STC3097-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3097-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00046-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Ronald Fabi\u00e1n Oyuela Murillo y Johnathan Andr\u00e9s Ram\u00edrez Oyuela instauraron contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00128-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, por medio de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, inmediatez e igualdad\u00bb, para que se ordenara responder la solicitud que radicaron el 23 de noviembre de 2022. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1alaron que el estrado censurado en el juicio de expropiaci\u00f3n que la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI – inco\u00f3 contra Euclides Oyuela y los herederos determinados e indeterminados de Luz Mary Oyuela Murillo, dispuso la vinculaci\u00f3n de Rodrigo Acosta Rivas y Abelardo Acosta Guzm\u00e1n \u00abcomo terceros en calidad de posibles poseedores del predio objeto de la demanda o de parte de este\u00bb (14 jun. 2022), decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume (30 jun.), sin tener en cuenta que \u00ablos terceros convocados no deben ser parte dentro del proceso, en atenci\u00f3n al art. 399 del C.G.P., no se encuentran legitimados\u00bb y, \u00abla oportunidad que tienen para alegar un posible derecho es en la diligencia de entrega del predio, por tanto se infringe el proceso de expropiaci\u00f3n, lo que puede generar nulidad de lo actuado\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que \u00aben calidad de herederos de la causante Luz Mary Oyuela Murillo\u00bb, el 23 de noviembre de 2022 elevaron petici\u00f3n para que \u00abse ordene liquidar a las partes lo que les corresponda para fraccionar los dineros que se encuentren consignados por la ANI, como indican no haber oposici\u00f3n de ninguna de las partes para en su defecto se ordene la entrega autorizando al Banco Agrario a los aqu\u00ed suscritos\u00bb, sin obtener pronunciamiento alguno, omisi\u00f3n que lesiona sus privilegios esenciales. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal se opuso a la queja por improcedente, dado que \u00abse est\u00e1 utilizando para revivir un t\u00e9rmino vencido\u00bb, aunado a que \u00abcon lo resuelto hasta ahora no se ha vulnerado derecho fundamental a las partes, en la medida que se ha garantizado el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
No obstante, accedi\u00f3 a la salvaguarda respecto \u00aba la no respuesta a la petici\u00f3n del 23 de noviembre de 2022 presentada por los accionantes\u00bb, toda vez que \u00abtranscurri\u00f3 un periodo de tiempo superior al previsto en la normatividad, para que una solicitud obtenga resoluci\u00f3n, incurriendo en vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, mand\u00f3 al iudex recriminado, que \u00abdentro del t\u00e9rmino de cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo de tutela, proceda a decidir la solicitud radicada el 23 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el titular del juzgado accionado, aduciendo que \u00abse culmina imponiendo la orden advirtiendo la violaci\u00f3n al debido proceso. Esto [le] produce confusi\u00f3n en la medida que, si la petici\u00f3n era del resorte del proceso, \u00bfpor qu\u00e9 resolverla por v\u00eda de este derecho y del amparo? Ahora, debo informar que el proceso a\u00fan no ha terminado y los dineros reclamados quedaron condicionados al tr\u00e1mite incidental y posterior a la sentencia, un acto p\u00fablico al que pueden asistir los accionantes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ronald Fabi\u00e1n Oyuela Murillo y Johnathan Andr\u00e9s Ram\u00edrez Oyuela se lamentan por: (i) Los prove\u00eddos de 14 y 30 de junio de 2022, dictados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, a trav\u00e9s de los cuales, se \u00abvincul\u00f3 a los se\u00f1ores Rodrigo Acosta Rivas y Abelardo Acosta Guzm\u00e1n, como terceros en calidad de posibles poseedores del predio objeto de la demanda\u00bb y, ii) Porque no se \u00abdio respuesta a la solicitud que incoaron el 23 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.- No obstante, se anticipa la confirmaci\u00f3n de lo definido por el a quo constitucional, por las siguientes razones. <\/p>\n
2.1.- En lo atinente al primer descontento, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia de la \u00abinmediatez\u00bb que caracteriza la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, comoquiera que entre las fechas de los autos controvertidos (14 de junio y 30 de junio de 2022) y el ejercicio de la acci\u00f3n supralegal (15 feb. 2023), se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer esta herramienta excepcional. <\/p>\n
Ello, toda vez que desde la \u00faltima de tales resoluciones transcurrieron siete (7) meses y diecis\u00e9is (16) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, se ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC088-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide estudiar el fondo de la disputa planteada, porque si los gestores se demoraron en acudir a este instrumento especial, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de un comportamiento indebido atribuible a la agencia querellada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales incoados. <\/p>\n
Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la falta de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en la STC3949-2021, por cuanto los precursores no mencionaron alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir tempestivamente a esta especial\u00edsima v\u00eda. <\/p>\n
2.2.- Cosa distinta acontece en torno a la inconformidad \u00abpor la falta de pronunciamiento de la solicitud radicada el 23 de noviembre de 2022\u00bb, con la que los quejosos pretenden \u00abse procediera a liquidar y fraccionar los dineros que se encuentran consignados por la parte demandante por concepto de indemnizaci\u00f3n, y se ordene su entrega\u00bb, en tanto al momento de interponer esta \u00abacci\u00f3n tuitiva\u00bb no hab\u00eda sido zanjada. <\/p>\n
2.2.1.- En efecto, evocase que al formularse \u00absolicitudes\u00bb ante las autoridades judiciales, calificadas por los interesados como \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb, concernientes con pleitos a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales el promotor busca adelantar una actuaci\u00f3n propia del rito o la emisi\u00f3n de una \u00abprovidencia\u00bb, de aqu\u00e9llas cuando se suplica una actividad administrativa. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con el expediente y se rigen por las reglas del mismo. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb y son susceptibles de custodiarse por esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los \u00abprocesos judiciales\u00bb, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo relatado se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha predicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026\u201d (STC8023-2020, reiterada en STC6517-2021 y STC106-2023). <\/p>\n
Como quiera que los requerimientos de los querellantes se han relacionado con cuestiones de car\u00e1cter jurisdiccional ante el despacho recriminado, no hay lugar a establecer el quebranto del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, sino al \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2.2.- Precisado lo anterior, se advierte que lo solventado en primera instancia con referencia a este punto tambi\u00e9n debe refrendarse, porque no se acredit\u00f3 que la \u00absolicitud\u00bb formulada por los precursores haya sido atendida, es m\u00e1s ni siquiera la autoridad demandada se refiri\u00f3 frente a este reparo en su r\u00e9plica. <\/p>\n
Con dicha \u00abomisi\u00f3n\u00bb se desatendi\u00f3 \u00abel debido proceso\u00bb y con ello, la eficacia que debe caracterizar a los funcionarios p\u00fablicos en sus actuaciones, por lo que hab\u00eda lugar a prohijar el patrocinio suplicado, como en efecto aconteci\u00f3. <\/p>\n
3.- Lo discurrido conlleva a la ratificaci\u00f3n de la directriz opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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