STC3044-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3044-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01154-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Forpresalud IPS S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de aquella ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abcon ocasi\u00f3n a la providencia de fecha 22 de febrero de 2023, se ajuste a las solicitudes y medidas cautelares, conforme al precedente jurisprudencial vigente, con las cargas argumentativas\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Forpresalud IPS S.A.S. prest\u00f3 servicios m\u00e9dicos No POS para atender a los usuarios del r\u00e9gimen subsidiado del Departamento de Santander \u2013 Secretar\u00eda de Salud de Santander, conforme qued\u00f3 detallado en unas facturas, y al no recibir el pago de las mismas, acumul\u00f3 demanda dentro del proceso ejecutivo tramitado contra el ente territorial con radicado \u00ab2015-289\u00bb, conocido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, donde se libr\u00f3 mandamiento de pago a su favor el 27 de octubre de 2017 y el 24 de septiembre de 2018 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, posteriormente el 24 de abril de 2019 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y se orden\u00f3 remitir el expediente a ejecuci\u00f3n, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, donde se acumul\u00f3 al proceso con radicado 2008-00295-01. <\/p>\n
2.2. El 18 de marzo de 2022 se actualiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; el 21 de septiembre siguiente el juzgado de ejecuci\u00f3n requiri\u00f3 a varias entidades financieras \u00abpara que se sirvan atender la medida cautelar decretada en el asunto sobre los dineros que se encuentren a favor del Departamento de Santander \u2013 Secretar\u00eda de Salud Departamental de Santander, con la salvedad que la cautela no puede afectar: (i) los dineros que no son de la demandada, (ii) los emanados del Sistema General de Participaciones (art.513 del C.P.C., Decreto 1101 de 2007, art. 6 de la Ley 179 de 1994 y art 19 del decreto 111 de 1996); y (iii) los que tengan el car\u00e1cter de parafiscales y no est\u00e9n dentro de las excepciones, de acuerdo a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en las sentencias que se acaban de citar. En el evento en que las entidades llamadas a atender la anterior orden requisitoria, encuentren que los dineros est\u00e1n dentro de alguna de las mentadas situaciones, deber\u00e1n de abstenerse de ponerlos a disposici\u00f3n, haci\u00e9ndolo saber con el soporte legal en que se fundan y las respectivas documentales del caso\u00bb. <\/p>\n
2.3. La gestora apel\u00f3 la precitada decisi\u00f3n y el 22 de febrero de 2023 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga la confirm\u00f3, afirma aquella, en contra de los precedentes sobre las excepciones a la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para Salud, emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia (STC3842-2021, STC4663-2021, STC1479-2020, STC14198-2019, STC8545-2020, STC3842-2021), la Sala de Casac\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n (STL6430-2018, STL2493-2020) y la Corte Constitucional (C-546 de1992, C-103 de 1994, C-566 de 2003, C-543 de 2013, C-1154 de 2008). <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la Colegiatura accionada en su decisi\u00f3n no logr\u00f3 demostrar que el citado precedente haya variado, por lo cual desatendi\u00f3 el criterio vertical aplicable, el cual establece que es posible la cautela, cuando se cobran obligaciones que tienen como fuente la prestaci\u00f3n de servicios de salud, y en este caso la cautela se dirige no sobre dineros del SGSSS depositados en cuentas maestras, sino sobre dineros del SGP en su rubro de salud. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que con destino a las entidades financieras que tienen depositado dinero del ente territorial, \u00e9ste alleg\u00f3 certificaciones suscritas por la Directora T\u00e9cnica de la Tesorer\u00eda General del Departamento, donde indic\u00f3 que las sumas son inembargables, \u00abolvid\u00e1ndose que las medidas cautelares son producto de la prestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb, y con base en tal documento, que es una prueba emanada de la misma ejecutada, todas las cuentas ser\u00edan inembargables, porque todos los recursos que recibe el ente territorial se enmarcan para una previsi\u00f3n de ingresos y gastos relativos a una determinada actividad econ\u00f3mica, seg\u00fan el art\u00edculo 353 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el Decreto 111 de 1996, art\u00edculo 109. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3 que mediante providencia de 26 de julio de 2021 orden\u00f3 remitir el expediente del proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias la misma ciudad, para que se acumulara a la similar actuaci\u00f3n que all\u00ed adelanta la Fundaci\u00f3n Cardiovascular de Colombia contra el Departamento de Santander, radicado 68001-31-03-004-2008-00295-01. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones que ha desplegado dentro del decurso cuestionado y se atuvo a lo que dentro del mismo decidi\u00f3 su superior jer\u00e1rquico. