STC3047-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3047-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03838-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ver\u00f3nica del Pilar Fl\u00f3rez Sep\u00falveda contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad y los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 2018-00320. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones a los inventarios y aval\u00faos, celebrada el 17 de mayo de 2022 dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal adelantado en su contra por David Arnaldo Salazar Rodr\u00edguez, el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla resolvi\u00f3 \u00abexcluir la primera partida (\u2026) que corresponde al inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 040-80150 por no estar acreditad[a] la titularidad del inmueble en cabeza de uno de los exc\u00f3nyuges, ni tampoco est\u00e1 acreditado el contrato de leasing habitacional que hubiesen suscrito ante la entidad financiera\u00bb. <\/p>\n
Que se dej\u00f3 constancia \u00abque la demandada solicita solo incluir el 70%, como activo sobre el derecho de contrato de leasing habitacional, porque el 30% restante lo pag\u00f3 con dineros propios obtenidos con la venta de un inmueble que obtuvo como donaci\u00f3n\u00bb, observ\u00e1ndose para ello \u00abel folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-272145 en la anotaci\u00f3n No. 14\u00bb, y que \u00abhasta tanto no se defina si el bien inmueble [M.I. 040-80150], debe o no ser incluido en los bienes sociales, [se determinar\u00eda si] el derecho que pesa sobre el contrato de leasing habitacional recae sobre \u00e9l [en] un 100% o [en] un 70%, [pues], su apreciaci\u00f3n es que no pod\u00eda definirse lo accesorio, sin estar aceptado lo principal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que esta Sala, con fallo [STC13255-2022] del 5 de octubre de 2022, otorg\u00f3 \u00abclaridad sobre qu\u00e9 aspecto en espec\u00edfico\u00bb deb\u00eda corregirse del auto adiado el 17 de mayo de 2022, pese a ello, al desatar de nuevo la apelaci\u00f3n, el 19 de octubre de 2022 el tribunal \u00abfall\u00f3 extra petita [procediendo a] usurpar la competencia del juez de primera instancia [y con ello, a] la vulneraci\u00f3n de los derechos y menoscabo [del] patrimonio de la demandada\u00bb, al disponer \u00abincluir dentro del activo social la partida primera, correspondiente al cien por ciento (100%) de los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble (\u2026) con matr\u00edcula No. 040-80150\u00bb. <\/p>\n
Que, igualmente, en el prove\u00eddo en menci\u00f3n, el tribunal resolvi\u00f3 \u00abexcluir todos los pasivos que hagan referencia al referido inmueble, por cuanto no se encuentran estos en cabeza de ninguno de los exc\u00f3nyuges\u00bb, lo cual \u00abpuede mal interpretarse y causar un detrimento de los derechos de la demandada (\u2026), teniendo en cuenta que la se\u00f1ora juez [se pronunci\u00f3] aclarando por qu\u00e9 no decid\u00eda sobre los pasivos en ese momento, [pues se\u00f1al\u00f3] que las deudas pueden ser inventariadas siempre y cuando los activos sean incluidos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se invalide la decisi\u00f3n adoptada por la corporaci\u00f3n querellada y en su lugar se le ordene \u00abdictar la providencia correspondiente exclusivamente a la inclusi\u00f3n en los activos del derecho que recae sobre el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-80150, por medio de contrato de leasing\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la refutada, manifest\u00f3 que contrario a la aseveraci\u00f3n de la demandante, en relaci\u00f3n con la definici\u00f3n de los derechos derivados del contrato de leasing que fueron objetados del inventario, \u00abno existi\u00f3 una extralimitaci\u00f3n por parte de esta funcionaria, al resolver lo pertinente al porcentaje de inclusi\u00f3n, [y] en igual forma, se confirm\u00f3 lo referente a la exclusi\u00f3n de los pasivos inherentes (\u2026) al aludido inmueble, por cuanto lo incluido en los activos son \u00fanicamente los derechos derivados del [precitado] contrato\u00bb, y por tanto, ese despacho \u00abno ha incurrido en defecto f\u00e1ctico [pues] no se ha resuelto la controversia acudiendo a nuestro propio caprichos, encontr\u00e1ndose la providencia atacada debidamente soportada y justificada\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Sexta de Familia de Barranquilla, inform\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en el asunto en cuesti\u00f3n, destac\u00e1ndose, en relaci\u00f3n con la objeci\u00f3n a inventarios definida en primer grado el 17 de mayo de 2022, que el tribunal \u00abmediante prove\u00eddo de octubre 19 de 2022, emiti\u00f3 una nueva decisi\u00f3n conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en la tutela [promovida por David Arnaldo Salazar Rodr\u00edguez], para ello incluyo el 100% de los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble (\u2026) identificado con la matr\u00edcula No. 040-80150, [y] por auto de fecha 9 de diciembre del 2022, este despacho obedeci\u00f3 y cumpli\u00f3 lo resuelto (\u2026), as\u00ed mismo se requiri\u00f3 a los abogados de los extremos procesales de la litis [por encontrarse facultados para ello], sin que a hasta la fecha [lo hayan presentado]\u00bb, y actualmente, est\u00e1 pendiente resolver \u00absolicitud de inventarios y aval\u00faos adicionales presentada por la [all\u00ed demandada]\u00bb. <\/p>\n
3. David Arnaldo Salazar Rodr\u00edguez, se pronunci\u00f3 a trav\u00e9s de su mandatario judicial, para oponerse a lo pretendido, se\u00f1alando que \u00abya existe entre las mismas partes y por los mismos hechos\u00bb, la cual fue declarada \u00abimprocedente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al resolver, en segundo grado, las objeciones formuladas a los inventarios y aval\u00faos dentro del liquidatorio n\u00b0 2018-00320, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se precisa que la decisi\u00f3n objeto del recurso de apelaci\u00f3n por parte de la sala enjuiciada, correspondi\u00f3 a la proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla el 17 de mayo de 2022, mediante la cual se resolvieron las objeciones planteadas frente a los inventarios y aval\u00faos, en particular, el reparo que motiva la actual controversia se refiere al inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00b0 040-80150, respecto del cual el a-quo dispuso su exclusi\u00f3n, aduciendo no encontrarse acreditado \u00abel documento que da cuenta del contrato de leasing habitacional\u00bb, y tras ello resolvi\u00f3 excluir \u00abtodos los pasivos que hagan referencia la referido inmueble por cuanto no se encuentran estos en cabeza de ninguno de los exc\u00f3nyuges\u00bb. <\/p>\n
Aunque inicialmente el tribunal desat\u00f3 la apelaci\u00f3n con auto del 12 de septiembre de 2022, excluyendo el predio en cita, aduciendo que, si bien sobre el mismo exist\u00eda un contrato de leasing habitacional, no se hab\u00eda consolidado la propiedad en cabeza de la locataria y no pod\u00eda reclamarse derecho alguno a favor de la sociedad conyugal, esta Sala, mediante sentencia STC13255-2022 (5 oct., rad. 03328-00), invalid\u00f3 esa resoluci\u00f3n y le orden\u00f3 al ad quem que \u00aben un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, (\u2026), emita una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva\u00bb, la que, en lo cardinal, sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se verifica que, en la audiencia de 31 de marzo de 2022, en la que se presentaron los referidos inventarios y aval\u00faos (archivo \u00ab16AudeinciaInicial.mp4\u00bb), las partes acordaron que el aval\u00fao del referido cr\u00e9dito ser\u00eda $524\u2019941.000 (minuto 38:40 y siguientes de la referida diligencia), centrando su contienda en el porcentaje de la inclusi\u00f3n, pues el actor esgrimi\u00f3 que deb\u00eda inventariarse el 100% de los referidos derechos, mientras que la enjuiciada limit\u00f3 el aporte al 70%. <\/p>\n
