STC3029-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3029-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00034-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Mar\u00eda G\u00f3mez Pel\u00e1ez contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de Itag\u00fc\u00ed, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades acusadas, en el marco del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que el Banco Agrario promovi\u00f3 en su contra y de la sociedad C.I. Antioque\u00f1a de Fresas S.A. <\/p>\n
Solicita en consecuencia \u00abdejar sin efectos el auto expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, con fecha 17 de enero de 2023 (\u2026) mediante el cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, de no acceder al desistimiento t\u00e1cito, y conforme los argumentos expuestos, se ordene declarar la terminaci\u00f3n (\u2026) del proceso de la referencia [en] aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, numeral 2 literal b, por haber transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os sin que se hayan realizado actuaciones de oficio o a petici\u00f3n de parte, tendientes a darle celeridad, continuidad y fin al proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 4 de julio de 2008 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed libr\u00f3 mandamiento de pago dentro del referido proceso; una vez embargado el bien objeto de garant\u00eda, al tr\u00e1mite acudi\u00f3 el Fondo Nacional de Garant\u00edas como subrogatorio de un porcentaje de la obligaci\u00f3n perseguida; el 2 de marzo de 2012 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; el 19 de marzo de 2013 la ejecutante aport\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.2. Afirma la gestora que esa fue la \u00faltima actuaci\u00f3n de impulso efectivo al proceso, pese a que el 2 de marzo de 2018 el Fondo Nacional de Garant\u00edas inform\u00f3 al juzgado que cedi\u00f3 la porci\u00f3n del cr\u00e9dito de que es titular a Central de Inversiones CISA, disposici\u00f3n de derechos de la cual afirma aquella que no fue notificada, \u00ablo que dar\u00eda lugar a invalidar[la]\u00bb, no obstante, fue aceptada el 4 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.3. Asegura la actora que desde que se aport\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, no hubo m\u00e1s actuaciones que una renuncia de poder y la se\u00f1alada cesi\u00f3n de cr\u00e9dito, por lo cual pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, pero su solicitud fue negada el 13 de octubre de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue confirmada el 17 de enero de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
2.4. La inconformidad de la promotora radica en que, por parte de las ejecutantes no se han verificado actuaciones \u00abtendientes, pertinentes, \u00fatiles, necesarias o encaminadas a consumar el proceso ejecutivo hipotecario, todo lo contrario, denota que olvidaron por completo el asunto y que pese a tener embargo registrado tampoco dieron impulso a \u00e9ste para perfeccionar un remate y que se produjera el pago de la obligaci\u00f3n a su favor\u00bb, de manera que \u00abel proceso ha estado inactivo por cerca de 10 a\u00f1os\u00bb, sin que la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n crediticia realizada a CISA pueda considerarse como una interrupci\u00f3n de tal pasividad, porque no es un acto que procure el pago de la obligaci\u00f3n ejecutada o la consecuci\u00f3n de cautelas. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a CISA realmente fue realizada el 4 de marzo de 2011, de ah\u00ed que el apoderado del FNG renunciara el 8 de marzo de ese a\u00f1o argumentando tal negociaci\u00f3n, empero, la misma fue radicada en el proceso hasta el 2 de marzo de 2018. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed se remiti\u00f3 a lo que decidi\u00f3 dentro del asunto criticado. <\/p>\n
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2. CISA afirm\u00f3 que no se cumplen los requisitos para la procedencia de la tutela. <\/p>\n
