STC3075-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3075-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02308-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2022 por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Cindy Julieth Palomino Jaramillo y Cesar Camilo Castro Astudillo contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los Juzgados Tercero y Quinto Penal del Circuito Con Funci\u00f3n de Conocimiento de Popay\u00e1n, Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, la Fiscal\u00eda Diecisiete Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S- y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la propiedad privada, vivienda digna, vida, m\u00ednimo vital, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados en el juicio de radicado 76001312000120160005201. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 14 de octubre de 2015, la Fiscal\u00eda vinculada emiti\u00f3 resoluci\u00f3n de requerimiento de extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble con folio de matr\u00edcula 120-27738 de Popay\u00e1n1, en el que se verific\u00f3, mediante allanamientos del 1 y el 18 de septiembre de 2007 y del 13 de febrero de 2008, el expendio de estupefacientes, en los cuales result\u00f3 capturada, entre otros, la propietaria Aura Ligia L\u00f3pez. <\/p>\n
2.2. Las diligencias inicialmente estuvieron a cargo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n, en el que se surti\u00f3 el tr\u00e1mite de enteramiento a los interesados, entre ellos, los tutelantes, quienes actuaron en representaci\u00f3n de los derechos herenciales que le asist\u00edan a su progenitora fallecida Martha Isabel Jaramillo, hija del tambi\u00e9n occiso Gerardo Jaramillo. <\/p>\n
2.4. El 30 de noviembre de 20205 se declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble. Cindy Julieth Palomino Jaramillo, C\u00e9sar Camilo Castro Astudillo y Mayely Fernanda Castro Jaramillo interpusieron recurso de apelaci\u00f3n y, el 1 de abril de 20226, la Sala accionada confirm\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
3. La parte actora censura que: i) no se investig\u00f3 que Gerardo Jaramillo, quien figuraba en el folio de matr\u00edcula, hab\u00eda fallecido desde 1993 y no fueron llamados al proceso desde el inicio del tr\u00e1mite como herederos; ii) no se tuvieron en cuenta las declaraciones extra juicio aportadas ni se decretaron las testimoniales solicitadas; iii) las actividades delictivas fueron ajenas a ellos; iv) el inmueble extinguido hace muchos a\u00f1os fue arrendado a personas de bien y, con su producto, subsist\u00edan Aura Ligia L\u00f3pez y sus nietos; v) la se\u00f1ora L\u00f3pez result\u00f3 involucrada en los allanamientos, pese a que los responsables fueron sus hijos; vi) en Popay\u00e1n existen otros sitios en los que se venden estupefacientes y no han perdido su derecho a la propiedad; vii) Cindy Julieth Palomino Jaramillo es viuda, responde por sus tres hijos y el inmueble extinguido es el \u00ab\u00fanico bien que le deja su madre\u00bb, mientras que Cesar Camilo Castro Astudillo tiene 23 a\u00f1os, no cuenta con propiedades y se hace cargo de su abuela. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretenden que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia y que se ordene la devoluci\u00f3n del inmueble o, por lo menos, del 50% que le correspond\u00eda a Gerardo Jaramillo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal accionado defendi\u00f3 la providencia acusada y a\u00f1adi\u00f3 que el ruego no cumple con los requisitos generales ni particulares para su procedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali sostuvo que la tutela es improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popay\u00e1n inform\u00f3 que en ese Despacho curs\u00f3 un proceso contra Aura Ligia L\u00f3pez y Juan Carlos Jaramillo Castro, por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, en el cual se absolvi\u00f3 al segundo y se conden\u00f3 a la se\u00f1ora L\u00f3pez. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Diecisiete Especializada asegur\u00f3 que los actores omitieron su deber objetivo de cuidado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 60 Judicial II Penal de Cali se\u00f1al\u00f3 que, en la sentencia de segunda instancia, hubo una valoraci\u00f3n juiciosa, razonable, adecuada y suficiente de todos los medios de prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico solicitaron negar la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Aura Ligia L\u00f3pez adujo que no ha vuelto a tener problemas con la justicia y que es cierto lo manifestado por los accionantes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela, tras evidenciar que la sentencia censurada era razonada, destacando que en esta se dej\u00f3 sentado que no se har\u00eda pronunciamiento alguno sobre la nulidad alegada, por la presunta falta de vinculaci\u00f3n de los accionados en la etapa inicial, pues ello se decidi\u00f3 en auto del 5 de septiembre de 2019. Afirm\u00f3 que los gestores no controvirtieron que Aura Ligia L\u00f3pez destin\u00f3 el inmueble para la comisi\u00f3n de conductas il\u00edcitas y dado que ellos acudieron al proceso como herederos de Gerardo Jaramillo, de conformidad con el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014, tambi\u00e9n proced\u00eda la extinci\u00f3n frente a su cuota parte del bien, bajo la causal 5 del art\u00edculo 16 ibidem. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los actores argumentaron que la condenada por el delito s\u00f3lo es propietaria del 50% del bien extinguido y que ellos no tienen antecedentes, por lo que \u00abse est\u00e1 cometiendo una injusticia\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, los accionantes pretenden la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que consideran vulnerados con la sentencia del 1 de abril de 2022, que declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre el inmueble de folio de matr\u00edcula inmobiliaria 120-27738. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala advierte la improcedencia del amparo invocado contra la sentencia del 1\u00b0 de abril de 20227, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada y la fecha de interposici\u00f3n de la salvaguarda -3 de noviembre de 2022-, el cual supera el t\u00e9rmino de 6 meses estimado como razonable para promover la acci\u00f3n de tutela8. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb9. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. Corolario de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, pero por las consideraciones anotadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuyos titulares registrados eran Aura Ligia L\u00f3pez y Gerardo Jaramillo. <\/p>\n
2\u0002 En aplicaci\u00f3n del acuerdo PSAA16-10517 del 17 de mayo de 2016. <\/p>\n
3\u0002 Folio 6, Cuaderno principal n\u00b03, expediente 2016-00052. <\/p>\n
4\u0002 Folio 58, Cuaderno principal n\u00b03, expediente 2016-00052. <\/p>\n
5\u0002 Documento 04, expediente 2016-00052. <\/p>\n
6\u0002 Folio 10, Documento 23, expediente 2016-00052. <\/p>\n
7\u0002 Cuya notificaci\u00f3n se realiz\u00f3 mediante comunicaciones remitidas a las partes el 5 de abril de 2022 y la fijaci\u00f3n del edicto el 19 de abril siguiente. Igualmente, seg\u00fan constancia secretarial, la sentencia cobr\u00f3 ejecutoria el 26 de abril de 2022. <\/p>\n
8\u0002 Ver cita en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
9\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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