STC3007-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3007-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00381-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el pasado 2 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Compa\u00f1\u00eda de Servicios y Administraci\u00f3n S.A. – Serdan S.A., contra los Juzgados Cuarenta y Uno Civil Municipal y Doce Civil del Circuito, ambos de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la sociedad actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y principio de cosa juzgada, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n del fallo de segunda instancia, emitido en el tr\u00e1mite constitucional que el 30 de noviembre de 2015 promovi\u00f3 Marisela Pardo Ru\u00edz en contra de la aqu\u00ed convocante, que \u00abconoci\u00f3 el Juzgado 12 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 (\u2026), [se decidi\u00f3] CONCEDER PARCIALMENTE y como mecanismo de protecci\u00f3n transitorio, el amparo constitucional invocado, ORDENANDOSE en consecuencia, el reintegro de la se\u00f1ora MARISELA PARDO RUIZ a la empresa SERDAN S.A., al mismo cargo que se encontraba desempe\u00f1ando al momento de su despido o a uno de igual asignaci\u00f3n salarial (\u2026) [y] PREVENIR a la se\u00f1ora MARISELA PARDO RUIZ para que en el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de notificaci\u00f3n de esta Providencia, inicie el respectivo proceso ante la Jurisdicci\u00f3n Laboral, a fin de que se resuelva definitivamente la controversia suscitada, lo cual se entender\u00e1 cumplido una vez se profiera el Auto admisorio de la demanda; so pena de que cesen los efectos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.2. En ese sentido, \u00abla [all\u00e1] accionante interpuso demanda ordinaria laboral (\u2026), en donde luego de cursar las debidas etapas procesales, [se] profiere sentencia el d\u00eda 15 de junio de 2018 [absolviendo] a las demandadas INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS \u2013 INDEGA S.A., COMPA\u00d1\u00cdA DE SERVICIOS Y ADMINSITRACI\u00d3N S.A., SERDAN S.A., al llamado en garant\u00eda COMPA\u00d1IA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. \u2013 CONFIANZA de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la se\u00f1ora MARISELA PARDO RUIZ\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial. <\/p>\n
2.3. A partir de lo anterior, afirma la gestora que \u00abmantuvo el contrato vigente\u00bb, sin embargo, \u00ab[t]eniendo en cuenta que en sede judicial se negaron en las dos instancias las pretensiones invocadas por la se\u00f1ora MARISELA PARDO RUIZ, procedi\u00f3 el d\u00eda 23 de febrero de 2022 a ratificar la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, del pasado 12 de agosto de 2015, toda vez que se cumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite procesal de debatir (sic) en sede judicial y decidir de fondo el asunto por el cual se inici\u00f3 la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de una nueva salvaguarda, explica que la se\u00f1ora Pardo Ruiz denunci\u00f3 \u00absimilares hechos y pretensiones a los que ya se hab\u00edan tratado y debatido (\u2026), en donde en primera instancia el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, decide amparar los derechos fundamentales invocados por la accionante inobservando (sus) argumentos\u00bb, pues orden\u00f3 que \u00abreintegre a Marisela Pardo Ruiz a un cargo en las mismas condiciones de remuneraci\u00f3n y jerarqu\u00eda, o superior, al que ten\u00eda antes de su despido\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada por el aqu\u00ed accionado, Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1; lo anterior, \u00absobre la premisa errada que la terminaci\u00f3n del contrato se dio el 23 de febrero de 2022\u00bb y sin que \u00ab[tenga] ning\u00fan tipo de asidero reabrir un caso bajo los mismos hechos y mismas pretensiones interponiendo la acci\u00f3n constitucional de tutela, abusando de este modo del derecho a la tutela\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se revoquen las decisiones proferidas por las autoridades judiciales convocadas dentro del asunto rad. n.\u00b0 2022-00646. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento de Bogot\u00e1 se limit\u00f3 a informar que \u00abno se ubic\u00f3 el fallo expedido, ni ning\u00fan dato que pudiese ayudar para el esclarecimiento de la acci\u00f3n impetrada\u00bb. <\/p>\n
