STC3065-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3065-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 86001-22-08-000-2023-00011-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, que declar\u00f3 improcedente la tutela promovida por Ra\u00fal Andr\u00e9s Bastidas Chamorro contra el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes del proceso de radicado 2022-00062. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Luis Mora Zambrano promovi\u00f3 el mencionado proceso contra el tutelante, por la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, tr\u00e1mite que fue admitido por el Juzgado accionado por auto del 4 de mayo de 2022, en el cual indic\u00f3 que este no ser\u00eda o\u00eddo \u00abhasta demostrar la consignaci\u00f3n del valor total\u00bb adeudado. <\/p>\n
2.2. El 18 de mayo siguiente, se tuvo por notificado al accionado y se reconoci\u00f3 personer\u00eda a su apoderado. Al contestar la demanda, sostuvo que \u00abtodos los meses est\u00e1n debidamente pagados incluso, (\u2026) los (\u2026) posteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda (\u2026) adem\u00e1s de haber pagado al arrendador todos los c\u00e1nones de arrendamiento, tambi\u00e9n realiz\u00f3 cuantiosas mejoras en el mismo inmueble\u00bb y que, como las partes no han llegado a un acuerdo sobre el canon mensual, dado que el arrendador deb\u00eda compensar las mejoras realizadas, no hab\u00eda deuda en su contra, sin cuestionar la existencia del contrato. <\/p>\n
2.3. El 13 de diciembre de 2022, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juzgado requiri\u00f3 al demandado para que pagara los c\u00e1nones adeudados por $ 30\u00b4000.000 o, en su defecto, allegara los recibos de pago expedidos por el arrendador de los 3 \u00faltimos per\u00edodos, as\u00ed como que cancelara peri\u00f3dicamente los que se causaran en el curso del proceso, advirti\u00e9ndole que, \u00abde no cumplir con lo ordenado (\u2026), dejar\u00e1 de ser o\u00eddo en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. Contra el auto anterior, el accionado interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, que fueron resueltos el 24 de enero de 2023, confirmando la decisi\u00f3n atacada y rechazando la alzada, por tratarse de un asunto de \u00fanica instancia. Lo anterior, con sustento en que la Corte Constitucional, en sentencias C-106-2021 y T-482-2020, estableci\u00f3 que es posible no exigir el pago de los c\u00e1nones cuando el accionado aporte pruebas que hagan dudar de la existencia del contrato, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n
3. El actor censura la providencia del 13 de diciembre de 2022, porque le impuso la carga de pagar $ 30\u00b4000.000, sin existir prueba que acredite que \u00e9l adeuda ese dinero por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento. Aduce que el demandante reclama los c\u00e1nones de noviembre de 2021 a marzo de 2022, pero en la demanda tambi\u00e9n afirma que las partes no han logrado acordar el valor a pagar por dicho periodo, de manera que, al no existir acuerdo, no hay prueba de la suma que mensualmente debe pagar; igualmente, asever\u00f3 que no est\u00e1 en mora, porque ha realizado mejoras al inmueble por $ 391\u00b4020.599. <\/p>\n
A su vez, cuestiona el auto del 24 de enero de 2023, porque, aunque cita una sentencia de la Corte Constitucional, deja de lado que esta contempla que el demandante debe probar el valor de los c\u00e1nones que se adeudan, lo cual no se demostr\u00f3, pues no lo han acordado. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que se deje sin efectos el auto que le orden\u00f3 pagar $ 30\u00b4000.000 por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento y que se imponga al Juzgado accionado que se abstenga de cobrar esa suma. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Mocoa sostuvo que no vulner\u00f3 derecho alguno, que estaba probado el canon mensual pactado y que el accionado no discuti\u00f3 la existencia del contrato, por lo cual deb\u00eda cancelar lo adeudado para ser escuchado en el juicio. <\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado de Jos\u00e9 Luis Mora Zambrano afirm\u00f3 que, en la contestaci\u00f3n de la demanda, el tutelante indic\u00f3 que no volvi\u00f3 a pagar los c\u00e1nones por las mejoras realizadas en el inmueble, lo cual es prueba suficiente para demostrar el incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser o\u00eddo en el juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso y lo establecido por la Corte Constitucional1, el demandado solo puede ser excusado del pago de los c\u00e1nones reclamados cuando alega inexistencia del contrato, lo cual no ocurri\u00f3. Adicionalmente, adem\u00e1s, precis\u00f3 que, si bien hab\u00eda diferencias entre el valor mensual que el demandante dijo que se deb\u00eda y lo afirmado por el accionado, en cuanto a que las partes no llegaron a un acuerdo, lo cierto era que, acorde con la norma en cita, para que sus argumentos puedan ser expuestos en el juicio deb\u00eda pagar la suma pedida o, al menos, presentar constancias de pago de los tres \u00faltimos per\u00edodos; no obstante, aunque asever\u00f3 que hab\u00eda cancelado incluso los meses posteriores, no lo acredit\u00f3. