STC3130-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC3130-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15693-22-08-000-2023-00025-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 6 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Ariel Pach\u00f3n Achury contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos de Familia y Luz Ayde Rodr\u00edguez S\u00e1nchez, y citadas las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos con radicado 2019-00239. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, trabajo y al buen nombre, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 6 de febrero de 2014 llev\u00f3 a cabo audiencia de conciliaci\u00f3n con la se\u00f1ora Luz Ayde Rodr\u00edguez S\u00e1nchez para la fijaci\u00f3n de la custodia, cuota de alimentos y r\u00e9gimen de visitas de los dos hijos comunes menores de edad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el 30 de octubre de 2019, su expareja promovi\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos con el fin de cobrar cuotas atrasadas de los meses de enero a octubre de 2017, as\u00ed como las mudas de ropa de mayo, junio y diciembre de la citada anualidad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que mediante apoderado judicial y durante el proceso, aport\u00f3 al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso pruebas del pago parcial porque se encontraba sin empleo, lo que demostraba que no se sustrajo de las obligaciones, y el 21 de septiembre de 2020 en la audiencia \u00fanica de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juzgado inform\u00f3 que hab\u00eda efectuado una liquidaci\u00f3n \u00abpor cuenta propia\u00bb para verificar el pago de las cuotas desde el mes de febrero de 2014 hasta la fecha de la diligencia, y se limit\u00f3 a proyectar un cuadro en Excel, impidi\u00e9ndoles a las partes verificar cuales fueron los soportes que tuvo en cuenta para realizarla. <\/p>\n
Expuso que, evacuadas las etapas del proceso, el Juzgado de conocimiento comunic\u00f3 que librar\u00eda mandamiento de pago por los meses dejados presuntamente de aportar durante los a\u00f1os 2014, 2015 y 2016 as\u00ed como por los intereses, pasando por alto que en la demanda \u00fanicamente se exig\u00eda el pago de las cuotas atrasadas de los meses de enero a octubre de 2017, as\u00ed como las mudas de ropa de esa anualidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, una vez le\u00eddo el sentido de la sentencia igualmente neg\u00f3 \u00abde tajo\u00bb los recursos y solicitudes de aclaraci\u00f3n que formul\u00f3 su apoderado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito realizada y revocar la sentencia proferida por el Juzgado accionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso, luego de relatar las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo de alimentos objeto de queja, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n por no haber vulnerado los derechos invocados por el accionante y resalt\u00f3 que el mismo ya hab\u00eda presentado en los mismos t\u00e9rminos un amparo anterior, que fue negada el 19 de octubre de 2020. <\/p>\n
2. El Procurador Judicial 26 para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, expuso que la acci\u00f3n propuesta era improcedente y temeraria, teniendo en cuenta que el solicitante ya hab\u00eda formulado una acci\u00f3n de tutela que en anterior oportunidad fue resuelta por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, entre las mismas partes, asunto y proceso ejecutivo de alimentos No. 2019-00239. <\/p>\n
3. Helber Ernesto Guevara Lemus, en calidad de vinculado en el tr\u00e1mite constitucional, sostuvo que la protecci\u00f3n era improcedente por no cumplir con los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez, y afirm\u00f3 que \u00abel accionante ya hab\u00eda hecho uso de este mecanismo para intentar controvertir el contenido de la misma decisi\u00f3n, situaci\u00f3n que el mismo accionante declara su ocurrencia en el juramento, en el que, adem\u00e1s, se\u00f1ala cual es el prop\u00f3sito de la presente, destacando que se trata de la omisi\u00f3n por parte del despacho accionado, consistente en no haber realizado \u201cel traslado integral de la prueba para una manifestaci\u00f3n propia de la parte demandada\u201d\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, neg\u00f3 el amparo atendiendo que la acci\u00f3n resultaba temeraria, al advertir que, con anterioridad, el accionante formul\u00f3 tutela bajo los mismos hechos