STC3100-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3100-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2023-00018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 15 de febrero de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga en la acci\u00f3n de tutela que Pedro inco\u00f3 contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tulu\u00e1, con ocasi\u00f3n del proceso de restablecimiento de derechos 2022-00565. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Cuestion\u00f3 el proceder de la autoridad demandada al verificar que exist\u00eda nulidad de las actuaciones adelantadas ante la Comisar\u00eda de Familia por la no vinculaci\u00f3n del ministerio p\u00fablico, pues en su criterio, el auto aqu\u00ed recusado (i) pas\u00f3 por alto que la autoridad administrativa de Familia ya perdi\u00f3 competencia para conocer del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, pues transcurrieron m\u00e1s de los seis meses que le otorga la Ley 1098 de 2006, en consecuencia le correspond\u00eda la juzgado seguir adelantando la actuaci\u00f3n para subsanar los yerros pertinentes y (ii) que el fallador encartado err\u00f3 al considerar que el tr\u00e1mite administrativo constituye la primera instancia del procedimiento de restablecimiento de derechos, argumento con el cual condujo esta decisi\u00f3n con falta de motivaci\u00f3n aduciendo que no pod\u00eda continuar conociendo del asunto 2022-00565 toda vez que incurrir\u00eda en nulidad por falta de competencia funcional. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 en consecuencia ordenar al despacho fustigado continuar asumiendo la competencia del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor Juanita. <\/p>\n
RESPUESTAS Y CONTESTACIONES <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tulu\u00e1 remiti\u00f3 link de acceso al expediente digital del proceso de restablecimiento de derechos 76-2022-00565-00, y manifest\u00f3 que acatar\u00eda la decisi\u00f3n que se adoptare en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia de Tulu\u00e1 en lo relativo a la ausencia de notificaci\u00f3n del Ministerio Publico se\u00f1al\u00f3 que era carga del Defensor de Familia del ICBF, que no tiene conocimiento si esa notificaci\u00f3n se hizo o no, aunque sabe que no hay constancia en el expediente. <\/p>\n
Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que en el proceso se han saneado las nulidades causadas. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de Tulu\u00e1 manifest\u00f3 atenerse a lo que en este tr\u00e1mite constitucional se decida. <\/p>\n
4. Daniela, madre de la menor manifest\u00f3 estar de acuerdo con el tr\u00e1mite adelantando ante la Comisar\u00eda Primera de Familia, en consecuencia, solicit\u00f3 negar el resguardo por improcedente, toda vez que no se han cumplido los t\u00e9rminos de los que versa el art\u00edculo 103 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, el cual establece 18 meses para el seguimiento de las medidas transitorias de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Novena Judicial II para la Defensa de la Ni\u00f1ez, Adolescencia. La Mujer y la Familia del Distrito de Guadalajara de Buga se\u00f1al\u00f3 que le asiste raz\u00f3n al accionante, pues la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Remitir al fallador fustigado ocurri\u00f3 10 meses despu\u00e9s de avocar conocimiento, situaci\u00f3n bajo la cual se evidencia su falta de competencia actual. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo constitucional invocado por considerar que no existe la vulneraci\u00f3n enrostrada, pues se dio cumplimiento a un precedente jurisprudencial que as\u00ed dispone proceder cuando se declara la nulidad del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos. Adujo que en este caso a\u00fan la Comisar\u00eda cuenta con competencia puesto que est\u00e1 dentro de los seis meses de seguimiento a la situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de los derechos de la menor. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, reiterando los argumentos de su escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Es que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, el juez de tutela debe intervenir con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que el afectado carezca de otros medios de protecci\u00f3n judicial. Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (…) (STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 0183, reiterada en STC4269, 16 abr. 2015) <\/p>\n
3. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que se configura una v\u00eda de hecho, entre otras razones, cuando \u00abla decisi\u00f3n que toma el juez desborda el marco de acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto\u00bb o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del marco normativo que rige en ese proceso (CC, T- 367 de 2018). <\/p>\n
Lo anterior se conoce como defecto sustantivo, y cuando sucede, el juez constitucional queda habilitado para intervenir frente a la actuaci\u00f3n judicial que se critica y con ello, reconducir el proceso de conformidad con la constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
4. Memorando las quejas del promotor, es pertinente para la sala entrar a recordar las reglas que por interpretaci\u00f3n de la ley 1098 de 2006 se ha dado al tr\u00e1mite correspondiente cuando se declara la nulidad del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos, esto con el prop\u00f3sito de resolver cada una de las quejas propuestas y aclarar el procedimiento a las autoridades aqu\u00ed demandadas. <\/p>\n
5. Esta Sala ha se\u00f1alado de manera pac\u00edfica que cuando se decreta la nulidad del proceso de restablecimiento de derechos despu\u00e9s de que la autoridad administrativa, en el t\u00e9rmino legal, ha proferido la decisi\u00f3n de fondo, el asunto debe devolverse para que se surta dicha fase inicial siempre que el t\u00e9rmino de los 6 meses no se hubiere agotado, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab\u2026Por otra parte, no es cierto como lo propone la gestora, que en el sub lite, conforme a los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1878 de 2018, que vari\u00f3 la regla 100 de la Ley 1098, le corresponda al juzgado objetado \u2018renovar la actuaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Los procesos en cuesti\u00f3n, por regla general, son definidos por dos instancias. La primera, en sede administrativa, por el Defensor de Familia, y la segunda, por el juez de esa especialidad. Excepcionalmente, la controversia se zanja en \u00fanica instancia, esto es, cuando el Defensor de Familia no dilucida el asunto en el plazo de seis (6) meses, caso en el cual pierde competencia y debe remitirlo al juez para que lo dirima en un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) meses (CSJ STC 13938-2019). <\/p>\n
\u2026el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 119 ibidem establece: <\/p>\n
\u2018Competencia del juez de familia en \u00fanica instancia. Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en \u00fanica instancia: <\/p>\n
4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia (\u2026)\u2019. <\/p>\n
En armon\u00eda con ello, los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 100 ejusdem prev\u00e9n las reglas que deben seguirse en caso de que dentro o fuera del tiempo que dure la actuaci\u00f3n administrativa se advierta una nulidad;\u2026 <\/p>\n
Significa esto, que cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdi\u00f3 competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuaci\u00f3n correspondiente hasta su finalizaci\u00f3n, es el juez, quien por ende deber\u00e1 adelantarla en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la \u00faltima el juez de familia revisa la resoluci\u00f3n del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le se\u00f1alar\u00e1 al Defensor \u2018la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u2019, por ser \u00e9l quien la adelant\u00f3 (inciso final del art\u00edculo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podr\u00e1n enmendarse los yerros cometidos en el curso del \u2018procedimiento administrativo\u2019, a fin de que la resoluci\u00f3n que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el tr\u00e1mite por el propio juez, se pretermitir\u00eda, sin sustento legal alguno, la \u2018instancia administrativa\u2019, y se incurrir\u00eda en \u2018nulidad por falta de competencia funcional\u2019. <\/p>\n
Bajo estos lineamientos, deben distinguirse tres hip\u00f3tesis: <\/p>\n
La primera, cuando el Defensor de Familia advierte una nulidad antes del vencimiento para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor en sede administrativa, caso en el cual estar\u00e1 habilitado para declararla. <\/p>\n
