STC3146-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3146-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01176-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Ignacio Sierra Gonz\u00e1lez contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo y las Fiscal\u00edas Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y Primera Delegada ante el Tribunal de Sincelejo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en los procesos penales 2021-01371 y 2022-00013. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 garant\u00eda judicial de imparcialidad\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 buena fe\u2026 derechos de las v\u00edctimas a la verdad, justicia, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de la muerte violenta de Emerson Jos\u00e9 Sierra M\u00e9ndez (padre del gestor), ocurrida el 5 de noviembre de 2005, se dio apertura al proceso penal 2006-00083 contra Francisco Rafael Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, a quien la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le atribuy\u00f3 el delito de homicidio agravado por las causales 2\u00aa, 6\u00aa y 10\u00aa del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
2.2. El juzgamiento de la anterior conducta correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal (actualmente Juzgado Primero Penal del Circuito de esa poblaci\u00f3n), despacho que, una vez agotado el tr\u00e1mite de rigor, el 19 de febrero de 2007 profiri\u00f3 sentencia condenatoria por homicidio con las circunstancias de mayor punibilidad del art\u00edculo 58, numerales 5 y 12 del Estatuto de las Penas, sin los agravantes imputados por el ente investigador. <\/p>\n
2.3. La anterior determinaci\u00f3n fue apelada por el condenado y revocada \u00edntegramente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo el 11 de marzo de 2008, sin que en su contra se interpusiera recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Los familiares de Sierra M\u00e9ndez promovieron acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra el Municipio de Corozal (rad. 2008-00027), aduciendo que el deceso de aquel fue producto de un atentado terrorista perpetrado con ocasi\u00f3n de su labor como l\u00edder social y que la entidad territorial no le brind\u00f3 las medidas de protecci\u00f3n necesarias. <\/p>\n
2.5. El 14 de junio de 2012 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo emiti\u00f3 fallo desestimatorio al encontrar acreditada la excepci\u00f3n denominada hecho de un tercero formulada por la demandada; determinaci\u00f3n contra la cual no se formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. A ra\u00edz de lo anterior, Jos\u00e9 Ignacio Sierra Gonz\u00e1lez inco\u00f3 denuncias penales contra la Juez Segunda Promiscuo del Circuito de Corozal, los fiscales que adelantaron las pesquisas por la muerte de su progenitor y el Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, a quienes se\u00f1al\u00f3 como responsables del delito de prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Dichas actuaciones fueron asignadas a la Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo. <\/p>\n
2.8. Mediante resoluciones de 24 de agosto y 28 de noviembre de 2022, la aludida Instructora se inhibi\u00f3 de abrir indagaci\u00f3n contra los funcionarios que conocieron de la causa criminal distinguida con radicaci\u00f3n 2006-00083. <\/p>\n
2.9. Estas decisiones fueron confirmadas por la Fiscal\u00eda Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia al conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el denunciante. <\/p>\n
2.10. Por su parte, al considerar at\u00edpica la conducta atribuida al juez administrativo, solicit\u00f3 ante el Tribunal Superior de Sincelejo la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n adelantada en su contra. <\/p>\n
2.11. El 13 de junio de 2022, la aludida corporaci\u00f3n acogi\u00f3 el pedimento del Ente Fiscal y dispuso la terminaci\u00f3n y el archivo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.12. Contra esa determinaci\u00f3n Sierra Gonz\u00e1lez, quien actu\u00f3 en nombre propio y como apoderado de su madre, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.13. Mediante auto AP4191 de 7 de septiembre de 2022, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3. El actor dirige su cuestionamiento exclusivamente frente a las providencias proferidas por el Tribunal Superior de Sincelejo y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, las que acusa de adolecer de defecto f\u00e1ctico porque, en esencia, desconocieron que el deceso de su progenitor tuvo como causa su condici\u00f3n de l\u00edder y dirigente social. <\/p>\n