Entonces, evidente es que lo inventariado por las partes en el asunto criticado era un cr\u00e9dito, cuya existencia fue reconocida por los contendientes, as\u00ed como tambi\u00e9n su aval\u00fao, por lo que no era necesaria una prueba adicional para acreditarlo, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, lo \u00fanico controvertido era el porcentaje en el cual deb\u00eda incluirse dicho activo, aspecto que, valga anotar, no fue resuelto por los falladores accionados. <\/p>\n
En otras palabras, no era procedente la exclusi\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos del citado cr\u00e9dito, pues su existencia estaba demostrada en el juicio criticado, con las manifestaciones que hicieron las partes, sin que se requiriera de una prueba adicional para esos efectos. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, indiscutible es que el estrado criticado incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, al resolver la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente a la decisi\u00f3n que excluy\u00f3 el mencionado activo (derechos derivados del contrato de leasing), toda vez que desconoci\u00f3 que lo inventariado era un derecho de cr\u00e9dito (no un inmueble), cuya existencia estaba plenamente demostrada en el plenario, quedando \u00fanicamente por resolver lo atinente al porcentaje en el cual deb\u00eda hacerse la inclusi\u00f3n (100% o 70%)\u00bb. <\/p>\n
3.2 Se\u00f1alado lo anterior, al revisar el prove\u00eddo adiado el 19 de octubre de 2022, la Corte observa que la colegiatura encartada se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, por ende, lejos de constituir yerro susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este instrumento supralegal. <\/p>\n
Ciertamente, en lo atinente al punto de discordia que se trajo a ese excepcional tr\u00e1mite, expuso que: <\/p>\n
\u00ab[El demandante] se opone a la exclusi\u00f3n del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-80150, en tanto el despacho consider\u00f3 que no se encontraba acreditada la existencia del contrato de leasing. <\/p>\n
En el archivo digital 14, aparecen los inventarios y aval\u00faos presentados por la parte demandante, en la cual se enuncia en la partida primera de los activos: <\/p>\n
\u201cPRIMERA PARTIDA: El 100% de los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble ubicado en Calle 92 No.42B1-97 Urbanizaci\u00f3n la Cumbre Barranquilla. Identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-80150 y referencia catastral 01-01-0189- 0063-902 producto del contrato de leasing celebrado con Banco Davivienda S.A. (\u2026). <\/p>\n
En el archivo digital 15, aparecen los inventarios y aval\u00faos presentados por la parte demandada, en la cual se enuncia en la partida primera de los activos: <\/p>\n
\u201cA. ACTIVO SOCIAL PRIMERA PARTIDA: Corresponde esta partida al 70% del Contrato de Leasing sobre Inmueble ubicado en la Carrera 92 No. 42B 197 identificado con Matricula inmobiliaria numero 040 80150, cuyas medidas y linderos constan en certificado de tradici\u00f3n con matr\u00edcula inmobiliaria 040 80150, certificado que hace parte del expediente. Con un aval\u00fao comercial de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 459.741.555.) de acuerdo con el aval\u00fao realizado por un perito el cual se anexo en la contestaci\u00f3n de la demanda. El valor de esta partida es ($ 459.741.555)\u201d. <\/p>\n
En la audiencia de fecha 31 de marzo de 2022, la parte demandante denunci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ACTIVO: PARTIDA PRIMERA. El 100% de los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble ubicado en Calle 92 No.42B1-97 Urbanizaci\u00f3n la Cumbre Barranquilla, identificado con la matricula inmobiliaria No.040-80150. AVALUO $ 524.941.500\u201d. <\/p>\n
\u201cDe los activos denunciados por el apoderado judicial de la parte demandante, se le da traslado a la parte demandada a trav\u00e9s de su apoderada judicial (\u2026). Respecto a la parte primera de activos del contrato de leasing, manifiesta que acepta, pero se\u00f1ala que el aval\u00fao realizado en el a\u00f1o 2017 que es de $ 459.741.555, sin embargo, despu\u00e9s aclaro que va aceptar el aval\u00fao se\u00f1alado por la parte demandante que es la suma de $ 524.941.500. As\u00ed mismo respecto a esta partida, la corrige se\u00f1alando que el contrato de Leasing sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-80150, nos es el 100% del inmueble del contrato de leasing sino el 70%, porque el 30% corresponde a dineros propios que dio como abonos al contrato de leasing, que fue producto de una donaci\u00f3n que le hizo el ex c\u00f3nyuge\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la parte demandada, denuncia otros activos, a saber: <\/p>\n
