STC3078-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3078-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00125-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Juan Camilo Carvajal Tabares contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad personal, seguridad jur\u00eddica y justicia material, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abde manera inmediata [su] libertad\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Juan Camilo Carvajal Tabares interpuso habeas corpus contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Sup\u00eda y Penal del Circuito de Riosucio, la que fue desestimada en providencia de 25 de noviembre de 2022 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Pereira. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en prove\u00eddo de 12 de diciembre siguiente la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que fue privado de la liberad en establecimiento carcelario el 2 de septiembre de 2022, tras imputarle los punibles de homicidio en concurso con homicidio tentado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones; y que su defensa solicit\u00f3 su libertad por vencimiento de t\u00e9rminos de conformidad con lo previsto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el 1\u00ba de noviembre de 2022 el Juzgado Promiscuo Municipal de Sup\u00eda deneg\u00f3 dicha petici\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio; y que interpuso habeas corpus por errores de valoraci\u00f3n y desconocimiento de la jurisprudencia, pero fue desestimado. <\/p>\n
2.5. Adujo que exist\u00edan falencias en la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos y su refrendaci\u00f3n en las decisiones criticadas; que se confund\u00edan los tiempos consignados en el numeral 4 del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004 con los de los art\u00edculos 175 y 294 \u00eddem; que interpuso el habeas criticado por los errores en la interpretaci\u00f3n de las aludidas normas y desconocimiento del precedente jurisprudencial; que a otras personas les hab\u00edan concedido la libertad por dicha causal; y que no se tuvo en cuenta que la libertad era un mandato constitucional. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sup\u00eda realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Pereira se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno, pues la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 fue ajustada a derecho y a las disposiciones legales; que se usaba la tutela como una instancia adicional; que no se acreditaba la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho o causal de procedibilidad, simplemente se advert\u00eda la inconformidad del accionante con la interpretaci\u00f3n que deb\u00eda darse a la causal de libertad invocada, lo que hab\u00eda sido objeto de estudio en cada uno de los pronunciamientos emitidos. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Primera Seccional de Riosucio efectu\u00f3 un recuento de lo acontecido y refiri\u00f3 que el peticionario se encontraba detenido legalmente. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira adujo que el actor no acredit\u00f3 los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; que no era aplicable el precedente jurisprudencial citado, lo que se puso de presente en el auto de 12 de diciembre de 2022; y que pese a que el actor hizo uso de los mecanismos jur\u00eddicos al interior del proceso e inclusive en el habeas corpus, no se estaba a lo resuelto por las instancias e incoaba de manera desmesurada esta acci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
5. El Juzgado Penal del Circuito de Riosucio inform\u00f3 sobre las actuaciones adelantadas e indic\u00f3 que se aten\u00eda a las determinaciones que se adoptaran al interior de esta tutela. <\/p>\n
6. La Direcci\u00f3n Seccional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de Caldas adujo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que era improcedente esta acci\u00f3n cuando la demanda se enfocaba en llevar a conocimiento del juez de tutela la misma solicitud invocada mediante el habeas corpus, en tanto que sobre tal cuesti\u00f3n ya se hab\u00eda emitido una decisi\u00f3n de car\u00e1cter constitucional; que aun cuando se pasara por alto dicha inviabilidad, no se encontraban probados los defectos para estructurar una v\u00eda de hecho, pues no se acredit\u00f3 que las providencias estuvieran fundadas en conceptos arbitrarios o irrazonables; que se advert\u00eda una discrepancia frente a la contabilizaci\u00f3n de t\u00e9rminos, sumado al af\u00e1n de lograr una respuesta positiva por parte de la administraci\u00f3n de justicia, pues el gestor una vez conoci\u00f3 la negativa del juez de