4. En consecuencia, solicita remover los efectos jur\u00eddicos del prove\u00eddo AP4191-2022 y que se elimine su registro en el sitio electr\u00f3nico de la Relator\u00eda de la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n, \u00abdeclarar la nulidad de las audiencias del 13 de junio y del 28 de abril de 2022, realizadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo\u00bb y ordenar a dicha colegiatura \u00abrehacer las diligencias pertinentes, advirti\u00e9ndole que deber\u00e1 guardar absoluta reverencia al principio constitucional de la imparcialidad[;] [n]o obstante, en caso de resultar procedente se ordene la designaci\u00f3n de conjueces que garanticen la correcta administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, pide que se ordene a la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo que le haga \u00abentrega de las copias digitales del expediente rad. 2006-00083\u00bb y a la Procuradur\u00eda 321 Penal de aquella ciudad \u00abdar cumplimiento a la solicitud de vigilancia administrativa que incoara\u2026 o en su defecto, ordenar que una vez convocada la audiencia de preclusi\u00f3n, acompa\u00f1e al suscrito en defensa de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia, se opuso a la prosperidad del resguardo pues la misma encuentra soporte en las disposiciones legales llamadas a gobernar la materia y el acervo probatorio recaudado. <\/p>\n
2. La secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo remiti\u00f3 copias de las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
3. La Relatora de la Sala de Casaci\u00f3n Penal solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa dependencia en tanto lo pretendido en este resguardo resulta \u00abajeno a las [funciones] que legalmente [le] son asignadas\u00bb de all\u00ed que \u00abno [tenga] responsabilidad en el asunto objeto de discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo, luego de hacer un extenso recuento de las investigaciones penales que tuvo bajo su direcci\u00f3n contra los funcionarios judiciales denunciados, advirti\u00f3 que las decisiones en ellas adoptadas tuvieron sustento en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas, de all\u00ed que no se configure la lesi\u00f3n atribuida por el quejoso. <\/p>\n
Adicionalmente, inform\u00f3 que Sierra Gonz\u00e1lez formul\u00f3 un derecho de petici\u00f3n, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 que se le hiciera entrega de algunas piezas procesales que conforman el expediente 2006-00083, pero que mediante oficio de 1\u00ba de junio de 2022 le indic\u00f3 las razones por las cuales no era posible acceder a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
5. El Procurador 168 Judicial II Penal de Sincelejo asegur\u00f3 no haber tenido constituida agencia especial al interior del proceso 2021-01371, sino que su actuaci\u00f3n \u00abse limit\u00f3\u2026 a darle tr\u00e1mite y respuesta a un derecho de petici\u00f3n\u2026 en donde el se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Sierra requiri\u00f3 informaci\u00f3n del proceso de la referencia\u00bb el cual fue atendido en debida forma. <\/p>\n
6. La Procuradora 321 Judicial II Penal del Sincelejo tambi\u00e9n pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda en tanto que \u00abla providencia que se ataca\u2026 no adolece de defecto alguno que habilite al juez constitucional para anularla, pues tanto el auto AP4191-2022\u2026 como la decisi\u00f3n adoptada\u2026 por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo atienden presupuestos constitucionales y legales desde el punto de vista sustancial y procesal, por lo que resultan ajustadas a derecho\u00bb. <\/p>\n
7. La presidenta de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial inform\u00f3 que, mediante oficio PCNDJ-1008 de 16 de diciembre de 2021, remiti\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre la solicitud de vigilancia judicial administrativa formulada por el ac\u00e1 quejoso, por ser un asunto de su exclusiva competencia. <\/p>\n
Frente a las quejas disciplinarias contra los funcionarios judiciales que tuvieron conocimiento del proceso 202101371 dijo que las traslad\u00f3 con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de aquel departamento, al tiempo que, \u00abrespecto del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo se env\u00eda a la ofina de reparto de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para la respectiva asignaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de la Corporaci\u00f3n que representa pues \u00abatendi\u00f3 en tiempo y le inform\u00f3 al accionante el tr\u00e1mite [dado] a la solicitud [sic]\u00bb. <\/p>\n
