STC3052-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 26 de enero de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Pati\u00f1o Mart\u00ednez, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor -por medio de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, estabilidad ocupacional reforzada, seguridad social, igualdad, pensi\u00f3n digna y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la sociedad Expreso Brasilia S.A., persiguiendo la declaratoria de existencia de un contrato laboral, con sus respectivas prorrogas desde el 1\u00b0 de octubre de 1986 hasta la presentaci\u00f3n de la demanda. Asimismo, pidi\u00f3 el pago de la reliquidaci\u00f3n salarial y prestaciones desde el 22 de julio de 1998 a la fecha de su reconocimiento, as\u00ed como cesant\u00edas e intereses, aportes de seguridad social y dem\u00e1s acreencias debidamente indexadas. <\/p>\n
2.1. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla -con sentencia del 14 de diciembre de 2018- neg\u00f3 las pretensiones imploradas. Inconforme, el actor present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue desatado por el superior el 3 de febrero de 2020, confirmando la sentencia reprochada. <\/p>\n
2.2. En desacuerdo con ello, interpuso recurso de casaci\u00f3n. La Sala de descongesti\u00f3n debatida -con providencia del 10 de mayo de 2022- resolvi\u00f3 no casar la sentencia recurrida. En su sentir, con esta \u00faltima decisi\u00f3n se afectaron sus derechos, pues se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto factico al desconocerse las pruebas aportadas al proceso y al haberse realizado una apreciaci\u00f3n inadecuada de las mismas, las cuales permit\u00edan establecer la existencia del v\u00ednculo laboral. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que no se dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 269 del C\u00f3digo General del Proceso referente a la tacha de falsedad alegada. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se ordene a la autoridad Judicial cuestionada que emita una nueva sentencia en la que se acceda a las pretensiones de la demanda laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia1 expres\u00f3 que el fallo debatido \u00absigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, justific\u00f3 razonadamente y enunci\u00f3 las providencias en las que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n, mismas que, el hoy tutelante pretende mostrar como erradas. As\u00ed las cosas, lo que Miguel Pati\u00f1o Mart\u00ednez quiere alcanzar con esta acci\u00f3n, es revivir un debate ya concluido, y que era objeto \u00fanicamente del proceso ordinario\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla2 solicit\u00f3 que se declare la improcedencia del amparo. Manifest\u00f3 que la \u00absentencia cuestionada a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, cumple con la argumentaci\u00f3n y referencia probatoria pertinente, y de conformidad con el problema jur\u00eddico que se plante\u00f3 en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
3. La sociedad Expreso Brasilia se opuso a las pretensiones del quejoso, pues \u00abno existe violaci\u00f3n al debido proceso como el mismo se\u00f1or lo manifest\u00f3 en los hechos de la demanda se decretaron todas las etapas y los jueces, magistrados fallaron de conformidad a las pruebas aportadas y la libertad de apreciaci\u00f3n de cada una de ellas, adem\u00e1s no es cierto que se le hayan vulnerados los derechos dem\u00e1s invocados porque la estabilidad ocupacional reforzada no le aplica el se\u00f1or nunca ha sido desvinculado de la compa\u00f1\u00eda, est\u00e1 activo y los derechos por el cual demando fueron valorados en cada etapa procesal\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 improcedente el amparo. Consider\u00f3 que \u00abresulta evidente que la presente solicitud no satisface el presupuesto de la inmediatez, el cual constituye un requisito de procedibilidad de este mecanismo de defensa, de tal suerte que la misma tuvo que haber sido presentada dentro de un plazo razonable. Con tal exigencia se pretende evitar que este instrumento de protecci\u00f3n judicial se emplee como herramienta que premie la actitud pasiva, negligencia o indiferencia de los demandantes, o se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abesta acci\u00f3n de tutela fue presentada el 18 de octubre de 2022 ante la Honorable Corte Constitucional quien remiti\u00f3 este proceso a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, y no el 24 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 10 de mayo de 2022, con el cual no se cas\u00f3 la sentencia proferida el 3 de febrero de 2020 por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral promovido contra la sociedad Expreso Brasilia S.A. <\/p>\n
2. Revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pero por razones diferentes al criterio expuesto por la Sala Hom\u00f3loga Penal. En efecto, la Corte Constitucional -con auto del 26 de octubre de 20223- remiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por el actor frente a la providencia cuestionada proferida el 10 de mayo de 2022, con lo cual se descarta la desatencion del requisito de inmediatez. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, en el caso en concreto, se observa que la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 3 de febrero de 2020. Para ello, comenz\u00f3 por enfatizar sobre la carencia de t\u00e9cnica incorporada en la demanda de casaci\u00f3n planteada por el actor, al resaltar que la misma no puede invocar razones como si fuera un alegato de instancia, pues \u00e9sta, aparte de reunir los requisitos formales, requiere un planteamiento l\u00f3gico en el que se demuestre la ilegalidad de la sentencia atacada. <\/p>\n
3.1. Por otra parte, con apoyo en la sentencia SL 26414 de 20064 estableci\u00f3 que lo peticionado en la demanda resulta incompleto, dado que se pide que se case la sentencia del Tribunal, y una vez constituido como instancia, se revoque la de primera, sin precisar el efecto de dicha revocatoria, es decir, la decisi\u00f3n de reemplazo. Igualmente, encontr\u00f3 que, al presentar y sustentar el primer ataque, el casacionista mezcl\u00f3 los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos con afirmaciones que corresponden a alegatos de instancia, confundiendo las modalidades directa e indirecta, cuando se hace necesaria la independencia de sus requisitos de acuerdo a la t\u00e9cnica casacional. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, con soport\u00f3 en la sentencia CSJ SL. del 22 de febrero de 2011 con radicado 366845, desat\u00f3 que los cargos re\u00fanen ambos g\u00e9neros de violaci\u00f3n de la ley sustancial que son excluyentes, por cuanto en la senda indirecta los razonamientos deben encaminarse a criticar la valoraci\u00f3n probatoria, debiendo ser su formulaci\u00f3n diferente y por separado. En cambio, la senda directa, supone la conformidad de quien recurre, con los hechos deducidos por el sentenciador como fundamento de su decisi\u00f3n, por lo cual la argumentaci\u00f3n demostrativa debe ser de \u00edndole jur\u00eddica. <\/p>\n
3.3. Resalt\u00f3 que en la proposici\u00f3n jur\u00eddica de la demanda se incorpora \u00abun c\u00famulo de preceptivas y principios de todo orden, as\u00ed como un concepto del Ministerio del Trabajo que es sabido, no tiene alcance normativo y por eso, en la sede casacional se tratan como medios de prueba del proceso, sin determinar las particulares normas que de las tantas leyes, decretos y dem\u00e1s que cita fueron las que debieron ser aplicadas por el Tribunal para resolver el caso, menos, cuando no hay duda de que lo pretendido en las instancias y negado por los juzgadores, fue el reconocimiento del reajuste salarial y prestacional, ante la variaci\u00f3n sufri\u00f3 su ingreso mensual una vez reubicado por la imposibilidad de seguir en el cargo de conductor mec\u00e1nico, al no recibir la comisi\u00f3n que por ventas de tiquetes se pact\u00f3 en el contrato, desde la vinculaci\u00f3n hasta cuando dej\u00f3 de ser conductor\u00bb. Por lo expuesto, encontr\u00f3 otro error en la t\u00e9cnica, \u00abpues se transcriben los medios probatorios allegados al asunto como indebidamente apreciados, tanto para el cargo que invoca por v\u00eda directa como por la indirecta\u00bb. <\/p>\n
