STL606-2023<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL606-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 101319 <\/p>\n
Acta 8 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Teniendo en cuenta la ausencia justificada de la Magistrada Marjorie Z\u00fa\u00f1iga Romero, a quien correspondi\u00f3 el reparto de la presente acci\u00f3n de tutela, el Presidente de la Sala asume temporalmente la ponencia de este asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.12 del art\u00edculo 4.\u00ba del Acuerdo 48 de 16 de noviembre de 2016 \u2013 Reglamento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Establecido lo anterior, la Sala decide la impugnaci\u00f3n que JULIO GARC\u00cdA GARC\u00cdA present\u00f3 contra el fallo que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, profiri\u00f3 el 1\u00b0 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela que el recurrente adelanta contra la SALA CIVIL \u2013 FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA y el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBAT\u00c9. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El promotor instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el prop\u00f3sito de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 el accionante, que el Banco de Bogot\u00e1 promovi\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria en su contra, a fin de obtener el pago de las obligaciones incorporadas en los pagar\u00e9s n\u00b0 7317523 y 256369245, garantizados con gravamen hipotecario sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 072-23786. <\/p>\n
Narr\u00f3, que el asunto se tramit\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ubat\u00e9, despacho que, en auto de 4 de diciembre de 2018, requiri\u00f3 al ejecutante para que aportara el aval\u00fao catastral del bien, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3, que la entidad financiera solicit\u00f3 presentar el aval\u00fao por intermedio del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, petici\u00f3n a la que accedi\u00f3 el juzgado de conocimiento en auto de 22 de julio de 2019, orden que reiter\u00f3 en providencia de 11 de junio de 2021. <\/p>\n
Inform\u00f3 el tutelista, que el 11 de agosto de esa anualidad, solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, tras argumentar que \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n que le dio movimiento al proceso fue el d\u00eda 4 de diciembre de 2018\u00bb, y, que no era necesario requerir al referido Instituto, porque ese documento pod\u00eda solicitarse por internet. <\/p>\n
Adujo, que el 26 de noviembre de 2021, el a quo neg\u00f3 tal petici\u00f3n, tras considerar que las diligencias realizadas ante el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, guardan directa relaci\u00f3n con la fase siguiente a la decisi\u00f3n de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Inform\u00f3, que la anterior decisi\u00f3n la recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n; sin embargo, manifest\u00f3, que en providencia de 21 de septiembre de 2022, aquella no se repuso y, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en auto de 15 de diciembre de 2022, la confirm\u00f3. <\/p>\n
Cuestion\u00f3, que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que el certificado catastral puede descargarse de la p\u00e1gina web del Instituto Agust\u00edn Codazzi sin dificultad alguna. <\/p>\n
Con base en lo anterior, acudi\u00f3 a esta acci\u00f3n para obtener la protecci\u00f3n de su derecho fundamental y, para su efectividad, pretende que se deje sin valor y efecto el prove\u00eddo que la colegiatura accionada profiri\u00f3 el 15 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, se ordene la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
<\/p>\n
II. TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
La tutela se radic\u00f3 el 18 de enero de 2023 y, mediante auto del d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o, el a quo constitucional la admiti\u00f3, orden\u00f3 notificar a las autoridades convocadas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso cuestionado, con el fin de que ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de traslado, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, remiti\u00f3 copia digital de la providencia censurada. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ubat\u00e9, indic\u00f3 que el proceso se adelant\u00f3 de acuerdo con los par\u00e1metros legales pertinentes. Expuso, que neg\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito por cuanto no se cumpl\u00edan los presupuestos legales establecidos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por su parte, el Banco de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 negar el amparo invocado, toda vez que las decisiones de las autoridades judiciales se encuentran ajustadas a la normativa que regula el asunto. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia de 1\u00b0 de febrero de 2023, el juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo invocado, al considerar que las divergencias manifestadas por el accionante no resultaron suficientes para acudir al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, la parte actora la impugn\u00f3, para lo cual reitera lo expuesto en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acci\u00f3n de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de tr\u00e1mite preferente y sumario, la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En tal sentido, resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en discrepancias de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales, como si se tratara de una instancia m\u00e1s y pretender que el juez constitucional sustituya en su propia apreciaci\u00f3n, el an\u00e1lisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
