STC3011-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3011-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01114-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Clara Stella Morera Rodr\u00edguez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron citados el Juzgado Treinta y Uno de Familia de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo seguido tras la definici\u00f3n del litigio radicado bajo el n\u00b0 2009-00103. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Expuso que \u00abDiego Luis Ayala Moreno libr\u00f3 a favor de la se\u00f1ora Clara Stella Morera Rodr\u00edguez, los cheques EK288380 y EK288381; el primero por valor de $16\u2019500.000 y el segundo por $30\u2019000.000. Dichas obligaciones fueron adquiridas por el se\u00f1or Ayala Moreno en vigencia de la sociedad conyugal conformada con Diana Cristina Rojas Salas\u00bb. Que para hacer efectivo el pago de dichos t\u00edtulos, \u00abinstaur\u00f3 ante el Juzgado 70 Civil Municipal de esta ciudad (radicado 2007-00395). No obstante, ante la insolvencia del [ejecutado], quien liquid\u00f3 su sociedad conyugal se\u00f1alando (\u2026) que no hab\u00eda pasivos por relacionar y renunci\u00f3 a los gananciales que le pudieran corresponder, fue imposible la satisfacci\u00f3n del derecho de cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben virtud de lo anterior, promovi\u00f3 el proceso ordinario No. 2009-00103, [el cual] termin\u00f3 mediante sentencia del 19 de abril de 2013 en la que el Juzgado 3\u00b0 de Familia de Bogot\u00e1, declar\u00f3 inoponible a la se\u00f1ora Clara Stella Morera Rodr\u00edguez el acto de liquidaci\u00f3n de la referida sociedad conyugal, declarando que \u201c(\u2026) Diana Cristina Rojas Salas (\u2026), es responsable solidaria, de la obligaci\u00f3n asumida por su esposo Diego Luis Ayala Moreno (\u2026), respecto de las sumas de dinero contenidas en los [referidos] t\u00edtulos valores\u00bb. <\/p>\n
Que formul\u00f3 ejecuci\u00f3n \u00abcontra Diana Cristina Rojas Salas\u00bb, cuyo conocimiento asumi\u00f3 el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1, quien \u00abmediante sentencia de fecha 29 de junio de 2021 neg\u00f3 el mandamiento de pago al estimar que la resoluci\u00f3n proferida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Familia, no configuraba una decisi\u00f3n constitutiva de t\u00edtulo, pues al ser dichas sentencias t\u00edtulos complejos se requer\u00eda necesariamente la aportaci\u00f3n f\u00edsica en original de los cheques\u00bb. <\/p>\n
Que, apelado el anterior fallo, el ad quem \u00abdeclar\u00f3 terminado el proceso, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y conden\u00f3 en costas al recurrente\u00bb, bajo argumentos que, en su sentir, constituyen \u00abdefecto sustantivo por indebida interpretaci\u00f3n [de normas del estatuto adjetivo]; defecto procedimental por exceso ritual manifiesto (\u2026), en relaci\u00f3n con la exigencia de que fuera aportado el original de los cheques (\u2026), [y] vulneraci\u00f3n al principio de tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse deje sin valor ni efecto la sentencia proferida el d\u00eda 13 de septiembre de 2022 (\u2026), dentro del proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n del ordinario promovido por Clara Stella Morera Rodr\u00edguez en contra de Diana Cristina Rojas Salas (\u2026), as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de ella hubiesen derivado\u00bb, y en su lugar, que la sala convocada \u00abproceda a desatar nuevamente la apelaci\u00f3n teniendo en cuenta las pautas normativas y jurisprudenciales aplicables\u00bb. <\/p>\n
1. La Sala enjuiciada, a trav\u00e9s de la secretar\u00eda, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente e inform\u00f3 que el mismo fue devuelto al juzgado de origen. <\/p>\n