3.4. No obstante lo anterior, valor\u00f3 la cl\u00e1usula novena y d\u00e9cima del contrato laboral suscrito entre el actor y la sociedad demandada, en las que evidenci\u00f3 que antes de la reubicaci\u00f3n se pact\u00f3 un salario m\u00ednimo legal vigente ($172.500) mensuales y adem\u00e1s una suma equivalente al 4% del producido neto mensual del veh\u00edculo por concepto de venta de tiquetes que se efect\u00faen en cada viaje completo realizado. Raz\u00f3n por la cual, encontr\u00f3 acertado lo expuesto por el Tribunal, al considerar que \u00abno es menos cierto que el salario como conductor estaba conformado por un salario m\u00ednimo con su labor m\u00e1s un 4% por la venta de tiquetes, es decir una actividad complementaria a su cargo y es evidente que, al haber un cambio de cargo en el cual no se guarda relaci\u00f3n con esa actividad complementaria, no habr\u00eda lugar para seguir recibiendo ese pago, a\u00fan m\u00e1s cuando a la luz, est\u00e1 que, el empleador realiz\u00f3 todas las acciones pertinentes para seleccionar el nuevo cargo, de acuerdo a las circunstancias en que se encontraba el demandante, por lo que no puede decirse que el empleador actu\u00f3 de manera arbitraria y de mala fe\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto, para esta Sala Civil -con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario- la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.6 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, jurisprudencial y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Finalmente, la Sala no pasa por alto que se desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que el actor tuvo a su alcance, pues no se present\u00f3 con la t\u00e9cnica exigida. Tal omisi\u00f3n inviabiliza, igualmente, el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
6. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-7. Anexo 0008Memorial.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-21. Anexo 0010Memorial.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 3-4. Anexo 0019Soporte_Novedades.pdf <\/p>\n
4\u0002 En reiteradas oportunidades la Sala ha expresado que el alcance de la impugnaci\u00f3n constituye el petitum de la demanda extraordinaria, en el que el recurrente debe claramente decirle a la Corte lo que pretende con la sentencia acusada, si casarla total o parcialmente y en este caso, sobre qu\u00e9 puntos debe versar la anulaci\u00f3n del fallo y cu\u00e1les deben quedar vigentes; adem\u00e1s, qu\u00e9 pretende con la sentencia del Juzgado, si confirmarla, modificarla o revocarla y en estos dos \u00faltimos casos, cu\u00e1l deber\u00eda ser la decisi\u00f3n de reemplazo. Pues por tratarse de un recurso rogado, el recurrente est\u00e1 obligado a se\u00f1alar el derrotero que debe seguir la Corte en ese sentido, a fin de que se cumpla el prop\u00f3sito que con ella persigue. <\/p>\n
5\u0002 La violaci\u00f3n de la ley sustantiva de car\u00e1cter nacional se llega por dos senderos: directo e indirecto. El primero de ellos tiene como punto de partida la ausencia de todo reparo de linaje probatorio, como que supone absoluta conformidad del recurrente con las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias del fallador de instancia; mientras que, en el segundo, la deficiente valoraci\u00f3n del caudal probatorio es el medio por el cual se llega a transgredir la ley. A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casaci\u00f3n no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simult\u00e1nea, el quebranto de la ley sustancial por la v\u00eda directa, esto es, con prescindencia de toda cuesti\u00f3n probatoria, y la incorrecta estimaci\u00f3n del torrente probatorio. Al respecto, la jurisprudencia del trabajo asent\u00f3: La primera causal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n laboral comprende dos formas de infracci\u00f3n legal por el sentenciador: la v\u00eda directa y la v\u00eda indirecta. En la primera, en cualquiera de sus tres modalidades infracci\u00f3n directa, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y aplicaci\u00f3n indebida, la violaci\u00f3n se produce con independencia de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria del proceso, pues el debate se limita exclusivamente a la controversia jur\u00eddica. En la segunda, la violaci\u00f3n se configura por la defectuosa apreciaci\u00f3n que hace el juzgador de los medios de prueba calificados por haberlos ignorado (error de hecho), o cuando da por establecido un hecho con un medio no autorizado y para el cual la ley exige prueba ad substantiam actus o deja de apreciar una prueba de tal naturaleza debiendo hacerlo (error de derecho). <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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