garant\u00edas, procedi\u00f3 a impugnar dicha determinaci\u00f3n y a interponer de manera concomitante la acci\u00f3n de habeas corpus, \u00faltima fallida al indicar los jueces constitucionales de instancia que la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos deb\u00eda contabilizarse conforme con las reglas previstas en los art\u00edculos 175 y 294 de la Ley 906 de 2004, puesto que la causal aludida por la defensa necesariamente deb\u00eda armonizarse con dicha normativa, por expresa remisi\u00f3n del numeral 4 del art\u00edculo 317 \u00eddem; que las divergencias no eran violatorias per se de los derechos fundamentales; y que el peticionario pod\u00eda acudir ante el juez de control de garant\u00edas las veces que considerara necesarias para remedir la privaci\u00f3n ileg\u00edtima de libertad por exceso del t\u00e9rmino para la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n o solicitud de preclusi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que s\u00ed indic\u00f3 que el defecto presentado consist\u00eda en la violaci\u00f3n del precedente jurisprudencial; que no contaba con otro mecanismo de defensa; y que las solicitudes de libertad atend\u00edan causales espec\u00edficas, en este caso la no presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n en el t\u00e9rmino, \u00abpor lo que a la fecha, habiendo constatado la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, cualquier petici\u00f3n en ese sentido ser\u00e1 abiertamente improcedente e incluso temeraria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, no cabe duda que la misma est\u00e1 enfilada a cuestionar la legalidad de la privaci\u00f3n de la libertad a la que est\u00e1 sometido el gestor del amparo, por cuenta del proceso penal que se sigue en su contra, de donde se concluye la improcedencia de este ruego. <\/p>\n
Ello en la medida en que dicha cuesti\u00f3n fue definida por el Tribunal criticado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 12 de diciembre de 2022, que desestim\u00f3 la acci\u00f3n de habeas corpus que instaur\u00f3 el hoy accionante, valga decir, por hechos similares a los que en esta oportunidad aleg\u00f3, como sustento del resguardo. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u2026al Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde este \u00f3ptica replantear el estudio de los asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite de habeas corpus para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama, porque \u201c(\u2026) en lo que toca con el cuestionamiento que enfila el peticionario contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de h\u00e1beas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u201cilegalmente\u201d detenido, observa la Sala que, de un lado, tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental (\u2026)\u2019 . (CSJ STL, 10 ag. 2009, rad. 2009-01340-00, criterio reiterado recientemente en CSJ STC6839-2016). <\/p>\n
3. Sin perjuicio de lo anterior, lo cual resulta suficiente para negar la protecci\u00f3n pedida, respecto del referido prove\u00eddo del 12 de diciembre de 2022, se advierte que el Tribunal acusado expres\u00f3 las razones por las cuales desestim\u00f3 la petici\u00f3n de h\u00e1beas corpus, precisando que: <\/p>\n
\u2026al se\u00f1or Juan Camilo Carvajal Tabares le fue impuesta una medida restrictiva de su libertad consistente en la detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario, decisi\u00f3n contra la cual no se instauraron recursos, por lo cual, se entiende que esa decisi\u00f3n goza de presunci\u00f3n de veracidad y acierto, es decir, no podr\u00eda considerarse que su privaci\u00f3n de la libertad ha sido ilegal. <\/p>\n
Ahora, en lo atinente a las causales esbozadas por la Corte Constitucional debemos iterar que, no existe prolongaci\u00f3n ilegal de la privaci\u00f3n de la libertad del se\u00f1or Carvajal Tabares, en la medida que la misma tiene sustento legal, pues fue ordenada por la juez de control de garant\u00edas, al estimar que se cumpl\u00edan con los requisitos para ello. <\/p>\n
La Ley procesal penal colombiana dentro del r\u00e9gimen de la libertad, contempla las causales para el restablecimiento de este derecho, cuando en virtud del proceso penal el mismo ha sido cobijado con medidas cautelares personales restrictivas\u2026 \u201cArt\u00edculo 317. Causales de libertad… <\/p>\n
El apoderado del actor, plantea su disenso en la interpretaci\u00f3n que conforme el numeral 4\u00ba de la citada norma tuvieron en cuenta los jueces que ejercieron la funci\u00f3n de control de garant\u00edas, am\u00e9n del funcionario A quo para negar el restablecimiento de la libertad de su representado\u2026 <\/p>\n
