STC3139-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3139-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2023-00023-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes comprendidas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Hecha la anterior advertencia, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la tutela que Jos\u00e9 Ruperto Ocampo Mart\u00ednez le instaur\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, extensiva a la Defensor\u00eda de Familia, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos de Familia y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00099. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento adujo que Mercedes Pedregal Estrada lo demand\u00f3 por los alimentos de su hija Valeria Ocampo Pedregal (rad. 2020-00099), a ra\u00edz de \u00abla precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica que padec\u00eda en ese entonces\u00bb, pleito asignado al Juzgado Primero de Familia de Valledupar. <\/p>\n
Relat\u00f3 que aquella situaci\u00f3n ya fue superada, al punto que \u00ablas relaciones con su hija y la demandante son las mejores\u00bb; pero, como el aludido despacho o la Rama Judicial en su momento \u00absubi[eron] a las redes sociales (Google) su condici\u00f3n de demandado\u00bb, es decir, \u00abAuto admisorio de la demanda en su contra\u00bb, presenta una \u00abincompatibilidad\u00bb que no le permite \u00abaspirar a un cargo importante con el Estado\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, por tal motivo, solicit\u00f3 al iudex acusado \u00abbajar[a] la informaci\u00f3n que en su momento subieron a Google, atendiendo que las causas que originaron el acto, no ten\u00edan raz\u00f3n de ser, ya que el mencionado proceso se archiv\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb (25 nov. 2022), a lo que accedi\u00f3 al \u00aborden[ar] mediante providencia el retiro de la publicidad que atentaba en contra de [sus garant\u00edas invocadas]\u00bb (12 dic.); sin embargo, al volver a consultar en dicho motor de b\u00fasqueda con su nombre, hall\u00f3 que \u00abnuevamente aparece el reporte negativo\u00bb, esta vez, con la \u00abcopia del estado por medio del cual notifican lo resuelto en la petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abno entiende el proceder de la Rama Judicial o del mismo despacho, ya que no sab[e] cu\u00e1l de las dos entidades orden\u00f3 subir nuevamente dicha informaci\u00f3n, cuando de antemano (\u2026) renunciaba a la notificaci\u00f3n y los t\u00e9rminos de ejecutoria de la misma, siempre y cuando lo resuelto fuera favorable a lo reclamado\u00bb, por lo que se trata de \u00abun acto de mala fe\u00bb que le causa grave perjuicio, dado que le \u00abimpide que se pueda posesionar en el cargo p\u00fablico que ostenta\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Valledupar defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, enfatizando, que en el auto de 12 de diciembre de 2022 precis\u00f3 al memorialista que \u00abno se estimaba conveniente ordenarle directamente a la compa\u00f1\u00eda Google LLC que retire, descuelgue, desmonte o elimine la informaci\u00f3n que figuraba como resultado en los motores de b\u00fasqueda, pues implicar\u00eda obligarla a controlar informaci\u00f3n que no es de su propiedad y, con esto, se contrariar\u00eda de paso el principio de neutralidad en la red que surge como una garant\u00eda del derecho a la libertad de expresi\u00f3n (Sentencia SU-355 de 2022)\u00bb; no obstante, que \u00abpor garant\u00eda al derecho a la intimidad personal y familiar tanto de la parte demandante como demandada en el referido proceso, se orden\u00f3 a la secretar\u00eda de despacho: 1. Ocultar del sistema judicial siglo XXI, los datos que contengan informaci\u00f3n personal de los sujetos procesales. 2. Descolgar del micrositio web del juzgado, el auto del 3 de agosto de 2020, por medio del cual se admiti\u00f3 la demanda de la referencia, en aras de impedir que pueda ser detectado como resultado en los motores de b\u00fasqueda de Google\u00bb, directrices que \u00abfueron cumplidas a cabalidad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abaunque el accionante se aqueje de que los resultados de la b\u00fasqueda de su nombre en Google sigan reportando informaci\u00f3n ligada al proceso judicial, esto obedece a la publicaci\u00f3n del estado No. 59 del 5 de agosto de 2020, el cual no puede ser descolgado, desmontado o eliminado, en raz\u00f3n a que existen otras providencias que, en virtud del principio de publicidad, fueron divulgadas en ese mismo estado electr\u00f3nico\u00bb, de ah\u00ed que \u00ab[d]escolgar el estado electr\u00f3nico