STC3112-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3112-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Carolina Dur\u00e1n Castilla, quien dice actuar como apoderada de Juan Guillermo y Luis Andr\u00e9s Burgos Ram\u00edrez, Mar\u00eda Beatriz Ram\u00edrez Guti\u00e9rrez y Luis Guillermo Burgos Gonz\u00e1lez, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot y a Petrobras Colombia Combustibles S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quienes dice representar, con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo de radicado 25290310300220190016800 (01).<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 5 de septiembre de 2019, Petrobras Colombia Combustibles S.A., promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Luis Andr\u00e9s y Juan Guillermo Burgos Ram\u00edrez, Mar\u00eda Beatriz Ram\u00edrez Guti\u00e9rrez y Luis Guillermo Burgos Gonz\u00e1lez, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor, por los valores a los que fueron condenados en el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios que se tramit\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble que fue promovido en su contra ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot. <\/p>\n
2.2. El 15 de octubre de 2019, el Juzgado libr\u00f3 mandamiento de pago, que fue corregido el 13 de noviembre de 2019, tr\u00e1mite en el que los demandados formularon las excepciones de prescripci\u00f3n y caducidad, las cuales fueron desestimadas por el despacho judicial, que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 17 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.3. El 15 de diciembre siguiente, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y, el 6 de febrero de 2023, neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n de su providencia. <\/p>\n
3. La actora cuestiona la determinaci\u00f3n emitida por el Juez plural, dado que, en su sentir, incurri\u00f3 en un grave error al \u00abjustificar sin prueba alguna la negligencia de la parte actora, en la tardanza excesiva para notificar el mandamiento de pago a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, pretende que se dejen sin efectos las providencias de 15 de diciembre de 2022 y de 6 de febrero de 2023. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
Quien dijo actuar como apoderado de Petrobras Colombia Combustibles S.A. adujo que no era procedente la prosperidad de la tutela. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la censora pretende la protecci\u00f3n de los derechos de Juan Guillermo y Luis Andr\u00e9s Burgos Ram\u00edrez, Mar\u00eda Beatriz Ram\u00edrez Guti\u00e9rrez y Luis Guillermo Burgos Gonz\u00e1lez y que se dejen sin efectos las providencias del 15 de diciembre de 2022 y 6 de febrero de 2023. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que la promotora no se encuentra legitimada para instaurar la presente tutela, dado que no es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial, otorgado en debida forma, que la faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Juan Guillermo y Luis Andr\u00e9s Burgos Ram\u00edrez, Mar\u00eda Beatriz Ram\u00edrez Guti\u00e9rrez y Luis Guillermo Burgos Gonz\u00e1lez, sin embargo, los poderes allegados para actuar en sus nombres no re\u00fanen las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto en ellos, aunque se precisan los accionados y los derechos invocados, no se determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni se hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para una acci\u00f3n constitucional, lo cual impide analizar el fondo del asunto2. <\/p>\n
3. En consecuencia, la tutela es improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares ver CSJ STC2529-2023. <\/p>\n
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