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3. El Banco Agrario hizo un breve recuento de lo acontecido en el proceso cuestionado y del mismo resalt\u00f3 que, luego de que sigui\u00f3 adelante la ejecuci\u00f3n, la misma ha continuado y tiene como prop\u00f3sito el recaudo de dineros p\u00fablicos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 la protecci\u00f3n, porque encontr\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada no puede catalogarse como arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante se\u00f1alando que en el expediente del proceso cuestionado no obra el \u00abpresunto memorial\u00bb con que se radic\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, por lo cual nunca hubo solicitud al respecto; reiter\u00f3 que no cualquier actuaci\u00f3n interrumpe el t\u00e9rmino para que opere el desistimiento t\u00e1cito, conforme lo ha establecido el precedente aplicable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella la accionante cuestiona el auto de 17 de enero de 2023 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 13 de octubre de 2022 del Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, de no terminar por desistimiento t\u00e1cito el proceso ejecutivo que el Banco Agrario y Cisa adelantan contra aquella y C.I. Antioque\u00f1a de Fresas S.A., pues, en sentir de la actora, lo decidido emergi\u00f3 de la inaplicaci\u00f3n de las normas y la jurisprudencia llamadas a regir el caso. <\/p>\n
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2. En el prove\u00eddo de segundo grado antes individualizado, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque dentro del proceso cuestionado cerr\u00f3 la tem\u00e1tica aqu\u00ed tra\u00edda, lo decidido se fund\u00f3 en que, <\/p>\n
[L]a codemandada se\u00f1ora Olga Mar\u00eda G\u00f3mez Pel\u00e1ez a trav\u00e9s de apoderado judicial present\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, al considerar que las actuaciones realizadas por la parte demandante no han llevado a cabo actos tendientes a darle continuidad al tr\u00e1mite procesal, situaci\u00f3n que a su juicio denota el olvido del proceso, soporta tal pedimento con base en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la cual se\u00f1ala ser aplicable para el caso de los procesos ejecutivos donde existe sentencia o auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en donde se indica que la interrupci\u00f3n \u00fanicamente se logra con actuaciones tendientes a la obtenci\u00f3n del pago de la obligaci\u00f3n o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el cr\u00e9dito perseguido, situaci\u00f3n que en su criterio no se acredita en el plenario. <\/p>\n
De acuerdo a ello, la recurrente considera que se re\u00fane lo dispuesto en el Art\u00edculo 317 del c\u00f3digo general del proceso, numeral 2, literal B, al haber trascurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os sin que se hayan realizado actuaciones de oficio o a petici\u00f3n de parte tendientes a darle celeridad, continuidad y fin al proceso de la referencia. <\/p>\n
En seguida el juzgador accionado enlist\u00f3 las actuaciones procesales que consider\u00f3 relevantes para resolver el recurso y de las mismas resalt\u00f3 que, <\/p>\n
[E]sta Agencia Judicial considera que el computo de los dos (02) a\u00f1os se\u00f1alados en el Literal B del Art. 317 del CGP, deben contarse a partir de la \u00faltima actuaci\u00f3n acreditada en el proceso, esto es, a partir del 04 de octubre de 2021, fecha en la cual, el Juzgado de conocimiento acept\u00f3 la cesi\u00f3n realizada por el Fondo Nacional de Garant\u00edas S.A a favor de la entidad Central de Inversiones; contrario a lo se\u00f1alado por el apelante, este despacho s\u00ed considera que dicha actuaci\u00f3n es relevante y guarda consonancia con la exigencia contemplada en la l\u00ednea jurisprudencial antes expuesta al ser considerada la solicitud de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito una actuaci\u00f3n apta y apropiada y para impulsar el proceso hacia su finalidad, ya que la cesi\u00f3n o transferencia de cartera intercambia la posici\u00f3n contractual de acreedor en este caso del Fondo Nacional de Garant\u00edas S.A a favor de la entidad Central de Inversiones asumiendo esta \u00faltima la calidad de acreedor ejecutante de los derechos, acciones y privilegios de la cedente, en tal sentido produce en el cedente la obligaci\u00f3n de colocar al cesionario en la misma posici\u00f3n contractual. <\/p>\n