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga manifest\u00f3 atenerse a lo que decidi\u00f3 en el prove\u00eddo criticado. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto desconoci\u00f3 abundantes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, relacionados con las excepciones a la inembargabilidad de los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal criticado, en la providencia del 22 de febrero de los corrientes, luego de citar jurisprudencia y normas sobre la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Estas facturas si bien fueron expedidas con cargo a un ente territorial, quien es el obligado al pago conforme se advierte de los t\u00edtulos valores, y se originan en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, lo cierto es que, como acaba de verse, los recursos provenientes del S.G.P. siguen siendo inembargables, pues la embargabilidad [que es limitad\u00edsima como lo explic\u00f3 la CORTE CONSTITUCIONAL l\u00edneas arriba] de los recursos del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES no se aplica de forma directa, sino que debe agotarse primero el embargo de los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad, en este caso del DEPARTAMENTO DE SANTANDER \u2013 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y solo ante la insuficiencia de estos recursos podr\u00eda darse aplicaci\u00f3n a la excepci\u00f3n de inembargabilidad de los que son de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, pero siempre en los precisos t\u00e9rminos de las sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010. Adem\u00e1s, la excepci\u00f3n se restringi\u00f3 a los cr\u00e9ditos laborales. <\/p>\n
Frente al tema, la Corte Constitucional, record\u00f3 en sentencia T873 de 2012, que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de acuerdo con la regla jurisprudencial establecida bajo la vigencia del Acto Legislativo n. 1 de 2001, las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos comprend\u00eda: (i) la necesidad de satisfacer cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justa; (ii) la importancia del oportuno pago de sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jur\u00eddica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencia; y (iii) el caso en que existieran t\u00edtulos emanados del Estado que reconocieran una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
4.4. Sin embargo, con el Decreto 28 de 2008 expedido en ejercicio de las facultades especiales otorgadas por el art\u00edculo 3 del Acto Legislativo No.4 de 2007, que adicion\u00f3 el art\u00edculo 356 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se efectu\u00f3 un giro jurisprudencial en relaci\u00f3n con la posibilidad de embargar recursos del Sistema General de Participaciones. <\/p>\n
La sentencia C-1154 de 2008 al analizar la constitucionalidad del art\u00edculo 21 (parcial) del Decreto 28 de 2008, se\u00f1al\u00f3 que el Acto Legislativo n. 4 de 2007 modific\u00f3 aspectos del Sistema General de Participaciones como resultado de una mayor preocupaci\u00f3n de parte del Constituyente \u201cpor asegurar el destino social y la inversi\u00f3n efectiva de esos recursos\u201d, por lo cual se incorporaron medidas en la Constituci\u00f3n tendentes a adoptar mecanismos de control y seguimiento al gasto ejecutado con dichos recursos, y asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad en los sectores de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable. Lo anterior cambi\u00f3 la noci\u00f3n sobre la inembargabilidad de recursos del Sistema General de Participaciones de modo que solo de manera excepcional se permiti\u00f3 la adopci\u00f3n de medidas cautelares. De acuerdo con lo anterior se estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cA juicio de la Corte, la prohibici\u00f3n de embargo de recursos del SGP (i) est\u00e1 amparada por el art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, que autoriza al Legislador para determinar qu\u00e9 bienes y recursos p\u00fablicos son inembargables. As\u00ed mismo, (ii) est\u00e1 dirigida a garantizar la destinaci\u00f3n social y la inversi\u00f3n efectiva en los servicios de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Adem\u00e1s, (iii) es coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura definidas en la ley. Desde esta perspectiva, es claro que la cl\u00e1usula de inembargabilidad de los recursos del SGP persigue fines constitucionalmente leg\u00edtimos, compatibles con la naturaleza y destino social de esos recursos\u201d. <\/p>\n
En este sentido, la sentencia C-1154 de 2008 condicion\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 a que se pudieran decretar medidas cautelares para \u201cel pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia\u201d, sobre recursos de libre destinaci\u00f3n y excepcionalmente sobre los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica. Sin embargo, no se contemplaron otros casos excepcionales que s\u00ed hab\u00edan sido admitidos por la jurisprudencia anterior. <\/p>\n
4.5. De lo anterior se desprende que, acorde con la normatividad vigente y la jurisprudencia en la materia, la regla reconocida por las sentencias m\u00e1s recientes de la Corte Constitucional establece que no es posible embargar recursos del Sistema General de Participaciones para hacer efectivas las obligaciones de las entidades territoriales. <\/p>\n
