STC3136-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3136-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por John Carlos de la Hoz Ciro frente al fallo proferido el pasado 22 de febrero por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00e9l contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Fiscal\u00eda Treinta y Cinco Local \u2013 CAVIF, el Juzgado Sexto de Familia, la Comisar\u00eda Segunda de Familia, estos dos \u00faltimos tambi\u00e9n de aquella ciudad, Nilda Lorena y Yunis Mart\u00ednez Robles, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abprevalencia de los derechos de los menores\u00bb, vida, familia, salud, educaci\u00f3n, igualdad, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abinformaci\u00f3n y transparencia\u00bb, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, ordenar i) al Juzgado encausado, resolver su solicitud de nulidad para reiniciar el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n, reasign\u00e1ndola a una nueva Comisar\u00eda de Familia; ii) a la Comisar\u00eda convocada, declararse impedida para seguir conociendo del referido tr\u00e1mite; iii) a la Fiscal\u00eda encausada, proporcionarle \u00ablas supuestas pruebas y\/o declaraciones hechas por la se\u00f1ora Nilda Lorena (tal vez su hermana Yunis, su madre Enilda y [su] Hijo\u2026) en la denuncia interpuesta [en su] contra\u00bb, as\u00ed como informarle \u00absi sab\u00edan de antemano que las accionadas Nilda Lorena y Yunis planeaban llevarse[,] sin [su] conocimiento ni permiso a [sus] hijos menores para Bogot\u00e1 y si les dieron alg\u00fan aval escrito\u00bb; iv) a Nilda Lorena Mart\u00ednez, resguardar los derechos de sus hijos comunes menores de edad, retorn\u00e1ndolos para su lugar de arraigo, esto es, la ciudad de Barranquilla; v) a Yunis Mart\u00ednez Robles, \u00abresponder muy detalladamente las razones que la llevaron a actuar de esa manera, ejerciendo influencia negativa y manipulaci\u00f3n psicol\u00f3gica sobre [sus] hijos menores y sobre su hermana Nilda Lorena\u00bb; y vi) a \u00abtodas las dem\u00e1s entidades vinculadas y\/o solidarias\u00bb, que \u00abrespondan y tomen sus decisiones en derecho, acorde a sus funciones-competencias Constitucionales \u2013Legales\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de la solicitud de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar que contra el accionante impuls\u00f3 Nilda Mart\u00ednez Robles (actuaci\u00f3n extensiva a sus dos hijos comunes, menores de edad, de 15 y 7 a\u00f1os de edad), el 29 de septiembre de 2022 la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Barranquilla declar\u00f3 que \u00abla prueba recaudada evidencia\u2026 situaci\u00f3n de violencia intrafamiliar, siendo [v]\u00edctima\u2026 Mart\u00ednez Robles y [su] menor [hijo de 15 a\u00f1os de edad], y\u2026 agresor\u2026 de la Hoz Giro\u00bb; confirm\u00f3 como definitiva la medida adoptada inicialmente, consistente en que el tutelante deb\u00eda \u00ababsten[erse] de ejercer cualquier tipo de violencia[,] [a]gresi\u00f3n f\u00edsica o verbal, ofensa o amenaza en contra de\u2026 Mart\u00ednez Robles y [su hijo com\u00fan de 15 a\u00f1os]\u00bb, e impuso, a la pareja de adultos, \u00abiniciar tratamiento y\u2026 asesor\u00eda psicol\u00f3gica para el buen manejo de sus relaciones\u2026 a trav\u00e9s de su EPS o Comisaria de Familia y dem\u00e1s diligencias que sean necesarias para el buen manejo de las relaciones interpersonales en la familia\u00bb; as\u00ed mismo, aprob\u00f3 el acuerdo al que llegaron los padres respecto al cuidado personal (a cargo de la progenitora), alimentos (a cargo del padre: 100% del canon de arrendamiento y servicios p\u00fablicos, \u00abalimentaci\u00f3n, recreaci\u00f3n y gastos escolares\u00bb) y visitas (fines de semana a favor del padre). <\/p>\n
2.2. El accionante deprec\u00f3 la nulidad de lo all\u00ed actuado (alegando su indebida notificaci\u00f3n y la pretermisi\u00f3n de las etapas propias del asunto) y recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la determinaci\u00f3n referida a espacio. <\/p>\n
