STC3050-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3050-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Universidad de Antioquia contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La entidad accionante reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada, en el marco del proceso declarativo laboral que en su contra tramit\u00f3 Jorge Alberto Salazar Montoya, radicado No. 05001-31-05-009-2017-00818-01. <\/p>\n
Solicita, entonces, ordenar a la autoridad judicial convocada \u00abdejar sin efecto las sentencia SL2260-2022 emanada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica consecuentemente quede inc\u00f3lume la sentencia dictada en sede de segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 16 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jorge Alberto Salazar Montoya fue servidor p\u00fablico del ente educativo aqu\u00ed accionante entre el 15 de septiembre de 1982 y el 22 de diciembre de 2002, y mediante Resoluci\u00f3n No. 032 de 12 de febrero de 2003 la entidad le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n compartida con el seguro social, la cual se reajust\u00f3 anualmente conforme la variaci\u00f3n del IPC, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, no obstante, aquel consider\u00f3 que su mesada deb\u00eda reajustarse anualmente en un 15%, por as\u00ed establecerlo la Ley 4 de 1976, ya que su derecho fue reconocido con sustento en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977, donde se indic\u00f3 cumplir esa normatividad. <\/p>\n
2.2. Previo reclamo infructuoso a la universidad, a Juan Alberto Salazar Montoya se le neg\u00f3 el reajuste de su pensi\u00f3n mediante sentencia de 20 de mayo de 2019 del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medell\u00edn, decisi\u00f3n que fue objeto del grado jurisdiccional de consulta y fue confirmada el 16 de marzo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, fallo que el all\u00ed demandante atac\u00f3 y fue casado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en prove\u00eddo SL2260 de 15 de junio de 2022, donde, para mejor proveer se dispuso oficiar al ente educativo aqu\u00ed accionante y a Colpensiones para que certificaran una informaci\u00f3n, sin que a la fecha se haya emitido el respectivo fallo sustitutivo. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la promotora, en s\u00edntesis, que la Corporaci\u00f3n accionada; concedi\u00f3 un beneficio pensional establecido en una convenci\u00f3n colectiva despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, cuando dicho pacto perdi\u00f3 efecto en esa fecha de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005, bajo el entendido que el reajuste pretendido no puede considerarse un derecho adquirido; no sopes\u00f3 que el fallo afecta la sostenibilidad fiscal del sistema pensional; interpret\u00f3 inadecuadamente la cl\u00e1usula 15 de la Convenci\u00f3n Colectiva 1976-1977, porque dedujo que incluy\u00f3 el reajuste anual y autom\u00e1tico del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1976, pasando por alto que el aumento debe hacerse seg\u00fan el IPC al tenor del art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, y, que aquella norma se cit\u00f3 solo porque era la vigente al momento de la celebraci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva, as\u00ed mismo, omiti\u00f3 que tal reajuste estaba contemplado para los ya pensionados. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. Olga Cecilia Gallego, quien dijo ser apoderada judicial de Jorge Alberto Salazar Mora, se opuso al amparo, tras resaltar que se est\u00e1 insistiendo en las mismas inconformidades expuestas dentro del proceso cuestionado, y el fallo proferido en sede de casaci\u00f3n, guarda coherencia con otros que en similares asuntos ha proferido la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, por intermedio del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, resalt\u00f3 que entre la fecha de notificaci\u00f3n del fallo cuestionado, el 6 de julio de 2022 y la presentaci\u00f3n de la tutela, el 18 de enero de 2023, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, por lo que est\u00e1 incumplido el presupuesto de la inmediatez, y en todo caso, lo que all\u00ed decidi\u00f3 no pude tildarse de arbitrario. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, tras citar los apartes del fallo cuestionado que consider\u00f3 relevantes y de su an\u00e1lisis colegir que no pueden ser catalogados como arbitrarios, sin que la sola discrepancia interpretativa expuesta por la gestora torne en procedente la protecci\u00f3n. <\/p>\n
La present\u00f3 la entidad educativa accionante, con similares argumentos a los que expuso en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, la accionante se duele de la sentencia de 15 de junio de 2022 (SL2260), de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que cas\u00f3 el fallo de 16 de marzo de 2021 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que a su vez confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 20 de mayo de 2019 del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso ordinario laboral que contra aquella promovi\u00f3 Jorge Alberto Salazar Montoya, para entonces, \u00abpara mejor proveer\u00bb, decretar unas pruebas antes de emitir el respectivo fallo sustitutivo; pues, en sentir de la promotora, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida interpretaci\u00f3n de las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, por incumplir con el requisito de procedibilidad de la inmediatez, ya que, entre la fecha de proferida la decisi\u00f3n cuestionada y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 18 de enero de 2023, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses (7 meses), super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, o visto desde otra arista, no se encuentra argumento v\u00e1lido para que hasta ahora se consideren vulnerados los derechos con la citada decisi\u00f3n de casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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