Por tanto, es correcto que el a quo hubiese condicionado las medidas cautelares decretadas, en los t\u00e9rminos en que lo hizo en el auto recurrido. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que el Tribunal desconoci\u00f3 lo expuesto por esta Colegiatura en casos an\u00e1logos, en los que ha expresado que: <\/p>\n
\u2026Ciertamente, para adoptar la determinaci\u00f3n criticada, la autoridad atacada, si bien reconoci\u00f3 la posici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n en torno a la tem\u00e1tica planteada, se apoy\u00f3 en la interpretaci\u00f3n realizada en otras ocasiones por el mismo tribunal, en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia\u2026 <\/p>\n
3. Las anteriores elucubraciones, conforme al criterio recientemente adoptado por la Sala mayoritaria- STC2705 de 5 de marzo de 2015-, no se ajustan a la jurisprudencia constitucional imperante en torno a las excepciones al \u201cprincipio de inembargabilidad\u201d de los recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
4. La Corte Constitucional, en distintos pronunciamientos, ha estimado que el principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos es una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n1. <\/p>\n
Asimismo, ha relievado que dicho principio tiene como finalidad asegurar la \u201c(\u2026) adecuada provisi\u00f3n, administraci\u00f3n y manejo de los fondos necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Lo anotado porque si se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos \u201c(\u2026) (i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1 y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La jurisprudencia de ese Alto Tribunal tambi\u00e9n ha sostenido que el anotado beneficio \u201c(\u2026) no desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni de seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u201d, pues no es absoluto y es susceptible de excepciones. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, el legislador ha permitido la persecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para el pago de sentencias proferidas contra la Naci\u00f3n, entre \u00e9stas, las derivadas de obligaciones laborales4. <\/p>\n
No obstante, es la Corte Constitucional quien ha definido y desarrollado un r\u00e9gimen de excepciones al renombrado principio de inembargabilidad. <\/p>\n
Ciertamente, esa Corporaci\u00f3n, para armonizar el postulado estudiado con \u201c(\u2026) la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo (\u2026)\u201d, en sentencia C-543 de 2013, prohij\u00f3 la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el prop\u00f3sito de lograr <\/p>\n
\u201c(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas5 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos6 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En esa providencia, se aludi\u00f3, adem\u00e1s, a una cuarta categor\u00eda as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)8 (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Si bien las excepciones rese\u00f1adas contin\u00faan establecidas s\u00f3lo en la jurisprudencia, se observa que la Codificaci\u00f3n Procesal Civil atendi\u00f3 a la existencia de \u00e9stas y las incluy\u00f3 en el citado par\u00e1grafo del canon 5949, precepto sobre el cual la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cNo se desprende que exista una autorizaci\u00f3n para incumplir \u00f3rdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos, s\u00f3lo que, ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entender\u00e1 que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretar\u00e1 el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, \u00e9stos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso as\u00ed lo ordena (\u2026)\u201d10 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Ahora, para lo que aqu\u00ed concierne, resulta necesario memorar que el art\u00edculo 25 de la Ley Estatutaria en Salud -Ley 1751 de 2015-, dispuso expresamente la inembargabilidad de todos \u201c(\u2026) los recursos p\u00fablicos que financian la salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior significa que en la actualidad no hay duda de la protecci\u00f3n otorgada a los activos Estatales orientados a la se\u00f1alada actividad, entre estos, los recursos de la Unidad de Pago por Capitaci\u00f3n -UPC- administrados por las Empresas Prestadoras de Salud (art. 42.2, Ley 1438 de 2011) y los destinados al r\u00e9gimen subsidiado, ambos consignados a las EPS, de manera directa, por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, en nombre de las entidades territoriales y en las cuentas maestras abiertas por aqu\u00e9llas para el efecto (arts. 5, 7 y 8, Dto. 971 de 2011). <\/p>\n
