STC3134-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3134-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edgar Alfonso L\u00f3pez Cristancho contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama, por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, ordenar al \u00abJuzgado Segundo de Familia de Santa Marta dejar sin valor ni efecto el auto que tiene por no contestada la demanda, dada la supuesta falta de poder especial de representaci\u00f3n legal\u00bb, y \u00abtener por contestada la demanda en virtud de los poderes especiales de representaci\u00f3n legal que se encuentran dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo de alimentos adelantado contra el aqu\u00ed accionante por sus hijas mayores de edad, \u00e9l envi\u00f3 correo electr\u00f3nico al Juzgado accionado con poder especial en formato \u00abPDF\u00bb y memorial solicitando su notificaci\u00f3n por conducta concluyente; posteriormente el abogado indicado en el mandato interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el mandamiento de pago librado en contra del gestor, pero, dice el accionante, el 1\u00ba de diciembre de 2021 el juzgado cognoscente le exigi\u00f3 presentar poder especial por medios electr\u00f3nicos con requisitos adicionales o, en subsidio, \u00aben forma f\u00edsica\u00bb, por lo cual el profesional del derecho se present\u00f3 en la sede del juzgado y realiz\u00f3 presentaci\u00f3n personal ante el secretario. <\/p>\n
2.2. Expuso el gestor que, por la demora en el tr\u00e1mite del proceso, el 24 de enero de 2022 radic\u00f3 escrito de excepciones de m\u00e9rito, pero el 10 de octubre siguiente el juzgado tuvo por no contestada la demanda y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Narr\u00f3 el accionante que atac\u00f3 la precitada decisi\u00f3n mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, adem\u00e1s pidi\u00f3 declarar la nulidad procesal de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pero lo definido fue mantenido, fue negada la alzada y la nulidad, con lo cual considera hubo exceso ritual manifiesto, de cara al art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Mar\u00eda Paula L\u00f3pez Jauregui y Catalina Mar\u00eda L\u00f3pez Jauregui pidieron negar la protecci\u00f3n, tras resaltar que el gestor desatendi\u00f3 el requerimiento que le hizo el juzgado accionado para que allegara poder, con el fin de reconocer personer\u00eda a su abogado. <\/p>\n
2. La Procuradora 25 Judicial II de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres pidi\u00f3 verificar el tr\u00e1mite procesal a efectos de establecer si se configur\u00f3 la vulneraci\u00f3n superior alegada. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta relacion\u00f3 las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado y resalt\u00f3 que el gestor no cumpli\u00f3 con el requerimiento hecho en prove\u00eddo de 1\u00ba de diciembre de 2021, para que allegara el poder otorgado mediante mensaje de datos, ya que el mandato aportado \u00abno evidencia la cadena de env\u00edos que corrobore que desde el email del se\u00f1or L\u00f3pez Cristancho (edgaralfonsolopezcristancho@gmail.com) se haya enviado el aludido poder al correo del Dr. Daniel Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho (Danielsarmiento.ius@gmail.com), situaci\u00f3n que impide tener certeza de la autenticidad del citado documento\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que a pesar de que el accionante asevera que posteriormente firm\u00f3 poder especial y le hizo presentaci\u00f3n personal ante el secretario del juzgado, \u00ablo cierto es que el mismo no fue aportado al presente tr\u00e1mite\u00bb, por lo cual se tuvo por no contestada la demanda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, luego de que el aqu\u00ed accionante radic\u00f3 el poder que confiri\u00f3 a su abogado, el 1 de diciembre de 2021, el juzgado convocado lo requiri\u00f3 para que lo allegara con el lleno de requisitos legales y aun cuando el profesional remiti\u00f3 mensaje donde dijo enviar el poder autenticado y con presentaci\u00f3n personal en la secretar\u00eda del estrado judicial no acompa\u00f1\u00f3 el anunciado documento, posteriormente \u00e9ste formul\u00f3 excepciones y pidi\u00f3 el levantamiento de medidas cautelares, no obstante el 10 de octubre de 2022 fue rechazada la contestaci\u00f3n de la demanda, lo que evidencia que la subsiguiente orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n obedeci\u00f3 a que no fueron saneadas las inconsistencias que el juzgado accionado advirti\u00f3 en el mandato, sin que obre prueba del poder al que se le hizo presentaci\u00f3n personal en la secretar\u00eda. