STC3156-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3156-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01186-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Grupo Financiero de la Costa S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n 2020-00046. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, actuando a trav\u00e9s de su representante legal, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad que estima trasgredidos por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. De la demanda, sus anexos y dem\u00e1s pruebas recopiladas se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla curs\u00f3 el proceso de expropiaci\u00f3n incoado por la Agencia Nacional de Infraestructura contra el Grupo Financiero de la Costa S.A.S. <\/p>\n
2.3. Con auto de 10 de agosto de 2021 el juzgado cognoscente rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n por cuanto la experticia en que se fundament\u00f3 no fue elaborada por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi o la Lonja de Propiedad Ra\u00edz. <\/p>\n
2.4. Contra la anterior determinaci\u00f3n la interesada interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo resueltos ambos desfavorablemente a sus intereses, el 11 de septiembre de 2021 y el 16 de marzo de 2022, respectivamente. <\/p>\n
2.5. El 23 de noviembre de 2021 el despacho de conocimiento dict\u00f3 sentencia estimatoria, la que fue impugnada por la sociedad demandada pues en su criterio no exist\u00eda \u00abprueba legalmente v\u00e1lida y eficaz para determinar el valor de la indemnizaci\u00f3n al demandado puesto que para ello [se] tom\u00f3 como base el irregular peritazgo incorporado por la ANI [sic]\u00bb. <\/p>\n
2.6. La actuaci\u00f3n fue remitida a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 9 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.7. En el curso de la segunda instancia, la apelante solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba pericial con miras a determinar el aval\u00fao del bien y la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho, petici\u00f3n denegada con auto de 3 de agosto de 2022 contra el cual no se formul\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
2.8. La corporaci\u00f3n ad quem ha ordenado en dos oportunidades la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de primer grado (la \u00faltima de ellas el 26 de octubre de 2022) por cuanto no fue remitido de forma completa como lo establece la Circular PCSJC20-27 del 21 de julio de 2020, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
3. La sociedad querellante dirige la queja contra el auto de 3 de agosto de 2022 (que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia) y contra la sentencia de primer nivel. <\/p>\n
Frente a la primera providencia aduce que el Tribunal desconoci\u00f3 el contenido del art\u00edculo 2.2.3.7.5.3., numeral 5, del Decreto 1073 de 2015, en torno a c\u00f3mo se debi\u00f3 proceder ante la objeci\u00f3n del aval\u00fao presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura, al tiempo que no tuvo en cuenta que \u00abel dictamen presentado por la ANI no cumple los requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
Respecto del fallo, advierte que \u00abno existe en el proceso un medio probatorio id\u00f3neo, legal, completo y eficaz que permita realizar una valuaci\u00f3n justa y equitativa de la indemnizaci\u00f3n a favor de la expropiada\u00bb, pues la prueba pericial que sirvi\u00f3 de sustento para la calcular la contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica est\u00e1 \u00abllena de ilegalidades\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, que se ordene al tribunal convocado admita la pr\u00e1ctica de la prueba pericial solicitada \u00aby que esta se realice en los t\u00e9rminos ordenados en el Decreto 1073 de 2015 art\u00edculo 2.2.3.7.5.3 numeral 5\u00bb y que no se emita fallo de segundo grado hasta tanto no se cuente con dicho elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla se limit\u00f3 a indicar que mediante auto de 16 de marzo de 2022 decidi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia por medio de la cual se rechaz\u00f3 de plano la objeci\u00f3n al aval\u00fao comercial del inmueble presentada por la parte demandada, por lo que considera \u00abse dio cabal cumplimiento a lo que correspond\u00eda resolver\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Infraestructura, por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad del resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad dado que \u00abla accionante claramente disponen de otros mecanismos de defensa para el logro de su pretensiones [sic], pero con el uso inadecuado de la acci\u00f3n constitucional de tutela, buscan un pronunciamiento m\u00e1s \u00e1gil y expedito\u00bb <\/p>\n
Al margen de lo anterior, pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00aben raz\u00f3n a que no se demostr\u00f3 que se haya causado a t\u00edtulo de acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de la Agencia\u2026 vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales se\u00f1alados\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si dentro del proceso de expropiaci\u00f3n 2020-00046 las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales del Grupo Financiero de la Costa S.A.S. porque (i) el Tribunal Superior de Barranquilla no accedi\u00f3 a la solicitud de pr\u00e1ctica de una prueba pericial y (ii) el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad dict\u00f3 sentencia de primer grado \u00absin existir en el proceso un medio probatorio id\u00f3neo, legal, completo y eficaz que permita realizar una valuaci\u00f3n justa y equitativa de la indemnizaci\u00f3n a favor de la expropiada\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios de defensa consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
3. De la Subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Es decir, el presupuesto de la subsidiariedad tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
4.1. Sobre la lesi\u00f3n atribuida al Tribunal Superior de Barranquilla \u2013 Incuria <\/p>\n
La sociedad accionante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso que estima fue lesionado por el Tribunal Superior de Barranquilla con la expedici\u00f3n del auto de 3 de agosto de 2022 por medio del cual, en el curso del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia estimatoria, deneg\u00f3 la solicitud de pr\u00e1ctica de una prueba pericial. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el presupuesto de la subsidiariedad se incumple no solo cuando existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En punto de la queja contra el Tribunal Superior de Barranquilla, se configura la segunda modalidad anunciada puesto que, si bien la promotora tuvo a su alcance la herramienta procesal id\u00f3nea para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que al ser enterada de la providencia en la que no se accedi\u00f3 a su pedimento probatorio, bien pudo haber hecho uso del recurso de s\u00faplica por virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 321 y 331 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia frente a lo resuelto. <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo pues la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
4.2. La queja contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla \u2013 Del car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Al revisarse la actuaci\u00f3n que es objeto de censura, advierte la Corte anticipado cualquier pronunciamiento frente al reproche que expone la persona jur\u00eddica accionante contra la c\u00e9lula judicial de primer nivel, teniendo en cuenta que el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n no ha finalizado, de all\u00ed que se imponga la denegaci\u00f3n del resguardo por no satisfacer el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto de las pruebas recopiladas, se puede evidenciar que a\u00fan est\u00e1 pendiente que el Tribunal Superior de Barranquilla se pronuncie frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Grupo Financiero de la Costa S.A.S. contra la sentencia estimatoria de primer grado, en el cual la impugnante plante\u00f3 argumentos similares a los expuestos en esta salvaguarda, siendo ese el escenario id\u00f3neo para resolver la presunta afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, comoquiera que la herramienta constitucional no puede ser utilizada para obviar los procedimientos ordinarios o para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe reiterar que, para que salga avante la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, la actuaci\u00f3n no ha culminado, sin que en el caso particular tampoco pueda abrirse paso el ruego como mecanismo transitorio pues no fue alegada ni demostrada la ocurrencia o inminencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
As\u00ed, reiteradamente ha sido se\u00f1alado por esta Corte, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (Subrayas extra texto) <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se declarar\u00e1 improcedente la tutela por desatender el presupuesto de la subsidiariedad pues: <\/p>\n
5.1. La acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada, y <\/p>\n
5.2. El tr\u00e1mite objeto de escrutinio a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, dado que el tribunal querellado debe resolver la apelaci\u00f3n formulada por la sociedad ac\u00e1 gestora contra la sentencia estimatoria de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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