que contiene la informaci\u00f3n del accionante, sin ninguna justificaci\u00f3n legal, implicar\u00eda desconocer el principio de publicidad que le asiste a las partes y sujetos procesales de los dem\u00e1s procesos que fueron notificados en esa oportunidad, pues esta es la forma que ha dispuesto el legislador para hacer p\u00fablicas las actuaciones de las autoridades judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que \u00abla descripci\u00f3n de la actuaci\u00f3n contenido en el mentado estado electr\u00f3nico, no se hace referencia a ning\u00fan dato que pueda afectar la intimidad personal o familiar del accionante\u00bb y \u00abla providencia que fue notificada en dicho estado ya no est\u00e1 disponible para descargar desde el micrositio web del Juzgado, por lo que terceros ajenos al litigio ya no pueden consultar la decisi\u00f3n que contiene datos reservados\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 29 Judicial II de Familia y la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Valledupar n\u00b0 2 se opusieron al auxilio, al estimar que \u00ablas actuaciones del Juzgado Primero de Familia de ci\u00f1en a la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Mercedes Pedregal Estrada se limit\u00f3 a entregar el n\u00famero de \u00abradicaci\u00f3n\u00bb completo del juicio censurado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Valledupar neg\u00f3 el ruego, porque desatiende el presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb, ya que, \u00abpor auto del 12 de diciembre de 2022, la c\u00e9lula judicial [criticada] profiri\u00f3 auto denegando la solicitud elevada en ese sentido\u00b8 sustentando en ese prove\u00eddo que la orden de retiro de informaci\u00f3n como resultado de los motores de b\u00fasqueda implicar\u00eda obligar a Google LLC a controlar informaci\u00f3n que no es de su propiedad y, con ello, se contrariar\u00eda el principio de neutralidad de la red, que surge como una garant\u00eda del derecho a la libertad de expresi\u00f3n\u00bb, providencia que \u00abfue notificado por estado electr\u00f3nico y no fue objeto de recurso por ninguna de las partes\u00bb, por lo que \u00abel quejoso, (\u2026) acudi\u00f3 directamente a esta herramienta constitucional y dej\u00f3 de utilizar en la oportunidad procesal correspondiente uno de los mecanismos id\u00f3neos para exponer la particular tem\u00e1tica, si en cuenta se tiene que ha podido formular el recurso de reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n criticada, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; a fin de que el juzgador competente determinara si era viable variar su determinaci\u00f3n inicial y, en su lugar, acceder a la solicitud de orden de eliminaci\u00f3n de informaci\u00f3n de los motores de b\u00fasqueda de la web\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 el tutelante reafirm\u00e1ndose en los argumentos de su queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Puesta la mirada en la r\u00e9plica de Jos\u00e9 Ruperto Ocampo Mart\u00ednez, de entrada, se anuncia a ratificaci\u00f3n del veredicto recriminado, por los motivos que pasan a explicarse. <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que el querellante se duele de que el Juzgado Primero de Familia de Valledupar no ha realizado las gestiones pertinentes para que no siga apareciendo en Google informaci\u00f3n relacionada con el proceso de alimentos n\u00b0 2020-00099, toda vez que, en su opini\u00f3n, ello atenta contra las prerrogativas esenciales que clama le sean resguardadas, omisi\u00f3n que adem\u00e1s le genera un \u00abgrave perjuicio\u00bb, dado que esa \u00absituaci\u00f3n\u00bb ha obstaculizado que \u00abse pueda posesionar en el cargo p\u00fablico que ostenta\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, del paginario digital adosado a este tr\u00e1mite, se aprecia que le fue solventada desfavorablemente esa petici\u00f3n a trav\u00e9s de auto de 12 de diciembre de 2022, directriz que no controvirti\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n (art. 318 C.G.P.), por lo que cobr\u00f3 firmeza. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tuvo la posibilidad de insistir ante el iudex natural en la inconformidad que ahora exhibe en este sendero especial\u00edsimo, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 de utilizar el instrumento autorizado para combatir dicho pronunciamiento. De ah\u00ed que deba soportar los efectos adversos de su desidia, por no haber hecho uso de tal herramienta. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala tiene dicho que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026). STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023. <\/p>\n