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor reprochando que no se hubiera revisado el poder especial que inicialmente confiri\u00f3 para el proceso criticado y sostuvo que si agot\u00f3 los medios de defensa con que contaba, porque interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que le result\u00f3 adverso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen del expediente contentivo del proceso cuestionado se establecen las siguientes actuaciones con relevancia para la presente decisi\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Luego de que el accionante alleg\u00f3 al proceso el poder con que solicit\u00f3 ser tenido por notificado por conducta concluyente y el abogado all\u00ed se\u00f1alado interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, el juzgado accionado, en auto del 1\u00ba de diciembre de 2021, lo requiri\u00f3 para que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, allegara el mandato en debida forma \u00abindic\u00e1ndose de manera expresa la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del apoderado, misma que deber\u00e1 coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados (\u2026); adosando adem\u00e1s, captura de pantalla en la que se verifique que el poderdante efectu\u00f3 la remisi\u00f3n del poder debidamente otorgado al profesional del derecho a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, determinando e identificando claramente las partes y el asunto. En su defecto, deber\u00e1 allegarse el poder concedido en debida forma, contentivo de presentaci\u00f3n personal, de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 24 de enero de 2022 el abogado indicado en el mandato conferido por el aqu\u00ed accionante alleg\u00f3 escrito de excepciones de m\u00e9rito y el 10 de octubre del mismo a\u00f1o el juzgado accionado resolvi\u00f3 rechazar el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago porque el requerimiento del poder \u00abno fue satisfecho, sino hasta el 16 de diciembre de 2021, despu\u00e9s de fenecido el t\u00e9rmino para ello. De otro lado se tiene que, el escrito allegado contentivo de excepciones de m\u00e9rito, fue interpuesto de forma extempor\u00e1nea\u00bb, en consecuencia, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Contra la precitada decisi\u00f3n el aqu\u00ed interesado interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, adem\u00e1s pidi\u00f3 decretar la nulidad del proceso, pero la determinaci\u00f3n fue mantenida el 6 de diciembre de 2022, oportunidad en que la nulidad fue denegada, aquello porque, \u00abel litigante no cumpli\u00f3 la carga impuesta y necesaria para probar su calidad procesal para defender al demandado\u00bb. <\/p>\n
3. De entrada se establece que, contrario a lo que consider\u00f3 el juzgador a quo constitucional, est\u00e1 cumplido el requisito de subsidiariedad de la tutela, porque el actor recurri\u00f3 la decisi\u00f3n que materializ\u00f3 la vulneraci\u00f3n superior alegada, consistente en el prove\u00eddo de 10 de octubre de 2022 con que fue rechazado el recurso de reposici\u00f3n que present\u00f3 contra el mandamiento de pago as\u00ed como las excepciones de m\u00e9rito propuestas, para, en su lugar, tenerlo por notificado personalmente y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Al resolver dicho mecanismo, el estrado accionado consider\u00f3 en auto de 6 de diciembre que, <\/p>\n
\u2026al togado se le requiri\u00f3 mediante providencia del primero (1\u00b0) de diciembre pasado con la finalidad de que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas arrimara al plenario el duplicado del poder otorgado, desobedeciendo el t\u00e9rmino perentorio otorgado y sin que a la fecha allegara la misiva, es m\u00e1s, al momento de proferir la providencia objeto de alzada a\u00fan no hab\u00eda aportado el acto de reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica. Es que, es il\u00f3gico argumentar que la prueba fue presentada el diecisiete (17) de septiembre del a\u00f1o anterior cuando el requerimiento se le hace tres meses despu\u00e9s. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la perentoriedad de los t\u00e9rminos dispuesto en el art\u00edculo 117 del C.G. del P. que se\u00f1ala: \u201cLos t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario.\u201d <\/p>\n
Por lo tanto, en vista que, el litigante no cumpli\u00f3 con la carga impuesta y necesaria para probar su calidad procesal para defender al demandado, se mantiene lo dispuesto en la providencia de alzada y se declara no avante el recurso de reposici\u00f3n en contra de la providencia del diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto subsidiariamente al de reposici\u00f3n es de recordar la taxatividad de las providencias enlistadas en el art\u00edculo 321 del C.G. del P. <\/p>\n
