STC3090-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3090-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01135-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Franklin de Jes\u00fas Lora Marmolejo y Luis Miguel Mart\u00ednez Mart\u00ednez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en los procesos (acumulados) de restituci\u00f3n de tierras n\u00ba 2013-00026 y 2013-00048. <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, trabajo, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que, en su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado interno y como desplazados de la zona de los Montes de Mar\u00eda, municipio de Colos\u00f3 (Sucre), a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD \u2013, promovieron solicitud de restituci\u00f3n material y jur\u00eddica de los predios \u00abparcelas n\u00ba 16 y 19 del predio La Marqueza\u00bb de los cuales afirmaron ser propietarios por adjudicaci\u00f3n que les hiciera el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u2013 INCORA. <\/p>\n
Relatan que, a dicho proceso se presentaron como opositores Manuel Lucio Rivera y Medardo Enrique Mart\u00ednez M\u00e1rquez, a quienes igualmente el INCORA les adjudic\u00f3 una \u00abcuota parte (sic)\u00bb sobre el predio La Marqueza, no obstante, estos alegaron tambi\u00e9n ser propietarios de las mismas parcelas objeto de reclamaci\u00f3n, lo que, seg\u00fan aducen, constituye una \u00abviolaci\u00f3n de la norma, de obligatorio cumplimiento, como lo es la ley 160 de 1994, art\u00edculos 40, numeral 5 y 72\u00bb. <\/p>\n
Destacan que, mediante sentencia del 20 de octubre de 2015 la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda interpuesta por intermedio de la UAEGRTD, excluy\u00e9ndolos de manera definitiva del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. <\/p>\n
Dirigen sus cuestionamientos contra el referido fallo, el que acusan de incurrir en v\u00eda de hecho por defectos \u00abprocedimental absoluto, sustantivo y f\u00e1ctico\u00bb; al respecto, manifiestan que la magistratura accionada en su decisi\u00f3n \u00abviol\u00f3 directamente la Constituci\u00f3n y lo establecido en la ley 160 de 1994, art\u00edculos 40 y 72\u00bb, que contemplan que, ninguna persona podr\u00e1 ejercer dominio o posesi\u00f3n de m\u00e1s de una unidad agr\u00edcola-familiar de las otorgadas por el INCORA, as\u00ed mismo, que tampoco podr\u00e1n adjudicarse terrenos bald\u00edos en favor de persona que sea propietario o poseedor, a cualquier t\u00edtulo, de otro predios rurales. <\/p>\n
3. Por lo anterior, piden que se declare la \u00abrevocatoria de la sentencia de 20 de octubre de 2015 emitida por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, dentro del expediente [2013-00048] y [2013-00026], y se ordene la restituci\u00f3n de las parcelas a nuestro favor, ya que fuimos y somos v\u00edctimas del conflicto armado que se vive en Colombia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta inform\u00f3 que, por disposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura el Juzgado Tercero de esa especialidad de Sincelejo fue trasladado a Santa Marta desde el 17 de marzo de 2016, por lo que todos los expedientes que ten\u00eda a su cargo fueron repartidos entre los juzgados Primero y Segundo de la capital del departamento de Sucre. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo relacion\u00f3 lo acontecido en la causa debatida, y en lo que es su competencia, el recaudo probatorio, luego de lo cual, fue remitida la actuaci\u00f3n al tribunal especializado que dict\u00f3 sentencia el 20 de octubre de 2015 denegando las pretensiones de restituci\u00f3n \u00abluego de un escrutinio razonable de todos los elementos de persuasi\u00f3n recaudados en la primera fase adjetiva (\u2026)\u00bb; sin embargo agreg\u00f3 que, en todo caso, \u00abla queja constitucional de marras adolece de improcedencia, comoquiera que no agota el requisito de la inmediatez que cobija esta especial acci\u00f3n, habida cuenta el prolongado tiempo que ha transcurrido desde la ejecutoria del fallo, hasta la fecha de interposici\u00f3n del libelo, sin que antes se haya hecho alusi\u00f3n a las cr\u00edticas hoy evocadas\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas, indic\u00f3 que, ciertamente los actores se encuentran en la base de datos de esa entidad, es decir, en el Registro \u00danico de V\u00edctimas, empero, se\u00f1al\u00f3 que esa entidad no tiene \u00abresponsabilidad constitucional y legal de absolver las pretensiones de los accionantes\u00bb por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La directora jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas resalt\u00f3 que no ha vulnerado derecho alguno puesto que, dentro de las funciones legalmente atribuidas a esa unidad, esto es, las consagradas en el art\u00edculo 105 de la ley 1448 de 2011, \u00abno se encuentra la de dejar sin efectos providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
5. La magistrada ponente de la providencia recriminada, del Tribunal Superior de Cartagena, Sala de Restituci\u00f3n de Tierras, defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada, es decir, lo resuelto en la sentencia dictada el 20 de octubre de 2015; sumado a ello, manifest\u00f3 que la tutela no cumple el requisito de la subsidiariedad toda vez que, los actores omitieron ejercer el medio legal del que dispon\u00edan, esto es, \u00abel recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en el 92 de la ley 1448 de 2011 y 354 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; al igual que desatiende el de la inmediatez, ya que el fallo en cuesti\u00f3n \u00abqued\u00f3 ejecutoriado el 20 de abril de 2018\u00bb, luego de que se resolviera una petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n sobre el mismo. <\/p>\n
6. La Agencia Nacional de Tierras, tambi\u00e9n solicit\u00f3 se declare que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que, esa entidad, \u00abno es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas por los quejosos con la sentencia que profiri\u00f3 el 20 de octubre de 2015 que deneg\u00f3 la restituci\u00f3n de los predios reclamados por aqu\u00e9llos (por intermedio de la UAEGRTD) en los procesos n\u00ba 2013-00026 y 2013-00048. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que hacen los actores no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, el fallo que recriminan \u2013 desestimatorio de la reclamaci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras despojadas \u2013 fue proferido por la Sala de esa especialidad del Tribunal Superior de Cartagena el 20 de octubre de 2015, mientras que el presente auxilio se radic\u00f3 el 15 de marzo de 2023, esto es, superando con amplitud el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
De manera que, los afectados debieron agotar oportunamente esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo de asentimiento respecto de la decisi\u00f3n que atacan; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de la sentencia discutida, examen que, en este caso, queda condicionado a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 declarado improcedente porque los convocantes se demoraron en ejercer este mecanismo y no demostraron alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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