STC3133-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con un menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC3133-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 68001-22-13-000-2023-00025-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 10 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Teresa, en calidad de Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Floresta, Regional Santander, en representaci\u00f3n del menor Juanito contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Agente del Ministerio P\u00fablico, la Canciller\u00eda de Venezuela en Colombia, la Embajada de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela en Colombia, la Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja, Subdelegaci\u00f3n de Bucaramanga \u2013 Santander, el Hospital Universitario de Pediatr\u00eda de Barquisimeto Venezuela y a Concepci\u00f3n, y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de restablecimiento de derechos con radicado 2022-00314. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Defensora de Familia solicitante, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor de edad, al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, a la protecci\u00f3n integral, a tener una familia y no ser separado de ella, \u00abal cuidado y al amor\u00bb, a la personalidad jur\u00eddica y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Como fundamento de su queja, sostuvo que ante la Defensor\u00eda de Familia se radic\u00f3 solicitud de restablecimiento de derechos de Juanito, ante el deseo de su progenitora de dejar a su hijo bajo protecci\u00f3n del ICBF, quien fue diagnosticado con par\u00e1lisis infantil con retardo psicomotor, motivo por el cual se dispuso la verificaci\u00f3n de derechos del ni\u00f1o, se procedi\u00f3 a la apertura del proceso administrativo y a la pr\u00e1ctica de las valoraciones de rigor, las que llevaron a que mediante resoluci\u00f3n N\u00b0 109 de 12 de abril de 2021, fuera declarado en estado de vulneraci\u00f3n y se confirmara su ubicaci\u00f3n en hogar sustituto. <\/p>\n
Indic\u00f3 que si bien, no obra en el expediente documento que acredite la identidad del adolescente mencionado, se tiene un certificado m\u00e9dico expedido por el Gobierno Bolivariano de Venezuela donde se informa que el menor naci\u00f3 en Barquisimeto- Venezuela el 7 de abril de 2010. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 30 de septiembre de 2021 se recibi\u00f3 informaci\u00f3n del oficial de establecimiento de contactos familiares del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja, en la cual indica que obtuvo contacto con la madre Concepci\u00f3n v\u00eda telef\u00f3nica, quien comunic\u00f3 estar viviendo en Chile, pero que su deseo es poder establecerse en Per\u00fa donde se encuentra su familia, y expres\u00f3 la intenci\u00f3n de reintegrarse con sus hijos en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Expuso que, por lo anterior esa Defensor\u00eda profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de pr\u00f3rroga No. 346 de 6 de octubre de 2021, con el fin de dar continuidad al acompa\u00f1amiento para el goce de los derechos del menor de edad y orden\u00f3 al equipo psicosocial realizar las actuaciones tendientes a la b\u00fasqueda de familia que cumplieran con el rol de garante e idoneidad para un posible reintegro, sin embargo, al no lograrlo, solicit\u00f3 a la Directora Regional Santander, la autorizaci\u00f3n para ampliar o prorrogar el t\u00e9rmino de seguimiento en el PARD, aval que fue otorgado el 24 de enero de 2022. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, pese a las actuaciones desplegadas tendientes a ubicar a la progenitora del ni\u00f1o o a su familia extensa, no tuvieron el resultado esperado, raz\u00f3n por la cual no fue posible definir de fondo la situaci\u00f3n de Juanito, motivo que la impuls\u00f3 a solicitar a la Coordinaci\u00f3n de Autoridades Administrativas ampliar ese t\u00e9rmino por espacio de 6 meses, contados a partir del vencimiento del tiempo m\u00e1ximo establecido en la ley 1878 de 2018, petici\u00f3n que fue negada el 27 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, enviado el proceso a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, autoridad que en auto del 24 de octubre de 2022 resolvi\u00f3 declarar la p\u00e9rdida de competencia por parte de la Defensora de Familia y avocar las diligencias, decisi\u00f3n en la que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n a fin de establecer desde que fecha perdi\u00f3 competencia para conocer del PARD, la que resuelta, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n sin \u00e9xito. <\/p>\n