\u201cDENUNCIA OTROS ACTIVOS PARTIDA UNICA: (1) Corresponde esta partida al 30% del pago Contrato de Leasing sobre Inmueble ubicado en la Carrera 92 No. 42B 197 identificado con Matricula inmobiliaria numero 040 80150, cuyas medidas y linderos consta en el certificado de tradici\u00f3n con matr\u00edcula inmobiliaria No. 040 80150, certificado que hace parte del expediente. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la se\u00f1ora VER\u00d3NICA FLOREZ aport\u00f3, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) a este contrato\u201d. <\/p>\n
De todo lo anterior, se desprende que lo inventariado por las partes, es un cr\u00e9dito, cuya existencia fue reconocida expresamente tanto por el demandante como por la parte demandada. As\u00ed mismo, est\u00e1n de acuerdo en el aval\u00fao de dicho cr\u00e9dito, en la suma de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($524.941.000), raz\u00f3n por la cual no se hace necesaria prueba adicional para acreditar el contrato de leasing, teniendo en cuenta que como ha quedado determinado, lo \u00fanico que se controvierte es el porcentaje en el cual debe incluirse dicho activo. <\/p>\n
Alega la parte demandada que dicha partida debe ser reconocida por un setenta por ciento (70%), teniendo en cuenta que el treinta por ciento (30%), corresponde a dineros propios que dio como abonos al contrato, por donaci\u00f3n realizada por su ex c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Al respecto, se tiene que le corresponde a la parte demandada, demostrar que su ex c\u00f3nyuge, le hizo una donaci\u00f3n, por la suma de $30.000.000, que corresponden al treinta por ciento (30%), del cr\u00e9dito en raz\u00f3n del contrato de leasing, de acuerdo al art\u00edculo 167 del C.G.P. sin que exista dentro del plenario, prueba alguna de la donaci\u00f3n invocada por la demandada, y el demandante se opone a ello, raz\u00f3n por la cual, se declarara infundada la objeci\u00f3n presentada por la parte demandada y se incluir\u00e1 como activo de la sociedad conyugal SALAZAR \u2013 FLOREZ, el ciento por ciento (100%) de los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble (\u2026), identificado con la matricula inmobiliaria No. 040-80150, por lo que se impone revocar la decisi\u00f3n impugnada, en este sentido\u00bb. <\/p>\n
3.3. Seg\u00fan lo que acaba de verse, los argumentos y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no determinan defecto procedimental, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la injerencia del fallador constitucional para variar lo resuelto, pues la actuaci\u00f3n confutada no se muestra antojadiza, es decir, no revela arbitrariedad o desmesura que sea capaz de desencadenar amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n
Se advierte, entonces, que la posici\u00f3n de la parte actora frente a la providencia judicial, es solo una divergencia conceptual frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces [cognoscentes]\u00bb (CSJ STC, 21 jul. 1995, exp. 2397, citada en STC932-2023, 8 feb., rad. 2022-00313-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido esta Sala ha enfatizado que mientras la decisi\u00f3n reprochada cuente con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada, entre otras, en STC448-2023, 25 ene., rad. 01250-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, pues este mecanismo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2063-2023, 8 mar., rad. 00801-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se desestimar\u00e1 el auxilio solicitado, toda vez que la determinaci\u00f3n reprochada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas fundamentales que fueron invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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