STC3122-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3122-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01197-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Felipe Cano Mej\u00eda contra la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y a Germ\u00e1n y Alejandro Cano Zuluaga. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en el proceso penal de radicado 05360609905720150097901. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
Lo anterior, en atenci\u00f3n a que los implicados, los d\u00edas 6, 7 y 8 de febrero de 2015, sin autorizaci\u00f3n y violando medidas de seguridad, ingresaron a las instalaciones de Ticpack S.A.S., de la cual Felipe Cano Mej\u00eda era socio, y se apoderaron de los activos avaluados en $500.000.000, incluyendo los documentos e informaci\u00f3n de los sistemas de c\u00f3mputo, materia prima y mercanc\u00edas, sin dar cuenta a los dem\u00e1s socios. <\/p>\n
2.2. Concluido el juicio oral, el 21 de septiembre de 2020, el Juzgado Segundo del Circuito de Itag\u00fc\u00ed conden\u00f3 a los procesados, por hallarlos penalmente responsables de los delitos por los que fueron acusados, negando la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.3. El 21 de octubre siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 parcialmente la sentencia anterior, pues, de un lado, absolvi\u00f3 a Germ\u00e1n y a Alejandro Cano Zuluaga y, del otro lado, exoner\u00f3 a Felipe Cano Mej\u00eda del punible de ocultamiento, alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material probatorio y confirm\u00f3 la condena por hurto agravado por la cuant\u00eda, administraci\u00f3n desleal y destrucci\u00f3n, supresi\u00f3n y ocultamiento de documento privado; en consecuencia, lo conden\u00f3 a 58.6 meses de prisi\u00f3n, al pago de una multa de 10 SMLMV e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un per\u00edodo igual a la pena privativa de la libertad, y le concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.4. Frente a esa decisi\u00f3n, el interesado promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, el 25 de enero de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 los cargos uno, tres y cuatro y cas\u00f3 el segundo; en consecuencia, absolvi\u00f3 a Felipe Cano Mej\u00eda por el delito de administraci\u00f3n desleal y lo conden\u00f3 a 50.6 meses de prisi\u00f3n, por hurto agravado y falsedad por ocultamiento de documento privado, y lo inhabilit\u00f3 por igual tiempo para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
2.5. La parte actora alega que el fallo de casaci\u00f3n: i) vulner\u00f3 el principio de congruencia, por cuanto la responsabilidad penal declarada difiere con los hechos delimitados en el escrito de acusaci\u00f3n, pues, seg\u00fan el Tribunal, el delito de hurto se configur\u00f3 cuando el se\u00f1or Cano Mej\u00eda, a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico, se neg\u00f3 a devolver los equipos, aspecto que, si bien fue discutido en el juicio, no fue objeto de acusaci\u00f3n y ello le impidi\u00f3 defenderse, dado que para la Fiscal\u00eda dicho delito se configur\u00f3 cuando los equipos fueron retirados de la empresa; ii) a pesar de que el Tribunal dijo que no se demostr\u00f3 dolo en el retiro de tales equipos, por cuanto esto ocurri\u00f3 despu\u00e9s de un fallo judicial, que orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble arrendado, por falta de pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte nada dijo sobre la ausencia de dolo y dio por acreditado que el hurto se configur\u00f3 cuando se produjo el apoderamiento de los bienes; iii) no se acreditaron los elementos del tipo penal de ocultamiento de documento privado. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pide que se ordene a la accionada que \u00abresuelva sobre mi responsabilidad penal con el debido respeto a las garant\u00edas de legalidad penal, congruencia y necesidad de prueba para la configuraci\u00f3n del punible de hurto agravado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n accionada sostuvo que su decisi\u00f3n contiene una explicaci\u00f3n clara y suficiente sobre la congruencia y los aspectos dogm\u00e1ticos del delito de hurto, \u00abdesestimando interpretaciones inconcebibles con las que se pretende fraccionar la conducta para sacar r\u00e9ditos inaceptables\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn se refiri\u00f3 a los fallos de segunda instancia y de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed se\u00f1al\u00f3 que la tutela insiste en los argumentos que esgrimi\u00f3 el actor durante el tr\u00e1mite. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con la sentencia de casaci\u00f3n del 25 de enero de 2023, emitida en el proceso penal 2015-00979-01. <\/p>\n
2. La Corporaci\u00f3n accionada, al desatar el primer cargo de casaci\u00f3n sobre la supuesta incongruencia entre el fallo y la acusaci\u00f3n por el delito de hurto, destac\u00f3 que la Fiscal\u00eda fue clara en se\u00f1alar que el se\u00f1or Felipe Cano Mej\u00eda ingres\u00f3 a las instalaciones de la empresa, a pesar de que ello estaba prohibido por decisi\u00f3n de la junta de socios, y sutrajo los equipos aduciendo que se trataba de una orden judicial, que le orden\u00f3 restituir el bien inmueble arrendado, elementos que fueron llevados a una bodega de propiedad del se\u00f1or Germ\u00e1n Cano Zuluga. <\/p>\n
