STC3106-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3106-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00134-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia del 2 de febrero del a\u00f1o en curso, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela radicada por la Universidad de Antioquia contra la Sala hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Laboral) y el Juzgado Segundo Laboral, ambos de Medell\u00edn, Ramiro Alberto Aguilar Vel\u00e1squez, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el asunto que suscit\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora deprec\u00f3, mediante apoderada judicial, la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por la Colegiatura repelida, para lo cual solicit\u00f3 dejar sin efectos las sentencias \u00abSL2392-2022 y SL3368 de 2022\u00bb, proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, quedando inc\u00f3lume la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn el 22 de septiembre de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El fundamento f\u00e1ctico relevante es el que se relaciona a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Segundo Laboral de Medell\u00edn se surti\u00f3, bajo el radicado 05001310500220170096300, proceso interpuesto por Ramiro Alberto Aguilar Vel\u00e1squez en contra de la accionante, el cual culmin\u00f3 en primera instancia con sentencia del 28 de mayo de 2019, denegatoria de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n fue objeto del grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, que mediante providencia del 22 de septiembre de 2020 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
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2. El demandante en el proceso ordinario laboral interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, resuelto por la Colegiatura accionada mediante sentencia SL2392-2022 adiada el 13 de julio de 2022, que cas\u00f3 el fallo impugnado y, posteriormente, con prove\u00eddo SL3368-2022, proferido el 28 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, entre otras decisiones revoc\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Medell\u00edn y conden\u00f3 a la Universidad de Antioquia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La entidad tutelante critic\u00f3 la decisi\u00f3n del juez extraordinario pues, a su juicio, constituye violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, desconoce el precedente judicial y la normatividad que regula el caso, lo que configura vulneraci\u00f3n al debido proceso, puesto que seg\u00fan lo regulado en el Acto Legislativo 01 de 2005, las reglas de car\u00e1cter pensional establecidas en convenciones colectivas no pueden producir efectos m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
As\u00ed mismo adujo que dej\u00f3 de lado los precedentes de la Corte en asuntos de tal \u00edndole, como las sentencias \u00abSL 31000, 31 en. 2007, reiterada en SL 30077, 23 en. 2009, SL 39797, 24 abr. 2012, SL1409-2015 y SL4963-2016 \u2013citadas a su vez en sentencia SL2543- 2020, Radicaci\u00f3n n.\u00b0 60763, Magistrado Ponente Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador\u00bb, por lo que considera imposible que existan beneficios convencionales de manera posterior al 31de julio de 2010, salvo que se trate de derechos adquiridos, situaci\u00f3n que no se presenta en el presente asunto. <\/p>\n
Indic\u00f3 la actora que existe norma que regula los incrementos pensionales, como lo es la Ley 100 de 1993 (art\u00edculo 14), normativa que fue omitida configurando defecto sustantivo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n requerida se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Laboral de Medell\u00edn sostuvo que la acci\u00f3n de tutela no contiene pretensiones en su contra, por lo tanto considera que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Laboral, dijo que profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia el 22 de septiembre de 2020, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de causa para pedir e inexistencia de la obligaci\u00f3n de incremento del 15% a cargo de la Universidad, propuesta por esta \u00faltima, confirmando la decisi\u00f3n absolutoria de primera instancia, no obstante la Sala Laboral del la Corte Suprema de Justicia, tras realizar un an\u00e1lisis e interpretaci\u00f3n de la jurisprudencia y normas aplicables al caso, consider\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones formuladas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Gloria Cecilia Gallego, quien indic\u00f3 que actu\u00f3 como apoderada judicial dentro del proceso ordinario laboral y de la seguridad social promovido por Ramiro Alberto Aguilar Vel\u00e1squez, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar que los soportes jur\u00eddicos y de hecho de las sentencias cuestionadas \u00abse ofrecen como dos decisiones judiciales razonables que se ajustan a la normatividad laboral aplicable al caso all\u00ed debatido, al tiempo que son providencias que guardan uniformidad con los precedentes jurisprudenciales CSJ SL1149-2022 y SL5108- 2020, donde la Sala especializada en temas laborales, de la Corte Suprema de Justicia, resolvi\u00f3 de manera id\u00e9ntica otros asuntos donde se involucraba a la Universidad de Antioquia y la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas 14 y 15 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977, suscrita entre esa entidad y su sindicato de trabajadores\u00bb. <\/p>\n
