STC3016-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3016-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00054-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mauricio Morales frente a la sentencia del pasado 26 de enero, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por \u00e9l contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de esta misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron integrados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquir\u00e1, C.P.N.S. y Productos De Anta\u00f1o (ambas S.A.S.), as\u00ed como la Procuradur\u00eda Delegada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar efecto a lo dirimido en sede extraordinaria (para proveer de nuevo, en derecho), dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2017-00007\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que a continuaci\u00f3n se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquir\u00e1 se surti\u00f3, bajo el consecutivo y especialidad descritos a espacio, demanda del titular del presente pedimento de resguardo contra C.P.N.S. y Productos De Anta\u00f1o (ambas S.A.S.), dirigida a la declaraci\u00f3n de existencia de \u00abcontrato [de trabajo] realidad\u00bb entre las partes, del \u00ab22 de julio de 2003 [al] 28 de agosto de 2014\u00bb, m\u00e1s el pago de \u00abcesant\u00edas[, auxilio e] intereses[,] primas de servicios[ y] vacaciones[, junto a las] indemnizaciones por despido sin justa causa[,] culpa patronal\u00bb1 (art. 216, C\u00f3digo Sust. del T.) y mora, m\u00e1s el saldo de los \u00abaportes\u00bb al Sistema General de Seguridad Social Integral. En subsidio, con el fin de obtener la declaratoria de \u00abineficacia de la terminaci\u00f3n\u00bb del v\u00ednculo, m\u00e1s el sufragio de los \u00absalarios dejados de percibir\u00bb, con consecuente \u00abindemnizaci\u00f3n de los 180 d\u00edas [de ley,] por (\u2026) omisi\u00f3n [de la] autorizaci\u00f3n de despido ante el Ministerio de Trabajo\u00bb.<\/p>\n
2. De la contienda provino fallo adverso a las aspiraciones en audiencia de 14 de diciembre de 2018, que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca hubo de confirmar, en apelaci\u00f3n del all\u00ed reclamante (ahora tutelante), a trav\u00e9s de sentencia oral de 11 de septiembre de 2019, la que a su turno no cas\u00f3 la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte, en veredicto mayoritario CSJ SL2213, de 14 jun. 2022, rad. 87457, por recurso del polo procesal en alusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El peticionario del ruego de amparo critic\u00f3, en estricto compendio, que el juez casacional requerido, as\u00ed como los de instancia, incurrieran en defectos \u00abmaterial\u00bb y \u00abf\u00e1ctico\u00bb, as\u00ed como en \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, por indebida apreciaci\u00f3n de las probanzas por \u00e9l acopiadas e igualmente por permitir que la enjuiciada C.P.N.S. \u00abfabricara\u00bb su propia prueba a partir de las alegaciones defensivas favorables y, en contraste, sin miramiento de la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb que hiciera al contestar el libelo, en punto a dar por ciertos los \u00abextremos temporales\u00bb de la relaci\u00f3n objeto de controversia. Dijo, en adici\u00f3n, apoyarse en los planteamientos del salvamento de voto a la determinaci\u00f3n de cierre. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal relat\u00f3 no tener el paginario acusado. El Juzgado record\u00f3 lo acontecido ah\u00ed y expuso que las censuras le son extra\u00f1as. C.P.N.S. S.A.S. se opuso al \u00e9xito de la clama, por pertinencia de las decisiones en estudio y no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda tras encontrar, a la postre, que la resoluci\u00f3n casacional fustigada escapa al \u00e1mbito de la arbitrariedad o el antojo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el convocante, quien con ayuda del mandatario persisti\u00f3 en sus ataques y adujo, en se\u00f1al de objeci\u00f3n, que no se tuvieran por verdaderos los argumentos de la querella pese al silencio de la colegiatura requerida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Compete