En efecto, carec\u00eda de fundamento legal requerir \u00abla cadena de env\u00edos que corrobore que desde el email del se\u00f1or L\u00f3pez Cristancho (edgaralfonsolopezcristancho@gmail.com) se haya enviado el aludido poder al correo del Dr. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho (Danielsarmiento.ius@gmail.com), situaci\u00f3n que impide tener certeza de la autenticidad del citado documento\u00bb, como equivocadamente exigi\u00f3 el juzgado accionado, con lo cual incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4. Los administradores de justicia tienen el deber de procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC) en la actividad judicial (regla 95 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia -n.\u00b0 270- y primer p\u00e1rrafo del canon 103 del C\u00f3digo General del Proceso), como ha reconocido de manera consolidada esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ SC2420-2019, rad. 2017-01497, 4 jul. 2019, reiterada en SC4253-2019, rad. 2019-01228, 8 oct. 2019). Precisamente, en cumplimiento de ese mandato se permite que el poder judicial sea conferido por mensaje de datos sin requisitos innecesarios adicionales. <\/p>\n
Si bien el C\u00f3digo General del Proceso fue concebido para que los tr\u00e1mites se desarrollaran principalmente de forma presencial, respald\u00f3 de manera decidida el uso de las TIC en la administraci\u00f3n de justicia porque, adem\u00e1s de consagrar el referido imperativo, permiti\u00f3 realizar actuaciones judiciales \u00aba trav\u00e9s de mensajes de datos\u00bb y remiti\u00f3 a las disposiciones compatibles de la ley 527 de 1999 (art. 103). <\/p>\n
La ley 1564 de 2012 tambi\u00e9n aval\u00f3 la posibilidad de empoderar a profesionales del derecho para fines espec\u00edficos mediante escrito \u00abpresentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario\u00bb o \u00abpor mensaje de datos con firma digital\u00bb, radicar demandas \u00aben mensaje de datos\u00bb y comunicarse tanto las autoridades judiciales entre s\u00ed como con las partes \u00aba trav\u00e9s de mensajes de datos\u00bb (arts. 74, 82 y 111). <\/p>\n
La noci\u00f3n de \u00abmensaje de datos\u00bb (que no puede equipararse a mensaje de correo electr\u00f3nico, como entendi\u00f3 el juzgado accionado) hace parte de la estructura del C\u00f3digo General del Proceso para que jueces y usuarios del servicio de justicia pudieran actuar por medio de las TIC. De ah\u00ed que ese concepto fuera retomado por el decreto 806 de 2020, por supuesto, con un enfoque adicional: hacer a un lado algunas formalidades (como la firma digital o presentaciones personales, por ejemplo) con miras a cumplir su finalidad de \u00abimplementar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el tr\u00e1mite de los procesos judiciales ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u2026\u00bb, \u00abflexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas que dependen de este\u00bb, todo para hacer frente a las circunstancias ocasionadas por la pandemia del virus Covid-19 (art. 1\u00ba). <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, el art\u00edculo 5\u00ba del citado decreto estableci\u00f3 que \u00ab[l]os poderes especiales para cualquier actuaci\u00f3n judicial se podr\u00e1n conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos y no requerir\u00e1n de ninguna presentaci\u00f3n personal o reconocimiento\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Esto traduce que debe considerarse que, a diferencia del criterio plasmado por el juzgado accionado, el poder tiene un autor conocido (pues a eso apunta la presunci\u00f3n de autenticidad prevista en la citada norma) y ser\u00e1 eficaz, siempre que, adem\u00e1s de otorgarse a un profesional del derecho, se confiera por mensaje de datos y tenga la antefirma del otorgante, sin necesidad de presentaci\u00f3n personal, reconocimiento notarial, firma manuscrita o digital, o env\u00edo desde el correo electr\u00f3nico del poderdante al del apoderado. <\/p>\n
5. Asimilar sin fundamento normativo las nociones de \u00abmensaje de datos\u00bb y \u00abmensaje de correo electr\u00f3nico\u00bb (o, lo que puede ser peor, desatender las normas que imponen diferenciarlas), como termin\u00f3 ocurriendo en el caso concreto cuando el juzgado convocado exigi\u00f3 \u00abla cadena de env\u00edos que corrobore que desde el email del se\u00f1or L\u00f3pez Cristancho\u2026 se haya enviado el aludido poder al correo del Dr. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho\u2026,\u00bb, lo cual, sostuvo, le impidi\u00f3 \u00abtener certeza de la autenticidad del citado documento\u00bb, desconoce el verdadero de \u00abmensaje de datos\u00bb referido por el precepto 5\u00ba del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
