STC3102-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3102-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01076-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jorge Enrique Franco de la Rosa contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado 6 Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Bancolombia S.A., Carpego S.A.S. y a Roque Jacinto Redondo Torres. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el juicio de radicado 13001310300520040009000 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Conavi, hoy Bancolombia, promovi\u00f3 un proceso ejecutivo hipotecario contra Roque Jacinto Redondo Torres, para el pago de $39.336.496.27, m\u00e1s los intereses corrientes y moratorios. <\/p>\n
2.2. El 19 de marzo de 2004, el Juzgado de conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo y secuestro de los bienes hipotecados de propiedad del ejecutado, quien formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, que el Juzgado declar\u00f3 no probadas el 12 de octubre de 2006, decisi\u00f3n en la que, adem\u00e1s, dispuso la venta en p\u00fablica subasta y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n1. <\/p>\n
2.3. Los bienes fueron adjudicados el 7 de abril de 2011 y el remate se aprob\u00f3 el 2 de junio siguiente. <\/p>\n
2.4. El 20 de noviembre de 20122, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, al resolver la alzada interpuesta por el apoderado de la parte ejecutada, revoc\u00f3 el auto del 2 de junio de 2011 y dej\u00f3 sin efectos la diligencia de remate, al tiempo que orden\u00f3 un nuevo aval\u00fao de los bienes. <\/p>\n
2.5. El Consejo Superior de la Judicatura de Bol\u00edvar remiti\u00f3 el proceso al Juzgado 6 Civil del Circuito de Cartagena, el cual, por prove\u00eddo del 9 de noviembre de 2015, acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito que Bancolombia realiz\u00f3 a Reintegra SAS. Posteriormente, se realiz\u00f3 una nueva cesi\u00f3n a Carpego SAS, que el Juzgado acept\u00f3 el 29 de agosto de 2017. <\/p>\n
2.6. El 15 de julio de 20193, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena neg\u00f3 la solicitud de ilegalidad instaurada por la parte ejecutada, siguiendo el proceso su curso respectivo. <\/p>\n
2.7. El se\u00f1or Jorge Enrique Franco de la Rosa, quien fungi\u00f3 como apoderado del ejecutado, aduciendo ahora ser acreedor de este en virtud de un proceso laboral que inici\u00f3 en su contra para el pago de unos honorarios profesionales4, solicit\u00f3 en el proceso ejecutivo la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, que oper\u00f3 el 9 de agosto de 2000, y de la acci\u00f3n ejecutiva, configurada el 9 de agosto de 2005, frente a lo cual el Juzgado 6 Civil del Circuito de Cartagena, mediante prove\u00eddo del 4 de abril de 20225, las neg\u00f3 y, adem\u00e1s, declar\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n como acreedor de la parte ejecutada. La decisi\u00f3n fue objeto de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n y, el 8 de septiembre de 20226, el Juzgado no repuso su determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.8. El 8 de noviembre de 20227, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena confirm\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por el a quo y, el 14 de marzo del a\u00f1o en curso, el Juzgado dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el Superior. <\/p>\n
2.9. El actor censura las providencias que negaron la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, dado que, en su sentir, con ese accionar se estar\u00edan afectando sus derechos al cobro de honorarios, el m\u00ednimo vital y su congrua subsistencia, pues, de liberarse los bienes embargados en el proceso ejecutivo, entrar\u00edan a respaldar la acci\u00f3n de cobro en el proceso laboral que \u00e9l instaur\u00f3 contra el se\u00f1or Roque Jacinto Redondo Torres. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pide revocar las decisiones de las autoridades judiciales accionadas y que se conceda la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n alegada en el proceso ejecutivo, \u00abas\u00ed el deudor la haya renunciado, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 3 de la ley 791 de 2002\u00bb, para lo cual trajo a colaci\u00f3n la sentencia CSJ STC5248-2021, que consagra la posibilidad de revisar los t\u00edtulos y los mandamientos de pago aun cuando exista auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado pidi\u00f3 negar el amparo, por no existir vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
