STC3119-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3119-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00087-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Luis Jos\u00e9 Carre\u00f1o Montoya instaur\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00163. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abtrabajo\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00abjusticia material\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto la providencia emitida el 26 de septiembre de 2022 y, en su lugar, \u00abdar tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n\u00bb en el litigio de la referencia. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Gir\u00f3n neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de reconocimiento y pago de mejoras que inco\u00f3 contra Francisco Antonio Ordo\u00f1ez Mantilla (12 may. 2022), veredicto que el d\u00eda 17 siguiente apel\u00f3 y alleg\u00f3 escrito en el que expuso los argumentos de disenso, por lo que se concedi\u00f3 la alzada (28 jun.). <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga admiti\u00f3 el recurso vertical y advirti\u00f3 que \u201cejecutoriada la providencia, empezar[\u00eda] a correr el t\u00e9rmino dispuesto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 para la sustentaci\u00f3n\u201d (27 jul.), pese a que dicho mandato legal \u201cr[ige] para actuaciones posteriores a su promulgaci\u00f3n y no anteriores (\u2026) [, de manera que,] cuando se present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n [estuvo] debidamente sustentado bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
Luego, lo declar\u00f3 desierto (26 sep.) y, si bien \u201cpudo haber [presentado] recurso de reposici\u00f3n\u201d frente a esa directriz, \u201c\u00e9ste no es obligatorio, por lo que [se] vio en la necesidad de hacer uso de esta acci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga se opuso al ruego, en tanto, \u201cno se cumple con el requisito de subsidiariedad, en atenci\u00f3n a que el auto que declar\u00f3 desierto el recurso adquiri\u00f3 ejecutoria, sin que se hubiera interpuesto recurso alguno\u201d, aunado a que \u201cactu\u00f3 conforme a derecho, bajo un estudio probatorio, normativo y jurisprudencial acorde con la situaci\u00f3n planteada\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bucaramanga concedi\u00f3 el resguardo, tras colegir que, aun cuando \u00ab(\u2026) no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales porque el accionante no interpuso el recurso de reposici\u00f3n en contra del auto que le declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que instaur\u00f3 en contra de la sentencia que le es adversa a sus intereses; (..) el Tribunal considera que este requisito debe flexibilizarse (\u2026) [por estar en] discusi\u00f3n el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del accionante\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, adver\u00f3 que (\u2026) el JUEZ 4\u00b0 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (\u2026) omiti[\u00f3] que la aplicaci\u00f3n de las normas que regulan este derecho est\u00e1 regida por el principio pro actione, que le impone al juez una interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al acceso del justiciable a una revisi\u00f3n del caso por una instancia superior (\u2026). Debi\u00f3 el se\u00f1or JUEZ CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA atender el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la parte demandante y que sustent\u00f3 ante el juez de primera instancia, en raz\u00f3n a que, (\u2026), el derecho al recurso legalmente previsto est\u00e1 protegido con la interpretaci\u00f3n pro actione de las reglas de acceso a una instancia superior (\u2026) ya que (i) la apelaci\u00f3n fue sustentada en el escrito del 17\/05\/2022, en el que el apelante expuso las razones de su inconformidad con la sentencia de primera instancia, y (ii) el se\u00f1or juez accionado interpret\u00f3 la norma de la forma m\u00e1s desfavorable posible a la eficacia del derecho al recurso\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, le orden\u00f3 \u00abDejar sin valor y efecto el auto emitido el 26 de septiembre de 2022 y las dem\u00e1s actuaciones que de \u00e9ste se desprendan, y, en su lugar, proferir una nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta los argumentos aqu\u00ed expuestos en la parte motiva\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por Mar\u00eda Helida Castillo S\u00e1nchez, en calidad de \u201cguardadora principal\u201d de Francisco Antonio Ordo\u00f1ez Mantilla (sentencia n\u00b0 070, 16 may. 2019, Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga), quien se quej\u00f3 de la desatenci\u00f3n del promotor del \u00abdeber elemental de verificar si exist\u00edan otros mecanismos ordinarios (\u2026) de defensa id\u00f3neos y eficaces\u00bb para exhibir su inconformidad, por tanto, \u00abincumpli\u00f3 con el segundo requisito general de subsidiariedad\u00bb y, esa circunstancia, conduce a \u00abrevocar la decisi\u00f3n y negar la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se anuncia el fracaso de la salvaguarda y, por ende, la infirmaci\u00f3n del pronunciamiento opugnado, toda vez que, de la revisi\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n que reposan en el dossier, se corrobor\u00f3 que Carre\u00f1o Montoya desaprovech\u00f3 la herramienta con que contaba en el proceso para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