Considerado que las decisiones atacadas no contienen postura caprichosa, infundada o extra\u00f1a al precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, quien persisti\u00f3 en sus ataques y discrep\u00f3 de las conclusiones del juzgador a quo constitucional, dado que no realiz\u00f3 estudio de los defectos materiales o sustantivos, el desconocimiento del precedente y la vulneraci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del caso expuesto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, con connotaci\u00f3n subsidiaria y residual que no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez, ac\u00e1 satisfecho al subsumirse la disputa en el \u00e1mbito imprescriptible e irrenunciable de las pensiones (CC T-217\/13). <\/p>\n
2. Pues bien, los fallos CSJ SL2392, 13 jul. 2022 -que cas\u00f3 la sentencia del 22 de septiembre de 2020 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn-, y el sustitutivo CSJ SL3368, 28 sep. 2022 rad. 90172, dimanados de la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n accionada, no evidencia la transgresi\u00f3n a derechos fundamentales alegada por la tutelante, en raz\u00f3n a que, el primero, plante\u00f3 el problema jur\u00eddico circunscribi\u00e9ndolo a determinar si hubo error al considerar que la cl\u00e1usula consignada en la convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y su Sindicato de Trabajadores, relacionada con el incremento pensional establecido en la ley 4 de 1976, se debe aplicar a la pensi\u00f3n que hoy disfruta Ramiro Alberto Aguilar Vel\u00e1squez. <\/p>\n
Y remiti\u00e9ndose a la sentencia SL1149 de 2022, en la cual la Corte aclar\u00f3 que ante un eventual conflicto al momento de interpretar una norma convencional debe aplicarse el principio de favorabilidad, consider\u00f3 desacertada la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn seg\u00fan la cual tal convenci\u00f3n colectiva no era aplicable al reajuste pensional establecido en la ley 4 de 1976. <\/p>\n
En efecto, en tal determinaci\u00f3n dicho estrado judicial argument\u00f3: <\/p>\n
\u00abRecientemente la Corte interpret\u00f3 con autoridad el sentido de la discutida cl\u00e1usula, aclarando que ante \u00abun eventual dilema interpretativo de una norma convencional, lo razonable es que su sentido se desentra\u00f1e con apego al citado principio[favorabilidad], elevado a rango constitucional por la Carta Pol\u00edtica de 1991, que parte del supuesto de la existencia de dos o m\u00e1s interpretaciones s\u00f3lidas contrapuestas\u00bb (CSJ SL1149-2022). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con sustento en el anterior criterio jurisprudencial, resulta desacertada la interpretaci\u00f3n que el colegiado le extendi\u00f3 al aparte convencional antes trascrito, para con ello consentir que, al accionante, no le era aplicable el reajuste pensional que aparece previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusi\u00f3n relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor del demandante, dada la fecha en que se caus\u00f3 su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n -ario 2002-, el que, atendiendo la correcta interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido, la acusaci\u00f3n sale avante y, en consecuencia, se casar\u00e1 la sentencia impugnada.\u00bb <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no se advierte arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento jur\u00eddico, lo que desdice de las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en este mecanismo excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela mero desacuerdo en torno a la forma en que la Colegiatura accionada dispuso revocar el fallo de apelaci\u00f3n, lo cual result\u00f3 adverso a sus intereses, pues considera que aplicar la ley 4 de 1976 al incremento pensional del se\u00f1or Aguilar Vel\u00e1squez va en contrav\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por cuanto aplica una norma derogada en virtud de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, aunado a que esta yendo en contra de la sostenibilidad financiera de sistema pensional. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, aduce la actora que est\u00e1 en contrav\u00eda del precedente jurisprudencial puesto que \u00abde acuerdo con lo contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2005 y la interpretaci\u00f3n que de \u00e9ste han hecho tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, no es viable que existan beneficios convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, salvo que se trate de derechos adquiridos, ante lo cual debe anunciarse, que el reajuste autom\u00e1tico anual a la pensi\u00f3n no constituye derecho adquirido alguno; con lo cual el fallo cuestionado infringe directamente la Constituci\u00f3n, al reconocer un beneficio convencional luego de la fecha l\u00edmite en que \u00e9stos se pod\u00edan percibir.\u00bb (Subraya y negrilla del original), por lo que la solicitud de reajuste pensional solicitado por el demandante se realiz\u00f3 de manera posterior a la p\u00e9rdida de vigencia de las condiciones pactadas en la convenci\u00f3n colectiva. <\/p>\n
Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
As\u00ed pues, es claro que disentir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, s\u00ed en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
3. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio la impugnaci\u00f3n, no sin antes recordar, con ocasi\u00f3n del soslayo de jurisprudencia atribuido en los reproches, que para esta Magistratura es crucial el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad del amparo, no atisbadas en el debate sub examine. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los precedentes CSJ STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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