auscultar en sus cimientos el fallo mayoritario CSJ SL2213, de 14 jun. 2022, rad. 87457, como es natural. N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, el conocedor casacional acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[L]a sentencia impugnada descansa en la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el juzgador de haberse desvirtuado la presunci\u00f3n de contrato realidad de que trata el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, lo cual llev\u00f3 a cabo mediante el an\u00e1lisis de las piezas procesales que consider\u00f3 relevantes en uso de las precisas facultades que le otorga el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, la libre formaci\u00f3n de su convencimiento. <\/p>\n
Lo anterior supone, para efectos del presente examen, que: <\/p>\n
i) No existe error jur\u00eddico que pueda alegarse por la v\u00eda directa (cargo segundo), pues el Tribunal identific\u00f3, interpret\u00f3 y aplic\u00f3 correctamente las disposiciones normativas aplicables al caso, siendo estas los art\u00edculos 23 y 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
ii) No se discute la prestaci\u00f3n personal del servicio de mantenimiento locativo ejecutado por el demandante, ni el hecho de que recibi\u00f3 una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por ello, aspectos que reconoci\u00f3 el Tribunal de manera expresa. <\/p>\n
Entonces, el problema jur\u00eddico que se le plantea a la Corte es determinar si el juzgador se equivoc\u00f3 al concluir que entre las partes no existi\u00f3 una relaci\u00f3n subordinada, sino que el se\u00f1or Morales ejecut\u00f3 sus tareas de forma independiente. <\/p>\n
Con base en lo anterior, la Sala encuentra que varias de las piezas procesales de los cargos fueron denunciadas por el recurrente con el prop\u00f3sito exclusivo de demostrar la prestaci\u00f3n personal de un servicio o el hecho de que recib\u00eda una remuneraci\u00f3n, lo cual no fue ni es objeto de debate procesal, por lo que no procede su an\u00e1lisis. <\/p>\n
En tal sentido, no aportan ning\u00fan elemento relevante los correos electr\u00f3nicos, que adem\u00e1s son pruebas no calificadas en este caso pues no se aport\u00f3 demostraci\u00f3n de su autenticidad ni de su origen; as\u00ed como tampoco la copia del cheque n\u00famero 320190 de Bancolombia, que reposa a folio 47, que s\u00f3lo es indicativo de un pago recibido por el se\u00f1or Morales. <\/p>\n
De otra parte, las pruebas referidas al estado de salud del demandante no tienen la vocaci\u00f3n de acreditar su subordinaci\u00f3n, de manera que, si se llegare a evidenciar la existencia de una relaci\u00f3n laboral entre las partes que d[\u00e9] lugar a la casaci\u00f3n del fallo del Tribunal, dichos elementos probatorios ser\u00e1n analizados en sede de instancia para lo pertinente. <\/p>\n
La Sala observa que el se\u00f1or Morales no cumpli\u00f3 con esta responsabilidad, pues se limit\u00f3 a mencionar las piezas sin identificarlas, colocando a la Corte en la posici\u00f3n de indagar en d\u00f3nde se encontraba cada una de ellas, aunque en un ejercicio de interpretaci\u00f3n, la Sala las hall\u00f3, salvo la \u00abPlanilla de aportes seguridad social\u00bb y \u00abDescuento seguridad social\u00bb, de manera que no son objeto de an\u00e1lisis porque no se encontraron identificadas en el expediente. Tambi\u00e9n se descartar\u00e1 la revisi\u00f3n de la demanda, pues nada explic\u00f3 el recurrente sobre ella. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y a pesar del estudio conjunto que se hace de los cargos, es pertinente anotar que se excluye la revisi\u00f3n del cargo cuarto, el cual no prospera pues no se indica la modalidad de violaci\u00f3n de la ley sustancial, esto es, si por infracci\u00f3n directa, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Con base en lo anterior, la Sala anticipa que no evidencia un error de hecho significativo imputable al Tribunal que pueda desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de su sentencia. Al contrario, se observa que su conducta fue motivada y razonable a la luz de los medios de convicci\u00f3n denunciados, por lo que el hecho que el recurrente est\u00e9 en desacuerdo no supone un yerro demostrativo. <\/p>\n