La discusi\u00f3n planteada, tiene que ver con la presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso que, a juicio del accionante, se origin\u00f3 con la decisi\u00f3n emitida el 15 de diciembre de 2022, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el auto proferido el 26 de noviembre de 2021, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ubat\u00e9, que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Pues bien, al analizar el asunto objeto de impugnaci\u00f3n, se advierte que no le asiste raz\u00f3n a la parte actora cuando pretende que se deje sin valor y efecto la decisi\u00f3n cuestionada, toda vez que no se observa que la misma haya sido caprichosa e inconsulta, ni mucho menos que desconozca sus derechos superiores. Por el contrario, se advierte que la autoridad accionada actu\u00f3 dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia que le otorga la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado accionado hizo un examen razonado de la decisi\u00f3n apelada, en tanto se apoy\u00f3 en las normas que regulan el asunto, propiamente en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En tal sentido, explic\u00f3 que el 30 de julio de 2016, el juzgado de conocimiento orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; que el 4 de diciembre de 2018, se agreg\u00f3 la diligencia de secuestro del inmueble embargado, fecha en la que, el a quo requiri\u00f3 a la ejecutante para que, antes de dar traslado del aval\u00fao presentado, aportara el catastral del bien en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Posteriormente, en auto de 5 de julio de 2019, ofici\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para que expidiera el correspondiente certificado catastral, orden que reiter\u00f3 el 11 de junio de 2021. <\/p>\n
De ah\u00ed, el ad quem se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] no puede decirse que la terminaci\u00f3n sea algo que se atempere a lo que viene ocurriendo en el proceso, pues por m\u00e1s superflua que a juicio de la alzada sea esa claridad que busca el juzgado acerca del aval\u00fao del bien objeto de garant\u00eda de la obligaci\u00f3n adeudada, lo cierto es que se trata de una actuaci\u00f3n que acompasa con la fase por la que transita el litigio, por supuesto que si ejecutoriada la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, lo que procede es el remate del bien, y para poder se\u00f1alar fecha a efectos de su realizaci\u00f3n, seg\u00fan lo exige el art\u00edculo 488 del ordenamiento procesal vigente, ha menester que los bienes a subastar \u201cse hayan embargado, secuestro y avaluado\u201d, en lo \u00faltimo que podr\u00eda convenirse es en la aplicaci\u00f3n de esa sanci\u00f3n si es que, qui\u00e9rase o no, lo atinente al aval\u00fao una actuaci\u00f3n procesal que debe agotarse con el fin de que, tras su venta en almoneda, pueda cumplirse la prestaci\u00f3n insatisfecha que ha dado lugar a la ejecuci\u00f3n [\u2026]. <\/p>\n
Luego de ello, el Tribunal adujo, que si bien el ejecutante present\u00f3 un aval\u00fao comercial, fue el juzgado quien requiri\u00f3 que se aportara el correspondiente aval\u00fao catastral, y previa solicitud de la entidad financiera, orden\u00f3 oficiar al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para tales efectos, en prove\u00eddos de 5 de julio de 2019 y 11 de junio de 2021, los cuales, \u00abcobraron firmeza sin protestas de ninguna naturaleza del ahora recurrente\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00ed tanta inconformidad ten\u00eda el demandado con esa autorizaci\u00f3n\u00bb, era contra esas decisiones que deb\u00eda expresar su disenso, explic\u00e1ndole al juzgado esos argumentos que, ya tard\u00edamente, expuso para solicitar la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Por tanto, advirti\u00f3 que el ejecutado pretendi\u00f3 \u00abdesconocer la ejecutoria de esas decisiones, como si los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n que campean en el proceso civil, admitieras (sic) posiciones de esa naturaleza\u00bb. <\/p>\n
De lo indicado, es evidente que contrario a lo afirmado por el recurrente, el Tribunal encausado realiz\u00f3 un estudio detallado de los elementos de juicio puestos a su consideraci\u00f3n, para concluir razonadamente, que la decisi\u00f3n de oficiar al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para efectos de determinar el aval\u00fao catastral del bien, era una actuaci\u00f3n procesal necesaria para realizar el remate del inmueble y, por tanto, resultaba improcedente terminar el proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no le asiste raz\u00f3n a la parte actora cuando pretende que se revoque la providencia censurada, toda vez que no se observa que haya sido caprichosa e inconsulta; por el contrario, no puede perderse de vista que el tr\u00e1mite cuestionado, tal como fue descrito por esta Sala, se adelant\u00f3 con el an\u00e1lisis detallado de los elementos de juicio presentes en el plenario, con la aplicaci\u00f3n de la normativa y con la percepci\u00f3n razonable del Colegiado convocado. De ah\u00ed, se observa que dicha autoridad actu\u00f3 dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia que le es otorgada por la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
Por las anteriores consideraciones se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
MARJORIE Z\u00da\u00d1IGA ROMERO <\/p>\n
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