2.3. El 11 de octubre de 2022 la Comisar\u00eda encausada no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de invalidez, al concluir que \u00abno se present\u00f3 causal alguna de nulidad, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 133 del c\u00f3digo general del proceso, ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000, ley 2126 de 2021 y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb. Decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ninguna objeci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 25 de noviembre de 2022 el Juzgado recriminado rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la alzada incoada contra la referida decisi\u00f3n del 29 de septiembre de la Comisar\u00eda, sin embargo, el 9 de diciembre siguiente, ante solicitud de nulidad del accionante, dej\u00f3 sin efecto su decisi\u00f3n inicial y desat\u00f3 tal apelaci\u00f3n, confirmando el veredicto de primer grado. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela el accionante, reiterando los planteamientos de la petici\u00f3n de nulidad incoada ante la Comisar\u00eda de Familia, adujo que el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n fue irregular porque no fue formalmente citado al mismo; se le asalt\u00f3 en su buena fe, porque pensaba que la convocatoria para el 29 de septiembre de 2022 era, exclusivamente, para atender sus descargos, mas no para la realizaci\u00f3n de una audiencia concentrada, como ocurri\u00f3, sin respetarse las etapas respectivas, espec\u00edficamente en cuanto a escuchar la versi\u00f3n de la denunciante, la suya y proceder a la pr\u00e1ctica de pruebas en diligencias subsiguientes, vi\u00e9ndose imposibilitado de arrimar los m\u00faltiples elementos suasorios con los que contaba para ejercer su defensa, incluidos diferentes testimonios. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la madre de sus hijos le anticip\u00f3 que despu\u00e9s de la audiencia se trasladar\u00edan para la ciudad de Bogot\u00e1, sin importar su escolaridad ni que la ni\u00f1a cumpl\u00eda a\u00f1os en esos d\u00edas; lo que finalmente ocurri\u00f3, configur\u00e1ndose un rapto; sumado a que era evidente la manipulaci\u00f3n psicol\u00f3gica ejercida por la progenitora de los menores y la hermana de la primera, generando una clara alienaci\u00f3n parental en su contra. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que el Juzgado dej\u00f3 de resolver su solicitud de nulidad y que, por todo lo expuesto, la Comisar\u00eda recriminada estaba impedida para continuar con el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no le brinda informaci\u00f3n respecto al decurso de la denuncia por violencia intrafamiliar que le instaur\u00f3 su expareja, no le indica qu\u00e9 pruebas hay all\u00ed; ni le dio respuesta oportuna a pesar de que le anunci\u00f3, tempestivamente, el posible ejercicio arbitrario de la custodia por parte de la madre de los menores involucrados. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Yunis Mart\u00ednez Robles, como hermana de Lorena, madre de los menores involucrados en este caso, indic\u00f3 que lo \u00fanico que hizo \u00abfue prestar ayuda a la s\u00faplica de [su] familia en un momento muy cr\u00edtico para ellos y que ya estaba afectando de manera psicol\u00f3gica incluso a [su] madre y dem\u00e1s hermanos\u00bb; ello ante las manifestaciones de su hermana en cuenta a la violencia intrafamiliar ejercida por el accionante frente a ella y sus descendientes, sumado al incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron ante la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Segunda de Familia de Barranquilla histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y deprec\u00f3 se le eximiera \u00abde toda responsabilidad\u2026 por no haber vulnerado derecho alguno al accionante\u00bb, comoquiera que \u00abdurante todo el tr[\u00e1]mite adelantado\u2026 se le garantizaron sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, acceso a la justicia, acceso a la informaci\u00f3n, dando respuesta a cada uno de sus requerimientos dentro de los t\u00e9rminos de ley\u00bb, y porque \u00abla v\u00edctima Nilda Mart\u00ednez Robles y sus hijos, seg\u00fan lo relatado por ella misma, sali\u00f3 huyendo de las amenazas, intimidaciones, agresiones, coacciones realizadas por el hoy accionante, al punto de denunciarlo ante la fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n por estos hechos, los cuales seg\u00fan ella, ponen en riesgo la integridad f\u00edsica, la vida, la salud y el ambiente sano del n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el pasado 6 de diciembre recibi\u00f3 \u00abllamada telef\u00f3nica por parte de la v[\u00ed]ctima Nilda Mart\u00ednez Robles, quien expres[\u00f3] que a causa de los hostigamientos