Se reitera, para que el recurso de casaci\u00f3n quiebre un fallo judicial con fundamento en la valoraci\u00f3n probatoria del juez, ha de demostrarse un error grave y evidente que de fundamento a concluir que, sin dicho proceder, el sentido de la sentencia hubiera sido radicalmente distinto; de manera que no es cualquier divergencia en el an\u00e1lisis probatorio la que sustenta la casaci\u00f3n, pues ello no s\u00f3lo atentar\u00eda contra el prop\u00f3sito especial de este recurso extraordinario, sino adem\u00e1s desconocer\u00eda la facultad que tiene el juez para formar de manera libre su convencimiento en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL15058-2017). <\/p>\n
En este orden de ideas, si bien el art\u00edculo 60 \u00eddem les impone la obligaci\u00f3n de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas \u2013como se hizo en este caso\u2013, los falladores est\u00e1n facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeci\u00f3n a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa eventualidad \u00ab[\u2026] no se podr\u00e1 admitir su prueba por otro medio\u00bb, como lo se\u00f1ala la norma inicialmente citada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, son los juzgadores de instancia los encargados de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley. Ahora bien, la facultad otorgada por el citado art\u00edculo 61 de apreciar libremente las pruebas, hace que resulte inmodificable la valoraci\u00f3n realizada por el Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso (CSJ SL12299-2017). <\/p>\n
La Corte por su parte, en tanto act\u00faa como tribunal de casaci\u00f3n y atendiendo la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia cumpli\u00f3 con esa funci\u00f3n y, por tanto, acert\u00f3 en la determinaci\u00f3n de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunci\u00f3n. <\/p>\n
En este caso, el Tribunal revis\u00f3 ampliamente el material probatorio, incluyendo las piezas h\u00e1biles para efectos de resolver esta casaci\u00f3n y hall\u00f3, en una disertaci\u00f3n motivada y razonable, que habiendo sido activada la presunci\u00f3n del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo en favor del demandante, esta fue desvirtuada al constatar que los servicios se prestaron de forma aut\u00f3noma y sin subordinaci\u00f3n y nada hay en el ejercicio de casaci\u00f3n que demuestre un razonamiento contrario. <\/p>\n
Asegura el recurrente que el pago de suministros por parte de la demandada, acreditado mediante la contestaci\u00f3n de la demanda y las cuentas de cobro y comprobantes de pago (fls. 180-272), supone la ausencia de autonom\u00eda en sus servicios, conclusi\u00f3n que no es dable atender pues i) dicho alegato no fue parte de la demanda inicial, por lo que denota un inter\u00e9s ileg\u00edtimo de agregar nuevos argumentos fuera de la etapa procesal correspondiente; ii) el Tribunal bas\u00f3 su an\u00e1lisis en el interrogatorio de parte del contratista, prueba no denunciada en los cargos y, en todo caso, iii) la sola cuesti\u00f3n de los suministros no es indicativa de subordinaci\u00f3n pues, al contrario, refleja la normalidad de las relaciones comerciales, donde el precio final fijado aglutina no s\u00f3lo su mano de obra, sino todos aquellos componentes que determinan el valor final que cobrar\u00e1 por sus actividades. <\/p>\n
En este punto el Tribunal se refiri\u00f3 al interrogatorio de parte, donde \u00e9l reconoci\u00f3 que fijaba el precio del servicio y por ende pod\u00eda incluir todos los componentes que a su discreci\u00f3n considerara como parte de este, lo que tiene sustento adem\u00e1s en la cl\u00e1usula quinta de los contratos celebrados, cuando las partes acordaron expresamente la asunci\u00f3n del costo de los suministros por parte del contratante, por lo que el argumento no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
Agrega el accionante que la empresa le proporcionaba las herramientas de trabajo y que ello se acredita con la contestaci\u00f3n a la demanda, cuesti\u00f3n que no aparece rese\u00f1ada, contenida ni probada en ninguna de las manifestaciones de la empresa al responder. <\/p>\n