Sin embargo, tal como arriba se esgrimi\u00f3 la inembargabilidad, se insiste, no es absoluta y permite excepciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2014, al efectuar el control previo sobre el proyecto de la anotada Ley Estatutaria, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El art\u00edculo 25 del Proyecto hace referencia al tratamiento de los recursos que financian la salud, a los cuales dota de las siguientes caracter\u00edsticas: i) son p\u00fablicos, ii) son inembargables, iii) tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica y, por ende, iv) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes de los previstos constitucional y legalmente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn lo que respecta al car\u00e1cter p\u00fablico que se le atribuye a los recursos de salud, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, en reiteradas ocasiones (\u2026) que dicho peculio es de \u00edndole parafiscal, aspecto que refuerza su naturaleza p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, en lo concerniente a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los mismos, es de advertir que, tal como lo ha sostenido la Corte en varias de sus providencias, \u2018la inembargabilidad busca ante todo proteger los dineros del Estado -en este caso los de las entidades descentralizadas del orden departamental- para asegurar en esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del inter\u00e9s com\u00fan plasmado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Carta\u2019. Para la Sala, la prescripci\u00f3n que blinda frente al embargo a los recursos de la salud, no tiene reparos, pues, entiende la Corte que ella se aviene con el destino social de dichos caudales y contribuye a realizar las metas de protecci\u00f3n del derecho fundamental. Con todo, encuentra la Corporaci\u00f3n que la regla que estipula la inembargabilidad, eventualmente puede chocar con otros mandatos, por ello, tienen lugar las excepciones al momento de definirse en concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este \u00faltimo sentido, advierte el Tribunal Constitucional que la aplicaci\u00f3n del enunciado deber\u00e1 estar en consonancia con lo que ha sentado y vaya definiendo la jurisprudencia, pues, la Corte se ha pronunciado respecto de la inembargabilidad de los dineros p\u00fablicos, entre ellos algunos destinados a la salud, muestra de esto es la sentencia C-1154 de 2008, en la cual, se estudi\u00f3 si el mandato contenido en el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 el cual precept\u00faa que los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, concluyendo la Sala que: \u2018(\u2026) la prohibici\u00f3n de embargo de recursos del SGP (i) est\u00e1 amparada por el art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, que autoriza al Legislador para determinar qu\u00e9 bienes y recursos p\u00fablicos son inembargables. As\u00ed mismo, (ii) est\u00e1 dirigida a garantizar la destinaci\u00f3n social y la inversi\u00f3n efectiva en los servicios de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Adem\u00e1s, (iii) es coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura definidas en la ley. Desde esta perspectiva, es claro que la cl\u00e1usula de inembargabilidad de los recursos del SGP persigue fines constitucionalmente leg\u00edtimos, compatibles con la naturaleza y destino social de esos recursos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, en la misma decisi\u00f3n se reconoce que la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y por ende no debe tener car\u00e1cter absoluto. Observ\u00f3 la Sala: \u2018(\u2026) no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jur\u00eddica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que (la norma cuestionada) acepta la imposici\u00f3n de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se har\u00e1n efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de las entidades territoriales (\u2026). [P]odr\u00e1n imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deber\u00e1 acudirse a los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo que hace relaci\u00f3n a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica, dijo la Corte en la Sentencia C-155 de 2004, lo siguiente: \u2018De manera imperativa el cuarto inciso del art\u00edculo 48 superior establece que \u2018No se podr\u00e1n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella\u2019. En relaci\u00f3n con dicho precepto superior la Corte constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidaci\u00f3n para asegurar precisamente el mandato de destinaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto la Corte ha hecho \u00e9nfasis en i) la naturaleza parafiscal de los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en pensiones ii) en el tratamiento particular que debe d\u00e1rsele a dichos recursos en los procesos de liquidaci\u00f3n de las entidades financieras y iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los dep\u00f3sitos de recursos parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto costo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta Corporaci\u00f3n de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, ll\u00e1mense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberan\u00eda fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestaci\u00f3n equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan tambi\u00e9n a la financiaci\u00f3n global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto cabe recordar particularmente lo dicho por la Corte en la Sentencia SU-480 de 1997 en la que se se\u00f1al\u00f3 igualmente que los aportes del presupuesto nacional destinados a la seguridad social tienen id\u00e9ntica naturaleza y destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u201d. <\/p>\n
