STC3166-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3166-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2023-00101-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 7 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada a nombre de Juan Bautista Carbonell Boh\u00f3rquez contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite que se hizo extensivo al Juzgado Primero Civil Municipal de Barranquilla y a las partes e intervinientes en el juicio de enriquecimiento sin causa n\u00b0 2019-00088. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Un abogado que dijo actuar como \u00abapoderado judicial del se\u00f1or Juan Carbonell Boh\u00f3rquez\u00bb, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que en el Juzgado Primero Civil Municipal de Barranquilla curs\u00f3 el proceso verbal de enriquecimiento sin justa causa distinguido con radicaci\u00f3n 2019-00088, promovido por Juan Bautista Carbonell Boh\u00f3rquez contra \u00abContinental de Aduanas S.A.S.\u00bb y Clariza del Carmen Ballesteros P\u00e9rez, que culmin\u00f3, en primera instancia, con sentencia estimatoria proferida en audiencia de 28 de julio de 2022. <\/p>\n
En la aludida vista p\u00fabica la persona jur\u00eddica demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo y procedi\u00f3 a exponer las razones que motivaban su disenso, por lo que la c\u00e9lula judicial cognoscente concedi\u00f3 la alzada y dispuso la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a su superior funcional. <\/p>\n
Asignada la actuaci\u00f3n al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, con auto de 8 de agosto de aquel a\u00f1o se corri\u00f3 traslado a la impugnante para que, dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria del mismo, allegara la sustentaci\u00f3n formal del recurso. <\/p>\n
Pese a que tal t\u00e9rmino transcurri\u00f3 en silencio, el despacho ad quem consider\u00f3 que los argumentos presentados por la censora ante el juez de primer grado resultaban suficientes para resolver la alzada, lo que en efecto ocurri\u00f3 el pasado 16 de febrero cuando revoc\u00f3 la providencia impugnada denegando, en consecuencia, las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. El promotor, sin formular solicitud concreta, acude a este instrumento, no para cuestionar el fallo de segundo grado, sino quej\u00e1ndose de que la apelaci\u00f3n debi\u00f3 haber sido declarada desierta por cuanto no fue sustentada en el plazo concedido en el auto de 8 de agosto de 2022, pues en \u00e9l se hab\u00eda advertido que la omisi\u00f3n de cumplir dicha carga procesal acarrear\u00eda tal consecuencia jur\u00eddica. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del juzgado querellado hizo \u00e9nfasis en que \u00abla actividad\u2026 desplegada\u2026 estuvo encaminada a proteger el derecho sustancial de las partes\u00bb y que la determinaci\u00f3n de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia estimatoria, pese a que no hubo sustentaci\u00f3n en sede de segunda instancia, \u00abse acompasa con la tesitura elaborada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello advirti\u00f3 que las razones para revocar el fallo de primer grado \u00abresponden a un estudio jur\u00eddico serio y minucioso de la suscitada controversia, ajeno a cualquier sesgo de arbitrariedad o subjetividad que colocara en riesgo las garant\u00edas procesales de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Primera Civil Municipal de Barranquilla dio cuenta de las actuaciones desplegadas ante ese despacho hasta la concesi\u00f3n de la alzada interpuesta contra la decisi\u00f3n de 28 de julio de 2022 y solicit\u00f3 ser exonerada de cualquier responsabilidad en tanto no lesion\u00f3 derecho fundamental alguno del gestor. <\/p>\n
3. Por su parte, una persona que adujo ser \u00abrepresentante legal de la empresa Agencia de Aduanas Continental de Aduanas S.A.S.\u00bb1 pidi\u00f3 no acceder al resguardo reclamado habida consideraci\u00f3n de que no existe la lesi\u00f3n atribuida al juzgado del circuito. <\/p>\n
En torno a ello, se\u00f1al\u00f3 que, \u00abal haber sido sustentado el recurso de reposici\u00f3n [sic] en estrados, no se debi\u00f3 fijar en auto\u2026 el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para realizar la respectiva justificaci\u00f3n [sic] ya que el poderdante ya hab\u00eda cumplido con realizar las precisiones y los reparos concretos a el fallo correspondiente [sic]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla declar\u00f3 improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que la persona que result\u00f3 afectada con la actuaci\u00f3n del juzgado querellado puede \u00abformular el respectivo incidente [de nulidad]\u2026 pues la acci\u00f3n de tutela ha sido concebida como un instrumento de defensa judicial residual y subsidiario\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Disintieron de la anterior determinaci\u00f3n el Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla aduciendo que el resguardo debi\u00f3 haber sido denegado (no declarado improcedente) pues no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, y el abogado que formul\u00f3 la acci\u00f3n quien adujo que el fallo de primer grado \u00abdeja la puerta abierta a esta \u201cAgencia de Aduanas\u2026\u201d para que siga adue\u00f1\u00e1ndose de los dineros de los que utilizan de buena fe sus servicios aduaneros\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer, inicialmente, si el promotor del resguardo estaba facultado para incoar la presente acci\u00f3n de tutela en representaci\u00f3n de Juan Bautista Carbonell Boh\u00f3rquez y, de superarse lo anterior, si el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla quebrant\u00f3 las prerrogativas constitucionales de este \u00faltimo al no declarar desierta la alzada formulada por Continental de Aduanas S.A.S. contra el fallo estimatorio proferido dentro del proceso de enriquecimiento sin justa causa 2019-00088, pese a no haber sido sustentada en sede de segunda instancia. <\/p>\n
2. De la necesidad de contar con poder especial para interponer acciones de tutela <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto original. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso, lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01) \u00c9nfasis propio. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
De conformidad con los anteriores lineamientos, se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, pero no por lo razonado por el tribunal a quo, sino porque, aun cuando quien promovi\u00f3 el resguardo manifest\u00f3 ser el apoderado del demandante dentro del proceso ordinario, no alleg\u00f3 poder especial conferido por quien dice ser su representado para formular la presente salvaguarda, lo cual significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
N\u00f3tese que a pesar de que el memorialista sostiene actuar en esa calidad al interior de la indicada causa y alegar que es su \u00abdeber defender los intereses de [su] cliente con todas las herramientas que la ley [le] brinda\u00bb, dichas circunstancias no lo facultan para asumir la vocer\u00eda judicial del prenombrado en este tr\u00e1mite constitucional ya que, para ello, se itera, se requiere el correspondiente poder que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n
En efecto, cuando se trata de acciones de tutela en que se act\u00fae por conducto de apoderado judicial, el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n
Tal exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
Esto, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo confutado, pero porque, como se advirti\u00f3, resultaba perentorio que el profesional del derecho que formul\u00f3 el amparo e impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n del Tribunal Superior de Barranquilla demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, pues no es suficiente el mandato otorgado en el tr\u00e1mite ordinario para promover la salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones indicadas en esta oportunidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la sala aquo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No aport\u00f3 documento alguno que acreditase la condici\u00f3n que dice tener. <\/p>\n
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