STC3121-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3121-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00134-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de febrero de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de sus menores hijos, contra el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia de esta ciudad, las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional, incluido el Defensor de Familia y el agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al Juzgado accionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba los alimentos (de manera integral), al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso, al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y corresponsabilidad a favor de estos\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efectos la sentencia del 23 agosto de 2022 proferida por el Juzgado accionado, mediante la cual, de manera oficiosa, modific\u00f3 el mandamiento de pago, redujo la medida cautelar inicialmente decretada y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n dentro del proceso ejecutivo por alimentos con radicado 11001-31-10-023-2021-00\u2026..-00. <\/p>\n
Por otra parte, pidi\u00f3 ordenar al despacho encausado que profiera nueva decisi\u00f3n de conformidad con lo estipulado de manera primigenia en el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, el 29 de abril de 2021, e indique las razones de derecho de la reducci\u00f3n del porcentaje del embargo del 35% al 15% o, de lo contrario, deje la medida cautelar tal cual como fue decretada en su momento, para evitar poner en riesgo el derecho de alimentos de los menores. <\/p>\n
1. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
1.1. Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de sus menores hijos, present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de Pedro, ante el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia Bogot\u00e1, con fundamento en la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria realizada en la acci\u00f3n de medida de protecci\u00f3n llevada a cabo en la Comisar\u00eda Once de Familia de Suba, el 23 de marzo de 2018, en la cual, en pro de garantizar el derecho fundamental de educaci\u00f3n de los menores, estableci\u00f3 cuota a cargo de Pedro y Mar\u00eda, de 30% y 70% respectivamente, las cuales comprend\u00edan \u00abtodos los conceptos de matr\u00edcula, \u00fatiles, uniformes y libros, cuando estos se ocasionen\u00bb. <\/p>\n
1.2. El 29 de abril de 2021 el estrado judicial accionado libr\u00f3 mandamiento de pago, al tiempo decret\u00f3 el embargo del 35% del salario, prestaciones y dem\u00e1s que devengara el ejecutado; luego, en el escrito de r\u00e9plica la parte pasiva present\u00f3 oposici\u00f3n a las pretensiones relacionadas con los gastos de educaci\u00f3n, por cuanto varios conceptos alegados en la demanda no estaban comprendidos en el acta expedida por la Comisar\u00eda, proponiendo las excepciones de m\u00e9rito denominadas cobro de lo no debido, pago total, inexistencia del derecho pretendido y enriquecimiento sin causa. <\/p>\n
1.3. El 23 de agosto de 2022, el juzgado cognoscente profiri\u00f3 sentencia mediante la cual declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado, no obstante, dispuso de manera oficiosa declarar parcialmente probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de pago parcial de la obligaci\u00f3n, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n disminuyendo su monto y modific\u00f3 la medida cautelar decretada en auto del 29 de abril de 2021, reduciendo el porcentaje del embargo a un 15% del salario y dem\u00e1s prestaciones devengadas por la parte pasiva. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio ejecutivo; manifest\u00f3 que el descontento de la accionante obedece a la modificaci\u00f3n oficiosa del mandamiento de pago y la reducci\u00f3n del porcentaje de la medida cautelar, que en atenci\u00f3n a lo probado en el expediente, mediante decisi\u00f3n del 23 de agosto de 2022, declar\u00f3 probada de manera oficiosa la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n por $4.803.000, que deb\u00eda descontar del mandamiento de pago y, en consecuencia, redujo la medida cautelar. Indic\u00f3 que una vez ejecutoriada dicha decisi\u00f3n fue remitida a la Oficina de Ejecuci\u00f3n de Familia de Bogot\u00e1, considerando que no existe vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de los peticionarios. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de esta localidad se\u00f1al\u00f3 que los defensores de familia no son abogados de las partes, su funci\u00f3n es velar por los intereses de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, garantizando el cumplimiento de la cuota alimentaria, lo cual ha venido realizado; adem\u00e1s, la madre de los menores debe informar cualquier eventualidad para iniciar las acciones correspondientes en el marco de las competencias asignadas a dicha autoridad. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Delegada para la Familia y sujetos de Especial Protecci\u00f3n Constitucional indic\u00f3 abstenerse de pronunciarse frente a la observancia al debido proceso en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo de alimentos adelantado en el Juzgado accionado, por cuanto carece de competencia funcional para fungir como agente del Ministerio P\u00fablico ante dicha autoridad judicial, pues tal atribuci\u00f3n corresponde a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que los agentes del Ministerio P\u00fablico no ejercen defensa judicial de las partes, sino que representan a la sociedad en pro de garantizar el orden jur\u00eddico a\u00fan por encima de los sujetos procesales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al encontrar que la decisi\u00f3n emitida por el despacho accionado no fue antojadiza ni alejada a la realidad procesal, porque realiz\u00f3 un an\u00e1lisis pormenorizado del t\u00edtulo ejecutivo allegado, el cual no conten\u00eda todos los rubros pretendidos en la demanda, raz\u00f3n por la que realiz\u00f3 un control de legalidad y modific\u00f3 la orden de apremio en atenci\u00f3n a que en este tipo de procesos solo se puede demandar ejecutivamente las obligaciones que sean claras, expresas y exigibles de conformidad con lo regulado en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, aunado a que aplic\u00f3 el principio de congruencia, determinaci\u00f3n frente a la cual es posible no estar de acuerdo, sin embargo, esto no implica la activaci\u00f3n de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la accionante cuenta con varias v\u00edas procesales para solicitar la modificaci\u00f3n o revisi\u00f3n de la cuota alimentaria, para lo cual puede acudir al juez natural y con los elementos suasorios indicados puede resultar fruct\u00edfera su petici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora reiter\u00f3 los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que no hubo an\u00e1lisis exhaustivo y detallado de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencia judicial detalladas en el libelo, limit\u00e1ndose a realizar examen formalista, lo que gener\u00f3 la conclusi\u00f3n de que no existi\u00f3 decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, en tanto limit\u00f3 su pronunciamiento a referir los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo para determinar que no hubo v\u00eda de hecho sin realizar un test de proporcionalidad entre los derechos de los menores de edad y el ejecutado en el proceso ejecutivo de alimentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, la doctrina constitucional ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, la reclamante, en concreto, critic\u00f3 al Juzgado acusado porque en la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n entablada en contra del padre de sus hijos, dispuso modificar el mandamiento de pago en virtud de los abonos realizados por el ejecutado y excluy\u00f3 emolumentos que no corresponden a \u00abtodos los conceptos de matr\u00edcula, \u00fatiles, uniformes y libros, cuando estos se ocasionen\u00bb como gastos de educaci\u00f3n y, como consecuencia, redujo el porcentaje del embargo decretado en su momento del 35% al 15%. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, teniendo en cuenta que en este debate est\u00e1n involucrados menores de edad, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
4.1. En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
La jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
4.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, al expedir el C\u00f3digo General del Proceso el legislador patrio contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4.3. Por ese sendero, tambi\u00e9n se muestra oportuno recordar que, trat\u00e1ndose de procesos de alimentos como el aqu\u00ed fustigado, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel beneficiario de la prestaci\u00f3n reclamada corresponde a un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, pues se trata de un menor de edad, lo que implica la imperiosa necesidad de analizar el asunto con mayor rigor\u00bb (CSJ STC18581-2016, 16 dic., rad. 2016-00640-01); y que el juzgador debe \u00abdesplegar todas aquellas acciones para lograr que tal herramienta sea eficaz, pues en esos casos est\u00e1 evidenciada la urgencia del alimentante de percibir esos ingresos a fin de conjurar una eventual situaci\u00f3n de calamidad\u00bb (CSJ STC1314-2017, 7 feb., rad. 2016-00695-01). <\/p>\n
