STC3095-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3095-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01144-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra la Sala CF del Tribunal Superior y el Juzgado de Familia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor de edad involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, vida digna, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. \u201cA\u201d present\u00f3 demanda de impugnaci\u00f3n de la paternidad contra \u201cB\u201d, madre del menor \u201cC\u201d, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado de Familia, quien, luego de haber inadmitido el libelo, lo rechaz\u00f3 con prove\u00eddo de 19 de enero de 2023, porque se configur\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n, en tanto que \u00abel demandante refiere tener dudas de ser el padre biol\u00f3gico del menor desde el d\u00eda 17 de diciembre de 2021, es decir, hace doscientos veintitr\u00e9s (223) d\u00edas. Es decir, el inter\u00e9s y la duda del demandante no es actual, sino desde hace mucho m\u00e1s de 140 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Inconforme, el censor recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, pero la Sala CF del Tribunal Superior, con auto de 8 de marzo siguiente, confirm\u00f3 lo resuelto, comoquiera que \u00ablas anteriores precisiones otorgan la raz\u00f3n a la A quo cuando en su auto del 19 de enero de 2023 advirti\u00f3 que la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad se encontraba caducada, a partir de la informaci\u00f3n que suministr\u00f3 el mismo interesado, quien expres\u00f3 que la incertidumbre respecto de su paternidad data de un a\u00f1o atr\u00e1s -17 de diciembre de 2021- a la presentaci\u00f3n de la demanda -12 de diciembre de 2022-, super\u00e1ndose por mucho el plazo legal para cuestionar la filiaci\u00f3n del menor\u00bb. <\/p>\n
2.3. Lo anterior, sumado a que, frente al argumento del aqu\u00ed tutelante de que la solicitud de amparo de pobreza radicada el 23 de febrero de 2022 ante otro estrado de Familia tendr\u00eda la entidad de \u00abinterrumpir\u00bb el anotado t\u00e9rmino, el ad quem se\u00f1al\u00f3 que \u00abno impidi\u00f3 que ocurriera la caducidad, porque para ello era necesario que la demanda se presentara dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la aceptaci\u00f3n por parte del apoderado de oficio y que el auto admisorio se notificara a la demandada dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del mismo al demandante, tal como lo precept\u00faa el inciso 6 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. Con todo, precis\u00f3 que las referidas decisiones son irregulares, pues \u00abno se puede pretender que haya lugar a la caducidad, toda vez que el juzgado segundo de familia me concede el amparo de pobreza pero no es garante de que los auxiliares de justicia designados acepten dicho mandato, por ende los t\u00e9rminos se encontraban interrumpidos\u00bb, aunado a que \u00abresulta pertinente invocar la importancia del derecho a la filiaci\u00f3n, el cual (\u2026) goza del car\u00e1cter de fundamental al tener una relaci\u00f3n directa e innegable con los atributos de la personalidad jur\u00eddica como lo son el estado civil y el nombre, derecho que me est\u00e1 siendo vulnerado y a su vez al menor toda vez que no se tiene certeza de la paternidad del mismo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, \u00abORDENAR al JUZGADO admitir [el] proceso de impugnaci\u00f3n a la paternidad (\u2026), con el fin de garantizar mi derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y vida digna\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala CF del Tribunal Superior manifest\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n por medio de la cual se resolvi\u00f3 el recurso zanjado se ciment\u00f3 en una valoraci\u00f3n de los hechos razonable y en argumentos l\u00f3gicos-jur\u00eddicos ecu\u00e1nimes, destacando la aplicaci\u00f3n de las normas atinentes a la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad y su procedencia, sin existir capricho o arbitrariedad por parte de la Sala de Decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado de familia anot\u00f3 que \u00abcomo se evidencia, el accionante s\u00ed bien present\u00f3 la solicitud de amparo de pobreza en febrero de 2022 cuyo tr\u00e1mite correspondi\u00f3 [otro juzgado] de Familia, y hasta el mes de julio, se hab\u00edan efectuado dos designaciones de abogados sin \u00e9xito. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado, se deduce que \u00e9ste desisti\u00f3 t\u00e1citamente del amparo de pobreza, al contratar los servicios de un abogado de confianza, quien fue en ultimas el que present\u00f3 la demanda de impugnaci\u00f3n por fuera termino que ten\u00eda para ello, el 12 de diciembre de 2022, operando la consecuente caducidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad que el gestor promovi\u00f3, por haber ratificado el rechazo de la demanda, dada la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de caducidad, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los pronunciamientos de 19 de enero y 8 de marzo de 2023, proferidos por los despachos denunciados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar.). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Tribunal Superior confirm\u00f3 el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual el Juzgado de Familia rechaz\u00f3 la demanda de impugnaci\u00f3n de la paternidad que formul\u00f3 el aqu\u00ed censor, dada la ocurrencia de la caducidad, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, el ad quem precis\u00f3 inicialmente que \u00abel art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso ordena al juez rechazar la demanda cuando carece de jurisdicci\u00f3n o de competencia, o cuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla. En trat\u00e1ndose de impugnaci\u00f3n de paternidad, la citada regla procesal debe acompasarse con el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan la cual \u201c[p]odr\u00e1n impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho, el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente y la madre, dentro de los ciento (140) d\u00edas siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biol\u00f3gico\u201d, y con el art\u00edculo 2482 \u00eddem que reza, \u201c[n]o ser\u00e1n o\u00eddos contra la paternidad sino los que prueben un inter\u00e9s actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 d\u00edas desde que tuvieron conocimiento de la paternidad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, reliev\u00f3 que \u00abla raz\u00f3n de ser de la susodicha restricci\u00f3n para acudir al aparato jurisdiccional reside en que la contienda asedia el derecho de filiaci\u00f3n, en mayor proporci\u00f3n de menores de edad, siendo ese uno de los atributos de la personalidad jur\u00eddica que se reconoce como derecho fundamental (art. 44 C.P.) y del que se derivan otras prerrogativas personales y patrimoniales, as\u00ed como obligaciones reciprocas respecto de sus progenitores\u00bb, as\u00ed como \u00abla Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 19894, [que] establece que todo ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, adquiere desde que nace el derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo que \u00abla jurisprudencia categ\u00f3ricamente ha decantado que \u201c\u00bbpor la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de familia y para la estabilidad y seguridad que entra\u00f1a el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha se\u00f1alado plazos cortos para las acciones de impugnaci\u00f3n\u00bb; agregando que \u00abcomo el estado civil, que seg\u00fan el art\u00edculo 346 ‘es la calidad de un individuo en tanto lo habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones’, no puede quedar sujeto indefinidamente a la posibilidad de ser modificado o desconocido, por la incertidumbre que tal hecho producir\u00eda respecto de los derechos y obligaciones emanados de las relaciones de familia, y por constituir, como ya se dijo, un atentado inadmisible contra la estabilidad y unidad del n\u00facleo familiar, el legislador estableci\u00f3 plazos perentorios dentro de los cuales ha de intentarse la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, so pena de caducidad del derecho respectivo\u201d. (Sentencias de 9 de junio de 1970 y 25 de agosto de 2000)2\u00bb\u00bb. <\/p>\n
Por ello, con observancia en esas premisas, a\u00f1adi\u00f3 que le asisti\u00f3 raz\u00f3n al estrado a quo en rechazar la demanda, por cuanto \u00abadvirti\u00f3 que la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad se encontraba caducada, a partir de la informaci\u00f3n que suministr\u00f3 el mismo interesado, quien expres\u00f3 que la incertidumbre respecto de su paternidad data de un a\u00f1o atr\u00e1s -17 de diciembre de 2021- a la presentaci\u00f3n de la demanda -12 de diciembre de 2022-, super\u00e1ndose por mucho el plazo legal para cuestionar la filiaci\u00f3n del menor\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre los argumentos expuestos por el all\u00ed recurrente, adujo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es de se\u00f1alar que la solicitud de amparo de pobreza radicada el 23 de febrero de 20227 ante el Juzgado Familia no impidi\u00f3 que ocurriera la caducidad, porque para ello era necesario que la demanda se presentara dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la aceptaci\u00f3n por parte del apoderado de oficio y que el auto admisorio se notificara a la demandada dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del mismo al demandante, tal como lo precept\u00faa el inciso 6 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En tal sentido, lucen endebles las justificaciones esgrimidas por el censor, quien afirm\u00f3 que debi\u00f3 recurrir a un abogado de confianza porque la apoderada de oficio designada nunca se comunic\u00f3 con \u00e9l para el ejercicio de la acci\u00f3n y porque el Juzgado de Familia tampoco impuls\u00f3 el mecanismo para que se hiciera efectiva su defensa jur\u00eddica y judicial; sin demostrar que despleg\u00f3 gestiones tendientes a superar tal apat\u00eda, quedando en evidencia su abandono en esas diligencias; por consiguiente, no es admisible que enarbole su fallida petici\u00f3n para conjurar la caducidad de esta acci\u00f3n, m\u00e1s cuando est\u00e1n de por medio los derechos fundamentales de su menor hijo. <\/p>\n
De esta manera, concluy\u00f3 que \u00absi desde el 17 de diciembre de 2021 el se\u00f1or Soacha Ram\u00edrez tuvo conocimiento de que posiblemente no era el progenitor del menor, la demanda interpuesta el pasado 12 de diciembre resulta extempor\u00e1nea, en atenci\u00f3n al plazo perentorio dispuesto por los art\u00edculos 216 y 248 del C\u00f3digo Civil, por lo que nada puede increparse a la juez por rechazar el libelo al amparo del inciso segundo del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, tras haber operado el fen\u00f3meno de la caducidad respecto de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad, luego se confirmar\u00e1 el auto confutado\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Cita propia del texto referenciado: \u00abSentencia SC5663-2021 del 15 de noviembre de 2021, Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20011-31-84-001-2015-00382-01, en la que se cita SC 27 de octubre de 2000, rad. 5639. Tambi\u00e9n puede consultarse la SC del 21 septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
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STC3095-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3095-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01144-00 (Aprobado en Sala de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72110","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72110"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72110\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}