STC3066-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3066-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01187-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guido Andr\u00e9s \u00c1lvarez Carrascal, Nelsy Maritza Garc\u00eda L\u00f3pez y Daniel Fernando Buend\u00eda Gamboa contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, mediante apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dicen vulnerado por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se le ordene a los accionados \u00abdecretar el levantamiento de las medidas cautelares impuest[a]s a los bienes inmuebles de los demand[o]s\u00bb y \u00abdejar sin efecto, por falencias por defecto sustantivos expuestos los autos de\u2026 veintiocho (28) de septiembre de 2022 y treinta (30) de enero de 2022 expedidos por el Juzgado\u2026 y\u2026 cinco (5) diciembre de 2022 expedido por la Sala Civil del Tribunal\u2026 en los cuales no accedieron al levantamiento de las medidas cautelares decretadas\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Tania Vanessa Ram\u00edrez Ortiz promovi\u00f3 juicio verbal contra Guido Andr\u00e9s \u00c1lvarez Carrascal, Nelsy Maritza Garc\u00eda L\u00f3pez y Daniel Fernando Buend\u00eda Gamboa, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, el que en auto de 18 de mayo de 2022 decret\u00f3 como medida cautelar la inscripci\u00f3n de la demanda en los bienes con matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-342464, 260-275736 y 260-342664. <\/p>\n
2.2. El extremo pasivo recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n la referida decisi\u00f3n, la que se mantuvo en auto de 28 de septiembre siguiente y en prove\u00eddo de 5 de diciembre del mismo a\u00f1o, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que el prove\u00eddo con el que se decret\u00f3 la medida cautelar no cumpl\u00eda con los requisitos del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, apariencia del bien derecho, necesidad, efectividad y proporcionalidad, en tanto que no se evidenciaba en la demanda y pretensiones que el incumplimiento del contrato generara un posible da\u00f1o o afectaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que dicha medida era desproporcional, puesto que el valor comercial de los tres bienes superaba diez veces el monto de lo pretendido en la demanda; y que recurri\u00f3 dicha decisi\u00f3n, pero se mantuvo. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que Guido Andr\u00e9s \u00c1lvarez celebr\u00f3 un contrato de compraventa sobre uno de los bienes que ten\u00eda la anotaci\u00f3n de la medida cautelar, lo que gener\u00f3 que el Banco Davivienda no realizara el desembolso del dinero solicitado; y que dicho inmueble superaba cinco veces el valor deprecado en el libelo. <\/p>\n
2.6. Refirieron que Daniel Fernando Buend\u00eda tampoco hab\u00eda podido celebrar contrato de compraventa de otro de los predios, ya que la promesa consignaba que el bien no pod\u00eda tener gravamen o anotaci\u00f3n en el certificado de tradici\u00f3n, lo que le generaba da\u00f1os y perjuicios; que dicho inmueble era equivalente a siete veces el valor de las pretensiones; y que aquel no particip\u00f3 como parte en el contrato celebrado, por lo que no contaba con legitimaci\u00f3n pasiva para que se le practicara la cautela anotada. <\/p>\n
2.7. Anotaron que en los hechos y pretensiones no se manifiesta ning\u00fan incumplimiento al contrato de compraventa ni se cita cl\u00e1usula del acto jur\u00eddico que no se hubiere efectuado a cabalidad; que el objeto del litigio era una responsabilidad contractual, por lo que el \u00fanico documento exigible era el convenio celebrado; y que les generaban da\u00f1os. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta indic\u00f3 que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n impetrada en prove\u00eddo de 5 de diciembre de 2022, en donde se daba cuenta de lo considerado en el asunto. Remiti\u00f3 la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que se aten\u00eda a lo que se resolviera en el asunto. Env\u00edo el link del expediente censurado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 5 de diciembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Descendiendo al asunto objeto de escrutinio, los demandados propietarios de los bienes sobre los que recaen las medidas cautelares, acusan que al momento del decreto de las cautelas \u201cno se tuvo en cuenta la apariencia de buen derecho, como tambi\u00e9n la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida\u201d, y, como en el libelo introductor no se se\u00f1ala \u201cning\u00fan incumplimiento al contrato de compraventa celebrado\u201d, inapropiado resulta entonces la inscripci\u00f3n de la demanda decretada. <\/p>\n