\u201cDe esta manera, el precepto reitera lo dispuesto en el art\u00edculo 48 Superior y la comprensi\u00f3n que a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica ha fijado la jurisprudencia constitucional, con lo cual se controla el uso que los diferentes actores del sistema den a los recursos de la salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, respecto a la interpretaci\u00f3n que pueda atribu\u00edrsele a la parte final de la disposici\u00f3n, esto es: \u2018(\u2026) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente\u2019, claro se advierte que de ninguna manera resulta de recibo una lectura seg\u00fan la cual, el legislador estar\u00eda habilitado para establecer una destinaci\u00f3n diferente a los recursos de la seguridad social en salud, por cuanto ello contravendr\u00eda el inciso cuarto del art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica. Esta comprensi\u00f3n del art\u00edculo 25 no se armonizar\u00eda con la Constituci\u00f3n, como quiera que bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podr\u00e1n destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con la garant\u00eda el derecho a la salud de las personas (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Por tanto, corresponde estudiar cada caso en particular para determinar la embargabilidad de los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica, los cuales son objeto del Sistema General de Participaciones. <\/p>\n
Revisada la primera excepci\u00f3n, concerniente a cancelar las obligaciones laborales del Estado, determinadas en sentencia, se encuentra que la misma se contempl\u00f3 en el art\u00edculo 21 del Decreto 028 de 2008, empero limit\u00e1ndose el reconocimiento de dichas deudas con ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la entidad territorial; no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, declar\u00f3 exequible ese canon de manera condicionada, en el entendido de que si el pago de esas acreencias no pod\u00eda hacerse con aqu\u00e9l rubro por resultar insuficiente, era dable acudir a los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
En lo atinente a la segunda excepci\u00f3n, relativa a sufragar las condenas impuestas frente al Estado en fallos judiciales, se observa que desde la expedici\u00f3n del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto-, se estableci\u00f3 la necesidad de adoptar \u201c(\u2026) medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los \u00f3rganos (\u2026)\u201d estatales; norma declarada exequible condicionadamente por la sentencia C-354 de 1997, donde, entre otras cuestiones, se dio paso a una tercera excepci\u00f3n, luego reconocida en la sentencia C-402 de 1997, permiti\u00e9ndose el recaudo no s\u00f3lo de las mencionadas providencias, sino de los \u201ct\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos\u201d a cargo del Estado. <\/p>\n
Para el cobro de esas dos \u00faltimas obligaciones, esa Corte, en ambos fallos de constitucionalidad, estableci\u00f3 la posibilidad de ejecutar a la Naci\u00f3n \u201c(\u2026) con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Ahora, no hay duda de la viabilidad de cubrir las acreencias rese\u00f1adas con dineros provenientes del Sistema General de Participaciones, esto es, con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
Ciertamente, para las deudas laborales ello fue determinado expresamente por la Corte Constitucional en la anotada sentencia C-1154 de 2008, posibilidad igualmente avalada para atender las obligaciones derivadas de fallos judiciales y t\u00edtulos; empero, \u00fanicamente, cuando aqu\u00e9llos tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d12, lo cual significa que esas acreencias deben estar relacionadas con la prestaci\u00f3n de alguno de esos servicios, porque de lo contrario, no podr\u00edan usarse los dineros dirigidos a tales actividades para sufragarlas. <\/p>\n
En la sentencia C-793 de 2002, respecto de la tem\u00e1tica descrita, se explicit\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo ya lo ha resaltado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, particularmente en los alcances del principio de inembargabilidad dados a partir de la sentencia C-354 de 1997, los cuales fueron reiterados en la sentencia C-402 del mismo a\u00f1o, la embargabilidad de las rentas y recursos presupuestales provenientes de las participaciones es procedente cuando se trata de sentencias que han condenado a entidades territoriales y cuando hayan transcurrido m\u00e1s de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (art\u00edculo 177 del C.C.A.). Lo propio puede decirse de actos administrativos que reconozcan una obligaci\u00f3n de la respectiva entidad y que presten m\u00e9rito ejecutivo, siempre que haya transcurrido el lapso indicado. En la excepci\u00f3n quedan incluidas las obligaciones contra\u00eddas por la entidad territorial en materia laboral, tal como se ha se\u00f1alado, de manera uniforme, desde la sentencia C-546 de 1992 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, considera la