STC3054-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3054-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00335-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carolina Mej\u00eda Mu\u00f1oz contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, el Director General del Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Oficinal de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad, el Banco Agrario de Colombia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, el Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la personalidad jur\u00eddica y al m\u00ednimo vital, que dice vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En concreto solicita \u00abse sirva ordenar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, al Director General del Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional, al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y al Consejo Seccional de la Judicatura, para que, dentro del t\u00e9rmino improrrogable de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a ordenar la devoluci\u00f3n y entrega de la suma de $18\u00b4503.700,oo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que el Banco Comercial AV Villas promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Mar\u00eda Cepeda Supelano y Daniel Granados Am\u00e9zquita, radicado \u00ab2007-205\u00bb, la aqu\u00ed accionante interviene como cesionario de los derechos de cr\u00e9dito, y una vez el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, el proceso fue enviado a ejecuci\u00f3n, correspondiendo su conocimiento al Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, donde se dej\u00f3 sin efecto la diligencia de remate sobre el predio objeto de garant\u00eda, porque sobre el mismo reca\u00eda un embargo de la Secretar\u00eda Distrital de Hacienda. <\/p>\n
2.2. Expone la accionante, que debido a la precitada invalidaci\u00f3n, se orden\u00f3 devolverle las sumas depositadas para la postura que hizo, entre ellas $18\u00b4503.700,oo del tributo a que alude el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 11 de 1987, para lo cual el juzgado ofici\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura y a la Subdirecci\u00f3n Operativa del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, no obstante, pese a que ha transcurrido un \u00abtiempo razonable\u00bb, los prenombrados han guardado silencio sobre el reembolso del citado monto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un breve recuento de las principales actuaciones procesales que agot\u00f3 dentro del referido juicio y resalt\u00f3 que dej\u00f3 de conocer del mismo luego de que el 20 de septiembre de 2013 dict\u00f3 sentencia y el 11 de abril de 2014 remiti\u00f3 el expediente a los jueces civiles del circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias de la ciudad. <\/p>\n
2. La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 8 de noviembre de 2018 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 declar\u00f3 sin valor y efecto la diligencia de remate que hab\u00eda realizado el 10 de septiembre de 2018 y orden\u00f3 oficiar al Consejo Superior de la Judicatura para que devolviera la suma de $18\u00b4503.700,oo por concepto del impuesto del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 11 de 1987, del mismo modo, reembols\u00f3 $87\u00b4675.000,oo a la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En cumplimiento de lo decidido, el 18 de enero de 2019 se ofici\u00f3 a la Subdirecci\u00f3n Operativa del Tesoro Nacional – Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de otro lado, el 24 de enero de 2020 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 orden\u00f3 oficiar al Consejo Superior de la Judicatura para que procediera a la devoluci\u00f3n, lo cual se cumpli\u00f3 mediante oficio de 31 de enero del mismo a\u00f1o, retirado por la aqu\u00ed inconforme el 10 de febrero siguiente. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que luego de que el 24 de enero de 2020 se orden\u00f3 oficiar al Consejo Superior de la Judicatura, \u00abno se tiene conocimiento de las resultas de dicha orden\u00bb, y adem\u00e1s \u00aba la fecha no se observ\u00f3 ninguna solicitud pendiente por resolver a la accionante\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico \u2013 Direcci\u00f3n de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional, narr\u00f3 que, al no ser competente para realizar la devoluci\u00f3n del impuesto de remate, se dio traslado de la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio Radicado 2-2019-025777 de 17 de julio de 2019. <\/p>\n
5. El Banco Agrario indic\u00f3 cuales dep\u00f3sitos judiciales tiene registrados por cuenta del proceso del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
6. El Consejo Superior de la Judicatura manifest\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque si bien el dep\u00f3sito que la gestora se realiza a favor de esa autoridad, la encargada de administrarlos es la Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, adscrita a la Unidad de Presupuesto de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, seg\u00fan lo plasmado en el Acuerdo 875 de 2000. <\/p>\n
7. La Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial inform\u00f3, seg\u00fan lo que a su vez le indici\u00f3 el Grupo de Fondos Especiales que: <\/p>\n
(\u2026) me permito informarle que en efecto esta dependencia recibi\u00f3 la solicitud presentada por la accionante, sin embargo a la fecha no ha completado la totalidad de los requisitos exigidos en la Resoluci\u00f3n 4179 de 2019 expedida por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, mediante la cual se establecen los requisitos para tramitar las solicitudes de devoluci\u00f3n de recursos, y los procedimientos internos de la Entidad, motivo por el cual, solo se dar\u00e1 el tr\u00e1mite a la solicitud, una vez cumpla con la totalidad de los mismos. <\/p>\n