2. La Juez Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que el 29 de junio de 2021 dict\u00f3 sentencia \u00abdeclarando probada la excepci\u00f3n (\u2026) \u201cinexistencia de t\u00edtulo ejecutivo por ausencia de obligaciones claras, expresas y exigibles (\u2026)\u201d, y consecuencialmente se negaron las pretensiones\u00bb, y en virtud del recurso de apelaci\u00f3n, el tribunal \u00abdeclar\u00f3 terminado y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, y, en \u00abobedecimiento y cumplimiento a lo decidido por el superior (\u2026), se procedi\u00f3 a la elaboraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas [la cual se aprob\u00f3] en auto del 14 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el expediente contentivo del declarativo con radicaci\u00f3n 2009-00103, fue \u00abremitido el 26 de agosto de 2015 al otrora Juzgado 8\u00b0 de Familia de Descongesti\u00f3n, hoy 31 de Familia de Bogot\u00e1, en cumplimiento del Acuerdo PSAA15-10373 del 31 de julio de 2015 (\u2026), por lo que desde esa data perdimos competencia para continuar el tr\u00e1mite del asunto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia proferida dentro del ejecutivo con radicaci\u00f3n n\u00b0 2009-00103, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
A tono con la jurisprudencia constitucional, esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales allegadas al expediente, en particular la sentencia proferida por la sala enjuiciada el 13 de septiembre de 2022, mediante la cual el ad quem modific\u00f3 la sentencia apelada y en su lugar declar\u00f3 terminado el proceso ejecutivo y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, se denegar\u00e1 el amparo deprecado, toda vez que tal decisi\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que la sentencia dictada por el juzgador a-quo el 29 de junio de 2021, \u00abdispuso: \u201c\u2026PRIMERO: DECLARAR probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta por la parte ejecutada y que denomin\u00f3 inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo, por ausencia de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de la demandada, por las razones expuestas anteriormente. SEGUNDO: Negar el mandamiento ejecutivo. (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, que los reparos se dirigieron a defender la validez y eficacia de los documentos aportados en copia, porque de ellos \u00ab\u201cse desprende de manera completa una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible, a cargo de la demandada (\u2026), de pagar a favor de la ejecutante una suma liquida de dinero\u201d; \u201c[que] debe tenerse en cuenta que aportar [los t\u00edtulos] en original resulta imposible, pues como se ha indicado a lo largo del proceso, no dan ninguno de los supuestos para el desglose de los documentos que cursan en el Juzgado 17 de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, [y que] la sentencia no solamente va en contra de la providencia ejecutoriada del superior a desconocer el valor los efectos y la decisi\u00f3n judicial emitida, sino que adem\u00e1s constituye una clara vulneraci\u00f3n el principio de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal\u00bb, entre otros argumentos expuestos con posterioridad. <\/p>\n
Seguidamente, cit\u00f3 las disposiciones sustanciales atinentes a \u00abla obligaci\u00f3n de car\u00e1cter solidario\u00bb, y al revisar el documento \u00abbase de ejecuci\u00f3n\u00bb, consistente en el fallo judicial en el que Diana Cristina Rojas Salas fue declarada solidariamente responsable del pago \u00abde las sumas contenidas en los t\u00edtulos valores EK-288381 y 288380 junto con sus intereses\u00bb, cuya obligaci\u00f3n en principio se radic\u00f3 en cabeza de su ex esposo Diego Luis Ayala Moreno, precis\u00f3 que dentro del plenario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se inform\u00f3 por parte del Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, que dentro del proceso ejecutivo de menor cuant\u00eda, radicado 2007-00395-00, iniciado por Clara Stella Morera Rodr\u00edguez contra Diego Luis Ayala Moreno, el seis (6) de marzo de 2009, se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria y se dio por terminado el proceso, providencia que fue revocada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, mediante auto del 27 de enero de 2010, en el que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y por autos de 24 de junio y 29 de julio de 2010, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y costas; el 26 de agosto de 2010, se orden\u00f3 la entrega de dineros a la parte demandante. Advirti\u00f3 que, dentro de las presentes diligencias, no fue vinculada la se\u00f1ora Diana Cristina Rojas Salas. Finalmente indic\u00f3 que se aporta copia del folio 2 del C-1, en la citada fotocopia se observa imagen de dos t\u00edtulos valores (cheques) emanados de la entidad bancaria Bancolombia, el primero de ellos cheque No. EK288381 de 5 de julio de 2006, por valor de $30.000.000, a la orden de Clara Stella Morera, el segundo cheque No EK288380 de 19 de mayo de 2006, por valor de $16.500.000 a la orden de Clara Stella Morera\u00bb. Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Frente al primer reparo, consistente en que \u00abla Juzgadora pas\u00f3 por alto que al promover la solicitud de ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 del C.G. del P.\u00bb, el tribunal respondi\u00f3 que, si bien es cierta tal aseveraci\u00f3n, deb\u00eda tenerse en cuenta que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso regula que los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo se pueden cuestionar mediante el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago y que no se admitir\u00e1 controversia planteada sobre este asunto, si no es por este medio; sin embargo, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC290-2021 (\u2026) dijo que \u201cDe ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem.\u201d Concluy\u00f3 entonces que \u201cDe esta manera, a\u00fan en segunda instancia, es deber de los jueces, inclusive, de manera oficiosa, estudiar los requisitos formales o sustanciales de los documentos base de recaudo, y determinar si estos consisten en t\u00edtulos ejecutivos complejos o singulares\u201d. <\/p>\n
[Que] es deber del fallador verificar que el t\u00edtulo tra\u00eddo como base de recaudo, re\u00fana los requisitos legales que constituyen el t\u00edtulo ejecutivo, y si era procedente declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201c\u2026INEXISTENCIA DE T\u00cdTULO EJECUTIVO, POR AUSENCIA DE OBLIGACIONES CLARAS, EXPRESAS Y EXIGIBLES A CARGO DE LA DEMANDADA\u2026\u201d, dado que no se aportaron f\u00edsicamente los t\u00edtulos valores cheques EK288381 y EK288380 con la demanda ejecutiva, lo que corresponde por disposici\u00f3n legal, a la presentaci\u00f3n de los originales para la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n consignada en el t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Sobre el asunto indica el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo de Comercio \u201cEl ejercicio del derecho consignado en un t\u00edtulo-valor requiere la exhibici\u00f3n del mismo. Si el t\u00edtulo es pagado, deber\u00e1 ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o s\u00f3lo de los derechos accesorios\u2026\u201d <\/p>\n
En ese orden de ideas, el proceso de ejecuci\u00f3n en la mayor\u00eda de las veces, tiene estribo en las actuaciones surtidas en el proceso declarativo, cuando la sentencia es condenatoria al pago de una suma dineraria, la cual por si sola configura una obligaci\u00f3n simple, clara, expresa y exigible. <\/p>\n
Sin embargo, en el presente caso la sentencia no orden\u00f3 el pago de una suma liquida de dinero, solo declar\u00f3 la solidaridad respecto de algunas obligaciones contra\u00eddas por el ex esposo de la aqu\u00ed demandada Diana Cristina Rojas Salas, contenidas en los t\u00edtulos valores EK-288381 y 288380, luego para su ejecuci\u00f3n se requiere que se aporten los t\u00edtulos originales, para conformar el t\u00edtulo complejo que presta m\u00e9rito ejecutivo, pues la decisi\u00f3n judicial por s\u00ed sola no contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, pues se repite, solo contiene una declaraci\u00f3n de solidaridad\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Acot\u00f3 que, \u00abdentro del proceso declarativo se aportaron copias aut\u00e9nticas de los mencionados t\u00edtulos valores, los cuales a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 246 del C.G.P. podr\u00edamos decir que tienen el mismo valor probatorio que los originales (\u2026), sin embargo, esa misma normatividad, advierte la excepci\u00f3n a la regla general, cuando se requiere por disposici\u00f3n legal, la presentaci\u00f3n del documento original, como sucede para la ejecuci\u00f3n por obligaciones contenidas en t\u00edtulos valores, y quien ejecuta debe ostentar la tenencia del documento original y ejercer sobre \u00e9l la custodia que le permita exhibirlo al litigio bien sea f\u00edsica o virtualmente, cuando sea requerido, y manifestar que conservar\u00e1 su custodia y que custodiar\u00e1 hasta el momento en que se realice el respectivo pago, lo cual no acontece en el presente caso, en que los t\u00edtulos valores los tiene el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, dentro del proceso ejecutivo de menor cuant\u00eda, radicado 2007-00395-00, iniciado por Clara Stella Morera Rodr\u00edguez contra Diego Luis Ayala Moreno\u00bb. <\/p>\n