9. Finalmente, un abogado que dijo haber actuado como defensor del Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo al interior del asunto 2021-013711 pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedentes todas y cada una de [las] peticiones\u00bb del presente resguardo. <\/p>\n
En apoyo de tal postura asegur\u00f3 que el accionante \u00abpor medio de esta acci\u00f3n de tutela pretende nuevamente, como lo hizo dentro de las mentadas diligencias penales imponer su criterio propio, tratando indelicadamente de arbitrario a todo aquel que sus razonamientos no confluyan con su forma particular de pensar y ver las cosas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Sincelejo y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal vulneraron las garant\u00edas denunciadas por Jos\u00e9 Ignacio Sierra Gonz\u00e1lez, dentro del proceso penal 2021-01371 en el que fue reconocido como v\u00edctima, al decretar la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n a favor del Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, realizando, supuestamente, una incorrecta valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Sea lo primero indicar que aun cuando Sierra Gonz\u00e1lez extiende el reclamo a cuestionar las decisiones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Sala se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto AP4191-2022 a trav\u00e9s del cual la Hom\u00f3loga Penal confirm\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n decretada por el Tribunal Superior de Sincelejo a favor del Juez Octavo Administrativo de aquella poblaci\u00f3n, pues fue la providencia que defini\u00f3 la cuesti\u00f3n aqu\u00ed planteada; ello, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de las decisiones de nivel inferior pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y efectuado el estudio pertinente a los argumentos de la presente salvaguarda y con base en las piezas procesales adosadas al expediente, es preciso indicar que no se acceder\u00e1 al resguardo deprecado, pues no se evidencia la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, comoquiera que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura, se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada no solo en las pruebas legal y oportunamente practicadas sino tambi\u00e9n en los precedentes sobre el tema, aunado a que se examinaron con rigor los cuestionamientos expresados por este en la instancia extraordinaria. <\/p>\n
En efecto, en el aludido prove\u00eddo, la Corte, luego de una breve rese\u00f1a f\u00e1ctica y procesal, sintetiz\u00f3 los reproches formulados por el censor de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se\u00f1al\u00f3 que no est\u00e1 de acuerdo con la decisi\u00f3n del tribunal\u2026 pues la ilegalidad contenida en la sentencia del proceso de reparaci\u00f3n directa consisti\u00f3 en que el Juez 8\u00ba Administrativo valor\u00f3 como prueba el informe de polic\u00eda judicial, cuando no pod\u00eda hacerlo, en raz\u00f3n a que el Tribunal Superior de Sincelejo, en la sentencia de segunda instancia en la que absolvi\u00f3 a Francisco Rafael Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, alias \u201cRafita\u201d, por el homicidio de Emerson Jos\u00e9 Sierra M\u00e9ndez, determin\u00f3 que no pod\u00eda tenerse como prueba dicho informe. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, en el presente caso est\u00e1 probada la tipicidad objetiva del delito de prevaricato por acci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el Tribunal debi\u00f3 declararlo y, en consecuencia, seg\u00fan dijo, estaba en la obligaci\u00f3n de restablecer el derecho y de dejar sin efectos la sentencia dictada por el juez Lorduy Viloria, pero no lo hizo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Record\u00f3 que el ejercicio de la acci\u00f3n penal, de conformidad con los art\u00edculos 250 de la constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 200 de la Ley 906 de 2004 corresponde a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, entidad que se encuentra facultada \u00abpara solicitar al juez de conocimiento la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n cuando, con arreglo a la ley, no exista m\u00e9rito para acusar\u00bb si se \u00abconfigura alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 332\u00bb de la Codificaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la conducta no se adec\u00faa a las exigencias materiales del tipo penal, o cuando concurriendo, falla la tipicidad subjetiva, es decir no se acredita la forma