del agresor Jhon Carlos de la Hoz Ciro, interpuso denuncia penal en su contra ante la Fiscal\u00eda\u2026 y se traslad\u00f3 a la ciudad de Bogot\u00e1, localidad de Bosa, expresando que la comisaria de familia de su jurisdicci\u00f3n es la Comisaria de Familia de Bosa III\u00bb; por lo que, mediante auto del d\u00eda 7 siguiente, \u00abprocedi\u00f3 a dar traslado del expediente a [esa \u00faltima] Comisaria\u2026, para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, tras historiar el tr\u00e1mite surtido ante esa sede, tambi\u00e9n sostuvo que \u00abno ha vulnerado derechos fundamentales al accionante, ni muchos (sic) menos a sus hijos menores de edad, con la decisi\u00f3n proferida\u00bb, sin que le asiste raz\u00f3n a aqu\u00e9l \u00abal se\u00f1alar que ignora que se ha resuelto sus solicitudes, pues la[s] mismas fueron resueltas y notificadas al correo electr\u00f3nico que suministr[\u00f3] el apelante\u00bb. <\/p>\n
4. El T\u00e9cnico Investigador II – CTI Grupo CAVIF inform\u00f3 que efectivamente cit\u00f3 al quejoso \u00abpara llevar a cabo diligencia de verificaci\u00f3n de arraigo, dentro del proceso No. 080016008767202201134 por el presunto delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. En el cual se le indag\u00f3 sobre sus datos biogr\u00e1fico, durante la diligencia, el se\u00f1or DE LA HOZ CIRO pretendi\u00f3 dar su versi\u00f3n de los hechos lo cual no le permit\u00ed y le dije que \u00e9l ten\u00eda derecho de guardar silencio, y que para ser escuchado, deb\u00eda ser en diligencia de Interrogatorio en compa\u00f1\u00eda de su abogado de confianza\u00bb, sin que fuera viable \u00abdarle a conocer las pruebas y\/o declaraciones que las se\u00f1oras arriba referenciadas hayan hecho en [su] contra\u2026[,] toda vez que la investigaci\u00f3n de los delitos, es una funci\u00f3n que requiere la aplicaci\u00f3n de principios de unidad org\u00e1nica y de especializaci\u00f3n cient\u00edfica, bajo la direcci\u00f3n funcional de los Fiscales o Jueces, tiene una naturaleza Investigativa y Judicial, Y de acuerdo a lo se\u00f1alado en los lineamientos 32 y 33 de la directiva 0001 del 03 de enero del 2022 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el cual se\u00f1alan: Lineamiento 32 \u201cPetici\u00f3n en intereses particular, solicitando una actuaci\u00f3n procesal. Las peticiones que se refieren a un aspecto relacionado con el desarrollo con una causa dentro de un proceso penal son improcedentes v\u00eda derecho de petici\u00f3n. De all\u00ed, las inquietudes relacionadas con un proceso penal particular, deben ser formuladas y atendidas dentro del tr\u00e1mite procesal correspondiente. As\u00ed, cuando la petici\u00f3n recae sobre asuntos propios de la funci\u00f3n judicial, se debe informar al peticionario que su solicitud tiene que ce\u00f1irse a las reglas que el legislador a establecido, para cada etapa y actuaci\u00f3n procesal\u201d. Lineamiento 33 \u201cQuien est\u00e1 vinculado a una indagaci\u00f3n tiene derecho a conocer la existencia de tal proceso, con la finalidad de que pueda ejercer su derecho de defensa, sin embargo, en aquellos casos donde no exista imputaci\u00f3n, se debe ponderar el acceso a la informaci\u00f3n frente al derecho de las v\u00edctimas a ser protegidas o cuando es indispensable mantener la reserva de la informaci\u00f3n para preservar el \u00e9xito de la investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n Seccional del Atl\u00e1ntico de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tras mencionar lo referido por el investigador aludido a espacio, deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno ha vulnerado, ni amenazado los derechos fundamentales invocados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
6. Nilda Lorena Mart\u00ednez Robles manifest\u00f3 estar en desacuerdo con lo postulado por el tutelante porque \u00ab[su] salida intempestiva de la ciudad de Barranquilla, fue para garantizar [su] derecho fundamental a la vida, a la salud, a la integridad personal[,] al ambiente sano para [ella] y para [sus] dos hijos menores, ya que [s]e sent\u00eda con miedo, temor absoluto, intimidada, acosada y presionada por el pap\u00e1 de [sus] hijos, a tal punto de sentir que [su] vida y la de [sus] hijos corr\u00eda peligro\u2026[,] motivos que [l]w lleva a solicitarle ayuda a [su] hermana para salir de la ciudad de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