En tal sentido, los dos (02) a\u00f1os corridos a partir de la notificaci\u00f3n por estados de esa actuaci\u00f3n finalizar\u00eda el d\u00eda 04 de octubre de 2023, es decir, que a la fecha dicho t\u00e9rmino a\u00fan no se ha materializado para determinar que la actuaci\u00f3n ha sido permeada del fen\u00f3meno del desistimiento t\u00e1cito, dejando sin vocaci\u00f3n de prosperidad el recurso impetrado por la parte codemandada sin necesidad de ahondar en mayores considerandos, ya que en gracia de discusi\u00f3n si se quisiera entrar en mayor rigurosidad, se tendr\u00eda que valorar tambi\u00e9n la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos originada por el Decreto Legislativo 564 de 2020 en su Art\u00edculo 2\u00b0 a cusa de la pandemia generada por el Covid-19 la cual llev\u00f3 al Estado a la declaratoria del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica. <\/p>\n
Se observa entonces que la precitada decisi\u00f3n, el ad quem accionado la justific\u00f3 en considerar que la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito verificada es apta para interrumpir del t\u00e9rmino para que opere el desistimiento t\u00e1cito, porque impuls\u00f3 la ejecuci\u00f3n, ya que el auto que la tuvo en cuenta permiti\u00f3 a la cesionaria tomar el mismo lugar que ten\u00eda la cedente dentro del juicio. <\/p>\n
4. No obstante, el anotado razonamiento no resulta acorde con el reiterado entendimiento que la Sala le ha dado al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, mediante el cual se ha determinado que no cualquier actuaci\u00f3n procesal es apta para evitar que opere el desistimiento t\u00e1cito luego de dictada la sentencia o emitida la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, a saberse, <\/p>\n
[E]sta Sala estableci\u00f3 la aplicaci\u00f3n del canon normativo en cita, determinando que s\u00f3lo las actuaciones relevantes en el proceso pueden dar lugar la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb de los lapsos previstos en el mismo. Justamente, en la sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, para unificar las reglas jurisprudenciales de interpretaci\u00f3n de la referida norma, sobre los procesos ejecutivos, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[D]ado que el desistimiento t\u00e1cito consagrado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, busca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que conforme al literal c) de dicho precepto \u00abinterrumpe\u00bb los t\u00e9rminos para [que] se \u00abdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u00bb, es aquella que lo conduzca a \u00abdefinir la controversia\u00bb o a poner en marcha los \u00abprocedimientos\u00bb necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer\u201d. <\/p>\n
\u201cEn suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que adem\u00e1s que all\u00ed se afirma que el \u00abliteral c\u00bb aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jur\u00eddica. No obstante, dado que prev\u00e9n hip\u00f3tesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cu\u00e1l es la \u00abactuaci\u00f3n eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cComo en el numeral 1\u00b0 lo que evita la \u00abpar\u00e1lisis del proceso\u00bb es que \u00abla parte cumpla con la carga\u00bb para la cual fue requerido, solo \u00abinterrumpir\u00e1\u00bb el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u00abid\u00f3neo y apropiado\u00bb para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el supuesto de que el expediente \u00abpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n (\u2026) en primera o \u00fanica instancia\u00bb, tendr\u00e1 dicha connotaci\u00f3n aquella \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla en el \u00abproceso la funci\u00f3n de impulsarlo\u00bb, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la \u00absecretar\u00eda del juzgado\u00bb por un (1) a\u00f1o sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podr\u00e1 afectar el conteo de la anualidad con el \u00abemplazamiento\u00bb exigido para integrar el contradictorio\u201d. <\/p>\n
\u201cSi se trata de un coercitivo con \u00absentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u00abliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u00bb, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada\u201d. <\/p>\n
\u201cLo dicho, claro est\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194\/2008), en cuanto a que el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb no se aplicar\u00e1, cuando las partes \u00abpor razones de fuerza mayor, est\u00e1n imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (\u2026)\u00bb (subrayas propias). <\/p>\n
Dicha postura ya hab\u00eda sido expuesta por la Sala en providencia STC4021-2020, donde se especific\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo solucionar prontamente una causa, o ser negligente, torna en injusto al propio Estado e ineficaz la labor del juez; impide el acceso a la justicia a quienes, en verdad, demandan con urgencia y son discriminados o marginados del Estado de Derecho\u201d. <\/p>\n