Corte que las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos a que alude el art\u00edculo 18 de la Ley 715 s\u00f3lo proceden frente a obligaciones que tengan como fuente las actividades se\u00f1aladas en el art\u00edculo 15 de la Ley 715. El legislador ha dispuesto, en ejercicio de su libertad de configuraci\u00f3n en materia econ\u00f3mica, que los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector educaci\u00f3n se apliquen s\u00f3lo a tales actividades. Por lo tanto, el pago de obligaciones provenientes de otros servicios, sectores o actividades a cargo de las entidades territoriales no podr\u00e1 efectuarse con cargo a los recursos del sector educaci\u00f3n. De lo contrario se afectar\u00eda indebidamente la configuraci\u00f3n constitucional del derecho a las participaciones establecido en el art\u00edculo 287 numeral 4 y regulado por los art\u00edculos 356 y 357 de la Carta, que privilegian al servicio de salud y los servicios de educaci\u00f3n preescolar, primaria, secundaria y media, sobre otros servicios y funciones a cargo del Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De acuerdo con las precedentes consideraciones, se declarar\u00e1 la exequibilidad del aparte demandado del art\u00edculo 18 de la Ley 71513, bajo el entendido que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector educaci\u00f3n (L. 715, art. 15), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto \u2013en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, sobre los recursos de la participaci\u00f3n para educaci\u00f3n del Sistema General de Participaciones- (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Las consideraciones transcritas hacen referencia a los dineros destinados a educaci\u00f3n; no obstante, la Corte Constitucional extendi\u00f3 el criterio comentado a los dem\u00e1s sectores, tal como se extrae de la sentencia C-566 de 2003, donde expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cabe hacer \u00e9nfasis en que dicho criterio -fijado en la sentencia C-793 de 2002 solamente respecto de los recursos para educaci\u00f3n del sistema general de participaciones- debe extenderse en el presente caso a los dem\u00e1s recursos de dicho sistema, con la \u00fanica salvedad (\u2026) de los recursos que pueden destinar libremente los municipios de las categor\u00edas 4, 5 y 6 cuando estos no se destinen a financiar la infraestructura en agua potable y saneamiento b\u00e1sico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este sentido, de la misma manera que en el caso de la participaci\u00f3n en educaci\u00f3n, ha de entenderse que las excepciones al principio de inembargabilidad que pueden predicarse, en aplicaci\u00f3n de los criterios jurisprudenciales atr\u00e1s citados, respecto de los recursos de las participaciones en salud y prop\u00f3sito general, solo proceden frente a obligaciones que tengan como fuente las actividades que la Ley 715 de 2001 fija como destino de dichas participaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cT\u00e9ngase en cuenta en efecto que el art\u00edculo 91 acusado hace parte de las disposiciones comunes aplicables al sistema general de participaciones (t\u00edtulo V de la Ley 715 de 2001), es decir a las participaciones en educaci\u00f3n, salud y prop\u00f3sito general y que es en relaci\u00f3n con todas ellas que los mandatos constitucionales arriba enunciados deben aplicarse\u201d. <\/p>\n
\u201cT\u00e9ngase en cuenta as\u00ed mismo, que contrariar\u00eda el mandato constitucional de destinaci\u00f3n de las participaciones aludidas (arts. 356 y 357 C.P.) el que pudiera entenderse que se puedan afectar en esas circunstancias los recursos de las participaciones para educaci\u00f3n y salud, as\u00ed como de prop\u00f3sito general que tienen fijadas por la Constituci\u00f3n y la ley precisas destinaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la Corte declarar\u00e1 la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u2018estos recursos no pueden ser sujetos de embargo\u2019 contenida en el primer inciso del art\u00edculo 91 de Ley 715 de 2001, en el entendido que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educativo, salud y prop\u00f3sito general), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos que contengan una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo t\u00edtulo, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo, en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participaci\u00f3n respectiva, sin que puedan verse comprometidos los recursos de las dem\u00e1s participaciones (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
5. A la luz de las anteriores elucubraciones, es clara la v\u00eda de hecho contenida en la providencia cuestionada, por cuanto el tribunal estim\u00f3 la inexistencia de excepciones al principio de inembargabilidad de los dineros con destinaci\u00f3n espec\u00edfica o derivados del SGP. <\/p>\n