7. Enilda Robles Mier, madre de Nilda Lorena, relat\u00f3 que su hija le coment\u00f3 de los vej\u00e1menes que ella y sus hijos era v\u00edctimas, de parte del accionante, lo que fue muy doloroso para ella y \u00ablo \u00fanico que pretend\u00eda era ayudar a [su] hija con el cuidado de [sus] nietos para que ella pudiera trabajar\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar el tr\u00e1mite vinculando a la Defensor\u00eda de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico Delegado para la Defensa de los Derechos de la infancia, la Adolescencia y la Familia, acorde con lo ordenado por esta Corte en auto del pasado 10 de febrero (ATC122-2023), deneg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En cuanto a las accionadas Nilda Lorena y Yunis Mart\u00ednez Robles, por estar insatisfechos los supuestos jurisprudenciales para su viabilidad frente a particulares, al no advertir que aqu\u00e9llas \u00ab\u2026est\u00e9n \u201cencargad[a]s de la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico o cuya conducta afecte grave y directamente el inter\u00e9s colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
En lo tocante con la petici\u00f3n de nulidad planteada ante el Juzgado encausado, porque \u00e9ste la atendi\u00f3, oportunamente, desde el 9 de diciembre de 2022, por dem\u00e1s, de forma favorable al censor, restando efectos a la declaraci\u00f3n de extemporaneidad de la alzada. <\/p>\n
Respecto al impedimento sobreviniente de la Comisaria encausada, por carencia actual de objeto, comoquiera que el tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n recriminado fue reasignado a la Comisar\u00eda Tercera de Bosa, ante la informaci\u00f3n brindada por la madre de los menores en cuanto a su traslado a Bogot\u00e1. <\/p>\n
En punto al traslado supuestamente inconsulto de los menores a la ciudad de Bogot\u00e1, por inexistencia de vulneraci\u00f3n, comoquiera que \u00aben el ordenamiento jur\u00eddico colombiano\u2026 no existe una prerrogativa en virtud de la cual, el padre que ejerce una custodia de facto est[\u00e9] condicionado a cambiar de domicilio \u00fanica y exclusivamente bajo la autorizaci\u00f3n de una autoridad judicial, en dicho caso\u2026, basta con el aviso al otro padre para realizar dicha acci\u00f3n, por ende, dicha pretensi\u00f3n no tiene asidero alguno\u2026, pues tanto del informe rendido por la comisar\u00eda accionada, como por la madre de los hijos del accionante, se ausculta que dicha decisi\u00f3n fue aut\u00f3noma, propia del ejercicio de la patria potestad y la custodia de la se\u00f1ora Nilda Mart\u00ednez, no pudi\u00e9ndose amparar la expedici\u00f3n de un documento que no se ha producido a la vida jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n que, ante la denuncia interpuesta por la madre de los menores, adelanta la Fiscal\u00eda, por estar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque lo cierto es que aqu\u00e9lla se encuentra en curso, en la etapa de indagaci\u00f3n, que goza de reserva, y el quejoso no ha acudido all\u00ed a pedir, formalmente, la informaci\u00f3n que ac\u00e1 exige. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor insistiendo en sus argumentos iniciales y recalcando que su expareja, junto con sus familiares y las diferentes entidades estatales vinculadas a este tr\u00e1mite, se confabularon para respaldar el irregular rapto y traslado del que fueron objeto sus hijos menores de edad, obstaculiz\u00e1ndole, de forma injustificada, el ejercicio digno de su paternidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, en primer lugar, teniendo en cuenta que en este debate est\u00e1n involucrados dos menores de edad, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
3.1. En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
3.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, al expedir el C\u00f3digo General del Proceso el legislador patrio contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4. Aplicando tales premisas al caso bajo estudio, advierte la Corte que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso, por lo cual se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
