STC3147-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3147-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00177-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de febrero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Elena Cardona Palacios contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de esa ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 Protecci\u00f3n S.A., as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00701. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad, m\u00ednimo vital y \u00abseguridad social\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mar\u00eda Elena Cardona Palacios promovi\u00f3 ordinario laboral contra Colpensiones y Protecci\u00f3n S.A., en procura de que se declarara que es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues tiene \u00ab830 aportadas antes del 1 de abril de 1994\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abpuede ser trasladada sin m\u00e1s requisitos\u00bb al R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida\u00bb y, como consecuencia de ello, pretendi\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez \u00abregulada en el Decreto 758 de 1990\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto coligi\u00f3 que la querellante era \u00abpensionada, lo que la situaba en la categor\u00eda de beneficiario de un derecho adquirido, bajo las normas que reg\u00edan su nueva condici\u00f3n; y que no se pod\u00edan desconocer los efectos econ\u00f3micos que la determinaci\u00f3n de una ineficacia traer\u00eda al fondo com\u00fan de naturaleza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la promotora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 dej\u00f3 inc\u00f3lume lo resuelto por el ad quem, pues advirti\u00f3 que \u00abno es posible retrotraer o reversar la calidad de pensionada de la demandante bajo la figura de la ineficacia de su traslado al RAIS\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de aquella, incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente, \u00aben especial lo consignado en las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, unificados en las sentencias SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013 (\u2026) bajo la consideraci\u00f3n a que las personas que cuentan con m\u00e1s de 750 semanas laboradas o cotizadas previas a la entrada en vigencia del r\u00e9gimen general de pensiones, cuentan con la posibilidad de trasladarse entre reg\u00edmenes pensionales sin l\u00edmite de tiempo, aunado a que no pierden los beneficios de la transici\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene: (i) dejar sin efectos el fallo SL1718-2022, 17 may.; (ii) \u00abdictar sentencia que case la providencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013 Sala Laboral\u00bb; y, (iii) revocar \u00abla sentencia ABSOLUTORIA proferida por el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n cuestionada realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el tr\u00e1mite confutado y expuso que \u00abla acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia adicional a la cual puedan acudir los administrados a efectos de definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, ni para revivir controversias ya concluidas. As\u00ed mismo que de ella ha de hacerse uso dentro de un t\u00e9rmino razonable que en el presente caso est\u00e1 superado\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones manifest\u00f3 que \u00abel caso en estudio NO CUMPLE con las causales de procedibilidad que permita revocar la decisi\u00f3n judicial y por lo tanto la misma debe declararse improcedente\u00bb. <\/p>\n
3. Protecci\u00f3n S.A. reliev\u00f3 que \u00abpartiendo de la firmeza de la decisi\u00f3n adoptada, el asunto en discusi\u00f3n se configura en una \u201ccosa juzgada\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. El P.A.R.I.S.S. se\u00f1al\u00f3 que \u00aben los procesos de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que la colegiatura censurada \u00abno incurri\u00f3 en yerro jur\u00eddico alguno, (\u2026) al tener MAR\u00cdA ELENA CARDONA PALACIOS el estatus de pensionada, le est\u00e1 vedado trasladarse entre administradoras de pensiones\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abel litigio sometido a casaci\u00f3n no debi\u00f3 de resolverse conforme con la postura de la INEFICACIA DE TRASLADO situaci\u00f3n que fue puesta de presente en los alegatos de segunda instancia con gran \u00e9nfasis pues se hab\u00eda decidido lo que no se estaba pidiendo, pues as\u00ed se deja de lado el planteamiento tambi\u00e9n alegado en la demanda, y esto es, que la accionante cumple a cabalidad con las condiciones establecidas en la sentencia C-789 de 2003 y SU 130 de 2013 para que pudiese retornar al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, sin soluci\u00f3n de continuidad, manteniendo su derecho a acceder al