As\u00ed, omiti\u00f3, particularmente, la exclusi\u00f3n referente a la posibilidad de sufragar obligaciones con dinero del Estado, consignadas en sentencias y t\u00edtulos ejecutivos, cuando \u00e9stos tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La alzada incoada contra las medidas dispuestas por el a quo, esto es, la retenci\u00f3n sobre los dineros que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRESS- tenga \u201c(\u2026) pendientes por pagar a favor de la sociedad demandada Saludvida E.P.S. (\u2026)\u201d, impon\u00eda surtir un estudio del r\u00e9gimen de excepciones atr\u00e1s analizado, para establecer si los t\u00edtulos base del recaudo que, incluso, ya fueron definidos como una obligaci\u00f3n a cargo de la deudora, mediante sentencia, tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d, lo cual permitir\u00eda mantener las cautelas rese\u00f1adas. <\/p>\n
6. Se extrae, entonces la vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda inserta en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica porque el tribunal omiti\u00f3 pronunciarse en torno a los t\u00f3picos antes planteados. <\/p>\n
Por tanto, para conjurar dicho quebranto, se le impondr\u00e1 al accionado definir, nuevamente, la apelaci\u00f3n a su cargo, pronunci\u00e1ndose con suficiencia en torno a las cautelas reclamadas, de cara a las excepciones constitucionales descritas y analizadas en este pronunciamiento. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso (CSJ STC14198-2019, 17 oc. 2019, rad. 2019-03208-00). <\/p>\n
4. Por tanto, el Tribunal acusado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a quo de condicionar el embargo para que no se practique sobre dineros del Sistema General de Participaciones, pues tal como se expuso es aplicable la excepci\u00f3n a tal inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud, por ser \u00e9sta la actividad para la que est\u00e1n destinados los recursos de dicho sistema, tal como lo concibi\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-543\/13 al precisar que la limitaci\u00f3n en comento es inaplicable \u00abrespecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)14\u00bb. <\/p>\n
4.1. En este punto, cabe a\u00f1adir, respecto al precedente de la Corte Constitucional establecido en la sentencia T-053\/22, que el mismo no resulta plenamente aplicable al caso de autos, pues all\u00ed se concluy\u00f3 la inembargabilidad absoluta \u00abde los recursos provenientes de las cotizaciones al SGSSS recaudados por las EPS\u00bb (negrillas ajenas al texto), m\u00e1s no de los dineros pertenecientes al Sistema General de Participaciones, respecto de los cuales se mantuvieron las excepciones al prenotado principio de inembargabilidad. <\/p>\n
En efecto, en la citada providencia, la Corte Constitucional precis\u00f3: <\/p>\n
Podr\u00eda decirse, entonces, que dentro del g\u00e9nero que constituyen los recursos del SGSSS, los dineros que reciben las EPS en virtud de las cotizaciones son una especie, distinta a su vez de aquella conformada por los rubros transferidos por la Naci\u00f3n en virtud del SGP. Ahora bien: aunque unos y otros gozan de especial protecci\u00f3n constitucional en tanto recursos del sistema de salud, la distinci\u00f3n hecha resulta relevante justamente en raz\u00f3n al tratamiento dispensado por la jurisprudencia constitucional en lo que ata\u00f1e a la aplicaci\u00f3n del principio de inembargabilidad y sus excepciones. <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de los recursos destinados al sector salud del SGP la Corte Constitucional ha reafirmado su destinaci\u00f3n espec\u00edfica y car\u00e1cter en general inembargable, no obstante lo cual ha reconocido que dicha inembargabilidad puede llegar a ser exceptuada para dar prevalencia a la efectividad de ciertos derechos fundamentales. <\/p>\n
As\u00ed, dentro de su vasta jurisprudencia a prop\u00f3sito del tema de la inembargabilidad de los recursos p\u00fablicos, al referirse en concreto a los recursos del SGP, en un primer momento esta Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 leg\u00edtimo que el car\u00e1cter inembargable de los mismos deb\u00eda plegarse para atender cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales que tuvieran origen en actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones \u2013incluido el sector salud\u2013 y que estuvieran recogidos en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, permiti\u00e9ndose as\u00ed el embargo de los recursos de la participaci\u00f3n respectiva cuando los recursos destinados al pago de sentencias o conciliaciones no fueran suficientes. (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
4.2. Bajo ese horizonte, se reitera, es posible perseguir bienes inembargables, pertenecientes al Sistema General de Participaciones, con el prop\u00f3sito de lograr \u00ab(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas15\u00bb; \u00ab(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos16\u00bb; \u00ab(iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible17\u00bb; y \u00ab(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)18\u00bb. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que en el asunto de marras se reclam\u00f3 el embargo, con miras a obtener el pago de las obligaciones reconocidas en la providencia que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n y que corresponden a la prestaci\u00f3n de servicios de salud, no cabe duda que se configuraba la segunda de las excepciones contempladas previamente y, por tanto, resultaba viable la cautela que reclam\u00f3 la ejecutante. <\/p>\n