La segunda, cuando dicho plazo ha fenecido, evento en el que el Defensor, por haber perdido competencia, no podr\u00e1 invalidar lo actuado, y tendr\u00e1 que remitir el caso al servidor judicial, quien, de considerarlo pertinente, invalidar\u00e1 el procedimiento, pero lo tendr\u00e1 que reanudar hasta desatarlo, en \u00fanica instancia, eso s\u00ed, en el plazo de dos (2) meses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomal\u00eda, dentro del semestre comentado dicte la decisi\u00f3n correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarar\u00e1, pero dispondr\u00e1 que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad. <\/p>\n
En el sub examine, se tiene que la Defensora de Familia de Neiva recibi\u00f3 por reparto la solicitud de restablecimiento de derechos el 24 de julio de 2019, y resolvi\u00f3 el 19 de diciembre de ese a\u00f1o, es decir, dirimi\u00f3 la cuesti\u00f3n dentro de los 6 meses consagrados en la Ley de Infancia. Significa entonces, que, como lo orden\u00f3 el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva en el auto rebatido, es a la Defensor\u00eda de Familia a quien corresponde \u2018reanudar la actuaci\u00f3n administrativa\u2019, hasta expedir una nueva directriz que la desate y, no, a dicha agencia judicial. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la decisi\u00f3n de conminar a la Defensora a renovar el proceso administrativo es razonable, toda vez que se edifica en las normas aplicables al caso\u00bb (Subraya la Sala. Fallo de tutela del 7 de mayo de 2020, expediente 2020-00054-01). <\/p>\n
6. De lo citado se desprende que si bien se ha interpretado la existencia de dos instancias en los procesos de restablecimiento de derechos, una administrativa y otra judicial, se ha puesto como condici\u00f3n la tempestividad con la que puede tramitarse la primera de ellas, precisando que cuando se declare la nulidad de este tr\u00e1mite bien sea por el defensor de familia o por el juez al hacer control de legalidad, solo ser\u00e1 posible que la autoridad administrativa rehaga la actuaci\u00f3n si a\u00fan se est\u00e1 dentro de los seis meses de los que versa la ley 1098 de 2006. <\/p>\n
De suerte que, si el t\u00e9rmino de seis meses se super\u00f3 cuando la nulidad fue encontrada, por quien fuere, el asunto se surtir\u00e1 en \u00fanica instancia por el juez de familia. <\/p>\n
7. Precisada la regla anterior, procede esta sala a desatar la impugnaci\u00f3n formulada advirtiendo que se conceder\u00e1 el resguardo invocado, como pasar\u00e1 a exponerse: <\/p>\n
7.1. En efecto, revisada la actuaci\u00f3n del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cali, se observa que este incurri\u00f3 en desafuero al interpretar indebidamente las reglas procesales que en aplicaci\u00f3n de la ley 1098 de 2006 ha realizado esta colegiatura, pues si bien es cierto que el tr\u00e1mite de restablecimiento en principio cuenta con dos instancias, lo cierto es que la etapa administrativa debe agotarse siempre en el t\u00e9rmino de seis (6) meses, y si esto no se concluye, o habi\u00e9ndose cumplido se declara su nulidad solo puede regresar a esa sede si a\u00fan se est\u00e1 dentro de plazo semestral precisado. <\/p>\n
7.2. En este sentido, al margen de que el promotor comparta o no la existencia de dos instancias reconocidas al interior de los tr\u00e1mites de restablecimiento de derechos de menores, lo cierto es que, en lo que s\u00ed le asiste raz\u00f3n en la intempestividad con la que el Juzgado de Familia le regresa el tr\u00e1mite a la autoridad administrativa, puesto que ya perdi\u00f3 competencia para ello y en consecuencia lo que corresponde es que la autoridad judicial lo resuelva ahora en \u00fanica instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n: <\/p>\n
Primero: Revoca la decisi\u00f3n proferida por Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga en la acci\u00f3n de tutela que Pedro inco\u00f3 contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tulu\u00e1. <\/p>\n
Segundo: Concede el amparo al derecho fundamental al debido proceso a Pedro, en el tr\u00e1mite aqu\u00ed fustigado. <\/p>\n
Tercero: Ordena al Juzgado Primero Promiscuo de Familia, asumir conforma a las consideraciones expuestas en esta sentencia la competencia para decidir el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos de la menor Juanita. <\/p>\n
Cuarto: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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