Pues bien. Como quedare discernido, en los procesos a trav\u00e9s de los cuales se pretende la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivados de responsabilidad civil contractual o extracontractual, como en este asunto en que como pretensi\u00f3n principal se aspira el resarcimiento \u201cde responsabilidad contractual derivada del contrato de compraventa\u201d identificado en el libelo, pero adem\u00e1s se demanda subsidiariamente la responsabilidad \u201cextracontractual a cargo del constructor derivado de la ejecuci\u00f3n de la obra a precio \u00fanico que consagra el art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil\u201d, y, adem\u00e1s, subsidiaria de la anterior, el \u201cenriquecimiento sin justa causa o sin causa jur\u00eddica, por parte de dos de los demandados\u201d, es acertado solicitar y decretar la inscripci\u00f3n de la demanda, ya que con dicha medida, por disposici\u00f3n del legislador, se precave el cumplimiento de un potencial veredicto favorable a las pretensiones del actor. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed como en efecto lo es, prontamente se advierte que ninguna raz\u00f3n le asiste al opugnante para acceder a su pedimento de levantamiento de la inscripci\u00f3n de la demanda en los bienes de los demandados \u00c1lvarez Carrascal y Buend\u00eda Gamboa, pues para su decreto las exigencias previstas se encuentran satisfechas en la medida que la aspiraci\u00f3n principal tiende a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios con ocasi\u00f3n a responsabilidad contractual del negocio jur\u00eddico recriminado, por lo que no hay lugar a tener \u201cen cuenta la apariencia de buen derecho, como tam[poco] la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida\u201d, sin que ello, se aclara, de ning\u00fan modo signifique que, si la parte actora abusa del derecho, obra con temeridad o mala fe, se encuentre relevada de resarcir los perjuicios que pueda llegar a ocasionar con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares ordenadas ante su pedimento. <\/p>\n
Y no se diga que frente al demandado Buend\u00eda Gamboa se debe acceder al levantamiento de la medida cautelar ante la alegaci\u00f3n de que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que, muy bien vistas las cosas y teniendo muy en cuenta lo reclamado en el libelo introductor, el demandante estima que s\u00ed le asiste responsabilidad, circunstancia cuyo estudio ser\u00e1 del resorte de la sentencia con que se dirima este litigio, puesto que, dicho sea de paso, la falta de legitimaci\u00f3n en causa es la \u00fanica excepci\u00f3n de m\u00e9rito blandida a favor de aqu\u00e9l y de Nelsy Maritza Garc\u00eda L\u00f3pez. Empero, se insiste, lo anterior no traduce en que el demandado se encuentre hu\u00e9rfano para reclamar los eventuales perjuicios que con la cautela le llegue a causar la parte actora. <\/p>\n
En ese orden de ideas, los argumentos esgrimidos por el apelante refulgen desatinados y desprovistos de soporte jur\u00eddico, imponi\u00e9ndose consecuentemente la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n confutada, pero por las puntuales razones de esta instancia, sin que haya lugar a imponer condena en costas por no aparecer causadas. <\/p>\n
De otra parte, y como quiera que el juzgado cognoscente no se ha pronunciado de cara al requerimiento subsidiario de la parte demandada, esto es, que en el evento de no accederse al levantamiento de la inscripci\u00f3n de la demanda, lo que en efecto acaeci\u00f3, \u201cse fije cauci\u00f3n (\u2026) para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla\u201d, imperioso resulta exhortarlo para que proceda de conformidad, llamando su atenci\u00f3n para que en adelante sea m\u00e1s cuidadoso en atender todas las peticiones que le sean formuladas al interior de los procesos\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los tutelantes es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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