5. En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n accionada que deje sin valor y efecto el prove\u00eddo del 22 de febrero de 2023, mediante la cual confirm\u00f3 y adicion\u00f3 el proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, el 21 de septiembre de 2022, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste, para que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea entregado el expediente objeto de esta queja (radicaci\u00f3n 68001-31-03-004-2008-00295-04), deje sin efecto el prove\u00eddo del 22 de febrero de 2023, que confirm\u00f3 el proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misa ciudad, el 21 de septiembre de 2022, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas, emita nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta por la ejecutante en contra del referido prove\u00eddo de 21 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga remitir al Tribunal acusado, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional, para que dicha Colegiatura d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La l\u00ednea jurisprudencial sobre el tema se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010. C-543 de 2013 y C-313 de 2014, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013 <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992 <\/p>\n
6\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997. \u201cPrecis\u00f3 que trat\u00e1ndose de los cr\u00e9ditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada [art\u00edculo 19 del Decreto 111 de 1996] y que transcurridos 18 meses despu\u00e9s de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-103 de 1994 \u201c(\u2026) [S]e estableci\u00f3 una segunda excepci\u00f3n a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, as\u00ed: para hacer efectiva una obligaci\u00f3n que conste en un acto administrativo que preste m\u00e9rito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, proceder\u00e1 la ejecuci\u00f3n despu\u00e9s de los diez y ocho (18) meses (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002 <\/p>\n
9\u0002 \u201cPar\u00e1grafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su car\u00e1cter de inembargable, deber\u00e1n invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (\u2026) Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepci\u00f3n, el destinatario de la orden de embargo, se podr\u00e1 abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deber\u00e1 informar al d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la autoridad que decret\u00f3 la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decret\u00f3 la medida deber\u00e1 pronunciarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, acerca de si procede alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar. (\u2026) En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplir\u00e1 la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el d\u00e9bito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas s\u00f3lamente se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que as\u00ed lo ordene\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
11\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997 <\/p>\n
12\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002; criterio reiterado en sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
13\u0002 \u201cArt\u00edculo 18. Administraci\u00f3n de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrar\u00e1n los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los dem\u00e1s ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no har\u00e1n unidad de caja con las dem\u00e1s rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podr\u00e1n ser objeto de embargo, pignoraci\u00f3n, titularizaci\u00f3n o cualquier otra clase de disposici\u00f3n financiera (\u2026)\u201d se subraya aparte demandado. <\/p>\n
14\u0002 CC C-793\/02. <\/p>\n
15\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992 <\/p>\n
16\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997. \u201cPrecis\u00f3 que trat\u00e1ndose de los cr\u00e9ditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada [art\u00edculo 19 del Decreto 111 de 1996] y que transcurridos 18 meses despu\u00e9s de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
17\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-103 de 1994 \u201c(\u2026) [S]e estableci\u00f3 una segunda excepci\u00f3n a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, as\u00ed: para hacer efectiva una obligaci\u00f3n que conste en un acto administrativo que preste m\u00e9rito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, proceder\u00e1 la ejecuci\u00f3n despu\u00e9s de los diez y ocho (18) meses (\u2026)\u201d. <\/p>\n
18\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002 <\/p>\n
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STC3044-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3044-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01154-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Forpresalud IPS S.A.S. contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72080","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72080"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72080\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}