STC3021-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3021-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2023-00029-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales el 2 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Paula Andrea Orozco Osorio formul\u00f3 contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado n\u00famero 17001-40-03-004-2022-00447-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que el 6 de noviembre de 2020 celebr\u00f3 un contrato de compraventa con Andr\u00e9s Felipe Mar\u00edn Jim\u00e9nez en el que se oblig\u00f3 a transferirle la posesi\u00f3n que ten\u00eda sobre el veh\u00edculo de placas SOZ-545 y el precio pactado fue de $70\u00b4000.000, que el comprador pagar\u00eda por cuotas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, seg\u00fan el acuerdo, el derecho se entender\u00eda transferido con el pago total, y a la firma del convenio, solo se le entreg\u00f3 la mera tenencia como \u00abarrendador\u00bb, por un canon mensual de $1\u00b4700.000, hasta el momento en que pagara la totalidad. <\/p>\n
Sostuvo que como el comprador incumpli\u00f3 las obligaciones, present\u00f3 demanda ejecutiva en su contra en la que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Manizales en providencia de 6 de septiembre de 2022, se abstuvo de librar el mandamiento de pago solicitado. <\/p>\n
Explic\u00f3 que dicha decisi\u00f3n la fundament\u00f3 el Juzgado en que el t\u00edtulo aportado no era claro, que las obligaciones cobradas se hab\u00edan pactado sobre una compraventa de una posesi\u00f3n, lo que llev\u00f3 a notar \u00abextra\u00f1a la venta\u00bb y el arrendamiento en un mismo negocio, a lo que sum\u00f3 que el derecho de propiedad del automotor negociado estaba embargado y, por ende, era imposible realizar actos posesorios, adem\u00e1s que no se hab\u00eda probado que la ejecutante hubiera cumplido sus deberes contractuales, y que la temporalidad de la renta pactada no hab\u00eda sido expresamente estipulada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que recurri\u00f3 la decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y el Juzgados Quinto Civil del Circuito de Manizales al conocer del \u00faltimo confirm\u00f3 la posici\u00f3n del a quo, bajo id\u00e9nticas razones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a los Juzgados accionados dejar sin efecto los autos de 6 de noviembre y 19 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, librar el mandamiento de pago pretendido. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
Los Juzgados accionados se\u00f1alaron la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para controvertir decisiones judiciales, porque no se trata de una instancia o recurso adicional para reabrir debates legalmente concluidos, as\u00ed como que no hab\u00edan vulnerado los derechos de car\u00e1cter fundamental cuya protecci\u00f3n fue invocada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Manizales, neg\u00f3 el amparo al encontrar razonables las decisiones judiciales cuestionadas, y sostuvo, que \u00ablas decisiones tanto de primera como de segunda instancia tuvieron sus bases en una tesis innegablemente reflexiva, acuciosa, detallada, motivada, descansada en la normativa vigente para la resoluci\u00f3n del caso y con una muy plausible hermen\u00e9utica procesal; evidencian pues un mesurado estudio del t\u00edtulo que se aport\u00f3 como base de reclamo, concluyendo, ambas instancias, en que aqu\u00e9l no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos por ley para tenerlo como t\u00edtulo ejecutivo y librar el mandamiento de pago deseado, explicando las razones puntuales y claras por las cuales resultaba impropio librar el mandamiento\u00bb por lo que, las conclusiones de los Juzgados que conocieron el proceso estuvieron fundadas en el respectivo y obligatorio an\u00e1lisis del t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC2544-2023). <\/p>\n
Solo en dicha eventualidad se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Paula Andrea Orozco Osorio acudi\u00f3 inconforme con los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Manizales, porque le negaron el mandamiento de pago que les solicit\u00f3 en el proceso ejecutivo que propuso contra de Andr\u00e9s Felipe Mar\u00edn Jim\u00e9nez, peses a que aport\u00f3 un t\u00edtulo ejecutivo (contrato de compraventa de veh\u00edculo automotor) que -conforme a su criterio y contrario a lo decidido en las dos instancias- contaba con los requisitos necesarios para tal finalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al revisar a la norma que habilita la emisi\u00f3n de un mandamiento de pago como el solicitado por la interesada, se concluye que el documento aportado como base para dichos efectos debe ser -entre otros- claro, expreso y exigible (Art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso) pues, a falta de alguno de estos elementos, la pretensi\u00f3n edificada en tal sentido est\u00e1 -en principio- llamada a su fracaso. <\/p>\n