subjetiva que corresponde al delito imputado (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo anterior implica que el juez de conocimiento, ante una solicitud de preclusi\u00f3n fundamentada en la causal 4\u00aa, debe encontrar probado que: (i) no se re\u00fanen los elementos constitutivos del tipo penal; o (ii) a pesar de lograrse esa adecuaci\u00f3n, la conducta no se cometi\u00f3 dentro de la forma subjetiva que le corresponde al delito endilgado\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, a efectos de determinar si en el asunto estudiado se cumpl\u00edan las anteriores exigencias, comenz\u00f3 por examinar si la conducta atribuida al juez denunciado reun\u00eda los elementos del tipo penal objetivo \u00abconstituidos por (i) un sujeto activo calificado, esto es, un servidor p\u00fablico; (ii) que profiere resoluci\u00f3n, dictamen o concepto y (iii) manifiestamente contrario a la ley\u00bb, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sobre este \u00faltimo elemento, la Corte ha dicho que este presupuesto no solo se configura cuando la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica arroja conclusiones abiertamente opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, sino, adem\u00e1s, cuando la providencia carece de motivaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, dijo que no exist\u00eda discusi\u00f3n respecto de la condici\u00f3n de funcionario judicial del ciudadano investigado y la existencia de una providencia por \u00e9l emitida al interior de un proceso de reparaci\u00f3n directa; sin embargo, resalt\u00f3 no se reun\u00eda el tercer componente del delito endilgado, es decir, que la determinaci\u00f3n haya sido \u00abmanifiestamente contraria a la ley\u00bb; para desarrollar este \u00faltimo punto, advirti\u00f3 la Sala que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo se tendr\u00e1n en cuenta las pruebas incorporadas al proceso de reparaci\u00f3n directa promovido en contra del municipio de Corozal con ocasi\u00f3n de la muerte violenta de Emerson Jos\u00e9 Sierra M\u00e9ndez, pues como lo establece el art\u00edculo 174 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013aplicable para la \u00e9poca de los hechos y en virtud del art\u00edculo 211 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo\u2014, toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Por consiguiente, no se tendr\u00e1n en cuenta en este an\u00e1lisis los documentos que fueron excluidos por el Tribunal, aportados tanto por el denunciado como por la Fiscal\u00eda, porque no formaron parte del proceso administrativo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, abord\u00f3 la soluci\u00f3n a los reparos formulados por el impugnante quien, como se dijo, centr\u00f3 su inconformidad en la declaratoria que hizo el juez sobre la existencia de la causal eximente de responsabilidad, relativa al hecho de un tercero, con fundamento en informes de polic\u00eda judicial: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Seg\u00fan su reclamo, el juez administrativo no pod\u00eda dar por probada esta eximente a partir del informe de polic\u00eda judicial relacionado con la investigaci\u00f3n penal que se segu\u00eda por el homicidio de Emerson Jos\u00e9 Sierra M\u00e9ndez. Dicha imposibilidad, se centraba, en su opini\u00f3n, en que en la sentencia de segunda instancia del proceso penal en que se absolvi\u00f3 a Francisco Rafael Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, alias \u201cRafita\u201d, como autor del homicidio, se indic\u00f3 que los informes de polic\u00eda judicial no son prueba, y no pueden ser valorados como tal. Situaci\u00f3n que, seg\u00fan el apelante, no conoci\u00f3 el juez administrativo por dos razones. La primera porque al no recibir respuesta sobre la fiscal\u00eda 3\u00aa, a la que hab\u00eda indicado el demandante se deb\u00eda pedir la copia del proceso penal, no orden\u00f3 de oficio pruebas para subsanar este hecho que arrojaba oscuridad en el proceso. La segunda, porque el juez no consult\u00f3 el sistema de informaci\u00f3n del Sistema de Gesti\u00f3n Judicial siglo XXI con el fin de establecer el estado del proceso. <\/p>\n
