STC3120-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3120-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01194-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Banco Davivienda S.A. frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n -Magdalena-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2020-000XX1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, a trav\u00e9s de su representante legal, demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abtrato discriminatorio en la aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La entidad bancaria convoc\u00f3 a juicio, ante el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n -Magdalena-, a A.M., J.R. y L.E.D.L., y a los menores de edad F.A. y R.D.L.G, representados por O.B.G.O, reclamando el recaudo de los pagar\u00e9s 643350, 20080327 y 790358 suscritos por R.E.D. L. M. y R.J.D.L.M2. <\/p>\n
2.2. Los demandados, a trav\u00e9s de apoderado, interpusieron recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, contestaron la demanda y propusieron excepciones, fundamentadas en que los deudores, R.E.D.L.M. y R.J.D. L. M., adelantaron un proceso insolvencia, en el cual llegaron al acuerdo de modificar el plazo de las obligaciones a su cargo, sin que aquellos fueran llamados a convalidar la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino de la garant\u00eda hipotecaria y, por tanto, el t\u00edtulo no era exigible3. <\/p>\n
2.3. Surtidos los tr\u00e1mites pertinentes, el 27 de julio de 2022, el Juzgado dict\u00f3 sentencia anticipada, en la cual: (i) orden\u00f3 no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n iniciada por Davivienda S.A. (vii) declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la hipoteca constituida por R.E.D.L.M. sobre los inmuebles con FMI 225-1834 y 225-586, (iii) decret\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares impuestas y (iv) conden\u00f3 en costas a la ejecutante4. <\/p>\n
2.4. Frente a lo decidido, la tutelante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto por el Tribunal accionado, el 31 de enero del presente a\u00f1o, revocando el numeral segundo de la sentencia recurrida, que declaraba la extinci\u00f3n de la hipoteca constituida por R.E.D.L.M sobre los inmuebles con FMI 2xx-18xx y 2xxx-xxx, y confirmando lo dem\u00e1s, esto es, la orden de no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n5. <\/p>\n
2.5. La sociedad promotora censura los fallos de instancia, porque no tuvieron en cuenta las pruebas regular y oportunamente aportadas, las cuales demostraban que: (i) la hipoteca de primer grado, otorgada por R.D.L.M y R.D.L. M., era abierta y de cuant\u00eda indeterminada, de manera que garantizaba las obligaciones causadas, presentes y las futuras; (ii) los actuales propietarios de los inmuebles demandados los adquirieron con posterioridad a ese gravamen y estaban sujetos a esas condiciones; iii) el Tribunal incurri\u00f3 en defecto sustantivo, pues dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 547 del C\u00f3digo General del Proceso, que habilitaba legalmente a Davivienda S.A. a demandar ejecutivamente la efectividad de la garant\u00eda real contra los terceros garantes en su condici\u00f3n de actuales propietarios y opt\u00f3, erradamente, por darle validez a los acuerdos suscritos en el proceso de insolvencia antes de la presentaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n para negar el mandamiento de pago, por falta de exigibilidad de los pagar\u00e9s y por no reunir los requisitos del art\u00edculo 422 ibidem, citando, para el efecto, la Ley 1380 de 2010, que fue declarada inexequible. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la actora pide invalidar los pronunciamientos de primera y de segunda instancia y que se profiera una nueva sentencia que tenga en cuenta que se trata de un proceso ejecutivo aut\u00f3nomo, al que no se le pueden aplicar los efectos de los acuerdos de pago suscritos en los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Las autoridades demandadas, en escrito separado, respaldaron la legalidad de sus acciones. <\/p>\n
2. Ana Matilde De Lavalle de la Cruz, pidi\u00f3 desestimar el amparo por cuanto lo pretendido por el actor es revivir etapas procesales fenecidas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la Corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 los derechos de la tutelante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 31 de enero de 2023, que confirm\u00f3 la emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n el 27 de julio de 2022, en cuanto orden\u00f3 no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. Preliminarmente, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, revisadas las probanzas, se evidencia que, en la decisi\u00f3n confutada, el Colegiado accionado estableci\u00f3 que los reparos formulados por la recurrente se sustentaban en que: (i) se dict\u00f3 sentencia sin que se hubieran decretado e incorporado las pruebas allegadas con la demanda y la contestaci\u00f3n, restringiendo la oportunidad de solicitarlas o de impugnar el auto que negaba su pr\u00e1ctica; (ii) el Juzgado emiti\u00f3 fallo encontr\u00e1ndose pendiente de resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado contra el mandamiento de pago; (iii) la falta de resoluci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inexistencia del requisito formal de exigibilidad del t\u00edtulo y desconocimiento del proceso de insolvencia por parte del acreedor; y iv) no se reun\u00edan los presupuestos para la condena en costas. <\/p>\n
