio de 2021 [\u2026] proferida por el Tribunal Superior de Cali \u2013 Sala Civil (\u2026) en consecuencia, se tenga a lo dispuesto por la sentencia anticipada de primera instancia del 28 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali (\u2026) subsidiariamente, que se declare la nulidad de todo lo actuado, desde el auto admisorio de la demanda, providencia que fue proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, con el fin de garantizar el debido proceso e igualdad de las partes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
A la fecha en que se someti\u00f3 a discusi\u00f3n la providencia, no se acredit\u00f3 pronunciamiento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por la ac\u00e1 accionante contra Mario Fernando Mera Villareal, radicado n\u00ba 2019-00046, con la sentencia del 21 de julio de 2021 que revoc\u00f3 la del a quo \u2013 Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali \u2013 estimatoria de las pretensiones indemnizatorias por los da\u00f1os y perjuicios, para en su lugar, absolver de responsabilidad al demandado y condenarla en costas, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos \u00abf\u00e1ctico y procedimental\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
4.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, la determinaci\u00f3n que acusa la actora como transgresora de sus derechos fue proferida el 21 de julio de 2021, que corresponde a la sentencia de segundo grado dictada por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual que aquella promovi\u00f3; mientras que, el presente resguardo fue radicado el 14 de marzo de 2023. <\/p>\n
Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la decisi\u00f3n indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 con amplitud el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n
En ese sentido, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
4.2. Ahora, la interesada intenta explicar su inactividad frente al resguardo arguyendo falta de recursos econ\u00f3micos debido a los m\u00faltiples gastos en que ha incurrido no solo por las afectaciones sufridas en su negocio sino por los honorarios que ha pagado a los abogados que la representan en otros asuntos judiciales, y tambi\u00e9n porque tuvo que \u00abatender otras obligaciones personales\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente, es cierto que dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
No obstante, en este caso, aun cuando la promotora pretende exculpar su inercia en la supuesta carencia de medios econ\u00f3micos, no puede ser esta una justificaci\u00f3n de recibo para la Corte pues, en primera medida, el presente mecanismo de protecci\u00f3n es gratuito y, segundo, si se trataba de recibir ayuda profesional para su interposici\u00f3n, nada le imped\u00eda acudir a las diferentes entidades que brindan gratuitamente asesor\u00eda y asistencia jur\u00eddica para este tipo de asuntos de defensa de los derechos fundamentales, tales como la defensor\u00eda del pueblo, las personer\u00edas municipales o los consultorios jur\u00eddicos de las facultades de derecho de las universidades; luego, lo arg\u00fcido no puede admitirse como circunstancia v\u00e1lida para eludir la observancia del presupuesto de la temporalidad. <\/p>\n
Por lo tanto, al no evidenciar la Corte la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la declarar la inviabilidad de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de la decisi\u00f3n atacada, examen que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La tutelante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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