4.1. En lo que tiene que ver con la invalidez de las actuaciones surtidas por la Comisar\u00eda de Familia recriminada, por su supuesta incursi\u00f3n en m\u00faltiples irregularidades, este ruego no se abr\u00eda paso al insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que el accionante dej\u00f3 de hacer uso del mecanismo ordinario de defensa que tuvo a su alcance para controvertir ante esa autoridad la decisi\u00f3n que al respecto adopt\u00f3 el 11 de octubre de 2022, en la cual concluy\u00f3 que \u00abno se present\u00f3 causal alguna de nulidad, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 133 del c\u00f3digo general del proceso, ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000, ley 2126 de 2021 y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones administrativas y judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo cual significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables…-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4.2. En lo que tiene que ver con la aparente falta de pronunciamiento del Juzgado accionado de cara a la petici\u00f3n de invalidez que le plante\u00f3 el reclamante, porque de la inspecci\u00f3n efectuada sobre el expediente contentivo del asunto fustigado se deriva que, efectivamente, desde el 9 de diciembre de 2022 ese estrado la resolvi\u00f3, accediendo a la misma, en el sentido de dejar sin efectos su auto inicial, en el cual declar\u00f3 extempor\u00e1nea la apelaci\u00f3n del censor frente al veredicto de la Comisar\u00eda, por lo que, all\u00ed mismo, procedi\u00f3 a desatar tal alzada; estando cumplida, as\u00ed, en \u00faltimas, la exigencia constitucional del inconforme, m\u00e1xime al advertir que tal pronunciamiento fue dictado, incluso, desde antes de la instauraci\u00f3n de este ruego tutelar, super\u00e1ndose as\u00ed cualquier irregularidad, por lo cual carecer\u00eda de objeto impartir una orden con miras a que ello se produzca. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corte que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
4.3. De otro lado, no lucen arbitrarias las consideraciones consignadas en esa decisi\u00f3n de 9 de diciembre de 2022 para confirmar la medida de protecci\u00f3n dispuesta por la Comisar\u00eda de Familia encausada. <\/p>\n
En efecto, en dicho pronunciamiento, tras relacionar la parte resolutiva de la determinaci\u00f3n adoptada por dicha Comisar\u00eda el pasado 29 de septiembre, de cara a resolver la apelaci\u00f3n que frente a la misma propuso el quejoso, el Juzgado recriminado con suficiencia expuso: <\/p>\n
Pues bien, el memorial por medio del cual\u2026 JHON CARLOS DE LA HOZ GIRO persigue simult\u00e1neamente apelaci\u00f3n y nulidad de la medida definitiva de protecci\u00f3n adoptada en sentencia de 29 de septiembre de 2022 por la Comisar\u00eda\u2026, resulta ambiguo al mezclar sus solicitudes apelaci\u00f3n y nulidad en un mismo escrito, no es claro cu\u00e1les son los argumentos facticos, jur\u00eddicos o probatorios por los cuales considera que [esa] decisi\u00f3n\u2026 debe ser revocada de fondo, por cuanto debe precisarse que su solicitud de nulidad ya fue resuelta en la resoluci\u00f3n No. 16 de fecha 11 de octubre de 2022, misma que neg\u00f3 la nulidad deprecada y remiti\u00f3 el expediente a los Juzgados de Familia del Circuito de Barranquilla para pronunciamiento respecto de la apelaci\u00f3n elevada por\u2026 JHON CARLOS DE LA HOZ CIRO. <\/p>\n
Empero, en cuanto al debido proceso en el tr\u00e1mite de primera instancia este Despacho observa que [de] las actuaciones desplegadas por la Comisar\u00eda\u2026 se denota un cumplimiento de las normas que regulan la materia de car\u00e1cter legal y constitucional, teniendo garantizados, en todo momento, elementales principios del derecho procesal entre los que merecen destacarse: i) capacidad, inter\u00e9s jur\u00eddico y legitimidad para ser parte, ii) debido proceso, garant\u00eda del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, y iii) competencia de la autoridad para conocer, tramitar y decidir el asunto, en ese orden de ideas no se advierte nulidad o irregularidad que afecte lo actuado. <\/p>\n