En torno a ello, advirti\u00f3 que, \u00ab(\u2026) si bien en el proceso penal los informes de polic\u00eda judicial no pueden ser tenidos como prueba, eso no ocurre en el proceso administrativo\u00bb: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En efecto, el art\u00edculo 221 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que: \u201cEn los procesos que se adelanten ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, en lo que no est\u00e9 expresamente regulado en este C\u00f3digo, se aplicar\u00e1n en materia probatoria las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Por su parte, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al referirse a los medios de prueba, en su art\u00edculo 175, se\u00f1ala que: \u201cSirven como pruebas, la declaraci\u00f3n de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci\u00f3n judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del Juez.\u201d <\/p>\n
Es claro, entonces, que a la luz de estos preceptos era legalmente v\u00e1lido que el juez LORDUY VILORIA formara el convencimiento a partir de los documentos aportados en el proceso, entre los cuales se encontraba el informe de polic\u00eda judicial que hab\u00eda sido anexado a la demanda, y respecto del que el demandante solicit\u00f3 ser tenido como prueba. En esos informes aparec\u00eda como sospechoso del homicidio Francisco Rafael Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, alias \u201cRafita\u201d, pues no s\u00f3lo se indic\u00f3 que en la entrevista realizada a Nilfa del Rosario Gonz\u00e1lez P\u00e9rez hab\u00eda manifestado que su esposo no ten\u00eda amenazas, sino que sent\u00eda miedo de esta persona por haberlo perseguido un mes antes cuando intentaba hurtar en los locales de la plaza de mercado. Situaci\u00f3n esta \u00faltima que, de acuerdo con el mismo informe, fue corroborada por sus compa\u00f1eros Gustavo Ortiz Salazar y Manuel Gregorio Vides Contreras, cuando fueron entrevistados. Estas dos \u00faltimas entrevistas, igualmente, aparecen anexadas al informe y, por ende, a la demanda de reparaci\u00f3n directa. <\/p>\n
Al no haber otra prueba dentro del proceso administrativo que indicara lo contrario, pues tanto el demandante como el demandado se caracterizaron por incumplir con la carga de la prueba exigida en los procesos administrativos, es claro que para el momento en que se dict\u00f3 la sentencia, la verdad del proceso establecida mediante el informe de polic\u00eda judicial y las entrevistas de los dos compa\u00f1eros de trabajo, era que la muerte violenta de Emerson Jos\u00e9 Sierra P\u00e9rez hab\u00eda sido obra de delincuencia com\u00fan e, igualmente, que el principal sospechoso de este hecho era Francisco Rafael Gonz\u00e1lez P\u00e9rez. <\/p>\n
En segundo lugar, por cuanto, si bien el denunciante cuestion\u00f3 que el juez LORDUY VILORIA no decret\u00f3 pruebas de oficio, es claro que al no existir aspecto alguno que arrojara \u201coscuridad\u201d sobre los hechos, no hab\u00eda raz\u00f3n para que el juez utilizara las facultades otorgadas por el art\u00edculo 213 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece: \u201cEn cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar las pruebas de oficio que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.\u201d <\/p>\n
Y, finalmente, en tercer lugar, en raz\u00f3n a que resulta totalmente improcedente se\u00f1alar que los jueces est\u00e1n obligados a consultar en el sistema de Sistema de Gesti\u00f3n Judicial siglo XXI el estado de otros procesos, as\u00ed hayan sido mencionados en un tr\u00e1mite judicial, pues no existe norma alguna que lo indique. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 la Sala, en consonancia con el tribunal de primer nivel que no era posible predicar que la sentencia cuestionada por el denunciante hubiera sido manifiestamente contraria a la ley\u00bb en tanto fue producto del ejercicio valorativo y hermen\u00e9utico amparado en el principio constitucional de autonom\u00eda judicial, dictaminando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al no adecuarse la conducta desarrollada por el juez LORDUY VILORIA al elemento descriptivo del tipo penal de prevaricato por acci\u00f3n, relativo a haber proferido \u201cresoluci\u00f3n, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley\u201d, su conducta es at\u00edpica. Por ende, la Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Sincelejo de precluir la acci\u00f3n penal seguida en su contra (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada, en tanto que se advirtieron las razones jur\u00eddicas y probatorias que no permitieron la prosperidad de las inconformidades formuladas por el quejoso, las cuales coinciden en lo sustancial con la presente solicitud de amparo, observ\u00e1ndose que las discrepancias aqu\u00ed planteadas son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es hacer prevalecer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica frente a la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3.2. La tutela como instancia adicional <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la