r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL1718-2022, 17 may.), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 17 de mayo de 20223 y la tutela se intent\u00f3 el 27 de enero de 2023, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a plantear la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abno es posible retrotraer o reversar la calidad de pensionada de la demandante bajo la figura de la ineficacia de su traslado al RAIS\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cuatro cargos formulados por: (i) la v\u00eda indirecta por \u00abla aplicaci\u00f3n indebida de los siguientes art\u00edculos: [\u2026] 1, 2, 3, 13 literales b) y e), 36, 60 literal c), 90, 107, 271 de la ley 100 de 1993; art\u00edculo 11, 15, 16 del decreto 692 de 1994; art\u00edculo 97, 98 decreto 663 de 1993; art\u00edculo 23 de la ley 795 de 2003; art\u00edculo 3, 12 del decreto 720 de 1994; art\u00edculo 2.6.10.1.2 del decreto 2555 de 2010; art\u00edculo 3 num. 1.3, 23 ley 1480 de 2011; art\u00edculo 4, 14, 15 del decreto 656 de 1994; art\u00edculo 2 del decreto 2241 de 2010; art\u00edculo 1495, 1500, 1502, 1508, 1517, 1602, 1603, 1604, 1610, 1740, 1746 del C.C.; art\u00edculo 1, 3 del decreto 3800 de 2003; art\u00edculo 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb; (ii) por la \u00abv\u00eda de puro derecho la infracci\u00f3n directa de las siguientes disposiciones: [\u2026] art\u00edculos 1, 2, 3, 13 literal b) y e), 36, 60 literal c), 90, 107, 271 de la ley 100 de 1993; art\u00edculo 11, 15, 16 del decreto 692 de 1994; art\u00edculo 97, 98 decreto 663 de 1993; art\u00edculo 3, 12, 15 del decreto 720 de 1994; art\u00edculo 4, 5, 14 del decreto 656 de 1994; art\u00edculo 1495, 1500, 1502, 1508, 1517, 1602, 1603, 1604, 1740, 1746 del C.C.; que condujo a la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 12, 20 del decreto 758 de 1990; art\u00edculo 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb; por la senda recta (iii) por \u00abla aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 107 de la Ley 100 de 1993, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 31, 59, 79, 87 y 88 ib\u00eddem\u00bb; y, (iv) por \u00abla infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, y 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal err\u00f3 al considerar que una persona que tiene la calidad de pensionada en el R\u00e9gimen de Ahorro Individual no puede reversar tal hecho bajo la declaratoria de ineficacia del acto inicial de traslado de r\u00e9gimen pensional y, en tal virtud, poder acceder a la pensi\u00f3n de vejez regulada en el R\u00e9gimen Solidario de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, por ser beneficiaria de la transici\u00f3n regulada en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, destac\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n a la demandante en los reproches que le endilga al Tribunal, toda vez que partiendo del hecho incontrovertido de que ostenta la calidad de pensionada en el r\u00e9gimen de ahorro individual, no es posible volver al estado en que las cosas se hallaban antes de trasladarse del RPM\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absu nuevo estatus constituye una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada o, en otras palabras, un hecho consumado que no se puede revertir sin afectar a m\u00faltiples entidades, personas, actos, relaciones jur\u00eddicas, y por consiguiente, derechos y obligaciones e intereses de terceros y de los sistemas pensionales en conjunto\u00bb. <\/p>\n
Luego, arguy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con relaci\u00f3n a los yerros f\u00e1cticos endilgados en el primer cargo, as\u00ed como los jur\u00eddicos del cargo cuarto, todos encaminados a demostrar que el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que la demandante no era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n regulado en el art\u00edculo 36 de la ley 100 de 1993 y en que su traslado de r\u00e9gimen pensional fue eficaz porque Protecci\u00f3n S. A. no incurri\u00f3 en omisi\u00f3n informativa alguna, basta se\u00f1alar que tal como qued\u00f3 sentado al historiar el proceso, el sentenciador no se pronunci\u00f3 a acerca de si la demandante era o no beneficiaria del aludido r\u00e9gimen o s\u00ed para el momento del traslado la entidad administradora suministr\u00f3 la informaci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en la ley\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, concluy\u00f3 que \u00abel colegiado no pudo incurrir en unos errores frente a unos aspectos que, en rigor, no fueron objeto de pronunciamiento\u00bb. De esta manera desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 13 de marzo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Notificada el 26 de mayo de 2022, de conformidad con el portal web de la Rama Judicial. <\/p>\n
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