Debe recordarse que una obligaci\u00f3n contenida en un t\u00edtulo ejecutivo es clara, cuando de este no surge duda alguna en cuanto a su contenido y caracter\u00edsticas especiales, es expreso, cuando se consigna taxativamente la existencia del compromiso pactado entre las partes y es exigible, porque para pedir su cumplimiento no es necesario agotar plazos o condiciones, o ya se han agotado los mismos y debe provenir del deudor, porque debe estar suscrito por \u00e9l y por ende constituye plena prueba en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Analizada la providencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, se advierte que para resolver el recurso de apelaci\u00f3n que la all\u00ed ejecutante formul\u00f3 contra el auto por el cual en primera instancia se neg\u00f3 el mandamiento de pago, estableci\u00f3 que el t\u00edtulo (contrato) no solo carec\u00eda de claridad, sino que generaba dudas con relaci\u00f3n a su exigibilidad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la denominaci\u00f3n del contrato generaba confusi\u00f3n en cuanto a su objeto, que las obligaciones plasmadas en el mismo no eran claras, que la cl\u00e1usula \u00absegunda\u00bb del convenio aparentaba ser una especie de \u00ableasing\u00bb, aunque difer\u00eda con lo dicho en la demanda, porque en esta se hab\u00eda indicado que el pago de los c\u00e1nones pactados no se abonar\u00edan al precio total de la venta de la posesi\u00f3n, aunado a lo anterior, no se hab\u00eda determinado si el valor de $1.700.000 convenido, hab\u00eda sido pactado por el total de tiempo del arrendamiento, o si se deb\u00eda pagar por periodos, y en qu\u00e9 fechas. <\/p>\n
Expuso, que, si bien no se hizo la venta de una propiedad, sino de una posesi\u00f3n, el contrato daba cuenta de la existencia de un proceso que impon\u00eda obligaciones extra de conservaci\u00f3n del bien, conforme a lo normado en el art\u00edculo 18 de la Ley 1676 de 2013 (prenda) y tampoco se aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n del veh\u00edculo para demostrar su situaci\u00f3n jur\u00eddica actual y, para finalizar, consider\u00f3 que el cobro de una cl\u00e1usula penal era improcedente para un proceso ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Puestas as\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n descrita, -\u00fanica que pod\u00eda analizarse en este tipo de escenarios por cuanto fue la que cerr\u00f3 definitivamente el debate legal tra\u00eddo a conocimiento de esta especial jurisdicci\u00f3n-, no se observ\u00f3 fruto de un razonamiento caprichoso, por el contrario, se advierte fundamentada en la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas aportadas al proceso, la ley, as\u00ed como la relevante jurisprudencia y doctrina autorizada sobre la ejecuci\u00f3n de t\u00edtulos contenidos en contratos bilaterales. <\/p>\n
Ciertamente, al observar el contenido del contrato aportado, as\u00ed como los argumentos expuestos en la demanda ejecutiva, era factible echar de menos los aspectos extra\u00f1ados por los jueces de instancia, y de ah\u00ed que la orden de pago peticionada se hubiese negado por ausencia de los requisitos establecidos por el Legislador para esos fines. <\/p>\n
As\u00ed la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada no puede tildarse de constitutiva de una v\u00eda de hecho por la simple divergencia exteriorizada por la accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, pues es claro que, si no logr\u00f3 acreditar con suficiencia los elementos esenciales para que se profiriera la orden pretendida, sus pretensiones no pod\u00edan prosperar, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
En el contexto expuesto, la inconformidad exteriorizada por la accionante con la supuesta indebida valoraci\u00f3n realizada no resulta suficiente para acudir al juez constitucional con el fin de discutir los fundamentos expuestos por los jueces de conocimiento en el \u00e1mbito de sus competencias, e intentar reabrir un debate ya definido, en evidente ausencia de las irregularidades denunciadas o de una verdadera vulneraci\u00f3n constitucional. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC1212-2022 y STC16655-2022). <\/p>\n
6. Tampoco proced\u00eda la acci\u00f3n como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, habida cuenta que, para el evento relatado, se requer\u00eda que el da\u00f1o denunciado revistiera cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela, lo que no se logr\u00f3 concluir del expediente. (CSJ STC860-2018 y STC9985-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
7. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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