STC3129-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC3129-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00337-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Lilia Mar\u00eda Acosta Caro contra los Juzgados Trece Civil del Circuito y Cincuenta y Cinco Civil Municipal, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario n\u00ba 2017-01056. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por conducto de apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en el referido asunto. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Trigelio Rivera Londo\u00f1o promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en su contra y otros, en el que el Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 en audiencia celebrada el 12 de noviembre de 2020 profiri\u00f3 sentencia en la que accedi\u00f3 a las pretensiones, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 su apoderada judicial y sustent\u00f3 el 18 de noviembre siguiente en los t\u00e9rminos estipulados en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el conocimiento de la apelaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad, al que dio tr\u00e1mite en auto de 9 de marzo de 2021, despacho que decidi\u00f3 contabilizar el 15 de noviembre de 2020 como d\u00eda h\u00e1bil para efecto de los t\u00e9rminos y \u00abneg\u00f3\u00bb el recurso de apelaci\u00f3n, circunstancia que, en su criterio constituye una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que su apoderada, formul\u00f3 recurso de queja contra la decisi\u00f3n que \u00abneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 352 ib\u00eddem, al que no dio tr\u00e1mite por improcedente el Juzgado del Circuito, lo que vulner\u00f3 los derechos que reclama al impedirle actuar en el proceso y ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
Sostuvo que adem\u00e1s la sentencia de primera instancia es nula, porque el demandante aport\u00f3 ante el Juzgado a quo una prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso, por lo que, al no resolverse el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la misma, la nulidad de la decisi\u00f3n persiste. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, adem\u00e1s, el 15 de noviembre de 2022 el demandante alleg\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito para obtener el pago de la obligaci\u00f3n que tiene causa y objeto il\u00edcito, lo que constituye una nulidad absoluta que puede ser declarada sin petici\u00f3n de parte por el juez. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 decretar \u00abla nulidad de los actos procesales emitidos en el proceso objeto de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que mediante auto de 13 de octubre de 2021 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la demandante, decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume el 11 de marzo de 2022 al resolver el recurso de reposici\u00f3n presentado, decisi\u00f3n que la apoderada judicial de la interesada recurri\u00f3 en queja, la que neg\u00f3 en providencia de 26 de septiembre de 2022 y el expediente fue devuelto al Juzgado de origen el 14 de octubre de 2022. <\/p>\n
En ese sentido, se opuso a la prosperidad del amparo, porque no ha vulnerado los derechos invocados por la actora, quien ejerci\u00f3 su derecho de defensa interponiendo los recursos que fueron resueltos en su oportunidad. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela, argumentando que, (i) no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales a cargo de ese despacho, (ii) la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2020 goza de toda legalidad, (iii) se desconoce el presupuesto de la subsidiariedad porque la accionante omiti\u00f3 dar cumplimiento a lo dispuesto por el juzgado de segunda instancia en auto de 9 de marzo de 2021 y en la actualidad todas las providencias se encuentran en firme y debidamente ejecutoriadas y, (iv) no se cumple el requisito de la inmediatez puesto que el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n es de 13 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. La apoderada de Trigelio Rivera Londo\u00f1o \u2013acreedor hipotecario-, indic\u00f3 que el juzgado de segunda instancia al observar la omisi\u00f3n total de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n lo declar\u00f3 desierto. Asimismo, refiri\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela carece de veracidad y soporte jur\u00eddico, sumado a que la apoderada de la demandada solo pretende dilatar y entorpecer el proceso. <\/p>\n
4. Florinda Acosta Caro y Sa\u00fal Acosta Caro manifestaron aceptar su vinculaci\u00f3n al presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional al advertir el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que la tutela fue radicada el 15 de febrero de 2023 y el fallo cuestionado fue proferido el 12 de noviembre de 2020 y, si bien fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n, el mismo se declar\u00f3 desierto por auto de 13 de octubre de 2021 y se mantuvo tal determinaci\u00f3n con providencia de 10 de marzo de 2022, transcurriendo 11 meses desde esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, consider\u00f3 que ese t\u00e9rmino desborda los l\u00edmites de la razonabilidad y desvirt\u00faa la urgencia y necesidad de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados a la reclamante con las decisiones cuestionadas; m\u00e1xime cuando el \u00faltimo mecanismo interpuesto -recurso de queja-, no fue id\u00f3neo, por el contrario, improcedente de cara al asunto en estudio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, aduciendo que el auto que \u00abneg\u00f3\u00bb el recurso de apelaci\u00f3n qued\u00f3 en firme el 27 de septiembre de 2022 y no el 10 de marzo de 2022 como consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, dado que \u00ablos recursos impetrados de apelaci\u00f3n y de queja que se interpusieron en subsidio del de reposici\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n, fue resuelto definitivamente por el Juzgado 13 Civil del Circuito el d\u00eda 27 de septiembre de 2022\u00bb (sic). <\/p>\n
Al respecto, afirm\u00f3 que se encuentra dentro del plazo establecido para interponer la acci\u00f3n de tutela, pues en su criterio, los t\u00e9rminos deben contabilizarse desde el 27 de septiembre de 2022 cuando el Juzgado del Circuito accionado neg\u00f3 el recurso de queja interpuesto contra el auto que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Lilia Mar\u00eda Acosta Caro acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por los Juzgados Trece Civil del Circuito y Cincuenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 en el proceso ejecutivo iniciado en su contra por Trigelio Rivera Londo\u00f1o. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por inobservancia del presupuesto de la inmediatez, en raz\u00f3n a que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la accionante contra la sentencia de primera instancia, fue declarado desierto por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 con auto de 12 de octubre de 2021, puesto que no se sustent\u00f3 en la oportunidad estipulada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, determinaci\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume esa autoridad judicial el 10 de marzo de 2022, al resolver la reposici\u00f3n formulada por la demandada, mientras que la acci\u00f3n de tutela fue presentada el 15 de febrero de 2023, esto es, luego de transcurrir alrededor de 11 meses desde el presunto hecho vulnerador, t\u00e9rmino que supera el plazo de seis meses establecido por la jurisprudencia como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
No debe olvidar la reclamante, que en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial viola o amenaza sus garant\u00edas fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, pues de no hacerlo, dicho descuido resulta suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario cuestionado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la interesada tampoco acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad en acudir a este mecanismo excepcional, exigencia sobre la cual la Corte reiteradamente ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4117-2011, y STC7485-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora bien, cabe se\u00f1alar que, aun cuando la demandada interpuso recurso de queja, negado por improcedente por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 26 de septiembre de 2022, la Sala advierte que ese tr\u00e1mite no tiene la virtualidad de ampliar el t\u00e9rmino razonable de 6 meses para acudir en tutela, teniendo en cuenta que estaba representada por una abogada y que dicho recurso era un medio de defensa improcedente (art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del proceso), t\u00e9ngase cuenta que en estos eventos la Sala ha explicado que, \u00abla interposici\u00f3n de un recurso improcedente no justifica el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez\u00bb (CSJ. STC16510-2021, STC1909-2022, STC15827-2022 y STC1555-2023 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los errores de la accionante en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del respectivo proceso no excusan el requisito de interposici\u00f3n oportuna de mecanismo excepcional y subsidiario. <\/p>\n
Igualmente, se recuerda que la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de la inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
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