Ello, en tanto, no formul\u00f3 el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo Genera del Proceso, contra el auto por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga \u00abdeclar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb que propuso contra la \u00absentencia\u00bb dictada el 12 de mayo de 2022 por el Segundo Civil Municipal de Gir\u00f3n (26 sep. 2022, notificado al d\u00eda siguiente por estado electr\u00f3nico n\u00b0 123). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que dicho instrumento \u00abprocede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb y, acerca de ese t\u00f3pico, esta Sala tiene decantado, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC1284-2023). Se resalta. <\/p>\n
Igualmente, ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC13158-2021 y STC14002-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta improcedente el examen del fondo de la cuesti\u00f3n sometida a escrutinio, ya que la falta de ese presupuesto general de procedibilidad frena cualquier intento de inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la falta de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede en los siguientes eventos: (i) El primero, cuando se demuestra que el mecanismo ordinario alterno es inid\u00f3neo o ineficaz para el cumplimiento de los anhelos del accionante, como por ejemplo, aquellos en los que se involucran los intereses de menores; y, (ii) El segundo, cuando a pesar de la \u00abidoneidad\u00bb y efectividad de una herramienta, se comprueba la existencia de un perjuicio irremediable que requiere la intromisi\u00f3n inmediata del juez constitucional. As\u00ed lo asent\u00f3 la Corte Constitucional en T-397 de 2018: <\/p>\n
(\u2026) [N]o obstante, se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de protecci\u00f3n, resulta admisible acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a trav\u00e9s de estos es imposible obtener un amparo integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la protecci\u00f3n de \u00e9l requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; hip\u00f3tesis dentro de las que se encuentran inmersas las situaciones en las cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional y, por ello, su situaci\u00f3n requiere de una particular consideraci\u00f3n por parte del juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protecci\u00f3n a trav\u00e9s de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuraci\u00f3n de un perjuicio de car\u00e1cter irremediable, evento en el cual el juez de la acci\u00f3n de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protecci\u00f3n provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el primero de los eventos anteriormente mencionados, esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 en la Sentencia SU-772 de 2014, que para determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo ordinario es necesario que el juez constitucional valore: <\/p>\n
\u201ci) que el tiempo de tr\u00e1mite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de la decisi\u00f3n (\u2026); ii) que las exigencias procesales no sean excesivas, dada la situaci\u00f3n en que se encuentra el afectado (\u2026); iii) que el remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender las particularidades de los sujetos, como cuando la resoluci\u00f3n del problema (\u2026) dependa estrictamente de criterios legales ajenos a las condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una persona\u201d (…). <\/p>\n
Respecto del segundo de ellos, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: que (i) se est\u00e9 ante un da\u00f1o inminente o pr\u00f3ximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del da\u00f1o; (ii) de ocurrir, no existir\u00eda forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii) debe ser grave y que, por tanto, conlleve la afectaci\u00f3n de un bien susceptible de determinaci\u00f3n jur\u00eddica que se estima como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para superar la condici\u00f3n de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de protecci\u00f3n deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumaci\u00f3n del da\u00f1o irreparable. <\/p>\n
No obstante, contrario a lo cavilado por el a quo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas para dicho fin, en la medida que el querellante no mencion\u00f3 alguna \u00abcircunstancia\u00bb v\u00e1lida para conjurar su desidia. <\/p>\n
3.- Con base en lo discurrido, se invalidar\u00e1 lo rebatido, para declarar inviable la s\u00faplica superlativa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Luis Jos\u00e9 Carre\u00f1o Montoya contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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