STC3096-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3096-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00418-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juliana Estrada Meneses, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo 2012-00200-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por intermedio de apoderado invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Bogot\u00e1 adelanta el proceso ejecutivo promovido por Saul Estrada Zuluaga en contra de Luz Erika Clavijo Lamus, en el que la accionante act\u00faa como cesionaria en la demanda principal y una acumulada. <\/p>\n
Sostuvo que, el acreedor de otra de las demandas acumuladas abandon\u00f3 del proceso, al punto de encontrarse en curso de lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso porque desde el 7 de octubre de 2019, no ha impulsado el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el Juzgado accionado el 7 de septiembre de 2022 adelant\u00f3 la diligencia de remate del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 050S-00151013, en la que la accionante hizo postura por el valor de cr\u00e9dito, pag\u00f3 el correspondiente impuesto y el bien le fue adjudicado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado en auto de 10 de noviembre de 2022, en control de legalidad dej\u00f3 sin valor y efecto la subasta, decisi\u00f3n que mantuvo en providencia de 8 de febrero de 2023, al resolver el recurso de reposici\u00f3n que present\u00f3. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, se dio prevalencia a una norma general del C\u00f3digo General del Proceso, omitiendo dar aplicaci\u00f3n a la norma especial que rige el tr\u00e1mite de los remates, esto es el art\u00edculo 455 ibidem, con la excusa de aplicar lo previsto en el art\u00edculo 132 del mismo estatuto. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que \u00abse disponga que la autoridad accionada, el juzgado quinto del circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias de Bogot\u00e1 deje sin ning\u00fan valor ni efecto el auto de 10 de noviembre de 2022, y proceda con la aprobaci\u00f3n del remate practicado el pasado 7 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo con fundamento en que no lucen caprichosas las razones expuestas en los autos de 10 de noviembre de 2022 y 8 de febrero de 2023, mediante los que se dej\u00f3 sin efecto la diligencia de remate realizada el 7 de septiembre de 2022, y en su lugar, dispuso la devoluci\u00f3n del dinero consignado a la accionante. <\/p>\n
Para el efecto, record\u00f3 que, cuando se realiz\u00f3 control de legalidad que prev\u00e9 el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, se consider\u00f3 que hab\u00eda inconsistencias en lo que respecta a la postura realizada en la diligencia de remate, y que el inmueble objeto del proceso fue adjudicado sin cumplirse los requisitos de los art\u00edculos 451 y 452 del ordenamiento procesal. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, si bien el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, previene la advertencia de irregularidades antes de la adjudicaci\u00f3n, no por esto puede permitirse la adjudicaci\u00f3n de un bien a un acreedor que no tiene derecho a ofertar por cuenta de su cr\u00e9dito. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante y aleg\u00f3 que no se pod\u00eda invalidar lo actuado en la audiencia de remate de 7 de septiembre de 2022, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que esta norma no faculta para invalidar lo actuado, atendiendo lo previsto en los dos primeros incisos del art\u00edculo 455 ibidem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Juliana Estrada Meneses solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado dejar sin efecto el auto de 10 de noviembre de 2022, y proceder a aprobar el remate llevado a cabo el 7 de septiembre de 2022, s\u00faplicas que no tienen vocaci\u00f3n de ser acogidas, puesto que, la providencia cuestionada se torna razonable, imponi\u00e9ndose confirmar la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
3. Revisado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se pudo verificar que en el proceso ejecutivo en referencia, el 7 de septiembre de 2022 en las instalaciones del Juzgado accionado, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate del inmueble de matr\u00edcula 50S-151013, en el listado de \u00ablas mejores ofertas que se hayan hecho\u00bb, se relacion\u00f3 a la se\u00f1ora Juliana Estrada Meneses por cuenta de su cr\u00e9dito, y con fundamento en que \u00abse ajusta a las normas legales, de conformidad con el art\u00edculo 452 del C. G. P.\u00bb, se resolvi\u00f3 \u00abadjudicar a Juliana Estrada Meneses (\u2026) el inmueble (\u2026) por cuenta del cr\u00e9dito\u00bb (Acta de diligencia de remate). <\/p>\n
3.1 Posteriormente, el 10 de noviembre de 2022 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, dispuso, dejar \u00absin ning\u00fan valor ni efecto todo lo actuado en la diligencia de remate llevada a cabo el 7 de septiembre de 2022\u00bb, porque se \u00abpresentaron inconsistencias insalvables, en lo referente a la postura\u00bb, m\u00e1s precisamente porque \u00abel inmueble objeto de este proceso fue adjudicado sin cumplirse los requisitos de los art\u00edculos 451 y 453 del Estatuto Procedimental General, como quiera que se permiti\u00f3 que la se\u00f1ora Juliana Estrada Meneses realizara postura por cuenta de su cr\u00e9dito sin reunirse los requisitos legales para ello\u00bb. (C02.Principal, p\u00e1gina 327). <\/p>\n