Reproch\u00f3 el actuar del Juzgado accionado, quien no resolvi\u00f3 de fondo la situaci\u00f3n del adolescente, porque en providencia de 13 de diciembre de 2022 decidi\u00f3 negar la imposici\u00f3n de las medidas de restablecimiento, actuaci\u00f3n que, en su sentir, comporta una v\u00eda de hecho al haber incurrido el funcionario en un defecto de car\u00e1cter procedimental, al inaplicar el art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006, esto es, resolver de fondo la situaci\u00f3n del menor de edad en el proceso de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 que, i) se declare la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado accionado, por haber procedido \u00abm\u00e1s all\u00e1 de sus competencias\u00bb y, ii) se le otorgue el aval de ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino de seguimiento del proceso administrativo adelantado en favor del menor y de esta manera poder resolver de fondo su situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
De manera subsidiaria requiri\u00f3, que se declare la p\u00e9rdida de competencia del Juzgado accionado y se remita la actuaci\u00f3n a quien le sigue en turno. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, tras un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de restablecimiento de derechos del menor Juanito, pidi\u00f3 negar el amparo por no existir la vulneraci\u00f3n alegada por la Defensora de Familia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, solicit\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la direcci\u00f3n de protecci\u00f3n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Canciller\u00eda de Venezuela en Colombia, la Embajada de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela en Colombia, la Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y el Hospital Universitario de Pediatr\u00eda de Barquisimeto Venezuela. <\/p>\n
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander, coadyuv\u00f3 el amparo solicitado por la accionante en su calidad de Defensora de Familia, en aras de garantizar los derechos del menor de edad. <\/p>\n
3. La Procuradora 161 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y las mujeres de Bucaramanga, inform\u00f3 que no expondr\u00eda pronunciamiento frente al tr\u00e1mite del PARD, debido a que la entidad que ejerce como Ministerio P\u00fablico en Barrancabermeja es la Personer\u00eda Distrital, sin embargo, solicit\u00f3 que se adopte una decisi\u00f3n atendiendo el inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
4. El Coordinador del Grupo Interno de trabajo de Asuntos Legales de la Oficina Asesora Jur\u00eddica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, se\u00f1al\u00f3 que, no le constan los hechos relacionados en el escrito de tutela, que hacen referencia a diferentes actuaciones judiciales y administrativas ajenas a las competencias y funciones de esa cartera. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, carece de competencia para realizar un pronunciamiento de fondo o realizar alguna actuaci\u00f3n frente a la imposici\u00f3n de medidas de restablecimiento a favor del adolescente, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, tras aducir que la providencia censurada de 13 de diciembre de 2022, no comporta vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por la accionante, en tanto que, el Juzgado accionado se abstuvo de imponer las medidas de que trata el art\u00edculo 53 de la Ley 1098 de 2006 con respaldo en un argumento que emerge acertado, toda vez que, no est\u00e1 probada de forma id\u00f3nea la real y verdadera identidad del adolescente, ni su nacionalidad, tomando, eso s\u00ed, las medidas apropiadas y necesarias para que esa incierta situaci\u00f3n se supere, entre otras, mantener su ubicaci\u00f3n en medio familiar en la modalidad de hogar sustituto ONG, incluyendo las conminaciones oportunas de cara a las funciones de la Defensor\u00eda de Familia. <\/p>\n
LA IMPUGNACION <\/p>\n
La Defensora de Familia impugn\u00f3 el fallo de primer grado, reiterando argumentos expuestos en el escrito inicial, referentes a que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en un defecto de car\u00e1cter procedimental, al inaplicar la norma que rige el caso concreto, pues omiti\u00f3 resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor [art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006], desconociendo la jurisprudencia de esta Sala, que en sentencia STC12565-2022, resolvi\u00f3 un caso similar <\/p>\n