y pretensiones, la que se tramit\u00f3 con el radicado 2020-00133 y fue fallada el 19 de octubre de 2020 por esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) En el presente caso, se tiene que la pretensi\u00f3n del accionante est\u00e1 encaminada a la revocatoria de la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2020 por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso; sin embargo, una vez revisados los documentos de la tutela que aqu\u00ed se conoce, se observa que una tutela anterior, con los mismos hechos y pretensiones, ya hab\u00eda sido fallada de manera previa por el M.P., Dr. Eur\u00edpides Montoya Sep\u00falveda, bajo el radicado No. 2020-00133. <\/p>\n
Y es que de la sentencia del 19 de octubre de 2020 que resolvi\u00f3 la sentencia en menci\u00f3n, se extrae lo siguiente: <\/p>\n
a. El derecho cuya protecci\u00f3n reclam\u00f3 fue el de debido proceso. <\/p>\n
b. La presunta violaci\u00f3n tuvo lugar dentro del mismo proceso ejecutivo de alimentos. <\/p>\n
c. La raz\u00f3n de la violaci\u00f3n es que no se tuvo en cuenta que \u00e9l prob\u00f3 que la deuda por las cuotas del a\u00f1o 2017 qued\u00f3 saldada con posterioridad, cuando cancel\u00f3 dinero excedente que cubr\u00eda el referido saldo, como tambi\u00e9n que el juzgado cobr\u00f3 valores err\u00f3neos y cobros de valores de a\u00f1os que la demandante no estaba reclamando, como, por ejemplo, cuotas de los a\u00f1os 2014, 2015 y 2016. <\/p>\n
d. En el fallo de tutela anterior, se neg\u00f3 el amparo incoado toda vez que las consideraciones que llevaron al Despacho a ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n se basaron en las pruebas obrantes en el plenario y llevaron a concluir, que no exist\u00eda medio de convicci\u00f3n que determinara el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria. Asimismo, que de la liquidaci\u00f3n efectuada por el juzgado accionado no se avizoraba que fuera contraria a derecho. <\/p>\n
Entonces, si se compara lo descrito con los planteamientos esbozados en la demanda de amparo objeto de estudio, surge incontrastable la temeridad en el ejercicio de la acci\u00f3n, pues resulta evidente que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, las pretensiones y la afectaci\u00f3n denunciada son id\u00e9nticas con la demanda que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien sostuvo que, su actuaci\u00f3n no es temeraria por cuanto la actual acci\u00f3n constitucional se fundament\u00f3 en vulneraci\u00f3n de derechos que no estaban incluidos en la anterior, como lo es, el derecho al trabajo y \u00abpoder realizar actividades propias de mi saber\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 las presuntas \u00abirregularidades\u00bb adelantadas en el proceso ejecutivo de alimentos que se sigue en su contra, espec\u00edficamente lo concerniente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, en donde se desconocieron los pagos que realiz\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece que es contrario a la Constituci\u00f3n, el uso abusivo e indebido de las acciones de tutela, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
Sobre el particular, ha establecido esta Corporaci\u00f3n que \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ. STC1951-2020, STC997-2023). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el reclamo del se\u00f1or Luis Ariel Pach\u00f3n Achury, se circunscribe a que se revoque la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso el 21 de septiembre de 2020 en el proceso ejecutivo de alimentos radicado 2019-00239. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el contenido de la demanda inicial y las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se advierte el fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, toda vez que, esta Corporaci\u00f3n mediante la sentencia STC10823-2020 de 30 de noviembre de 2020 proferida en la acci\u00f3n de tutela de radicado 15693-22-08-000-2020-00133-01, ya se pronunci\u00f3 frente a los mismos hechos, quejas y pretensiones elevadas por el accionante, y confirm\u00f3 la negativa de la primera instancia. