STC3022-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3022-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2023-00014-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del d\u00eda 2 del mes y a\u00f1o en curso, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Rosendo Rojas Rodr\u00edguez contra el Juzgado Tercero de Familia de esa misma ciudad. <\/p>\n
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1. El promotor deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la c\u00e9lula jurisdiccional repelida. Y en concreto, se ordene \u00abdecretar la nulidad\u00bb de las m\u00e1s recientes etapas, dentro del expediente de sucesi\u00f3n intestada n.\u00b0 \u00ab2020-00036\u00bb, del difunto Luis Alberto Rojas Rodr\u00edguez.<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo haber impetrado ante el despacho Tercero de Familia del Villavicencio \u2013cognoscente de la causa mortuoria arriba descrita\u2013, solicitud de \u00abnulidad de la diligencia de entrega\u00bb que llevara a cabo la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Cumaral (Meta) el 22 de julio de 2022, respecto del inmueble rural n.\u00b0 \u00ab230-83447\u00bb; predio adjudicado en precedencia a la all\u00ed heredera Danasu Rojas Quimbayo. <\/p>\n
Adujo que la agencia judicial en comento dispuso desestimar la referida petici\u00f3n mediante auto de 10 de febrero de la anualidad que transcurre. <\/p>\n
Reproch\u00f3, as\u00ed, la soluci\u00f3n adversa a la s\u00faplica de anulaci\u00f3n pues, en estricto compendio, el juez del sucesorio fue omisivo en percibir, a la hora de conminar a la entrega del fundo en cuesti\u00f3n (prove\u00eddo de 23 may. 2022) \u2013inducido en error por cuenta de la se\u00f1ora Rojas Quimbayo y su abogada\u2013, la existencia de litigio de pertenencia sub judice en torno al mismo bien ra\u00edz por demanda de \u00e9l contra aquella, pese a que desde entonces se hallaba inserta en el folio de matr\u00edcula una medida cautelar de inscripci\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El dispensador de justicia acusado memor\u00f3 lo acontecido y se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Dio acceso digital a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda de Cumaral enunciaron que las censuras les son extra\u00f1as. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El estrado Promiscuo Municipal del mismo pueblo, a cargo de la usucapi\u00f3n aludida por el promotor en tutela, comparti\u00f3 copia de dicho pleito. <\/p>\n
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4. Quien relat\u00f3 comparecer como mandatario de Danasu Rojas Quimbayo en el liquidatorio se mostr\u00f3 en contra de la prosperidad del reclamo; en contraste, el defensor del accionante en la pertenencia expuso avalar su querella constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder a la salvaguarda, por improcedente, al encontrar que el aqu\u00ed interesado no propuso oposici\u00f3n a la diligencia de entrega de la que se duele, para alegar lo referente a la calidad de \u00abposeedor\u00bb que en \u00faltimas postula, ni hubo de rebatir en reposici\u00f3n contra el auto adverso a su ruego de nulidad de tal audiencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el convocante con ayuda del apoderado, quien am\u00e9n de persistir en los ataques primigenios discrep\u00f3 de las conclusiones del Tribunal a-quo, por desenfoque en el an\u00e1lisis de la problem\u00e1tica puesta a su raciocinio. A\u00f1adi\u00f3 que no se produjo correcto enteramiento de la ceremonia de entrega. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de activar siempre que estos resulten trasgredidos o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los escenarios comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y sujeto a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Baste con anotar que, m\u00e1s all\u00e1 de refulgir intempestiva la impl\u00edcita cr\u00edtica contra el auto de que orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de la entrega del predio adjudicado en la sucesi\u00f3n sub examine, lo cierto es que el ahora inicialista dej\u00f3 de recurrir en reposici\u00f3n contra la providencia de 10 de febrero de los corrientes, en cuanto no accedi\u00f3 a su pedimento de nulidad de la descrita diligencia, a la luz de del canon 40 -inc. 2\u00b0- del C\u00f3digo General del Proceso, am\u00e9n de que tampoco se opuso a esa audiencia. Circunstancia que se traduce como un repudio de las posibilidades para ventilar la discusi\u00f3n ante el juzgador natural, incluso en lo referente a la labor notificatoria de la diligencia; t\u00f3pico tra\u00eddo novedosamente en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando no se emplean los instrumentos legales prestablecidos, los extremos contendientes y los terceros con inter\u00e9s quedan atados a las consecuencias de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
Ergo, si el ac\u00e1 actor opt\u00f3 por desaprovecharlos: <\/p>\n
\u2026[N]o (\u2026) puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u2026 (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 00401-01 y STC8508-2018, rad. 00306-01). <\/p>\n
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3. Se impone ratificar el veredicto del colegiado de origen, por lo ya consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtanse las foliaturas a la Corte Constitucional, para lo de su competencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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