Igualmente resalt\u00f3 que, con fundamento en el art\u00edculo 19 de la ley 1098 de 2006, el funcionario de conocimiento podr\u00eda ejercer un control de legalidad del acto administrativo proferido por la Direcci\u00f3n Nacional de Protecci\u00f3n mediante la Resoluci\u00f3n 4598 de 27 de septiembre de 2022, en la que resolvi\u00f3 no concederle el aval para continuar conociendo del PARD en favor de Juanito. <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la falta del requisito de la subsidiariedad expuesto por el a quo, sostuvo que no se tuvieron en cuenta las razones expuestas por esa Defensor\u00eda que le impidieron presentar los recursos pertinentes en esa \u00e9poca, tales como \u00abdesde el 14 de Diciembre de 2022 hasta el 9 de Enero de 2023, estuvo apartada de sus funciones con aprobaci\u00f3n previa de la Directora Regional del ICBF y la Coordinadora del CZ La Floresta; al igual inform\u00f3 que desde el 2 de febrero de 2022 no se ha nombrado el remplazo de un Defensor que renunci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es factible inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado, se tienen aquellos eventos en los que el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, los que luego de un ponderado estudio har\u00edan imperiosa la concurrencia de la protecci\u00f3n pedida para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
2. La medida de restablecimiento de derechos, est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 50 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006, dirigida a \u00abla restauraci\u00f3n de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados\u00bb a ni\u00f1os y adolescentes, advirtiendo enseguida que \u00abes responsabilidad del Estado en su conjunto a trav\u00e9s de las autoridades p\u00fablicas, quienes tienen la obligaci\u00f3n de informar o conducir ante la Polic\u00eda, las Defensor\u00edas de Familia, las Comisar\u00edas de Familia o en su defecto, los Inspectores de Polic\u00eda o las Personer\u00edas Municipales o Distritales a todos los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad\u00bb (canon 51 ib\u00eddem). <\/p>\n
Siendo variadas las circunstancias para determinar una situaci\u00f3n irregular que amerite la intervenci\u00f3n estatal, en los art\u00edculos 53, 56, 57 y 59 ib\u00eddem se estatuyen las siguientes medidas de restablecimiento, i) amonestaci\u00f3n con asistencia obligatoria a curso pedag\u00f3gico, ii) retiro inmediato del menor de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades il\u00edcitas en que se pueda encontrar, y ubicaci\u00f3n en un programa de atenci\u00f3n especializada, iii) ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar, la cual puede ser con su familia extensa cuando existen parientes cercanos que puedan cuidarlo, en hogar de paso cuando no aparezcan esas personas, o en hogar sustituto, es decir en una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atenci\u00f3n necesaria en sustituci\u00f3n a sus parientes de origen, iv) ubicaci\u00f3n en centros de emergencia para los casos en los que no procede ubicaci\u00f3n en los hogares de paso, v) adopci\u00f3n y, vi) las dem\u00e1s que est\u00e9n se\u00f1aladas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice su protecci\u00f3n integral. <\/p>\n
Las autoridades que est\u00e1n llamadas a aplicar las medidas, seg\u00fan lo contemplado en los art\u00edculos 79 a 95 de la citada norma, son, i) el Defensor de Familia del ICBF, de manera preferente, dada su calidad de coordinador en todo lo relacionado con el sistema de Bienestar Familiar y concretamente de las medidas de protecci\u00f3n o de restablecimiento, ii) el Comisario de Familia, iii) la Polic\u00eda Nacional y, iv) el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Referente a la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite administrativo para el prop\u00f3sito se\u00f1alado, el precepto 99 del estatuto en menci\u00f3n, faculta a cualquiera de las autoridades antes citadas para que lo adelante oficiosamente cuando tenga conocimiento de la inobservancia, vulneraci\u00f3n o amenaza de alguno de los derechos del ni\u00f1o o adolescente. <\/p>\n
Al abrir la investigaci\u00f3n, la norma en estudio autoriza al Defensor o al Comisario de Familia que tenga a su cargo la instrucci\u00f3n del caso, para ordenar \u00ab2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protecci\u00f3n integral del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb, las cuales podr\u00e1n mantenerse al decidir de fondo el asunto, seg\u00fan la necesidad y utilidad de estas con observancia en la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os como lo contemplan los tratados internacionales y se recoge expresamente en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n de 1991, y en el ordenamiento legal que se viene estudiando. <\/p>\n