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3, en esencia, lo argumentado en el escrito inicial y destac\u00f3 que \u00abEs precisamente la falta de acuerdo sobre el \u201cvalor del canon\u201d la que impide a mi cliente pagar una suma exacta al arrendador o, consignar al juzgado una suma exacta por dicho concepto\u00bb, m\u00e1xime que est\u00e1 \u00abcompensando la suma de cuatro millones de pesos con unas mejoras que el arrendador debe pagarle y, reportando esta compensaci\u00f3n mes a mes al arrendador\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor considera vulnerados sus derechos con ocasi\u00f3n de lo resuelto en el auto del 13 de diciembre de 2022, confirmado el 24 de enero de 2023, en cuanto se impuso el pago de los c\u00e1nones adeudados en $ 30\u00b4000.000 o, en su defecto, acreditar que cancel\u00f3 los 3 \u00faltimos periodos, para ser o\u00eddo en el juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Revisados los antecedentes relatados y las providencias censuradas, advierte la Sala que la protecci\u00f3n reclamada no es procedente, por cuanto el art\u00edculo numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso establece que si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta, como ocurri\u00f3 en este caso, el demandado no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso hasta que demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados o, en su defecto, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los 3 \u00faltimos per\u00edodos o las consignaciones efectuadas a favor de aqu\u00e9l por el mismo tiempo, lo cual no acredit\u00f3, dado que, aunque en la contestaci\u00f3n de la demanda aleg\u00f3 que no deb\u00eda suma alguna, no alleg\u00f3 los recibos de pago del arrendador ni de las consignaciones realizadas por ese concepto a favor de aqu\u00e9l, como lo exige la normativa en comento. Tampoco neg\u00f3 la existencia del contrato. <\/p>\n
Y, si bien el arrendatario alega una diferencia entre el valor de canon mensual que se reclama, por falta de acuerdo entre las partes, lo cierto es que la disposici\u00f3n en comento es clara en se\u00f1alar que el accionado puede acreditar el pago de los c\u00e1nones adeudados o de los 3 \u00faltimos periodos y los que se causen en el proceso, seg\u00fan las condiciones all\u00ed establecidas, para ser o\u00eddo en el juicio, de manera que, ante tal omisi\u00f3n, ning\u00fan defecto puede atribu\u00edrsele al Juzgado accionado, pues, se insiste, el tutelante no prob\u00f3 que cancel\u00f3 el arrendamiento y se limit\u00f3 a alegar que no ten\u00eda deuda alguna, por virtud de las mejoras realizadas en el inmueble. <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, en un asunto como el que se plantea, la Sala neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, por cuanto <\/p>\n
atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n atacada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, pues basta con se\u00f1alar que, en estricto sentido, la sociedad inconforme, (\u2026) de manera alguna desconoci\u00f3 el contrato de arrendamiento base de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, motivo por el cual, si quer\u00eda ser escuchado, deb\u00eda cumplir con el pago de los c\u00e1nones adeudados. <\/p>\n
\u2026Contrario a ello, ni consign\u00f3 a \u00f3rdenes del despacho las sumas enunciadas como insolutas, ni tampoco demostr\u00f3 haberlas saldado directamente al arrendador, pese a que la \u00fanica causal alegada como base de dicha contienda fue la mora en el pago de la renta pactada, por lo que el incumplimiento de esa carga procesal hizo que no fueran tenidas en cuenta las r\u00e9plicas que promovi\u00f3 contra el auto admisorio de la demanda, de conformidad con el numeral 4\u00ba del precepto 384 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 <\/p>\n
En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la sociedad actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso (CSJ STC10931-2021). <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CC T-482-2020. <\/p>\n
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STC3065-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3065-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 86001-22-08-000-2023-00011-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72089","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72089","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72089"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72089\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72089"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72089"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72089"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}