afirmaci\u00f3n del promotor del amparo acerca de la \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb realizada por los funcionarios de instancia, es preciso indicar que la acci\u00f3n supralegal no es el instrumento adecuado para atacar el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis de los jueces ordinarios, puesto que tal actividad encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Esta herramienta no es una instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario y a ella no es dable acudir para censurar la forma en que el juzgador estim\u00f3 las pruebas llevadas a su conocimiento, menos aun cuando los supuestos defectos no pasan de ser \u2013como en este caso\u2013 meras discrepancias, pues ante la divergencia en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n prevalece la realizada por la autoridad jurisdiccional, por estar cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Se aprecia, entonces, que la intenci\u00f3n de Sierra Gonz\u00e1lez es que se valoren los elementos probatorios practicados en el tr\u00e1mite penal y se interprete el ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan su personal intelecci\u00f3n, pero ello implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n, pues pac\u00edficamente ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final \u2013 De la solicitud formulada a la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo <\/p>\n
Ahora bien, el actor pretende tambi\u00e9n que se ordene a esta entidad que le haga entrega de \u00abcopias digitales del expediente rad. 2006-00083\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicha situaci\u00f3n, obra en el expediente el Oficio F1DTSS026 de 1\u00ba de junio de 2022, en el cual la titular del despacho fiscal le informa al solicitante que tal actuaci\u00f3n fue incorporada \u00abcomo evidencia\u2026 a la carpeta No. \u2026202200013 que por el delito de prevaricato por acci\u00f3n sigue\u2026 contra los servidores Alfonso Mogoll\u00f3n Gil y \u00c1lvaro Porto Espinosa, bajo la preceptiva de la Ley 600 de 2000\u00bb, y que no era posible suministrarle las copias requeridas en tanto: <\/p>\n
\u00aben el actual momento procesal, no le asiste inter\u00e9s alguno al interior de este encuadernamiento al se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Sierra Gonz\u00e1lez, pues si bien es cierto la v\u00edctima dentro del radicado No. 2006-00083-00 fue su se\u00f1or padre\u2026 tambi\u00e9n lo es que quien result\u00f3 afectado con el proceso penal iniciado en su contra con la resoluci\u00f3n de Acusaci\u00f3n y a\u00fan con la sentencia condenatoria proferida dentro de este radicado fue el ciudadano Francisco Rafael Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, persona que incluso, el mismo encuadernamiento da cuenta, que inici\u00f3 proceso de reparaci\u00f3n directa contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, buscando ser indemnizado por los perjuicios ocasionados con aquel proceso penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, observa la Corte que el Ente Fiscal expres\u00f3 las razones jur\u00eddicas para no acceder al pedimento de Sierra Gonz\u00e1lez de entregarle copias de la actuaci\u00f3n penal distinguida con radicaci\u00f3n 2006-00083, sin que las mismas se aprecien arbitrarias o antojadizas al punto que ni siquiera fueron objeto de reproche en el presente amparo. <\/p>\n
En consecuencia, no se acceder\u00e1 a esta petici\u00f3n subsidiaria. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
5.1. La providencia por medio de la cual la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 el decreto de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n a favor del Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda; y, <\/p>\n
5.2. No es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica de los funcionarios cognoscentes, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No alleg\u00f3 documento alguno que acreditara la condici\u00f3n que asegur\u00f3 tener, ni aport\u00f3 poder otorgado por el funcionario que afirm\u00f3 representar que lo habilitara a actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
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STC3146-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3146-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01176-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Ignacio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72159","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72159"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72159\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}