Igualmente es necesario se\u00f1alar, que seg\u00fan la referida codificaci\u00f3n, el superior funcional de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, es el Juez de Familia del lugar donde se encuentra el menor o adolescente, lo anterior porque si el que falla es el ente administrativo, la resoluci\u00f3n requiere de homologaci\u00f3n ante el funcionario judicial al tenor del inciso 4\u00ba del art\u00edculo 100, concordante con lo descrito en los preceptos 103, 108, 119 y 123 del estatuto especial en cita. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, lo pretendido por la Defensora de Familia del ICBF Regional Santander se circunscribi\u00f3 a la declaratoria de nulidad de las actuaciones adelantadas por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja en el proceso administrativo de restablecimientos de derechos del menor Juanito y, como consecuencia, se le otorgue el aval solicitado para continuar conociendo del PARD adelantado en favor del menor y de esta manera, poder resolver de fondo su situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
4. Con soporte en lo anteriormente expuesto, as\u00ed como en el an\u00e1lisis pertinente a la demanda de tutela y a las piezas procesales allegadas a este tr\u00e1mite, y con observancia en la normativa aplicable, advierte la Corte la improcedencia de la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional, al advertir que las decisiones proferidas en el marco del PARD objeto de estudio se encuentran razonables, adem\u00e1s de no satisfacerse el requisito de la subsidiariedad, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1 En el proceso de restablecimiento de derechos del menor Juanito, adelantado por la Defensora de Familia del Centro Zonal la Floresta de Bucaramanga, mediante resoluci\u00f3n N\u00b0 109 de 12 de abril de 2021 se declar\u00f3 en vulneraci\u00f3n de derechos al menor de edad referido y se confirm\u00f3 su ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, tr\u00e1mite que fue prorrogado por la citada defensor\u00eda mediante acto administrativo N\u00b0 346 de 6 de octubre de 2021, con el fin de darle continuidad al acompa\u00f1amiento para el goce de los derechos del adolescente. <\/p>\n
4.2 La Defensora de Familia de conocimiento solicit\u00f3 a la Directora Regional ICBF de Santander la autorizaci\u00f3n para ampliar o prorrogar el t\u00e9rmino para continuar conociendo del proceso de restablecimiento, como quiera que no hab\u00eda sido posible definir la situaci\u00f3n del joven, por tratarse de un menor de nacionalidad venezolana que no contaba con identificaci\u00f3n, aval que fue concedido el 24 de enero de 2022. <\/p>\n
4.3 Al considerar que el tiempo otorgado no fue suficiente para definir la situaci\u00f3n, la Defensora de Familia elev\u00f3 solicitud a la Coordinaci\u00f3n de Autoridades Administrativas para ampliar ese t\u00e9rmino por seis meses m\u00e1s, petici\u00f3n que fue negada por la directora de Protecci\u00f3n del ICBF – Sede Nacional el 27 de septiembre de 2022. <\/p>\n
4.4 Conforme a lo anterior la Defensora de Familia, aqu\u00ed accionante, mediante oficio de 13 de octubre de 2022, remiti\u00f3 el proceso administrativo a los Juzgados de Familia [reparto], con las siguientes solicitudes, i) se declare que no existe situaci\u00f3n o irregularidad procesal que afecte con nulidad lo actuado, ii) se le ordene a la Directora de Protecci\u00f3n Nacional, darle el aval solicitado y, iii) de considerarse que opera la nulidad, sea el Juez de Familia quien tramite y defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o. <\/p>\n
4.5 El conocimiento de la actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, autoridad que mediante providencia de 24 de octubre siguiente, resolvi\u00f3, <\/p>\n
<\/p>\n
* No acceder al aval solicitado por la Defensora de Familia por no ser ese asunto de su competencia, pues dicho mecanismo se encuentra regulado en la Resoluci\u00f3n 11199 de 2019 proferida por el instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en ella se indica que el mecanismo es puesto a consideraci\u00f3n del director regional o de la direcci\u00f3n de protecci\u00f3n del ICBF. <\/p>\n
– Avocar el conocimiento de las diligencias al encontrar que el t\u00e9rmino concedido a la Defensor\u00eda de Familia, por la ley y las pr\u00f3rrogas, ya se encontraba fenecido, declarando as\u00ed su p\u00e9rdida de competencia y, <\/p>\n
– Orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas para la verificaci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor de edad. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que fue objeto de correcci\u00f3n en auto de 15 de noviembre de 2022, en el sentido de indicar que \u00abel t\u00e9rmino de la pr\u00f3rroga efectuada por la autoridad administrativa venci\u00f3 el 19 de abril de 2022 y no el 11 de abril de 2022 como se indic\u00f3, y el t\u00e9rmino del aval concedido por la Directora Regional Santander venc\u00eda el 19 de octubre de 2022 y no el 11 de octubre de 2022 como se indic\u00f3 en la referida providencia\u00bb, y agreg\u00f3, que la Defensora de Familia contaba hasta el 19 de octubre de 2022 con competencia dentro del PARD y sin embargo el 13 de octubre siguiente, remiti\u00f3 el expediente al Juez de Familia, estando a tres d\u00edas h\u00e1biles de perder la competencia y sin realizar actuaci\u00f3n alguna respecto de las sugerencias y \u00f3rdenes impartidas por la Direcci\u00f3n de Protecci\u00f3n del ICBF en la Resoluci\u00f3n 4598 de 27 de septiembre de 2022, <\/p>\n