5. Ahora, de cara al caso concreto, concluye la Corte que, como lo aleg\u00f3 la accionante, la decisi\u00f3n fustigada pone en riesgo el derecho de los menores de edad reclamantes a recibir alimentos de manera integral, porque al limitar el concepto de gastos de educaci\u00f3n a cargo del se\u00f1or Pedro a lo relacionado en el Acta de Fijaci\u00f3n adoptada en la medida de protecci\u00f3n llevada a cabo en la Comisar\u00eda de Familia de Suba, esto es a \u00abmatr\u00edcula, \u00fatiles, uniformes y libros, cuando estos se ocasionen\u00bb, dej\u00f3 por fuera emolumentos tales como la pensi\u00f3n, la alimentaci\u00f3n, la ruta escolar, las p\u00f3lizas escolares, entre otros. <\/p>\n
Al respecto considera esta Corporaci\u00f3n que el an\u00e1lisis realizado por el juez en el proceso ejecutivo de alimentos fue restringido, limitando el concepto de gastos de educaci\u00f3n a cuatro \u00edtems tales como matr\u00edcula, \u00fatiles, uniformes y libros, evidenciando que la decisi\u00f3n va en contrav\u00eda de las garant\u00edas prevalentes de los menores de edad involucrados, por cuanto la orden emitida pas\u00f3 por alto que estaba demostrado en el plenario la existencia de otros gastos relacionados con la educaci\u00f3n de los menores. <\/p>\n
Lo dicho impon\u00eda al Juzgador acusado un an\u00e1lisis detenido y riguroso de la particular situaci\u00f3n presentada y, bajo esa l\u00ednea, la adopci\u00f3n de medida especial y excepcional, incluso ultra o extrapetita, en pro del cumplimiento efectivo de la cuota de alimentos fijada, en espec\u00edfico, lo relacionado con todos los gastos generados en virtud del derecho fundamental de educaci\u00f3n que cobija a los menores, debi\u00e9ndose entonces realizar interpretaci\u00f3n amplia respecto a la fijaci\u00f3n de alimentos en donde se deb\u00eda tener en cuenta todos los gastos de educaci\u00f3n de los menores como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, no limitarlos \u00fanicamente a lo relacionado en el acta de la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, acoger la tesis planteada por el Juzgado accionado y teniendo en cuenta que la fijaci\u00f3n de alimentos qued\u00f3 circunscrita al 30% a cargo del padre y 70% a cargo de la madre respecto, solamente, de los rubros all\u00ed relacionados, ser\u00eda tanto como afirmar que ninguno de los dos progenitores est\u00e1 obligado al pago de otros gastos como la pensi\u00f3n, transporte si este impone una erogaci\u00f3n adicional, alimentaci\u00f3n dentro de las instalaciones de la sede educativa, etc. <\/p>\n
Lo anterior habida cuenta que la interpretaci\u00f3n restrictiva del Juzgado accionado tiende a colegir que lo no incluido expresamente en el Acta de Fijaci\u00f3n de Cuota Alimentaria no est\u00e1 incluido, pero como all\u00ed quedaron determinadas las obligaciones de ambos progenitores, traduce tal hermen\u00e9utica que a ninguno de los padres quedaron asignados gastos como la pensi\u00f3n, el transporte escolar, etc. Nada m\u00e1s restrictivo si de interpretar los derechos de los menores de edad se trata. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares esta Corporaci\u00f3n doctrin\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa Sala, en pret\u00e9ritas oportunidades, ha admitido la validez de cl\u00e1usulas como la resaltada para fundar ejecuciones por alimentos, dados los intereses superiores del menor que en esas tramitaciones se busca proteger. <\/p>\n
As\u00ed, en la STC11406, del 27 de agosto de 20155, se razon\u00f3, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional6, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cAhora bien, frente a los gastos educativos deprecados en la demanda ejecutiva, cabe se\u00f1alar que, en virtud al inter\u00e9s superior de la menor y la garant\u00eda de que sus derechos alimentarios sean amparados en debida forma, el examen de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo comprende no s\u00f3lo aqu\u00e9l documento que sirve de g\u00e9nesis a las prestaciones, sino tambi\u00e9n los dem\u00e1s elementos de juicio que lo apoyan para deducir la presencia de un t\u00edtulo complejo y que de ambos aflore una deuda clara, expresa y exigible\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, el acusado deber\u00e1 tener presente el criterio sentado por la Corte Constitucional frente a un asunto semejante, cuando expuso que <\/p>\n
(\u2026) una providencia judicial en la que conste una obligaci\u00f3n alimentaria, como lo es el auto que aprueba una liquidaci\u00f3n, presta m\u00e9rito ejecutivo y puede ser demandada por esta v\u00eda, aun en el caso de obligaciones fijadas en abstracto, que para ser liquidadas requieran documentos complementarios que junto con la providencia judicial integren un t\u00edtulo ejecutivo complejo (\u2026). <\/p>\n