3.1. En cuanto al primer reparo, citando un precedente de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil6, advirti\u00f3 que en ninguna anomal\u00eda incurre el funcionario que, sin haberse pronunciado sobre el ofrecimiento demostrativo que hicieron las partes, dicta sentencia anticipada, en raz\u00f3n a la impertinencia, inutilidad, innecesaridad y falta de conducencia de esas evidencias, lo cual amerita que no se posponga la soluci\u00f3n de la contienda, resaltando que la prueba pretendida por la demandada, relacionada con requerir un informe al Centro de Conciliaci\u00f3n Liborio Mej\u00eda \u00abpara que exprese lo que le conste en el proceso\u00bb, fue desestimada por el a quo en forma motivada, porque se no indic\u00f3 su objeto, descardando con ello su necesidad y dem\u00e1s presupuestos, aunado a que se puso solicitar por derecho de petici\u00f3n y no lo hizo; en consecuencia, el Tribunal concluy\u00f3 que el a quo se pronunci\u00f3 en la sentencia respecto a las pruebas innecesarias, por lo cual el reproche no era procedente. <\/p>\n
3.2. Frente al segundo motivo de inconformidad, el Tribunal asever\u00f3 que, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso el juez puede dictar sentencia anticipada, m\u00e1xime que, en el asunto, se concluy\u00f3 que la obligaci\u00f3n objeto de recaudo no era exigible y, por tanto, el mandamiento de pago recurrido qued\u00f3 sin efectos. <\/p>\n
3.3. A su vez, en torno a la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, el Colegiado censurado expuso, como argumentos relevantes, lo siguientes: <\/p>\n
– A pesar de que los ejecutados no eran los deudores hipotecarios, s\u00ed eran \u00ablos propietarios de los bienes afectados con hipoteca y, por tanto, el ejercicio de la acci\u00f3n debe recaer sobre ellos\u00bb, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso y en jurisprudencia relacionada de esta Sala y de la Corte Constitucional (CSJ, Rad. 2001-00803-01) y (CC C-192 de 1996). <\/p>\n
– Antes de instaurar el juicio compulsivo, el deudor primigenio adelant\u00f3 un proceso insolvencia de persona natural no comerciante, tr\u00e1mite en el que se realiz\u00f3 un acuerdo con sus acreedores, estipulando que ese pacto modificaba \u00ablas obligaciones a cargo del deudor, en cuanto a plazos, periodo de gracia y tasas de inter\u00e9s (\u2026), sin necesidad de sustituir los documentos que las respaldan\u00bb, y que la primera cuota ser\u00eda cancelada el \u00ab5 de mayo de 2021\u00bb, por lo que la obligaci\u00f3n cobrada v\u00eda ejecutiva no era exigible, en tanto no satisfac\u00eda los presupuestos de los art\u00edculos 422, 545 y 555 del C\u00f3digo General del Proceso, porque, una vez celebrado ese acuerdo de pago, \u00ablos procesos iniciados ser\u00e1n suspendidos hasta tanto se verifique el cumplimiento del mismo\u00bb, destacando que como el acuerdo suscrito reestructuraba las obligaciones del deudor, pues fijaba \u00abnuevos plazos, t\u00e9rminos y condiciones para su cumplimiento\u00bb, aquellas quedaban \u00abgobernadas por los t\u00e9rminos del mismo, [\u2026] de forma que los procesos ejecutivos en curso terminan\u00bb. <\/p>\n
– En ese orden, consider\u00f3 que no era viable declarar la extinci\u00f3n de la hipoteca, pero s\u00ed estudiar los requisitos de exigibilidad del t\u00edtulo, citando en sustento el criterio expuesto por esta Sala en la sentencia CSJ STC3298-2019, los cuales no estaban acreditados, por virtud de la restructuraci\u00f3n de la deuda y los nuevos plazos acordados, de manera que revoc\u00f3 el numeral primero, sobre la referida extinci\u00f3n y confirm\u00f3 la orden de no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. En cuanto a las costas, se abstuvo de emitir condena, porque hab\u00eda prosperado uno de los reparos. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que se compartan o no todos los argumentos o fundamentos jur\u00eddicos citados, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y de las pruebas allegadas, con soporte en jurisprudencia relacionada, con lo cual se desestim\u00f3 la exigibilidad del t\u00edtulo, por virtud de la modificaci\u00f3n de las condiciones de la deuda y los efectos del acuerdo de pago suscrito por el deudor hipotecario con los acreedores sobre los procesos ejecutivos en curso, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisada la providencia y los argumentos que expone la actora frente a lo decidido, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no est\u00e1 prevista para que el operador judicial intervenga como un \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb ni para realizar, con ese pretexto, una nueva validaci\u00f3n de las pruebas apreciadas ni una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb7, sumado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb8. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y sin ning\u00fan soporte objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se negar\u00e1 la tutela impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Documento. 01.CUADERNO PRINCIPAL No. 01. Folios 5-144 <\/p>\n
3\u0002 Documento. 02.CUADERNO PRINCIPAL No. 02. Folios 25-56 <\/p>\n
4\u0002 15. SENTENCIA ANTICIPADA EXTINCION HIPOTECA. Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Carpeta TRIBUNAL. 019 Sentencia2daInstancia. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Radicado 47001-22-13-2020-00006-01 de 27 de abril de 2020. <\/p>\n
7\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
8\u0002 Ver cita en los fallos CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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