STC3085-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3085-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 21 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Alfonso Moreno Leguizamo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Cali y el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2021-00681. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, la fiscal\u00eda le formul\u00f3 imputaci\u00f3n (junto a Manuel Alejandro Mart\u00ednez Isaza) por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes, en la modalidad de transportar\u00bb, luego de haber sido capturado en flagrancia transportando en un cami\u00f3n \u00ab635.821 gramos de marihuana\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, lleg\u00f3 a un preacuerdo con el ente persecutor, consistente en la aceptaci\u00f3n de cargos pero en calidad de c\u00f3mplice, estableciendo una pena de 76 meses y 24 d\u00edas de prisi\u00f3n y 800 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa (id\u00e9nticos t\u00e9rminos para el otro coprocesado), el cual fue presentado ante el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Cali, en la instalaci\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n del 6 de julio de 2022. <\/p>\n
El 5 de agosto de ese a\u00f1o, en la continuaci\u00f3n de la referida vista p\u00fablica, el juez de conocimiento decidi\u00f3 improbar dicha negociaci\u00f3n al considerar que, \u00abla pena pactada se apartaba de los principios de legalidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que fue capturado en flagrancia, y en ese orden, debe darse aplicaci\u00f3n al par\u00e1grafo del art\u00edculo 301 de la ley 906 de 2004 (la rebaja solo puede corresponder a una \u00bc parte de la sanci\u00f3n a imponer)\u00bb, decisi\u00f3n confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali con auto del 15 de diciembre de 2022 (que tuvo un salvamento de voto). <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las referidas determinaciones por cuanto, considera que desconocieron la l\u00ednea jurisprudencial establecida sobre el principio de favorabilidad por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y las precisiones realizadas por aquella en sede de tutela (STP9872-2022), contrarias a la tesis en que fund\u00f3 la improbaci\u00f3n del preacuerdo el juez, \u00abpuesto que la l\u00ednea jurisprudencial indica que la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad no corresponde a una vulneraci\u00f3n de la legalidad, sino respecto de las garant\u00edas de los derechos fundamentales de los procesados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, adujo que esas decisiones, adem\u00e1s de desconocer los precedentes sobre la materia, carecieron de motivaci\u00f3n, pues no argumentaron por qu\u00e9 se apartaban de la jurisprudencia. <\/p>\n
Finalmente, estim\u00f3 vulnerado su derecho a la igualdad, ya que, otros jueces penales del circuito de Cali ha aprobado preacuerdos presentados bajo t\u00e9rminos similares, aplicando la favorabilidad, por lo que, \u00abla posici\u00f3n adoptada por el juzgado de conocimiento [es] la menos favorable para [los] procesados (\u2026) la Constituci\u00f3n es clara al indicar que todos debemos recibir el mismo trato por parte de las autoridades, sin embargo, en este caso en particular y ante la negativa de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad se concreta la vulneraci\u00f3n autom\u00e1tica del derecho a la igualdad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, que se deje sin efecto \u00abla decisi\u00f3n proferida el d\u00eda 15 de diciembre de 2022 por medio de la cual [la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali] confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Cali, mediante la cual imprueba el preacuerdo celebrado [con] la fiscal\u00eda dentro del proceso n\u00ba [2021-00681] y, por lo tanto, proferir el fallo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del auto cuestionado, defendi\u00f3 la postura de la mayor\u00eda de la Sala frente a la improbaci\u00f3n del preacuerdo presentado entre los procesados y la fiscal\u00eda. <\/p>\n
2. El Juez D\u00e9cimo Penal del Circuito de Cali, en igual sentido, sostuvo que su decisi\u00f3n se encuentra ajustada a derecho, y que a las partes se les brindaron todas las garant\u00edas procesales. <\/p>\n
3. El Procurador 66 Judicial II Penal solicit\u00f3 denegar el amparo pues, no pod\u00eda desconocer el juez la circunstancia f\u00e1ctica de la captura en flagrancia para admitir el preacuerdo incoado. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, ya que, \u00ab(\u2026) al estar el proceso penal en tr\u00e1mite, es al interior del mismo que deben agotarse las discusiones relacionadas con el cumplimiento de las exigencias para la aprobaci\u00f3n del preacuerdo, a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa que se establecen en las distintas fases del proceso\u00bb. Adicionalmente, consider\u00f3 que las decisiones reprochadas son razonables. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial. Refut\u00f3 lo resuelto por la Sala a quo de aplicar el criterio de la subsidiariedad pues, afirma que se encuentran agotadas todos los instrumentos jur\u00eddicos para lograr la aprobaci\u00f3n del preacuerdo, el cual se ha presentado a consideraci\u00f3n de la judicatura en dos ocasiones sin \u00e9xito. Agreg\u00f3 que, aunque \u00ab(\u2026) es claro que, si bien se puede celebrar un nuevo preacuerdo con la fiscal\u00eda y debatir en sede judicial, este no puede ser celebrado en las mismas condiciones del \u00faltimo presentado, sino bajo unas condiciones m\u00e1s desfavorables [\u2026] lo que trae como consecuencia un da\u00f1o irremediable [\u2026] al tratarse de su libertad y resocializaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al improbar el preacuerdo suscrito entre el procesado aqu\u00ed accionante y la Fiscal\u00eda, desconociendo, supuestamente, precedentes judiciales sobre el principio de favorabilidad, as\u00ed como las decisiones de otros jueces que han admitido negociaciones en similares t\u00e9rminos, esto es, inaplicando la rebaja normativamente establecida para los casos de captura en flagrancia. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dado su car\u00e1cter eminentemente subsidiario y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. La improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el presupuesto de la subsidiariedad comprende que los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de \u00edndole procesal atribuibles al operador jur\u00eddico, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente y a trav\u00e9s de los medios o instrumentos de defensa previstos por el ordenamiento jur\u00eddico si la causa judicial cuestionada est\u00e1 cursando. <\/p>\n
En tal sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Y es que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del juicio penal, pues, al improbarse el preacuerdo, la actuaci\u00f3n se reanuda desde la instancia en que se present\u00f3 y de esta manera, subsisten y se reactivan las posibilidades jur\u00eddicas para plantear, por ejemplo, uno nuevo que se ajuste a la legalidad o directamente ejercer la defensa a partir de las herramientas que el estatuto adjetivo penal prev\u00e9 seg\u00fan la etapa procesal en que se encuentre. <\/p>\n
De procederse de forma contraria, y asumirse esta acci\u00f3n como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se corre el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala que, no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la salvaguarda de las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
5. De la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
Finalmente, frente al planteamiento del actor relacionado con la presunta vulneraci\u00f3n de esta garant\u00eda esencial, con fundamento en que otras autoridades penales del circuito de Cali (sin mencionarlas), han aprobado preacuerdos en condiciones id\u00e9nticas al suyo, es decir, d\u00e1ndole prevalencia al principio de favorabilidad, es oportuno advertir que, no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se han admitido pretensiones como las que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma o de un espec\u00edfico problema jur\u00eddico lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis que efect\u00faa otro juez en un escenario distinto corresponde a la hermen\u00e9utica que de manera aut\u00f3noma le otorga a la situaci\u00f3n escrutada y no constituye en estricto sentido un precedente que sirva de derrotero para todos los asuntos similares, pues recu\u00e9rdese, los criterios adoptados por funcionarios hom\u00f3logos no son vinculantes. Sobre este particular, la Corte ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. Ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
Y, es menester indicar que, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permite un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que, se reitera, las providencias de sus pares no tienen fuerza vinculante de precedente judicial como para hacer extensivos sus efectos al proceso en cuesti\u00f3n, por lo que no se observa el trato diferencial alegado. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone confirmar la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Se advierte improcedente el auxilio si el proceso penal en cuesti\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras ello sea as\u00ed, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste le corresponde dirimirlas al juez ordinario en la instancia correspondiente, lo que impide la intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
6.2. No se advierte afectado el derecho a la igualdad puesto que, las decisiones de jueces hom\u00f3logos no constituyen en estricto sentido un precedente vinculante que imponga la definici\u00f3n del caso recriminado en ese el mismo sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3085-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3085-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00191-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72103","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72103","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72103"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72103\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}