2. Bancolombia S.A. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por no ser la entidad encargada de velar por la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. La Sala accionada defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con las providencias emitidas por las autoridades judiciales accionadas el 4 de abril y el 8 de noviembre, ambas de 2022, en el proceso 2004-00090. <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en la decisi\u00f3n emitida el 8 de noviembre de 2022, pues fue la que zanj\u00f3 el debate, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada precis\u00f3, inicialmente, que, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia del se\u00f1or Jorge Enrique Franco de la Rosa y bajo una amplia interpretaci\u00f3n normativa, el auto del 4 de abril de 2022, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, era apelable, en consideraci\u00f3n a \u00abla perspectiva de que impl\u00edcitamente se est\u00e1 reconociendo la intervenci\u00f3n del tercero -n\u00fam. 2 art. 321- y se est\u00e1 negado de plano la formulaci\u00f3n de una excepci\u00f3n de m\u00e9rito -n\u00fam. 4 art. 321-\u00bb. <\/p>\n
Luego, estableci\u00f3 que el ejecutado controvirti\u00f3, por v\u00eda de excepci\u00f3n, el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, lo cual \u00abse decidi\u00f3 mediante sentencia -art. 278 CGP- de 12 de octubre de 2006 que neg\u00f3 los medios de defensa y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n que, en efecto, llevaba a concluir, como lo hizo el a quo, que \u00abformular hoy nuevamente el medio exceptivo por quien fuera el apoderado del demandado ya en calidad de acreedor, desconoce la naturaleza de las decisiones judiciales y el fen\u00f3meno de la preclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, se refiri\u00f3 a los art\u00edculos 2513 del C.C. y 2 de la Ley 791 de 2002 y a la jurisprudencia de esta Sala, en particular a la sentencia CSJ SC3598-2020, que aluden a la posibilidad de un acreedor de concurrir a la jurisdicci\u00f3n por la v\u00eda oblicua o de sustituci\u00f3n, con la finalidad de reclamar para s\u00ed un derecho del que su deudor abandona, es decir, la habilitaci\u00f3n de un acreedor para promover las acciones y eventualmente las excepciones que su deudor no formula. <\/p>\n
Frente a ello precis\u00f3 que , en este caso, no era necesario analizar el inter\u00e9s del interviniente para formular su reclamaci\u00f3n, pues lo cierto era que la propuesta de prescripci\u00f3n del nuevo acreedor, 16 a\u00f1os despu\u00e9s de haberse resuelto, era totalmente inviable y extempor\u00e1nea, m\u00e1xime teniendo en cuenta que el mismo ejecutado ejerci\u00f3 en el proceso su derecho de defensa al presentar las excepciones, raz\u00f3n que llevaba a concluir que la \u00abintemporalidad pregonada por el interviniente contraviene el principio de preclusi\u00f3n como lo contempla el art\u00edculo 70 del CGP\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, al ser improcedente la intervenci\u00f3n del tercero y la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de reproche. <\/p>\n
3. Como se observa, la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas a la luz de la normatividad aplicable y bajo una hermen\u00e9utica plausible, que no luce antojadiza, descabellada o irrazonable y, por tanto, no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. Al respecto, se evidencia que el Tribunal accionado estableci\u00f3 que, al haberse proferido la sentencia del 12 de octubre de 2006, mediante la cual se negaron las excepciones propuestas por el ejecutado Roque Jacinto Redondo Torres y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, se defini\u00f3 el derecho y se otorg\u00f3 la convicci\u00f3n respecto de las reclamaciones presentadas en el proceso tanto para el demandante como para el demandado y por extensi\u00f3n para los terceros. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, pues, en efecto, lo relativo a las excepciones propuestas por el demandado se neg\u00f3 desde el a\u00f1o 2006, cuando se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la tutela no est\u00e1 llamada a prosperar. En ese sentido, debe precisarse que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 258-261 archivo Pruebas.pdf del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 657 y 666 a 671 archivo Pruebas.pdf del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 914 a 917 archivo Pruebas.pdf del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Acredita su condici\u00f3n con mandamiento de pago de 4 de agosto de 2021 a su favor, proferido por el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
5\u0002 16.AutoResuelve Denegar la Solicitud incoada Jorge Enrique Franco de la Rosa. Pdf del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 23.AutoResuelveRecurso.Pdf del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 27.AutoDecide Tribunal. Pdf del expediente digital. <\/p>\n
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STC3102-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3102-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01076-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jorge Enrique Franco de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72116","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72116\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}