4.7 La Defensora de Familia, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el auto de 24 de octubre de 2022, recurso que fue despachado de manera desfavorable. <\/p>\n
4.8 El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja en providencia de 13 de diciembre de 2022, neg\u00f3 la imposici\u00f3n de medidas de restablecimiento consagradas en el art\u00edculo 53 de la ley 1098 de 2006 en favor del menor Juanito, manteniendo la medida provisional de ubicaci\u00f3n en medio familiar en la modalidad de hogar sustituto ONG, mientras se restablecen sus derechos, y adem\u00e1s exhort\u00f3 al Defensor de Familia para que establezca la identidad plena del adolescente y una vez se logre lo anterior, efect\u00fae el correspondiente procedimiento administrativo de restablecimientos de derechos en los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n, si bien hizo alusi\u00f3n a las actuaciones desplegadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para establecer la identidad del menor, resalt\u00f3 que no se realizaron ni por parte del equipo t\u00e9cnico interdisciplinario de la Defensor\u00eda de Familia ni por el Defensor de Familia, las diligencias pertinentes para verificar la identidad de Juanito, pese a las sugerencias efectuadas por la Direcci\u00f3n de protecci\u00f3n, lo que condujo a que no se cuente con alg\u00fan documento v\u00e1lido del cual se pueda establecer el nombre, identidad, filiaci\u00f3n y nacionalidad del adolescente. <\/p>\n
Adem\u00e1s refiri\u00f3 los requerimientos realizados en diferentes oportunidades a entidades tales como la Embajada de la Republica Bolivariana de Venezuela en la Rep\u00fablica de Colombia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin obtener respuesta, raz\u00f3n por la cual, no dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 53 de la ley 1098 de 2006 \u00abal no poder determinar la verdadera identidad de quien tiene por nombre JUANITO, pues no es correcto emitir decisi\u00f3n en tal sentido bajo una suposici\u00f3n de identidad del adolescente presuntamente de nacionalidad Venezolana cuando no obra en las diligencias un documento id\u00f3neo de identificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. El anterior recuento, permite advertir a la Corte que las decisiones proferidas por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja no vulneran los derechos que invoca la Defensora de Familia accionante, porque, contrario a lo alegado, fueron emitidas en aras de garantizar el inter\u00e9s superior del menor de edad, a quien, a la fecha, no se le ha podido determinar su verdadera identidad. <\/p>\n
Sumado a lo expuesto, las providencias indican un estudio de los supuestos f\u00e1cticos del caso, de cara a la norma que rige este tipo de procedimientos administrativos, por lo cual lucen razonables, situaci\u00f3n que permite evidenciar es un desacuerdo de la accionante con las determinaciones cuestionadas. <\/p>\n
6. Debe tenerse presente igualmente, que conforme se pudo constatar en el expediente, el reparo que se trae en esta sede constitucional referente al aval de pr\u00f3rroga para continuar conociendo del PARD, fue analizado por el Juzgado de conocimiento quien de manera clara expuso los motivos para no acceder a tal petici\u00f3n. <\/p>\n
Situaci\u00f3n diferente ocurre con la solicitud de nulidad de lo actuado dentro del proceso administrativo que se pretende por esta v\u00eda, en tanto que, dicha petici\u00f3n no ha sido elevada ante el Juez de Familia que conoce del asunto, lo que muestra de manera clara la improcedencia de la protecci\u00f3n, no siendo de recibo el argumento de la impugnante, referente a que para el 9 de enero de 2023, estuvo apartada de sus funciones y por esa raz\u00f3n no pudo formular los mecanismos que ten\u00eda a su alcance, pues es sabido que la nulidad se puede alegar en cualquiera de las instancias antes de que se profiera sentencia, o con posterioridad a \u00e9sta, si ocurrieren en ella, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7. Finalmente se se\u00f1ala que no es procedente aplicar la sentencia STC12565-2022 enunciada por la accionante, toda vez que los supuestos f\u00e1cticos all\u00ed se\u00f1alados, difieren de los que ahora son objeto de estudio, adem\u00e1s de que lo all\u00ed resuelto tiene efectos inter partes, no erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022, STC1205-2023). <\/p>\n
8. Conforme lo expuesto y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3133-2023 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con un menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}