Al respecto, consideramos que conforme el postulado del impugnante y aun cuando difiere en cierto punto esta Magistratura frente a las decisiones de los jueces de instancia, como se expondr\u00e1 mas adelante, no se avizora que la negativa de restablecer la libertad del hoy accionante derive en una v\u00eda de hecho, pues las providencias de la judicatura al interior del proceso se avienen a una justificaci\u00f3n constitucional y legal amparada en la interpretaci\u00f3n judicial de posturas del M\u00e1ximo Tribunal de la justicia ordinaria que no se torna pac\u00edfica, pues no ha sido dirimida en decisiones mayoritarias (Sala Plena) sino en decisiones unitarias con efectos interpartes. Luego, como qued\u00f3 plasmado en l\u00edneas anteriores, bajo los presupuestos de admisibilidad de la acci\u00f3n p\u00fablica sentados por la H. Corte Constitucional, la acci\u00f3n de habeas corpus incoada no puede ejercerse a efectos de obtener una opini\u00f3n diversa \u2013a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas. <\/p>\n
Entonces, para esta Sala unitaria, contrario a lo que manifiesta el representante jur\u00eddico del accionante, no ha existido violaci\u00f3n al derecho fundamental a la libertad del se\u00f1or Carvajal Tabares, como que frente a ese puntual aspecto se comparte lo decidido por los jueces de instancia, pues en materia de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, es la ley procesal penal que por expresa determinaci\u00f3n en su art\u00edculo 317.4 en cita debe analizarse a la luz de los postulados del art\u00edculo 294 y 175 de la Ley 906\/04. De esta forma, se circunscribe la intenci\u00f3n del legislador al estructurar la proposici\u00f3n jur\u00eddica completa en la cual, por v\u00eda de remisi\u00f3n se establecen los par\u00e1metros y las consecuencias jur\u00eddicas del postulado legal. <\/p>\n
En ese sentido, se tiene en cuenta que, si bien es cierto, los t\u00e9rminos en cuanto a la duraci\u00f3n del procedimiento, tienen como objetivo regular la actuaci\u00f3n penal conforme los postulados del plazo razonable; de ah\u00ed, que surja distinci\u00f3n entre ese factor temporal y la permanencia del sujeto en detenci\u00f3n preventiva mientras se adelanta la investigaci\u00f3n o juzgamiento, no menos es cierto que, esos dos aspectos no pueden desligarse en virtud de la intr\u00ednseca relaci\u00f3n con el principio de presunci\u00f3n de inocencia, lo que conlleva a que igualmente dentro del tiempo en que se adelante el proceso (en conjunto) deba tenerse en cuenta la persistencia de la necesidad de restringir la libertad personal. <\/p>\n
Esa es la interpretaci\u00f3n que se colige de la jurisprudencia nacional en diferentes decisiones, entre ellas la CSJ STP 11 mayo 2016, rad. 84957, STP6017-2016 y CSJ AP, 22 agosto 2016, rad. 48682, AP5408-2016 y AHP6640-2016, radicado 48947, donde esta \u00faltimo indic\u00f3 lo siguiente\u2026 <\/p>\n
Es claro, esta distinci\u00f3n que la jurisprudencia nacional efectu\u00f3 en materia del plazo razonable de la actuaci\u00f3n y del t\u00e9rmino de la libertad, no se realiz\u00f3 con el fin que pretende estructurar el apoderado del accionante, sino para colegir una diferenciaci\u00f3n en el vencimiento a contabilizar a partir de los d\u00edas h\u00e1biles o calendario para uno u otro efecto, es decir, que en materia de la libertad y el plazo razonable de la duraci\u00f3n del procedimiento tendr\u00edan distinci\u00f3n por ser el primero en d\u00edas calendario o corridos m\u00e1s no h\u00e1biles como se estructuran en el devenir del proceso. Y ello surge pues, en materia de restricci\u00f3n de derechos fundamentales, al no existir alguna distinci\u00f3n entre d\u00eda h\u00e1bil o feriado, pues su conculcaci\u00f3n justificada en el proceso es persistente e ininterrumpida, luego era necesario fundar esa diferenciaci\u00f3n a efectos de contabilizar el vencimiento. <\/p>\n
Ahora, se contempla como jur\u00eddicamente viable que, atendiendo la remisi\u00f3n y el an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de la norma conforme los art\u00edculos 317.4, 294 y 175, en los casos de concursos de conductas punibles en la fase de investigaci\u00f3n se ampli\u00e9 el tiempo para la radicaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n respectivo, pues precisamente en virtud de la garant\u00eda del plazo razonable, resulta plausible y se justifique que la investigaci\u00f3n deba robustecerse, inclusive, erigi\u00e9ndose en parte como garant\u00eda del derecho de defensa, al permitir que \u00e9sta pueda desplegar una mayor actividad frente a la imputaci\u00f3n realizada por el ente acusador. <\/p>\n