El mandato 28 del C\u00f3digo Civil impone entender las \u00abpalabras de la ley\u2026 en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas\u00bb, a menos que \u00abel legislador las haya definido expresamente para ciertas materias\u00bb, caso en que \u00abse les dar\u00e1 en estas su significado legal\u00bb. <\/p>\n
El sentido natural y obvio de \u00abmensaje\u00bb, seg\u00fan la definici\u00f3n de la Real Academia Espa\u00f1ola1, corresponder\u00eda al recado que una persona env\u00eda a otra o a la informaci\u00f3n remitida a un destinatario; es decir, el sentido coloquial de esa expresi\u00f3n tiene tres elementos: informaci\u00f3n, remitente y destinatario. <\/p>\n
No obstante, \u00abmensaje de datos\u00bb est\u00e1 lejos de ser una locuci\u00f3n natural, obvia o coloquial que permita adoptar su definici\u00f3n com\u00fan pues, adem\u00e1s de que ha sido empleada en varias oportunidades por el legislador nacional (arts. 82, 74, 103 y 111 del CGP, 5\u00ba 6\u00ba, 8\u00ba y 11 del decreto 806 de 2020) posee una definici\u00f3n legal que debe primar: <\/p>\n
\u00ab[l]a informaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electr\u00f3nico de Datos (EDI), Internet, el correo electr\u00f3nico, el telegrama, el t\u00e9lex o el telefax\u00bb (literal a del canon 2\u00ba de la ley 527 de 1999, se destaca). <\/p>\n
Seg\u00fan el criterio hermen\u00e9utico del precepto 28 del C\u00f3digo Civil, por mensaje de datos no puede entenderse solamente la informaci\u00f3n remitida a un destinatario (equivalente a un mensaje de correo electr\u00f3nico), sino que debe acogerse el sentido legal que le otorga el literal a) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 527 de 1999: informaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada con un soporte electr\u00f3nico, digital, \u00f3ptico o similar. As\u00ed las cosas, mensaje de datos no es solamente el que se env\u00eda a un destinatario o circula por medio de las TIC sino cualquier dato, declaraci\u00f3n o informaci\u00f3n que repose en un continente tecnol\u00f3gico. <\/p>\n
6. La raz\u00f3n del legislador patrio para definir de esa forma el \u00abmensaje de datos\u00bb no fue caprichosa, sino que estuvo justificada en la armonizaci\u00f3n del derecho. La ley 527 de 1999 fue resultado de que el Congreso de la Rep\u00fablica aprobara con ligeros ajustes la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL) sobre Comercio Electr\u00f3nico de 19962, como tambi\u00e9n han hecho m\u00e1s de 70 Estados que la han incorporado a su derecho interno3. <\/p>\n
Ello explica que el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 527 de 1999 ordene su interpretaci\u00f3n atendiendo \u00absu origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicaci\u00f3n y la observancia de la buena fe\u00bb, as\u00ed como dirimir los asuntos no regulados con los principios que la inspiran, tales como la equivalencia funcional y la neutralidad tecnol\u00f3gica. <\/p>\n
El principio de la equivalencia funcional consiste en que si bien los documentos f\u00edsicos, las firmas manuscritas y el original tangible no son id\u00e9nticos a sus equivalentes electr\u00f3nicos, s\u00ed cumplen las mismas funciones y, por tanto, ameritan igual eficacia jur\u00eddica. La neutralidad tecnol\u00f3gica, por su parte, admite las diversas tecnolog\u00edas disponibles para enviar, generar, recibir, almacenar o comunicar documentos, firmas, originales electr\u00f3nicos o mensajes de datos y, generalmente, proscribe acoger una sola de ellas en particular, porque los avances tecnol\u00f3gicos pueden hacerla caduca con el paso del tiempo o que no est\u00e9 disponible para todos los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Precisamente la Gu\u00eda de Incorporaci\u00f3n al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico explica: <\/p>\n
El concepto de \u201cmensaje de datos\u201d no se limita a la comunicaci\u00f3n sino que pretende tambi\u00e9n englobar cualquier informaci\u00f3n consignada sobre un soporte inform\u00e1tico que no est\u00e9 destinada a ser comunicada. As\u00ed pues, el concepto de \u201cmensaje\u201d incluye el de informaci\u00f3n meramente consignada. <\/p>\n
Vistas las cosas de esta manera, \u00abmensaje de datos\u00bb es concepto legal (las leyes 527 de 1999, 1564 de 2012 y decreto 806 de 2020, entre otras disposiciones) tomado de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico que, se repite, cobija la informaci\u00f3n enviada, generada, recibida, almacenada o comunicada en formatos electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como es el caso del poder arrimado en formato \u00abpdf\u00bb dentro del proceso cuestionado por el aqu\u00ed accionante, de ah\u00ed que si el decreto 806 de 2020 -art. 5\u00ba- permite conferir poder por mensaje de datos que, adem\u00e1s, se presumir\u00e1 aut\u00e9ntico, resulte excesivo exigir requisitos adicionales para demostrar la autor\u00eda del documento. <\/p>\n
