STC3135-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3135-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el diecisiete (17) de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP contra la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 23 Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n RDP-008389 del 15 de marzo de 2019, la UGPP neg\u00f3 a Jorge Luis Ramos Ortega la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional que solicit\u00f3 con fundamento en el art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita entre la Caja Agraria y Sintracreditario. <\/p>\n
2. Ello con fundamento en que, aunque ya ten\u00eda acreditados los 20 a\u00f1os de servicios, no alcanz\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os antes del 31 de julio de 2010, en observancia de las disposiciones contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
3. Ramos Ortega demand\u00f3 a la Unidad de Gesti\u00f3n de Aportes Parafiscales UGPP, quien fue condenada al pago de una pensi\u00f3n la cual considera ilegal, pues en su sentir se est\u00e1 reconociendo su existencia sin el cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados en la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 de la Caja Agraria, esto es, 20 a\u00f1os de servicios y 55 a\u00f1os para los hombres, los cuales deben acreditarse antes del 31 de julio de 2010 conforme a lo exigido por el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
4. Precis\u00f3 la UGPP que las sentencias aqu\u00ed controvertidas desconocen que la condici\u00f3n y los requisitos establecidos en el art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n colectiva 1998-1999 son para la causaci\u00f3n del derecho y no para la exigibilidad, por tanto solicit\u00f3 revocar las providencias proferidas por la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, siendo la \u00faltima de ellas la SL2408-2022, en la que adem\u00e1s de confirmar la legalidad de las proferidas en primera y segunda instancia, y modific\u00f3 el valor de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que no observa irregularidad alguna en el proceso cuestionado y defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia aport\u00f3 en su contestaci\u00f3n apartes de la sentencia recurrida, en donde reiter\u00f3 los criterios interpretativos y jurisprudenciales que motivaron su decisi\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo por criterio razonable, pues consider\u00f3 que la sentencia cuestionada se encuentra suficientemente motivada, y que sus razonamientos se encuentran ajustados a la jurisprudencia reiterada de la Sala permanente de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 los argumentos de su escrito genitor, reiterando las razones por las cuales esgrime que existe v\u00eda de hecho en el proceso recurrido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De entrada, advierte esta Corporaci\u00f3n el fracaso del resguardo invocado por la entidad accionante ante la existencia de un mecanismo ordinario de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado por la inconforme, comoquiera que tienen a su alcance el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en la ley 797 de 2003, a fin de ventilar lo referente al reconocimiento pensional obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso o si la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables, causales precisadas en el art\u00edculo 20 de la mencionada legislaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En efecto, el mencionado precepto contempla la posibilidad de acudir eficazmente a esa v\u00eda en pos de refutar, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Sobre el punto, dicho canon establece que <\/p>\n
(\u2026) [l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
4. En ese mismo sentido, agrega que \u00ab[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos:\u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y\u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. (Resaltado fuera del texto). <\/p>\n
5. En ese contexto, queda en evidencia que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, podr\u00e1n ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, en virtud de las causales establecidas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Bajo ese entendido, lo cierto es que los efectos de la decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada (SL2804-2022) s\u00ed pueden ser debatidos por la senda establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 si lo que con ello se busca es defender el tesoro p\u00fablico, conforme lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la que se destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [e]l art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acci\u00f3n especial o sui g\u00e9nesis de revisi\u00f3n y ordena que se tramite por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendr\u00e1 como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan sea el \u00f3rgano competente en cada caso. <\/p>\n
6. Ahora, no sobra decir que dicho medio de control es el id\u00f3neo y eficaz para confrontar los puntos que fueron aducidos por la quejosa a trav\u00e9s de este sendero residual, sin perder de vista que, conforme lo reliev\u00f3 la guardiana de la Constituci\u00f3n, dicho dispositivo debe ser ejercitado dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
Precisamente, en un caso que guarda alguna simetr\u00eda con el de ahora, esta Sala explic\u00f3 que <\/p>\n
[n]o obstante, y en caso de aceptarse el reparo frente a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la regla 20 de la Ley 797 de 2003, consigna la posibilidad de intentarse la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para controvertir providencias judiciales en las cuales se comprometan \u201csumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica (CSJ. STC16105-2015, memorada en STC5016-2022). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, importa recordar que la UGPP est\u00e1 habilitada para instaurar la acci\u00f3n revisor\u00eda especial, porque dicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, seg\u00fan el cual, corresponde a esa entidad \u00abadelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen\u00bb. <\/p>\n
8. De igual manera, debe precisarse que aunque la gestora promovi\u00f3 el ruego como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, tales presupuestos no se encuentran estructurados en este asunto, pues, aunque para la UGPP tal situaci\u00f3n es de ese talante porque el acatamiento de la orden judicial de la que discrepa no da espera, y con ello, el pago de sumas de dinero que, seg\u00fan afirma, comprometen el patrimonio p\u00fablico, tal afirmaci\u00f3n se fundamenta en el desconocimiento de las decisiones que, en principio, les asiste la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, de manera que, mientras subsistan generan efectos en contra de la parte vencida en el juicio objeto de escrutinio. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a la aseveraci\u00f3n, seg\u00fan la cual, las condenas impuestas comprometen la sostenibilidad financiera, no puede ser de recibo, pues se trata de un trabajador que result\u00f3 favorecido con la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en virtud de las cotizaciones que realiz\u00f3 durante su vida laboral, por lo que dif\u00edcilmente podr\u00e1n verse afectados los recursos de la entidad por el hecho de acceder al pago de la mesada. <\/p>\n
9. Puestas en este modo las cosas, como se anunci\u00f3, la resoluci\u00f3n objeto de reproche ser\u00e1 convalidada por ser evidente que no se satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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