En este punto, es que se precisa la discrepancia de este Despacho frente la posici\u00f3n de los jueces de instancia, pero no por ello, podemos considerar que ante esa divergencia de interpretaci\u00f3n se colija una v\u00eda de hecho, pues el tema no es pac\u00edfico y corresponde solo a un apartado de la interpretaci\u00f3n judicial que esta instancia no comparte. <\/p>\n
Se desvela que, los jueces de instancia y en espec\u00edfico el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio, actuando como juez de control de garant\u00edas en segunda instancia, confirm\u00f3 la denegatoria de la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos al fundar su argumento de que contaba la Fiscal\u00eda incluso hasta con 210 d\u00edas para radicar el escrito de acusaci\u00f3n, limite derivado por la sumatoria temporal de los art\u00edculos 175 (120 d\u00edas en trat\u00e1ndose de concurso de delitos) y 294 del CPP (90 d\u00edas, de existir la necesidad de un cambio de Fiscal, como sanci\u00f3n a su inactividad, tambi\u00e9n en un evento concursal delictivo) pues desde cuando se formul\u00f3 imputaci\u00f3n (2\/sep\/2022), ese plazo todav\u00eda estaba lejano de cumplirse; sin embargo, la posici\u00f3n de esta Sala unitaria pese a compartir la posibilidad del an\u00e1lisis normativo v\u00eda remisi\u00f3n, se circunscribe a que se debe aplicar en materia de concurso de conductas punibles el factor temporal del art\u00edculo 175 del CPP. <\/p>\n
Como puede verse, de conformidad a dicha norma, en materia de concurso de conductas punibles el plazo para el vencimiento de t\u00e9rminos frente a la libertad (60 d\u00edas) se duplicar\u00eda a 120 d\u00edas, siendo razonable y, es m\u00e1s, estando as\u00ed establecido puntualmente por el legislador en virtud de esa unidad normativa que se aprecia en la interpretaci\u00f3n sist\u00e9mica del art\u00edculo 317.4. Luego ante este criterio, tampoco se podr\u00eda deprecar que los t\u00e9rminos estuviesen vencidos, pues cuando se realiz\u00f3 la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos el 1\u00ba de noviembre de 2022, desde la imputaci\u00f3n apenas habr\u00edan transcurrido los primeros 60 d\u00edas. <\/p>\n
Como puede apreciarse, en el asunto sub lite se pueden percibir cierta disparidad de criterios, pero no corresponde a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional dirimirlos para erigirnos como una instancia adicional, aunque consideremos, salvo mejor criterio que, una posici\u00f3n como la analizada por el juez de control de garant\u00edas de segundo grado, impondr\u00eda una carga por dem\u00e1s injustificada en contra de los intereses del imputado, cuando se realiza una ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino legalmente concebido sin acreditarse una justificaci\u00f3n como las que presupone la remisi\u00f3n al art\u00edculo 175 (concurso de delitos, o cuando sean tres o m\u00e1s los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados) o se ampli\u00e9 el t\u00e9rmino premiando la negligencia de la Fiscal\u00eda al empezarse a contabilizar el vencimiento por el cambio de Fiscal, lo cual no ser\u00eda razonable, pues una interpretaci\u00f3n de esa naturaleza aunque pueda tener cierto arraigo en el querer del legislador no fue as\u00ed determinado taxativamente y mucho menos unificado por la Corte Suprema de Justicia en pleno a trav\u00e9s de su jurisprudencia. <\/p>\n
Pese a lo anterior y, como lo que se prev\u00e9 es una discusi\u00f3n frente a la interpretaci\u00f3n normativa que a\u00fan no ha sido zanjada y que no corresponde a esta sede hacerlo, debe entenderse que la decisi\u00f3n denegatoria del habeas corpus resulta jur\u00eddicamente viable, al tenerse en cuenta que la pretensi\u00f3n del actor fue atendida y resuelta en el curso del proceso por las instancias correspondientes a trav\u00e9s de decisiones justificadas dentro del marco legal, no correspondiendo a v\u00edas de hecho de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo esbozado en precedencia, no queda otro camino al suscrito que CONFIRMAR la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Pereira, el 25 de noviembre de 2022, en la que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional de habeas corpus impetrada en favor del se\u00f1or Juan Camilo Carvajal Tabares\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n criticada, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3078-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3078-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00125-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72098","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72098","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72098"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72098\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}