STC3105-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3105-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por H\u00e9ctor Javier Ram\u00edrez Pel\u00e1ez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Treinta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Ana Luc\u00eda Pineda Ordu\u00f1a, Leonor Josefina Mart\u00ednez Carrasquilla y al Grupo de Inversionistas CMT S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas en el juicio 11001310301020190015600 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ana Luc\u00eda Pineda Ordu\u00f1a promovi\u00f3 una demanda de entrega del tradente al adquirente contra Leonor Josefina Mart\u00ednez Carrasquilla y el Grupo de Inversiones CMT S.A.S., con el fin de que se dispusiera la entrega material del \u00abapartamento 403 y garaje 26 del edificio Catalu\u00f1a Galer\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Surtidos los tr\u00e1mites pertinentes, el 12 de febrero de 2020, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 orden\u00f3 a los accionados entregar el bien a la demandante. <\/p>\n
2.3. El 27 de febrero siguiente se comision\u00f3 la entrega del inmueble, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado 38 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.4. El 18 de mayo del 2021, ese estrado judicial realiz\u00f3 la diligencia, en la cual no se admiti\u00f3 la oposici\u00f3n interpuesta por el tutelante, se concedi\u00f3, en el efecto devolutivo, la alzada impetrada por su apoderado y se efectu\u00f3 la entrega del inmueble a la actora, Ana Lucia Pineda Ordu\u00f1a. <\/p>\n
2.5. El 24 de noviembre de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en ejercicio de la facultad contemplada en el art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso1, confirm\u00f3 el auto que no admiti\u00f3 la oposici\u00f3n del censor. <\/p>\n
2.6. El actor aduce que no se valor\u00f3 adecuadamente el material probatorio allegado, en especial, el pago del impuesto predial durante 15 a\u00f1os, lo establecido por el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en cuanto que el inmueble no estaba a su disposici\u00f3n, ni las declaraciones rendidas, todo lo cual acreditaba la posesi\u00f3n material del inmueble objeto de litigio, aunado a que el juez comisionado \u00aballan\u00f3 el inmueble de forma ilegal sin haber comunicado nunca la diligencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil de Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 negar el amparo, dado que su determinaci\u00f3n se ajust\u00f3 a las normas procesales que regulan la materia. <\/p>\n
2. Los Juzgados 10 Civil del Circuito y 38 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n defendieron la legalidad de sus decisiones. <\/p>\n
3. Quien adujo ser la apoderada de la se\u00f1ora Ana Luc\u00eda Pineda Ordu\u00f1a, pidi\u00f3 negar el amparo, dado que los despachos judiciales accionados respetaron el debido proceso y jam\u00e1s violaron el derecho a la defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con las decisiones emitidas por las autoridades judiciales accionadas en el proceso 2019-00156, en cuanto no admitieron la oposici\u00f3n por \u00e9l presentada en la diligencia de la entrega del inmueble en disputa. <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en la providencia emitida el 24 de noviembre de 2022, pues fue la que zanj\u00f3 el debate, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada indic\u00f3 quienes pueden oponerse a la entrega, siempre que demostraran la posesi\u00f3n alegada en el momento en el que se efect\u00faa la diligencia, la cual se encuentra constituida por \u00abel corpus y el animus\u00bb, citando, para el efecto, el criterio que expuesto por esta Sala en la sentencia CSJ SC1716-2018. <\/p>\n
2.1. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal destac\u00f3 que cuando se practic\u00f3 la diligencia el inmueble estaba desocupado y en abandono, raz\u00f3n por la cual el Juzgado acudi\u00f3 a un cerrajero para entrar, sumado a que el guardia de seguridad de la unidad por los dos \u00falitmos a\u00f1os, Alberto Gonz\u00e1lez Cabrera, manifest\u00f3 que el inmueble no estaba habitado, que no conoc\u00eda al opositor y que la persona que a veces visitaba el inmueble era el se\u00f1or Jairo Andr\u00e9s Bonilla, respecto de quien no se advirti\u00f3 conexi\u00f3n alguna con el solicitante que diera entender que actuaba en su nombre. <\/p>\n
2.2. Igualmente, al analizar el certificado de tradici\u00f3n, evidenci\u00f3 que no ten\u00eda anotaci\u00f3n alguna que \u00ablimitara el derecho de dominio y le de publicidad, ya sea por un proceso civil o de ser el caso penal\u00bb, ni que el opositor hubiese sido propietario, siendo la actora la persona que ostentaba la propiedad del inmuble el 17 de agosto de 2016. <\/p>\n
2.3. Tambi\u00e9n estudio el interrogatorio de parte de la demandante y la declaraci\u00f3ni de la comisionista para la compra, quienes dieron cuenta de las situaciones que impidieron el pleno goce como propietaria desde el momento de la compraventa. <\/p>\n
2.4. Finalmente, resalt\u00f3 que las pruebas documentales incorporadas en la diligencia eran del a\u00f1o 2016, es decir, ni siquiera eran cercanas a la fecha en que se adelant\u00f3 esa actuaci\u00f3n (2021), para la cual debi\u00f3 acreditar el ejercicio de la posici\u00f3n, sumado a que no eran precisas para establecer los actos de se\u00f1or y due\u00f1o en forma exclusiva, excluyente y continua a esa fecha. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, concluy\u00f3 que no era admisible la oposici\u00f3n presentada y, en consecuencia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
3. Como se observa, la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas, a la luz de la normatividad aplicable y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no luce irrazonable y, por tanto, no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2. Como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar, dado que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. Asimismo, esta Corte2 tiene sentado que este mecanismo no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual, como se dijo, es inviable. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por el cual, corresponde a las salas de decisi\u00f3n de los Tribunales, entre otros, dictar los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. <\/p>\n
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