En efecto, resulta usual que dentro de los procesos adelantados para demandar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, \u00e9sta sea fijada en forma indeterminada pero determinable, acudiendo a f\u00f3rmulas como la utilizada en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en donde el padre responsable resulta gravado con la obligaci\u00f3n de cubrir los gastos de educaci\u00f3n de su hijo menor, o los gastos de salud, o similares. El cobro ejecutivo de las obligaciones as\u00ed fijadas, exige la integraci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo complejo, compuesto por la providencia judicial respectiva, sea la sentencia o el auto que aprueba la conciliaci\u00f3n, y los recibos de pago que demuestran que dichos gastos se han efectivamente causado y la cuant\u00eda de los mismos. Esta circunstancia no impide el cobro ejecutivo respectivo, pues hoy es com\u00fanmente admitido que la unidad del t\u00edtulo complejo no consiste en que la obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible conste en un \u00fanico documento, sino que se acepta que dicho t\u00edtulo puede estar constituido por varios que en conjunto demuestren la existencia de una obligaci\u00f3n que se reviste de esas caracter\u00edsticas. As\u00ed pues, la unidad del referido t\u00edtulo es jur\u00eddica, mas no f\u00edsica\u201d. (Resaltos para destacar). <\/p>\n
4.2. Tambi\u00e9n se colige, del precedente transcrito, que en estos casos, al configurarse la existencia de un t\u00edtulo de car\u00e1cter complejo, ser\u00e1 imprescindible aportar con la demanda, la totalidad de los documentos que lo componen, de cuyo conjunto, no sobra insistir, se desprenda una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, en las voces del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, citado.\u00bb (CSJ STC18085, 2 nov. 2017, rad. 2017-00637-01) <\/p>\n
En suma, la decisi\u00f3n cuestionada fue desacertada porque el estrado judicial criticado, fundado en una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y sin tener en cuenta que, como se indic\u00f3 supra, puede estar ante uno complejo -en atenci\u00f3n a que con la demanda ejecutiva fueron allegados elementos suasorios que soportan los gastos por los cuales la demandante solicit\u00f3 el mandamiento de pago de los gastos de educaci\u00f3n de los menores de edad-, dej\u00f3 de lado que en trat\u00e1ndose de los derechos fundamentales de estos su funci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1, debiendo adoptar una hermen\u00e9utica acorde. <\/p>\n
6. En consecuencia, la impugnaci\u00f3n propuesta se desatar\u00e1 favorablemente, por lo tanto, habr\u00e1 de revocarse la determinaci\u00f3n del a-quo constitucional para conceder el amparo constitucional rogado en favor de los menores de edad accionantes, para lo cual ser\u00e1 ordenado al estrado judicial criticado dejar sin efecto la sentencia proferida el 23 de agosto de 2022, que vuelva a dictar nueva providencia en donde tome las determinaciones adecuadas de cara al cabal cumplimiento del derecho de alimentos de los menores, realizando an\u00e1lisis amplio de la fijaci\u00f3n de alimentos de cara al concepto de costos de educaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo rogado a los derechos fundamentales de los menores de edad accionantes y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia Bogot\u00e1 que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin efectos su sentencia del 23 de agosto de 2022 as\u00ed como todas las decisiones que de ella dependan, proferidas en el proceso ejecutivo de alimentos incoado por la aqu\u00ed accionante, y emane nueva providencia en donde tome las determinaciones adecuadas de cara al cabal cumplimiento del derecho de alimentos de los menores ejecutantes. <\/p>\n
Segundo: Por secretar\u00eda comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes, intervinientes y al juzgador a-quo constitucional y, en oportunidad, rem\u00edtase las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
5\u0002 En igual sentido: CSJ. STC. Sentencia del 2 de febrero de 2014, exp. 00181-02. <\/p>\n
6\u0002 En particular: Sentencia T-979 de 1999. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3121-2023 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3121-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00134-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72134","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72134","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72134"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72134\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}