2.- Por su parte, el Juez Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[m]ediante prove\u00eddo del 3 de agosto de 2022 se dict\u00f3 sentencia de segunda instancia en la que se modific\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el A quo concediendo la protecci\u00f3n reclamada como mecanismo transitorio para que la accionante iniciara en el t\u00e9rmino de 4 meses las acciones legales ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta a la accionada y se dispuso la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb; en esos t\u00e9rminos se opuso a la prosperidad del resguardo, toda vez que \u00abactu\u00f3 con apego [a] las disposiciones que rigen para esta clase de procesos\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cuarenta y Uno Civil Municipal de esta ciudad expres\u00f3 \u00abme atengo a lo decidido dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 041-2022-0646\u00bb y precis\u00f3 que \u00abLa Corte Constitucional excluy\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n el 29 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio deprecado por \u00abausencia del requisito de inmediatez, pues se destaca, las providencias que se pregonan contrarias a derecho datan del 22 de junio de 2022 y 03 de agosto de 2022, super\u00e1ndose el tiempo razonable para acudir al amparo, esto teniendo en cuenta que la presente acci\u00f3n, se interpuso el 21 de febrero de 2023, es decir, luego de trascurridos m\u00e1s de 6 meses\u00bb; as\u00ed mismo, agreg\u00f3 que el convocante \u00abdebe primero agotar las solicitudes de nulidad ante el juez que conoci\u00f3 de la causa en primera instancia, pues lo cierto es que, si la decisi\u00f3n ya fue excluida de eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, la misma est\u00e1 debidamente ejecutoriada y goza de la presunci\u00f3n de legalidad y constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la entidad promotora, quien critic\u00f3 que \u00abexisten en este caso particular distintos lapsos de tiempo como razonables para efectos de analizar la inmediatez en la acci\u00f3n de tutela, pues la razonabilidad del plazo, no es un concepto est\u00e1tico y debe atender a las circunstancias de cada caso en particular\u00bb y \u00ab[e]l aqu\u00ed tutelante logr[\u00f3] demostrar la existencia de un perjuicio inminente, urgente y grave e impostergable, y no fue tenido en cuenta (\u2026) que la vulneraci\u00f3n es permanente en el tiempo\u00bb; igualmente, reiter\u00f3 las supuestas irregularidades que fueron expuestas desde el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la viabilidad de interponer tutela contra tutela, y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite del resguardo que contra la aqu\u00ed gestora promovi\u00f3 Marisela Pardo Ruiz (rad. n.\u00ba 2022-00646), por haber accedido al petitum en ambas instancias, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
2.1. Sobre la improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
2.1.1. La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC355-2023, 25 en. 2023, rad. 00113-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC9203-2022, 19 jul. 2022, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n
2.1.2. Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, aunque la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, en el sentido de negar la protecci\u00f3n solicitada, lo ser\u00e1 por incumplimiento del presupuesto general de procedibilidad consistente en que este mecanismo excepcional no puede dirigirse contra decisi\u00f3n del mismo linaje. <\/p>\n
\u00abPRIMERO: MODIFICAR el FALLO de tutela de fecha 22 de junio de 2022, proferido por el JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL de Bogot\u00e1, para conceder la protecci\u00f3n reclamada como mecanismo transitorio para que la accionante, so pena de que cesen los efectos del amparo, promueva las acciones pertinentes ante la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo para que sea all\u00ed definido de fondo el asunto aqu\u00ed planteado. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
2.2. Sobre la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
En todo caso, la Sala estima oportuno resaltar que el auxilio es inviable no solo porque se enfil\u00f3 contra otros fallos de la misma naturaleza, sino, esencialmente, porque el debate en torno a la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la libelista qued\u00f3 agotado en sede del control directo que realiza la Corte Constitucional, dado que ese tribunal lo excluy\u00f3 de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n con auto de 29 de noviembre de 2022 (T-8.993.063), actuaci\u00f3n notificada a trav\u00e9s de estado n.\u00ba 20 del 15 de diciembre siguiente, por lo que emerge la inmutabilidad de la cosa juzgada que impide volver sobre aspectos definidos en ese juicio. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha enfatizado en que: <\/p>\n
\u00ab(…) [si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2013, rad. 2013-00851-01, reiterada, entre otras, en CSJ STC, 3 sep. 2015, rad. 2015-00086-03 y STC8931-2022, 13 jul.). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar el fallo impugnado, en atenci\u00f3n a que este mecanismo no est\u00e1 previsto para cuestionar decisiones de la misma naturaleza, por lo que deviene inviable; m\u00e1xime que el tr\u00e1mite hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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