Al respecto, es preciso hacer una relaci\u00f3n de las actuaciones adelantadas por el Grupo de Fondos Especiales, frente a la solicitud presentada por la accionante: <\/p>\n
Con radicado EXTDEAJ19-16034 del 11 de julio de 2019, se recibi\u00f3 por parte de la se\u00f1ora Carolina Mej\u00eda Mu\u00f1oz, comunicaci\u00f3n mediante la cual solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n del dinero consignado por concepto de impuesto de remate; sin embargo, una vez verificada la documentaci\u00f3n, se evidenci\u00f3 que la misma no cumpl\u00eda con la totalidad de los requisitos exigidos en la Resoluci\u00f3n 4179 de 2019 (\u2026) <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, a trav\u00e9s de oficio n.\u00b0 DEAJPRO19-4673 del 12 de julio de 2019, se le inform\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para todo tipo de devoluci\u00f3n de sumas de dinero, a partir del 24 de mayo de 2019 rige la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 4179 \u201cPor medio de la cual la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial establece los requisitos para atender las solicitudes de devoluci\u00f3n de sumas de dinero\u201d; por tanto, debe radicar los documentos que a continuaci\u00f3n se detallan en f\u00edsico y original, en la calle 72 No. 7-96 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo con el fin de atender su petici\u00f3n (\u2026) <\/p>\n
Con radicado EXTDEAJ19-20086 del 26 de agosto de 2019, se recibe comunicaci\u00f3n de la se\u00f1ora Carolina; sin embargo, verificada la documentaci\u00f3n nuevamente sigue sin completar la totalidad de los requisitos exigidos; situaci\u00f3n que se inform\u00f3 a trav\u00e9s del oficio DEAJPRO19-5009 del 27 de agosto de 2019, en donde se le solicit\u00f3 (\u2026) <\/p>\n
Se recibe comunicaci\u00f3n con radicado EXTDEAJ20-2701 del 12 de febrero de 2020, sin embargo, verificado que nuevamente sigue sin cumplir los requisitos, se le informa a trav\u00e9s del oficio DEAJPRO20-714, lo siguiente (\u2026). <\/p>\n
Al respecto, es preciso mencionar que la se\u00f1ora Carolina Mej\u00eda Mu\u00f1oz no ha remitido a esta Entidad los documentos a los que siempre se ha hecho referencia como soporte y necesarios para tramitar lo solicitado. <\/p>\n
Por lo anterior, al haber respondido a todas las solicitudes de la accionante, afirm\u00f3 que no ha incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que genere la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada. <\/p>\n
8. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras precisar que no recibe directamente fondos como los que la gestora pide que le devuelvan. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de la inmediatez, porque desde el 17 de julio de 2019, cuando el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico remiti\u00f3 el oficio de solicitud de reembolso al Consejo Superior de la Judicatura, han trascurrido tres (3) a\u00f1os y siete (7) meses al 15 de febrero de 2022, cuando se present\u00f3 la tutela, sin que, de otro lado, se observe que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 tenga pendiente alguna solicitud por resolver, lo que evidencia que ha transcurrido un considerable tiempo desde que se realiz\u00f3 el requerimiento para el pago exigido en este escenario; lo anterior, m\u00e1xime porque lo pretendido en la tutela tiene fines puramente econ\u00f3micos <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora del resguardo, sin especificar el motivo de su descontento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo no se vislumbra que la accionante haya agotado a\u00fan los mecanismos de defensa con los que cuenta. <\/p>\n
En efecto, se constata de las intervenciones realizadas se constata que, luego de que el 11 de julio de 2019 la gestora radic\u00f3 la solicitud de reembolso del tributo ante el Grupo de Fondos Especiales de la Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, le han sido exigidos una serie de requisitos para poder acceder a su solicitud, la \u00faltima vez mediante oficio DEAJPRO20-714 de febrero de 2020, donde se le pidi\u00f3 que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) se recuerda el requisito faltante para que proceda la devoluci\u00f3n deprecada: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Al respecto es pertinente que se tenga en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
\u25cf Asimismo, es el juez quien debe firmar la providencia en la que se se\u00f1ale expresa e inequ\u00edvocamente el nombre de la persona beneficiaria de la devoluci\u00f3n y el valor total a devolver, ya que en el auto aportado, calendado 8 de noviembre de 2018, el numeral 2 no lo dice. <\/p>\n
\u25cf La constancia de ejecutoria de la providencia judicial que ordena la devoluci\u00f3n en los t\u00e9rminos del literal e del art. 2 de la Resoluci\u00f3n 4179 de 2019, debe referirse claramente al auto del que est\u00e1 certificando su ejecutoria, y no al folio de un expediente, porque la DEAJ no cuenta con el expediente judicial para consultarlo. <\/p>\n