Respecto de los dem\u00e1s reparos, encaminados a demostrar que la sentencia judicial \u00abs\u00ed constituye t\u00edtulo ejecutivo, porque al examinar tales providencias como un t\u00edtulo complejo, se observa que se encontraban satisfechos los presupuestos para seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, precis\u00f3: <\/p>\n
Entonces (\u2026) seg\u00fan lo que se expresa en el libelo genitor, tenemos que la obligaci\u00f3n que se cobra, tiene como base un t\u00edtulo complejo, pues la sentencia emanada del Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1, \u00fanicamente declar\u00f3 que do\u00f1a Diana Cristina Rojas Salas es responsable solidaria de la obligaci\u00f3n asumida por su ex esposo Diego Luis Ayala Moreno, ante la acreedora y aqu\u00ed demandante Clara Stella Morera Rodr\u00edguez, respecto de las sumas de dinero contenidas en los t\u00edtulos valores No EK288381 y EK288380, lo que traduce que al configurarse un t\u00edtulo complejo es imprescindible que para que preste m\u00e9rito ejecutivo, se aporten con la demanda la totalidad de los documentos que lo componen, que para el caso son la sentencia y los t\u00edtulos valores en original que en ella se relacionan, pues la sola sentencia es eminentemente declarativa y de ella por s\u00ed sola no se desprende una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible seg\u00fan lo dispuesto en el art. 422 del estatuto procesal. <\/p>\n
Por consiguiente, no es viable seguir adelante con la ejecuci\u00f3n conforme lo ordenado en el mandamiento ejecutivo, en primer lugar porque se evidencia que se trata de un doble cobro, uno iniciado ante la especialidad civil y el otro ante la especialidad de familia, sobre una misma obligaci\u00f3n que es de car\u00e1cter solidario y por ende la deuda en su totalidad puede ser satisfecha por cualquiera de los deudores, y de ah\u00ed la exigencia de que el acreedor tenga en su poder los t\u00edtulos valores originales para poder ejecutar, pues los t\u00edtulos valores son documentos necesarios para legitimar el derecho literal que en ellos se incorpora, luego, no es posible librar la orden de pago sin los mismos, [y en segundo lugar, porque], se persigue una obligaci\u00f3n contenida en un t\u00edtulo complejo, en la cual para obtener su satisfacci\u00f3n, deben existir como presupuestos de fondo, que la obligaci\u00f3n del t\u00edtulo allegado sea expresa, clara y exigible, lo cual se echa de menos, pues solo existe en el dosier la sentencia, de la cual por s\u00ed sola no emerge la obligaci\u00f3n expresa de pagar las sumas solicitadas en la demanda\u00bb. <\/p>\n
3.2. Los anteriores planteamientos se muestran ajustados a la normativa sustancial y procedimental que rige la tem\u00e1tica, abordada desde la perspectiva constitucional habida cuenta las circunstancias especiales que se se\u00f1alaron en precedencia, y son el resultado de un amplio debate para zanjar la controversia jur\u00eddica en el caso bajo examen, por lo que las discrepancias nuevamente esbozadas por la parte actora, demuestran que la intenci\u00f3n es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC14758-2022, 2 nov., rad. 00469-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, porque este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC448-2023, 25 ene., rad. 01250-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo precisado, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, toda vez que la determinaci\u00f3n censurada, no constituye yerro procedimental, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole, y, en suma, no es producto de un subjetivo criterio que configure desafuero susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3011-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3011-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01114-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Clara Stella Morera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}