Seguidamente, la Sala accionada resalt\u00f3 que, para el Tribunal, la apropiaci\u00f3n no se configur\u00f3 cuando se retiraron los bienes de las instalaciones de Tripack SAS, sino cuando su representante legal, se\u00f1or Sven Carsten Seydler, solicit\u00f3 formalmente a Felipe Cano Mej\u00eda que los restituyera y este se neg\u00f3 rotundamentea ello; sin embargo, luego de aclarar que, en el asunto sub examine, el recurrente plante\u00f3 el debate de la congruencia f\u00e1ctica (momento en el que se produjo la aprpiaci\u00f3n) y \u00abno en el sentido de que no se acus\u00f3 a Felipe Cano Mej\u00eda de haberse apropiado de bienes ajenos\u00bb, encontr\u00f3 que la Fiscal\u00eda, en el escrito de acusaci\u00f3n por el delito de hurto, cumpli\u00f3 la carga de relatar clara y sucintamente el hecho jur\u00eddicamente relevante, \u00abAun cuando entremezcl\u00f3 hechos que se acomodan a diferentes tipos penales, describi\u00f3 la forma en que se produjo el apoderamiento de bienes de la sociedad TICPAKC SAS por parte de Felipe Cano Mej\u00eda, conducta que el tribunal no cuestion\u00f3, pero que tipific\u00f3 con menor rigor\u00bb, al suprimir la circunstancia que califica la conducta (haber penetrado al inmueble sin autorizaci\u00f3n de los socios). <\/p>\n
Consider\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en una confusi\u00f3n, pues no se trat\u00f3 de un apoderamiento jur\u00eddico, como lo dio a entender, como si fuera indiferente el momento en que se inicia el delito del que se consuma, frente a lo cual precis\u00f3 que, si bien la acusaci\u00f3n y las sentencias de primera y de segunda instancia variaron en cuanto al momento en que se produjo el apoderamiento, giraron igualmente alrededor de este \u00abaspecto, que no trastoca la esencia de la acusaci\u00f3n\u00bb ni el principio de congruencia, pues \u00abest\u00e1 permitido suprimir circunstancias gen\u00e9ricas o espec\u00edficas que agravan la punibilidad o aspectos f\u00e1cticos que aligeran la acusaci\u00f3n sin causar indefensi\u00f3n\u00bb y, en tal medida, concluy\u00f3 que no existi\u00f3 incongruencia, bajo el argumento de \u00abque el delito se consum\u00f3 en un momento distinto al se\u00f1alado en la acusaci\u00f3n, pero discutido en el juicio, puesto que el n\u00facleo esencial consistente en apropiarse de bienes ajenos no fue alterado\u00bb. Agreg\u00f3 que, de aceptarse la tesis del recurrente, no implicar\u00eda absolverlo, sino condenarlo por el delito de hurto calificado, como lo hizo el Juzgado y no de hurto simple, como lo dispuso el ad quem. <\/p>\n
2.1. De otro lado, al desatar el cargo tercero, en el que analiz\u00f3 el error de hecho en la tipificaci\u00f3n del punible de ocultamiento de documento privado, la Corte se\u00f1al\u00f3 que este delito ten\u00eda estrecha relaci\u00f3n con el de hurto, dado que el mismo d\u00eda en que Felipe Cano Mej\u00eda desocup\u00f3 la sede de Tickpack SAS, sin ser ya para ese momento su representante legal, se llev\u00f3 los documentos que permitir\u00edan establecer el estado contable de la sociedad y la propiedad sobre los bienes societarios, lo que pudo ser constatato el d\u00eda de los hechos por Juan Camilo Uribe, quien, por ser gerente suplente y jefe de producci\u00f3n de esa empresa, pod\u00eda determinar la importancia de los documentos para la sociedad, \u00absin que sea necesario detallar su contenido exacto, dado que el prop\u00f3sito de ocultarlos para evitar el an\u00e1lisis del estado econ\u00f3mico de la sociedad no est\u00e1 en discusi\u00f3n\u00bb, en contraste con lo dicho por Juan Miguel Foronda, quien era un operario ocasional sin mayor conocimiento, de manera que, al no haber analizado en detalle la declaraci\u00f3n de este \u00faltimo, no configur\u00f3 un manifiesto error de hecho, pues resalt\u00f3 que Sven Carsten Seydler mencion\u00f3 que los documentos necesarios para la liquidaci\u00f3n de la sociedad se encontraban en una caja sellada en esa bodega, con lo que no se requer\u00eda identificar cada documento para adecuar la conducta al tipo. <\/p>\n
3. Como se observa, la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas a la luz de la normatividad aplicable y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no luce irrazonable y, por tanto, no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. Al respecto, se evidencia que, en la sentencia de casaci\u00f3n, la Sala accionada abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que el actor esgrimi\u00f3 en el recurso extraordinario y que ahora repite en esta sede, atendiendo al principio de limitaci\u00f3n que rige ese estadio procesal extraordinario, \u00abseg\u00fan el cual el contenido de la demanda determina el derrotero al que debe ce\u00f1irse la Corte en el an\u00e1lisis del sub lite\u00bb1. <\/p>\n
3.2. Como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. En ese sentido, debe precisarse que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, esta Corte2 tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ SP4091-2020. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 25 de enero de 2012, rad. 2011-02659-00, reiterado en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
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