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, en las consideraciones de esa sentencia se explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) 4. Bajo esa perspectiva, los ataques realizados por el aqu\u00ed interesado no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, en primer lugar, porque no es cierto lo que afirma el gestor en el sentido que el estrado judicial acusado dispuso el pago de cuotas diferentes a las pretendidas por la parte demandante, pues del audio de la sentencia censurada y del expediente del proceso ejecutivo de alimentos acusado, se aprecia que se orden\u00f3 seguir con el cobro compulsivo por los emolumentos solicitados en la demanda. Ahora, si bien el Despacho accionado elabor\u00f3 una relaci\u00f3n de los pagos cancelados por el ejecutado, aqu\u00ed gestor, desde el a\u00f1o 2014 hasta el a\u00f1o 2020, ello fue para desestimar la afirmaci\u00f3n de aqu\u00e9l sobre los supuestos pagos que hizo de m\u00e1s a la obligaci\u00f3n motivo de recaudo; y con miramiento en el t\u00edtulo ejecutivo motivo de cobro, apreci\u00f3 que los incrementos anuales estaban acordados conforme al aumento anual del salario m\u00ednimo fijado por el Gobierno Nacional. <\/p>\n
5. De lo anterior, surge evidente que lo planteado por el gestor, es, ni m\u00e1s, ni menos, un ataque frontal a la labor de valoraci\u00f3n de las pruebas, interpretaci\u00f3n y resoluci\u00f3n que del caso en concreto hizo el Despacho accionado, sin embargo, se impone recordar que en la tarea de apreciar materialmente las pruebas y de interpretar las disposiciones legales, los jueces de instancia gozan de una discreta autonom\u00eda que no puede ser desconocida en esta sede, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que en el sub exam\u00ednelas resultas de esa ponderaci\u00f3n jur\u00eddica no pueden calificarse de abiertamente contraevidentes o absurdas. <\/p>\n
3. Ahora bien, para identificar la total identidad de la acci\u00f3n de tutela No. 2020-00133-01 con la presente, basta con observar, <\/p>\n
3.1 Tanto el primer escrito de tutela como el presente, fue promovido por Luis Ariel Pach\u00f3n Achury contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso, con ocasi\u00f3n al proceso ejecutivo de alimentos con radicado 2019-00239. <\/p>\n
3.2 En las dos acciones constitucionales, la pretensi\u00f3n es id\u00e9ntica, esto es, que se revoque la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2020 en el citado proceso. <\/p>\n
3.3 Igualmente ocurre con los hechos, pues en ambas se observa, i) Se inici\u00f3 en su contra proceso ejecutivo de alimentos a favor de sus menores hijos el cual correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso, ii) Censura la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito realizada por el Juzgado accionado, y sostiene que a la misma no tuvieron acceso las partes ya que fue proyectada en un documento en Excel por el Juzgado accionado, iii) refiere que en la sentencia se incluyeron valores de cuotas que la demandante no estaba reclamando de los a\u00f1os 2014, 2015 y 2016, iv) no se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas frente a los pagos por \u00e9l efectuados y, v) no se le permiti\u00f3 intervenir en el proceso, pues se le negaron las aclaraciones que formul\u00f3 ante la funcionaria judicial. <\/p>\n
3.4 Por lo anterior, al comparar ambos escritos de tutela surge evidente, que si bien, el accionante en esta nueva acci\u00f3n incluye derechos fundamentales no se\u00f1alados en la primigenia, lo cierto es que, el planteamiento principal es exactamente el mismo, aunque el sustento f\u00e1ctico pretende dar apariencia de divergencia, sin lograrlo. <\/p>\n
4. Siendo as\u00ed, no escapa al an\u00e1lisis de la Sala que las referidas acciones constitucionales conservan una duplicidad esencial que hacen evidente su identidad. Debe resaltarse, adem\u00e1s, que la parte actora en ning\u00fan momento explic\u00f3 que se presentara alg\u00fan motivo justificado y verdaderamente extraordinario que le permitiera a instaurar nuevamente esta acci\u00f3n. <\/p>\n
De suerte que, lo que se observa en este caso, es la finalidad de buscar el proferimiento de otra providencia en la que se acceda a las peticiones que con antelaci\u00f3n fueron negadas en esta Corporaci\u00f3n, evadiendo que en la actualidad se advierte que la Corte Constitucional mediante auto de 31 de mayo de 2021, excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la sentencia STC10823-2020, raz\u00f3n por la cual no puede reabrirse el debate all\u00ed resuelto, ya que tales decisiones constituyen \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha explicado, <\/p>\n
(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021, STC591-2022 y, STC13385-2022 entre otras). <\/p>\n
5. Por tanto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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