Dice adem\u00e1s que el hecho de que la empresa le pagara aportes al Sistema de Seguridad Social Integral es indicativo de subordinaci\u00f3n, pero en vez de atacar el verdadero razonamiento del Tribunal, en particular el postulado del art\u00edculo 15 de la Ley 100 de 1993, soporta su censura en la contestaci\u00f3n de la demanda y los contratos de prestaci\u00f3n de servicios, que en ninguna forma desvirt\u00faan el argumento, olvidando adem\u00e1s que se bas\u00f3 en otras pruebas no controvertidas, sino porque demostr\u00f3 que hubo un acuerdo expreso entre las partes para que la operatividad de las cotizaciones la hiciera el contratante, asumiendo el contratista el costo correspondiente mediante la deducci\u00f3n de sus honorarios. <\/p>\n
Asume el casacionista que su afiliaci\u00f3n al fondo de empleados, reconocida en la contestaci\u00f3n de la demanda, da cuenta del contrato realidad, disertaci\u00f3n que no aporta utilidad al debate de casaci\u00f3n, pues qued\u00f3 demostrada que dicha vinculaci\u00f3n era independiente de los servicios prestados y se hizo frente a una entidad aut\u00f3noma a la demandada. <\/p>\n
Sostiene tambi\u00e9n que el hecho de que cada reparaci\u00f3n locativa no diera origen a un contrato independiente, sino que se ejecutaran todas en el \u00e1mbito de una relaci\u00f3n contractual, probaba que sus servicios eran permanentes, frente a lo cual la Sala considera: <\/p>\n
i. Dicho argumento no fue presentado en instancias, por lo que consiste en un medio nuevo para casaci\u00f3n. <\/p>\n
ii. No es \u00fatil para los efectos de esta sede, pues de la permanencia o no de un servicio, no se colige la subordinaci\u00f3n <\/p>\n
iii. Por \u00faltimo, la l\u00f3gica de la contrataci\u00f3n de un servicio es que se ejecuten todas las actividades inherentes dentro del marco contractual fijado, el cual en este caso fue el de \u00ab[\u2026] mantenimiento locativo a las instalaciones de la compa\u00f1\u00eda por fases de acuerdo al \u00e1rea a modificar y\/o arreglar\u00bb (fls. 78 y 80), por lo que cada actividad de mantenimiento deb\u00eda desarrollarse en ejecuci\u00f3n de los dos contratos aportados al expediente, sin requerirse un acuerdo adicional y particular para cada una de ellas. <\/p>\n
Frente a la supuesta confesi\u00f3n judicial que alega el recurrente en el interrogatorio de parte hecho a la demandada, la Sala no la encuentra y, el alegato no fue sustentado debidamente con miras a demostrar un error atribuible al Tribunal, sino que se limit\u00f3 a referir calificativos como que el \u00ab[\u2026] medio probatorio fue parcializado\u00bb, \u00ab[\u2026] el Tribunal obtuvo de esta lo que le conven\u00eda a la empresa y desech\u00f3 lo que le conven\u00eda al trabajador\u00bb y que el representante legal de la accionada \u00ab[\u2026] minti\u00f3\u00bb, los cuales no pasan de constituir meros alegatos de instancia carentes de la debida motivaci\u00f3n… (\u00c9nfasis). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo y s\u00ed producto de un debate y an\u00e1lisis probatorio respetable, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales no encuentran recibo en esta calzada excepcional de apoyo, m\u00e1s all\u00e1 del silencio de la confutada. <\/p>\n
Es que, en rigor, el convocante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Corporaci\u00f3n encartada dispuso no casar, en mayor\u00eda, el fallo de segunda instancia dentro del pleito laboral sub examine, merced a la falta de acreditaci\u00f3n de la ligaz\u00f3n empleaticia por aquel enrostrada. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano y\/o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC713, 29 en. 2016, rad. 2015-02467-01). <\/p>\n
Divergir del sustento de un manifiesto de la justicia no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017, rad. 00690-01). <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil y, en oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por un accidente aparentemente sufrido en el marco de la pretensa relaci\u00f3n empleaticia. <\/p>\n
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