Simples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi, no pueden tenerse como ejercicio v\u00e1lido de impulso procesal\u201d. <\/p>\n
Ciertamente, las cargas procesales que se impongan antes de emitirse la sentencia, o la actuaci\u00f3n que efectu\u00e9 la parte con posterioridad al fallo respectivo, deben ser \u00fatiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, el fallador debe ser prudente a la hora de evaluar la conducta procesal del interesado frente al desistimiento t\u00e1cito de su proceso y, especialmente, con relaci\u00f3n a la mora en la definici\u00f3n de la contienda\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, si tras de proferirse la decisi\u00f3n de fondo en la controversia, el expediente lleva a\u00f1o y medio paralizado en la secretar\u00eda del despacho, la simple petici\u00f3n de copias por escrito o la expedici\u00f3n de una certificaci\u00f3n, no pueden ser tenidas como v\u00e1lidas para interrumpir el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 317 del C.G.P. <\/p>\n
Ello, porque, verbigracia, las reproducciones del dossier y las constancias en favor de los sujetos procesales o de terceros, no requieren auto que as\u00ed lo autorice y, en principio, nada aportan en el avance de las diligencias, como tampoco evidencian el deber de las partes de impedir la tardanza que tanto afecta a la administraci\u00f3n de justicia y, en esa medida, el juez no puede cohonestarla dando por id\u00f3neos, actos superfluos de los intervinientes frente al desistimiento t\u00e1cito\u00bb (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Por tanto, no todo escrito interrumpe el t\u00e9rmino del desistimiento t\u00e1cito; as\u00ed, para los procesos ejecutivos en los que exista sentencia o auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la suspensi\u00f3n, seg\u00fan lo advirti\u00f3 la Sala en pasada oportunidad, \u00abse logra \u00fanicamente con actuaciones tendientes a la obtenci\u00f3n del pago de la obligaci\u00f3n o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el cr\u00e9dito perseguido\u00bb (CSJ, STC4206-2021) y, en este caso, la petici\u00f3n elevada por el banco ejecutante no ten\u00eda tal m\u00e9rito, pues se percibe que con ella s\u00f3lo se pretend\u00eda provocar un pronunciamiento sobre una solicitud inane, dado que, se insiste, bien pod\u00eda el demandante acudir, de manera directa, a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y reclamar la informaci\u00f3n de su inter\u00e9s sobre los bienes del ejecutado (STC1216-2022). <\/p>\n
5. Para mejor proveer, valga memorar que dentro del proceso cuestionado, luego de que el 2 de marzo de 2012 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n que el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garant\u00edas (como subrogatario parcial de \u00e9ste) adelantan contra la aqu\u00ed accionante y C.I. Antioque\u00f1a de Fresas S.A.; el 13 de abril de 2012 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y el 6 de diciembre de 2013 se hizo lo mismo con la del cr\u00e9dito; el 21 de agosto de 2015 se orden\u00f3 expedir copia \u00edntegra del expediente; el 22 de abril de 2021 no se accedi\u00f3 a una renuncia de poder (porque no se hab\u00eda reconocido personer\u00eda a la abogada solicitante); el 4 de octubre de 2021 se \u00abacept[\u00f3]\u00bb la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que realiz\u00f3 el Fondo Nacional de Garant\u00eda a favor de Central de Inversiones y se le reconoci\u00f3 personer\u00eda a su apoderado judicial y; el 3 de octubre de 2022 se neg\u00f3 la solicitud elevada por la aqu\u00ed accionante el 19 de julio anterior para que se terminara el proceso por desistimiento t\u00e1cito, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 17 de enero de 2023 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
En cuanto a las medidas cautelares, el 15 de julio de 2008 se decret\u00f3 el embargo del inmueble de propiedad de la aqu\u00ed inconforme; el 10 de septiembre siguiente se orden\u00f3 el secuestro del bien a trav\u00e9s de comisionado; el 2 de diciembre de la misma anualidad se materializ\u00f3 la precitada cautela; el 13 de octubre de 2009 se tuvo en cuenta un embargo de remanentes y; el 15 de diciembre de 2010 se agreg\u00f3 al expediente el despacho comisorio diligenciado. <\/p>\n