Es del caso hacer la precisi\u00f3n que el tr[\u00e1]mite surtido por la Comisar\u00eda\u2026 no est\u00e1 sujeto a lo reglado al tr\u00e1mite del proceso verbal[,] por lo cual no le asiste raz\u00f3n al denunciado al se\u00f1alar que no debi\u00f3 agotarse todas las etapas del tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar en una sola audiencia, pretendiendo que esta se surtiera en otras audiencias para que se diera la decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Ahora[,] en cuanto a sus manifestaciones, este Despacho har\u00e1 un esfuerzo en descifrar los argumentos del apelante e inicia se\u00f1alando que los primeros cuatro argumentos se refieren a lo que considera que hubo violaci\u00f3n al debido proceso por circunstancias propias del desarrollo del tr\u00e1mite administrativo, como el hecho de que no fue citado para la audiencia de sentencia y pese a ello se dict\u00f3 sentencia. Pues bien, todo lo relacionado a esos aspectos procedimentales fueron objeto de estudio en la nulidad que fue resuelta en la resoluci\u00f3n No. 16 de fecha 11 de octubre de 2022 y que[,] como se dijo[,] no ser\u00e1n objeto de pronunciamiento de este Despacho que[,] bien arriba [ha] se\u00f1alado\u2026[,] no advierte nulidad o irregularidad que afecte lo actuado. <\/p>\n
Ahora bien, los argumentos que se logran extraer del basto y confuso texto se sintetizan en que es inadmisible que se les d\u00e9 m\u00e1s importancia a las versiones expresadas por la denunciante y su hijo y que la entrevista a la menor realizada por la psic\u00f3loga de la Comisar\u00eda solo tardo 10 minutos y fue sin autorizaci\u00f3n, por lo que no se puede concluir que la menor est\u00e1 en \u201criesgo alto\u201d como lo afirm[\u00f3] el informe de visita social realizado por la psic\u00f3loga de la Comisar\u00eda. <\/p>\n
Ante lo anterior, este Despacho ha de dar aplicaci\u00f3n a la doctrina constitucional que ense\u00f1a que la violencia intrafamiliar se da al interior del n\u00facleo familiar y puede constituirse a trav\u00e9s de violencia f\u00edsica, \u2026verbal, \u2026 no verbal, \u2026de g\u00e9nero, \u2026econ\u00f3mica, etc. Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-338-18, expres\u00f3 que: \u201cLa violencia psicol\u00f3gica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorizaci\u00f3n e inferioridad sobre s\u00ed misma, que le generan baja de autoestima. Esta tipolog\u00eda no ataca la integridad f\u00edsica del individuo sino su integridad moral y psicol\u00f3gica, su autonom\u00eda y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y sistem\u00e1ticas conductas de intimidaci\u00f3n, desprecio, chantaje, humillaci\u00f3n, insultos y\/o amenazas de todo tipo.\u201d (Subrayado fuera de texto) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como lo se expres\u00f3 la Honorable Corte Constitucional en la sentencia arriba citada \u201cLa violencia psicol\u00f3gica y dom\u00e9stica que ocurre en el hogar tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica desde los par\u00e1metros convencionales del derecho procesal, debido a que el agresor busca el aislamiento y el ocultamiento de los hechos violentos. Por tanto, es claro que las v\u00edctimas de tales agresiones tienen como \u00fanica posibilidad de protecci\u00f3n abrir los espacios de intimidad familiar a sus m\u00e1s allegados. En esa medida, desde una perspectiva de g\u00e9nero, es necesario que los operadores de justicia, empleen la flexibilizaci\u00f3n de esas formas de prueba, cuando se evidencian actos de violencia al interior del hogar.\u201d. <\/p>\n
Y es que los argumentos del apelante no tienen la claridad necesaria para desvirtuar la denuncia que manifiesta NILDA LORENA MART\u00cdNEZ ROBLES[,] quien se\u00f1ala que es agredida verbal y f\u00edsicamente\u2026[,] al igual que su hijo\u2026, incluso el denunciado admite en su declaraci\u00f3n que: \u201c[\u00e9ste]\u2026 me dice vulgaridades y maldiciones\u2026 me falta el respeto, me pega, por lo cual[,] es muy l\u00f3gico[,] yo me ofusco mucho, me lleno de intenso dolor por ese maltrato hacia m\u00ed, y por supuesto en algunas ocasiones reacciono negativamente como consecuencia de eso, infortunadamente muchas veces mi ni\u00f1a ha visto esto y ha sido principal testigo de esto\u201d. <\/p>\n
Al respecto, este Despacho considera que lo se\u00f1alado por el apelante son infructuosos\u2026 intentos por justificar la violencia que ejerce[,] indistintamente de las causas que [\u00e9]l considere y\u2026 reconoce son realizadas hacia su hijo adolescente y en presencia de su menor hija. <\/p>\n