Lo anterior, por tratarse de devoluciones de sumas de dinero a cargo del Estado, como mecanismo de protecci\u00f3n del presupuesto de La Naci\u00f3n – Rama Judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Igualmente, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico del 27 de octubre de 2022, se le inform\u00f3 a la se\u00f1ora Carolina lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) revisados los archivos que reposan en esta dependencia, se encontraron 3 oficios (los cuales se adjuntan para su conocimiento), en los que se le indican los requisitos que debe cumplir para poder dar inicio al tr\u00e1mite de su devoluci\u00f3n, conforme a lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 4179 de 2019 (\u2026) <\/p>\n
\u00ab(…) A continuaci\u00f3n se recuerda el requisito faltante para que proceda la devoluci\u00f3n deprecada: <\/p>\n
\u201cResoluci\u00f3n 4179 de 2019 de la DEAJ ART\u00cdCULO SEGUNDO. – ESTABLECER los requisitos para tramitar las solicitudes de devoluci\u00f3n de sumas de dinero por los conceptos de: impuesto de remate (…), seg\u00fan la modalidad de Transferencia a cuenta bancaria del beneficiario. Para cuyo tr\u00e1mite, el beneficiario o su apoderado, deber\u00e1 adjuntar a la solicitud de devoluci\u00f3n: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
e) Copia aut\u00e9ntica del acto administrativo, providencia judicial o acta de conciliaci\u00f3n mediante la cual se revoca la decisi\u00f3n que impuso la obligaci\u00f3n de realizar la consignaci\u00f3n y de la providencia que ordena su devoluci\u00f3n, en la que se indique nombre de la persona natural o jur\u00eddica beneficiaria de la devoluci\u00f3n y el valor total a devolver, con las la constancia de ejecutoria debe reunir los requisitos de los art\u00edculos 114 y 115 del C\u00f3digo General del Proceso.) (…)\u201d. <\/p>\n
Al respecto es pertinente que se tenga en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
\u25cf No coincide la suma cuya devoluci\u00f3n se solicita ($18.503.700) con la que obra en el comprobante de consignaci\u00f3n aportado ($18.510.000). En tal virtud, debe aclararse el porqu\u00e9 de esa diferencia. <\/p>\n
\u25cf Asimismo, es el juez quien debe firmar la providencia en la que se se\u00f1ale expresa e inequ\u00edvocamente el nombre de la persona beneficiaria de la devoluci\u00f3n y el valor total a devolver, ya que, en el auto aportado, calendado 8 de noviembre de 2018, el numeral 2 no lo dice. <\/p>\n
\u25cf La constancia de ejecutoria de la providencia judicial que ordena la devoluci\u00f3n en los t\u00e9rminos del literal e del art. 2 de la Resoluci\u00f3n 4179 de 2019, debe referirse claramente al auto del que est\u00e1 certificando su ejecutoria, y no al folio de un expediente, porque la DEAJ no cuenta con el expediente judicial para consultarlo. <\/p>\n
Lo anterior, por tratarse de devoluciones de sumas de dinero a cargo del Estado, como mecanismo de protecci\u00f3n del presupuesto de La Naci\u00f3n – Rama Judicial (…)\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, y dado que la \u00faltima comunicaci\u00f3n remitida fue en la vigencia 2020, sin que a la fecha se haya recibido respuesta y se hayan completado la totalidad de los requisitos exigidos; de manera atenta, le solicito su colaboraci\u00f3n con el fin de remitir la totalidad de la documentaci\u00f3n requerida actualizada (se\u00f1alada al principio de esta comunicaci\u00f3n) al correo electr\u00f3nico fondosespeciales@deaj.ramajudicial.gov.co, y teniendo en cuenta las orientaciones se\u00f1aladas mediante el oficio DEAJPRO20-714 que le fue enviado y que se adjunta. <\/p>\n
Una vez se reciban la totalidad de los documentos al correo electr\u00f3nico se\u00f1alado, se dar\u00e1 el tr\u00e1mite correspondiente a su solicitud de devoluci\u00f3n (\u2026)\u201d <\/p>\n
Del mismo modo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que luego de que el 24 de enero de 2020 orden\u00f3 oficiar al Consejo Superior de la Judicatura para que procediera al reembolso reclamado, no ha tenido noticias sobre el tr\u00e1mite dado al requerimiento, ni la gestora ha elevado dentro del proceso alguna solicitud para procurar viabilizar el mismo, lo que, en suma, deja en evidencia que \u00e9sta cuenta a\u00fan con la posibilidad de cumplir con los requisitos que para la devoluci\u00f3n de su dinero le exige el Grupo de Fondos Especiales de la Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, para lo cual puede acudir a su vez, de ser el caso, al juzgado accionado. <\/p>\n
3. Por tanto, al existir ese otro medio para solventar la situaci\u00f3n denunciada en sede constitucional, valga precisar, que la accionante adelante los tr\u00e1mites necesarios para allegar al Grupo de Fondos Especiales de la Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial la documentaci\u00f3n necesaria para la devoluci\u00f3n de lo pagado por impuesto de remate, no es posible acceder a la s\u00faplica de \u00e9sta, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir o peticionar t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que el interesado, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agota, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Aunado a lo expuesto, de la situaci\u00f3n encontrada no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que, como queda en evidencia, a\u00fan est\u00e1 en manos de la promotora logar la devoluci\u00f3n de su dinero, sin que entretanto se vislumbre la posible causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, est\u00e1n ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por los motivos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC3054-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3054-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00335-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72085","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72085\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}