Se explic\u00f3 que, de conformidad con las citadas reglas \u00ab\u00fanicamente podr\u00e1n hacer postura por cuenta de su cr\u00e9dito quien sea \u00fanico ejecutante o acreedor de mejor derecho. En el presente proceso, se adelantan tres ejecuciones una principal (cuaderno 1) y dos acumuladas (cuadernos 4 y 5), todas con fundamento en cr\u00e9ditos quirografarios, es decir que todos los ejecutantes se encuentran en el mismo grado de prelaci\u00f3n\u00bb (C02.Principal, p\u00e1gina 328, negrilla fuera de texto), y se indic\u00f3 que, ciertamente la se\u00f1ora Juliana Estrada Meneses es demandante cesionaria en el proceso principal y en la acumulada en el cuaderno 4, pero seg\u00fan el cuaderno 5 el acreedor es el se\u00f1or Miguel Leonardo Rubio Sep\u00falveda (C02.Principal, p\u00e1gina 327). <\/p>\n
3.2 En providencia de 8 de febrero de 2023, el Juzgado mantuvo inc\u00f3lume el auto de 10 de noviembre de 2022, y para este efecto, se apoy\u00f3 en el contenido de los art\u00edculos 451 y 453 del C\u00f3digo General del Proceso, y los argumentos esgrimidos en la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s sostuvo que, \u00abno consign\u00f3 ning\u00fan valor correspondiente a las costas causadas a favor del otro acreedor, situaci\u00f3n que impide la aprobaci\u00f3n del remate\u00bb (C02.Principal, p\u00e1gina 345). <\/p>\n
Se explic\u00f3 que, \u00abciertamente el art\u00edculo 455 de la ley de enjuiciamiento civil previene la advertencia de irregularidades antes de la adjudicaci\u00f3n, empero, no por ello puede la suscrita juez, como directora del proceso, permitir que se adjudique un bien a un acreedor que no tiene derecho a ofertar por cuenta de su cr\u00e9dito, m\u00e1s all\u00e1 de ser una determinaci\u00f3n ir\u00f3nica o arbitraria como lo sugiere la censora, se trata de prevalencia del debido proceso y el correcto adelantamiento de la actuaci\u00f3n\u00bb (C02.Principal, p\u00e1gina 346). <\/p>\n
De igual modo, se dijo que, \u00abal no reunirse los requisitos legales para la adjudicaci\u00f3n del inmueble cautelado, lo procedente era dar aplicaci\u00f3n a las reglas del art\u00edculo 132 del C. G. P., para retrotraer la actuaci\u00f3n irregular\u00bb (C02.Principal, p\u00e1gina 347). <\/p>\n
4. La inconformidad de la accionante con esa providencia se circunscribi\u00f3 a que no se pod\u00eda invalidar lo actuado con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso porque el art\u00edculo 455 ibidem, consagra que, \u00ablas irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n. Las solicitudes de nulidad que se formulen despu\u00e9s de esta no ser\u00e1n o\u00eddas\u00bb. <\/p>\n
De manera que, no debate la conclusi\u00f3n de que ella no tiene la calidad de acreedora de mejor derecho, tampoco que no es \u00fanica ejecutante, y menos que si quer\u00eda participar en la diligencia de remate, independiente del valor de su cr\u00e9dito, deb\u00eda consignar el 40% del aval\u00fao y posteriormente \u00abel saldo de la almoneda\u00bb, solo afirma que, por raz\u00f3n de la referida regla, no se pod\u00eda invalidar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
La anterior queja no puede ser acogida en sede constitucional porque trat\u00e1ndose de ventas forzosas, estas no solo pueden verse afectadas por requisitos de forma, sino tambi\u00e9n de orden sustantivo, y es precisamente el juez en su calidad de director del proceso, el llamado a garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en las normas sustanciales como las que gobiernan la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (art. 2488 del C. C.). <\/p>\n
Sobre el tema la Sala ha explicado que, \u00abel remate de bienes es una venta -aun cuando forzada- que impone la atenci\u00f3n de determinadas formalidades que pueden afectar su validez no solo desde el aspecto procesal, sino desde el sustancial y por tanto, el juzgador est\u00e1 llamado a adoptar las determinaciones necesarias que hagan efectivos los derechos que reconocen las normas sustanciales, de suerte que con el proceder aqu\u00ed reprochado en \u00faltimas se procur\u00f3 evitar que en el orden jur\u00eddico nazca un negocio viciado de nulidad\u00bb (CSJ. STC2136-2019). <\/p>\n
En ese orden, como los art\u00edculos 451 y 453 del C\u00f3digo General del Proceso, establecen ventajas procesales para \u00abquien sea \u00fanico ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho\u00bb, en particular para rematar por cuenta de su cr\u00e9dito, calidad que no tiene la accionante, resulta plausible la conclusi\u00f3n alusiva a que, no pod\u00eda otorgarse preferencia ante la coexistencia de otros acreedores quirografarios, no solo porque con ese proceder se desconocer las citadas reglas que son de car\u00e1cter procesal, sino tambi\u00e9n disposiciones de \u00edndole sustancial, en raz\u00f3n a que el art\u00edculo 2509 del C\u00f3digo Civil, consagra que, los cr\u00e9ditos que no gozan de preferencia se cubren a prorrata. <\/p>\n