Esta interpretaci\u00f3n resulta acorde con el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 527 de 1999 que impone su aplicaci\u00f3n de acuerdo con su origen internacional (al ser producto del trabajo de una comisi\u00f3n de las Naciones Unidas), procurando su aplicaci\u00f3n uniforme (es decir, atendiendo las recomendaciones compatibles de su gu\u00eda para la incorporaci\u00f3n al derecho interno) y el postulado de la buena fe (que por mandato del art\u00edculo 83 constitucional se presume a favor de los particulares que act\u00faan ante las autoridades p\u00fablicas). <\/p>\n
Precisamente, al considerar insuficiente el poder conferido por \u00abmensaje de datos\u00bb y exigir cadena de env\u00edos desde la cuenta de correo electr\u00f3nico del poderdante a la del apoderado, con miras a establecer la autenticidad (que, vale la pena reiterarlo, presume la ley), la decisi\u00f3n del juzgado accionado: <\/p>\n
A) Desatendi\u00f3 el origen internacional de la definici\u00f3n de mensaje de datos tomada por Colombia y otros 76 Estados de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico. <\/p>\n
B) Se abstuvo injustificadamente de aplicar el entendimiento uniforme de esa noci\u00f3n porque, seg\u00fan la Gu\u00eda de Incorporaci\u00f3n al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico, \u00abmensaje de datos\u00bb engloba toda la informaci\u00f3n consignada sobre un soporte inform\u00e1tico as\u00ed no est\u00e9 destinada comunicarse. <\/p>\n
C) Hizo a un lado el postulado de la buena fe del poderdante que remiti\u00f3 el poder y del togado que actu\u00f3 en el tr\u00e1mite judicial con fundamento en un poder en \u00abpdf\u00bb. <\/p>\n
D) Desconoci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad prevista expresamente en el art\u00edculo 5\u00ba del decreto 806 de 2020 y que cobijaba el poder aportado en mensaje de datos, sin que fueran necesarios requisitos adicionales. <\/p>\n
E) Desconoci\u00f3 el deber previsto en la parte final del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que impone a los jueces abstenerse de exigir o cumplir formalidades innecesarias (como la de requerir allegar cadenas de correos electr\u00f3nicos que permitan establecer una autor\u00eda que se presume por mandato legal). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el imperio de las fuentes jur\u00eddicas aplicables a la controversia -al que por mandato del art\u00edculo 230 constitucional est\u00e1n sometidas la Sala y la entidad judicial accionada- impon\u00eda tramitar sin m\u00e1s exigencias el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago y eventualmente las excepciones de m\u00e9rito presentadas por el aqu\u00ed accionante, en raz\u00f3n a que el poder fue allegado en mensaje de datos que se presume aut\u00e9ntico a la luz del art\u00edculo 5\u00ba del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
7. Por lo expuesto, al no haber dado curso legal al tantas veces mencionado mandato, vulner\u00f3 las prerrogativas superiores invocadas por el actor, lo que impone dejar sin valor ni efecto el auto de 6 de diciembre de 2022 con que se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 10 de octubre anterior, para que en su lugar vuelva a ser analizado teniendo en cuenta las precedentes consideraciones. <\/p>\n
8. En consonancia con lo expuesto, la Corte revocar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primer grado para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede la protecci\u00f3n invocada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, deje sin valor y efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 6 de diciembre de 2022, dentro del proceso ejecutivo de alimentos que Catalina Mar\u00eda y Mar\u00eda Paula L\u00f3pez Ja\u00faregui adelantan contra Edgar Alfonso L\u00f3pez y, en su lugar, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, resuelva nuevamente el recurso reposici\u00f3n presentado contra el auto que profiri\u00f3 el 10 de octubre anterior, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Segundo: Con env\u00edo de copia de esta decisi\u00f3n comun\u00edquese a las partes del proceso, a los dem\u00e1s intervinientes, al juzgador a-quo constitucional y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 https:\/\/dle.rae.es\/mensaje. <\/A><\/p>\n 2\u0002 Su contenido, junto con la gu\u00eda de incorporaci\u00f3n al derecho interno, pueden consultarse en https:\/\/uncitral.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/es\/05-89453_s_ebook.pdf. <\/A><\/p>\n