Las dem\u00e1s manifestaciones del apelante en su escrito, dan cuenta de hechos y situaciones que [\u00e9]l mismo no expuso cuando fue escuchado en descargos ante la comisar\u00eda\u2026, donde tuvo la oportunidad de expresarlos, por ende[,] mal podr\u00eda [ese] despacho atender hechos que no fueron motivo de la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Y con fundamento en ello concluy\u00f3 que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u2026 contra la medida definitiva de protecci\u00f3n adoptada\u2026 por la Comisar\u00eda\u2026 deber\u00e1 ser despachado desfavorablemente, pues[,] en resumen[,] el apelante intenta equiparar el tr\u00e1mite administrativo de violencia intrafamiliar en un proceso verbal[,] pues reprocha que no debieron agotarse todas las etapas del tr\u00e1mite en una misma audiencia, y pretende utilizar el recurso de apelaci\u00f3n como una ampliaci\u00f3n de los descargos en los que particip[\u00f3] y le fue garantizado el derecho a la contradicci\u00f3n[,] sin que desvirtuara los hechos de violencia que se le endilgan[,] acudiendo a justificaciones que\u2026 solo comprueban su responsabilidad en los hechos denunciados y que no fueron desvirtuados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 ni siquiera trasciende a una diferencia de criterio, en tanto que el Juzgado acusado encontr\u00f3 que los argumentos propuestos por el recurrente no derru\u00edan en forma alguna su incursi\u00f3n en los actos de violencia f\u00edsica y verbal que se le endilgaron, por el contrario, acept\u00f3 su comisi\u00f3n, de donde la decisi\u00f3n no pod\u00eda ser distinta a ratificar lo definido por la Comisar\u00eda; de donde las deducciones de aquella autoridad no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
4.4. Finalmente, frente al supuesto ejercicio arbitrario de la custodia y la denuncia penal interpuesta por su expareja la Sala encuentra insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En cuanto a lo primero, porque, sumado a que seg\u00fan lo acordado ante la Comisar\u00eda de Familia el cuidado personal de los menores qued\u00f3 a cargo de su progenitora, lo cierto es que, de considerarlo pertinente, como es de su conocimiento, el quejoso puede iniciar y agotar las acciones judiciales que halle adecuadas para que las autoridades competentes diluciden lo pertinente frente a tal cuestionamiento; mientras que, respecto a lo segundo, porque sumado a que ese asunto apenas se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n, lo cierto es que al interior del mismo es que debe acudir para plantear sus inconformidades y solicitudes, lo que aqu\u00ed no acredit\u00f3 haber hecho. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues, debido a su finalidad ius fundamental, \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
Al respecto, tambi\u00e9n ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
4.5. Finalmente, en concordancia con lo anterior, si el inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades convocadas, los intervinientes en los tr\u00e1mites fustigados o, incluso, su expareja y los familiares de \u00e9sta, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, como parece entenderlo, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En torno a ello, de vieja data tiene dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
5. En adici\u00f3n, dejando claro que la ausencia del anterior presupuesto impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su conocimiento, pertinente es agregar que aunque el actor aludi\u00f3 que tambi\u00e9n promov\u00eda el resguardo en favor de los derechos esenciales de sus hijos menores de edad, como sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, lo cierto es que no se advierte la presencia de una circunstancia excepcional que imponga al juzgador constitucional una particular ponderaci\u00f3n en el caso concreto, pasando por alto el referido requisito de procedibilidad, por cuanto, en \u00faltimas, la decisi\u00f3n adoptada en la medida de protecci\u00f3n, adem\u00e1s de gozar de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto, hasta que se demuestre lo contrario, lejos est\u00e1 de afectar las garant\u00edas de primer grado de los ni\u00f1os, en tanto que, para el efecto, se sopesaron las versiones de la denunciante, el denunciado y las valoraciones psicol\u00f3gicas de aqu\u00e9llos, buscando proteger, precisamente, sus garant\u00edas esenciales, al evidenciar la presencia de la violencia intrafamiliar reprochada. <\/p>\n
6. Se impone, entonces, respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
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STC3136-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3136-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por John Carlos de la Hoz Ciro frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}