5. Cabe se\u00f1alar que, es un deber del juez salvaguardar las prerrogativas de las partes dentro de una diligencia de remate, tema sobre el que esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que, <\/p>\n
\u00ab[\u2026] es al juez natural a quien corresponde efectuar lo propio, aun de oficio, salvaguardar el inter\u00e9s econ\u00f3mico de quienes intervienen como postores en la almoneda, as\u00ed sea por cuenta del cr\u00e9dito, a fin de que una vez se efect\u00fae la \u00abadjudicaci\u00f3n\u00bb los predios objeto de ella pasen efectivamente al dominio del \u00abadjudicatario\u00bb, y eso por cuanto que: El remate es una diligencia que detenta una connotaci\u00f3n legal bipartita, es decir, aparte de ser un acto de raigambre procesal, tambi\u00e9n es un negocio jur\u00eddico en el cual el operador judicial, en pro de lograr la forzosa venta, asume la posici\u00f3n de oferente de los bienes que como propiedad del deudor han sido cautelados, esto es, se yergue cabalmente como vendedor; por supuesto, paladino emerge que tal actividad ha de estar ce\u00f1ida al postulado de la equidad que es com\u00fan a todo proceder jurisdiccional, puesto que, cuando de administrar justicia se trata, como la funci\u00f3n del fallador se circunscribe a \u201cdarle a cada quien lo suyo\u201d, no pueden devenir menguados en manera alguna los derechos que est\u00e1n en juego, premisa que debe tomarse bajo el entendido de que tal obrar ha de velar perennemente por la salvaguarda de la igualdad de oportunidades de las partes en contienda, para que tal prop\u00f3sito en realidad se pueda pregonar, deparando la efectividad de la justicia (\u2026) (CSJ STC, 13 ago. 2012, rad. 01147-01, STC16403-2016, reiterada en STC2136-2019). <\/p>\n
En ese orden, como el Juzgado accionado advirti\u00f3 que se incurri\u00f3 en yerro en la diligencia de remate, consistente en adjudicar a la accionante el inmueble subastado sin tener la calidad de \u00fanico ejecutante o de acreedor de mejor derecho, luce razonable que se hubiese hecho uso del instrumento procesal del control de legalidad, para proteger los derechos de las partes, y ajustar el tr\u00e1mite a lo previsto en los art\u00edculos 451 y 453 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo de no hacerlo, se estar\u00eda incurriendo en un defecto procedimental. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos la Sala explic\u00f3 que, \u00abal advertir el juzgador el craso error en que incurri\u00f3 en la almoneda, \u00e9ste hizo uso de la herramienta jur\u00eddica del \u00abcontrol de legalidad\u00bb, con la finalidad de salvaguardar las prerrogativas de las partes, y dar aplicaci\u00f3n a la norma que en este puntual asunto, deb\u00eda ser seguida, am\u00e9n que de no ser as\u00ed, hubiese incurrido en un defecto procedimental y material, pues el proceso deb\u00eda ce\u00f1irse a lo expresamente dispuesto en el canon 468 del ordenamiento procesal civil vigente\u00bb (CSJ. STC2136-2019). <\/p>\n
6. Es importante resaltar que, el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abagotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u00bb, y que, trat\u00e1ndose de irregularidades no advertidas con anterioridad al remate, contrario a lo que se pretende hacer ver, corresponde al director del proceso, efectuar el correspondiente control de legalidad, en orden a alcanzar el objeto del litigio. <\/p>\n
Sobre el tema la Sala ha ense\u00f1ado que, \u00abAhora, si bien en principio, la argumentaci\u00f3n del juzgador involucrado no luce manifiestamente arbitraria, s\u00ed desconoce sus deberes como director del proceso y, de contera, los derechos de la peticionaria, pues teniendo conocimiento de la situaci\u00f3n memorada, la cual no logr\u00f3 advertirse antes de la almoneda, ha debido efectuar un control de legalidad del decurso en los t\u00e9rminos del hoy vigente art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso y propender por alcanzar el objeto del litigio, esto es, el pago real de la acreencia\u00bb (CSJ. STC16403-2016, reiterada en STC2136-2019). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, para la Corte los argumentos del accionado resultan exentos del capricho, lo que no amerita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, y, las divergencias de interpretaci\u00f3n exteriorizadas por la accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, en particular tratando de hacer ver que, a su juicio, no hab\u00eda lugar a dejar sin efecto el remate y adjudicaci\u00f3n por virtud de una regla de car\u00e1cter procesal y en contra de las normas de car\u00e1cter sustancial que gobiernan la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, no resulta suficiente para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias. <\/p>\n
Lo anterior porque no puede desconocerse que, ante una interpretaci\u00f3n razonable, no hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que esta acci\u00f3n corresponde a un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es motivo para que salga avante, atendiendo que no se trata de un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. STC2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, STC11814-2022 reiteradas en STC2149-2023). <\/p>\n
8. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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