6. Bajo este panorama y seg\u00fan las reglas fijadas en los citados precedentes de esta Sala, la \u00faltima actuaci\u00f3n procesal \u00fatil para impulsar el proceso y por ende evitar el avance del tiempo necesario para el decreto del desistimiento t\u00e1cito, consisti\u00f3 en el auto de 13 de diciembre de 2013 aprobatorio de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues no cabe duda que las posteriores decisiones de ordenar la expedici\u00f3n de unas copias y no aceptar una renuncia de poder no tienen ese efecto. <\/p>\n
Tampoco tiene ese efecto impulsor la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito \u00abaceptad[a]\u00bb el 4 de octubre de 2021, porque seg\u00fan se extrae del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n continua al margen de tal disposici\u00f3n de derechos, y es potestad del cesionario acudir al juicio a hacerla valer, para vincularse como litisconsorte o bien como sustituto del anterior titular, lo que deja en evidencia que la sola celebraci\u00f3n del comentado acto ni su aporte al juicio, sirven para que \u00e9ste avance y menos a\u00fan para finiquitarlo, pues es optativo que se allegue al decurso mientras sigue actuando v\u00e1lidamente el titular inicial. <\/p>\n
Del mismo modo, seg\u00fan el art\u00edculo 70 ibidem, una vez la existencia de la cesi\u00f3n se informa dentro del juicio y se da la sucesi\u00f3n procesal, el cesionario toma el decurso en el estado en que se encuentra al momento de su intervenci\u00f3n, lo que ciertamente incluye el tiempo de inactividad que llevaba el cedente, que tiene la consecuencia procesal de computar para el plazo necesario para el eventual decreto del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el proceso ejecutivo, la cesi\u00f3n del derecho perseguido no interrumpe el plazo para que opere el desistimiento t\u00e1cito, porque no es una actuaci\u00f3n encaminada a agotar las etapas del juicio o a avanzar en las medidas cautelares, y tiene como consecuencia que el cesionario asume el decurso en el estado en que se halle, incluido el tiempo de pasividad en que hubiere incurrido el cedente. <\/p>\n
Aplicadas estas premisas emerge que para el 19 de julio de 2022, cuando la gestora pidi\u00f3 el decreto del desistimiento t\u00e1cito, hab\u00edan transcurrido ocho (8) a\u00f1os y siete (7) meses de inactividad desde el \u00faltimo acto de impulso efectivo del juicio, consistente en la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el 6 de diciembre de 2013, esto es, transcurridos m\u00e1s de los dos (2) a\u00f1os que exige el literal B del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, para ejecuciones donde se orden\u00f3 seguir con el cobro, lo que entonces impon\u00eda terminar el proceso tras decretar que oper\u00f3 aquella figura. <\/p>\n
7. Bajo este panorama, la decisi\u00f3n de negar el decreto del desistimiento t\u00e1cito, afect\u00f3 la garant\u00eda fundamental de la aqu\u00ed accionante al debido proceso, lo que impone a la autoridad de segunda instancia accionada volver a emitir decisi\u00f3n sobre ese particular, tras dejar sin efecto el auto de 17 de enero de 2023, con que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de 13 de octubre de 2022, con que el juzgado de primer grado neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y en su lugar concede la protecci\u00f3n invocada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, que que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente del proceso ejecutivo que el Banco Agrario promovi\u00f3 contra Olga Mar\u00eda G\u00f3mez Pel\u00e1ez y la sociedad C.I. Antioque\u00f1a de Fresas S.A., deje sin valor y efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 17 de enero del presente a\u00f1o y las actuaciones que dependan de \u00e9ste, y en su lugar, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, resuelva el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el auto de 13 de octubre de 2022 del Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Tercero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed remitir al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente del proceso antes individualizado, para que dicho estrado d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC3029-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3029-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00034-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72073\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}