Ello, en virtud de que, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, citada hace poco en la STC1032-2023 y la STC1769-2023). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, es incuestionable que tal aspiraci\u00f3n incumple el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Con todo, cabe arg\u00fcir, que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que las actuaciones de los jueces \u00abser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley\u00bb, por lo que en cumplimiento de esta obligaci\u00f3n, el legislador ha reglamentado la manera en que los \u00abjueces\u00bb comunican a las \u00abpartes\u00bb de un \u00abproceso\u00bb sus \u00abdecisiones\u00bb y dan a conocer sus \u00abactuaciones\u00bb a la sociedad en general, para que esta tenga \u00ab(\u2026) certeza, no s\u00f3lo sobre el texto de la ley y la jurisprudencia, sino que el ordenamiento est\u00e1 siendo y va a seguir siendo interpretado y aplicado de manera consistente y uniforme (\u2026)\u00bb (C.C. C-836 de 2001). <\/p>\n
Ahora, en lo que a la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb en materia civil o de familia se refiere, el art\u00edculo 9\u00b0 de la \u00faltima de las referidas disposiciones prev\u00e9 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLas notificaciones por estado se fijar\u00e1n virtualmente, con inserci\u00f3n de la providencia, y no ser\u00e1 necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. <\/p>\n
No obstante, no se insertar\u00e1n en el estado electr\u00f3nico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan menci\u00f3n a menores, o cuando la autoridad judicial as\u00ed lo disponga por estar sujetas a reserva legal. <\/p>\n
De la misma forma podr\u00e1n surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia. <\/p>\n
Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar\u00e1n en l\u00ednea para consulta permanente por cualquier interesado\u00bb (destaco de la Sala). <\/p>\n
Con lo exhibido hasta aqu\u00ed, es claro que la \u00abinformaci\u00f3n\u00bb que reposa tanto en el hiperv\u00ednculo de consulta de procesos de la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial en relaci\u00f3n con el expediente cuestionado como en el micrositio que tiene habilitado el Juzgado Primero de Familia de Valledupar para llevar a cabo la \u00abpublicidad\u00bb de sus \u00abdeterminaciones\u00bb, no comporta una afrenta a los atributos b\u00e1sicos del actor, m\u00e1xime cuando, en lo que toca con el \u00abestado electr\u00f3nico n\u00b0 194\u00bb de 13 de diciembre de 2022, por medio del cual se \u00abnotific\u00f3\u00bb a las extremos la \u00abresoluci\u00f3n\u00bb que zanj\u00f3 el pedimento efectuado por el impulsor, comentado p\u00e1rrafos atr\u00e1s, no se desatendi\u00f3 la pauta consignada en el inciso segundo del aludido precepto, puesto que en \u00e9l ni en aquella se hizo \u00abmenci\u00f3n a menores\u00bb, mucho menos, se consignaron en ambas datos que pudiesen violar la intimidad personal y familiar de los involucrados. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, aunque el gestor pregona que por tales \u00abpublicaciones\u00bb no ha logrado \u00abposesionarse\u00bb en \u00abun cargo importante con el Estado\u00bb, lo cierto es que ello no genera per se inhabilidad o incompatibilidad alguna para desempe\u00f1ar un empleo p\u00fablico, m\u00e1xime cuando, como lo precis\u00f3 el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica en el Concepto 312111 de 24 de agosto de 2021, \u00ab[d]e conformidad con lo dispuesto en [el art\u00edculo 6 de la Ley 311 de 1996], al tomar posesi\u00f3n de un cargo como servidor p\u00fablico o para laborar al servicio de cualquier persona o entidad privada ser\u00e1 indispensable que la persona declare ante notario o autoridad competente bajo la gravedad del juramento, no tener conocimiento de procesos pendientes de car\u00e1cter alimentario o que cumplir\u00e1n con sus obligaciones de familia. A quien declare tener obligaciones pendientes de car\u00e1cter alimentario, se le podr\u00e1 posesionar o vincular si presenta la autorizaci\u00f3n escrita para que se efect\u00faen los descuentos tendientes a cancelar dichas obligaciones\u00bb, permisi\u00f3n que igualmente contiene el numeral 2\u00b0 del canon 6 de la Ley 2097 de 2021, al indicar que la persona deber\u00e1 acreditar estar \u00aba paz y salvo con las obligaciones alimentarias\u00bb. <\/p>\n
2.- Ergo, como se anunci\u00f3, el prove\u00eddo opugnado ser\u00e1 respaldado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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