AC1058-2023 (2023-01146-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1058-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01146-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Puente Nacional1 y Familia del Circuito de Calarc\u00e12, para conocer del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria promovida por la Defensor\u00eda de Familia Centro Zonal de V\u00e9lez -Regional Santander-, en nombre de Ana Francisca Bernal de Gonz\u00e1lez contra Ana Emilce, Clara Mercedes, Jaime Rafael, Hugo Efr\u00e9n, Hilda Rufina y Carlos Uriel Gonz\u00e1lez Bernal, hijos de la solicitante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora instaur\u00f3 demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria contra sus hijos. <\/p>\n
En el libelo invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente por ser \u00abel domicilio de uno de los demandados\u00bb. <\/p>\n
2. Tal despacho admiti\u00f3 el libelo, corri\u00f3 traslado de este a los demandados y fij\u00f3 cuota de alimentos provisional. <\/p>\n
De manera posterior, en auto de control de legalidad, rechaz\u00f3 el libelo por falta de competencia territorial, pues constat\u00f3 que la demandante reside en la vereda \u00abQuebrada Negra\u00bb del municipio de Calarc\u00e1, departamento del Quind\u00edo, en compa\u00f1\u00eda de una de sus hijas. Por lo cual, de conformidad con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, remiti\u00f3 el expediente a esa localidad, ya que en los procesos de alimentos la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia del menor de edad involucrado. <\/p>\n
Y si bien el proceso no involucra a ning\u00fan menor, la posici\u00f3n fijada por la Corte Suprema de Justicia (AC2810-2019) es clara en se\u00f1alar que ese numeral tambi\u00e9n aplica cuando se soliciten alimentos en favor de una persona de avanzada edad, ya que finalmente el prop\u00f3sito central de esa disposici\u00f3n es proteger a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad o indefensi\u00f3n. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa, debido a que en el caso bajo examen se configur\u00f3 la perpetuatio jurisdictionis, pues una vez avocada la competencia por el estrado de Puente Nacional, le estaba vedado desprenderse de ella, en cuanto la misma solo pod\u00eda ser cuestionada por alguno de los demandados, cosa que no sucedi\u00f3. Adem\u00e1s, tampoco se verific\u00f3 la existencia de los factores funcional o subjetivo que hubieran permitido la remisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
4. El 10 de abril de 2023 Carlos Uriel Gonz\u00e1lez Bernal, quien indic\u00f3 ser hijo de la demandante Ana Francisca Bernal de Gonz\u00e1lez, alleg\u00f3 memorial a la Corte en el que inform\u00f3 que la convocante se encontraba viviendo en su residencia en el municipio de Puente Nacional desde el 6 de abril pasado, pues su estancia en Calarc\u00e1 \u00abera temporal a pasar vacaciones navide\u00f1as y de fin de a\u00f1o 2022\u00bb (archivo digital 0006Memorial.pdf). <\/p>\n
En tal virtud, el 17 de abril de los corrientes este Despacho se comunic\u00f3 con Hilda Rufina Gonz\u00e1lez Bernal al apartado telef\u00f3nico, seg\u00fan lo reglado en el inciso segundo del art\u00edculo 111 del C\u00f3digo General del Proceso, quien corrobor\u00f3 lo informado por su hermano Carlos Uriel Gonz\u00e1lez Bernal, y afirm\u00f3 que Ana Francisca Bernal de Gonz\u00e1lez se encuentra domiciliada en el municipio de Puente Nacional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando que, si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
3. A su vez, el inciso 2\u00ba, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla especial de competencia que \u00aben los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb, (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
En ese orden, reluce que la asignaci\u00f3n del conocimiento de los asuntos, en particular, los juicios de alimentos de menores, por el factor territorial, ser\u00e1 fijado de forma privativa al funcionario del domicilio y\/o residencia de este, lo que excluye la aplicaci\u00f3n de cualquier otra regla. <\/p>\n
As\u00ed lo ha manifestado la Sala al se\u00f1alar que \u00abla atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos (\u2026) de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u00bb (AC8147, 28 nov. 2016, rad. 2016-03144-00). <\/p>\n
Sin embargo, en anteriores asuntos tra\u00eddos al conocimiento de la Sala en los que se involucraban derechos de personas de avanzada edad, entendiendo por tales los mayores de 60 a\u00f1os3, fue definido que la regla llamada a determinar la competencia por el factor territorial es la prevista en el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Determinaci\u00f3n apuntalada en que el esp\u00edritu de esa norma adjetiva era brindar protecci\u00f3n a personas que en raz\u00f3n a su edad se pod\u00edan hallar en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y\/o riesgo, lo que les dificultar\u00eda en mayor medida materializar su derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En tal sentido la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de la ratio legis de esa norma, cuyo prop\u00f3sito central se cifra en auxiliar a cierto tipo de personas o grupo poblacional que, en raz\u00f3n de su edad, se encuentran inmersas en cierta situaci\u00f3n de vulnerabilidad y\/o indefensi\u00f3n, que les dificulta y\/u obstaculiza su acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 CP). <\/p>\n
No se ven razones para confinar el mandato en ella prescrito \u00fanicamente a los supuestos donde se encuentren involucrados intereses de menores; por el contrario, resulta imperioso extender esa protecci\u00f3n tambi\u00e9n a los adultos mayores. <\/p>\n
S\u00f3lo as\u00ed puede garantizarse el desarrollo de los postulados integrados en numerosos instrumentos internacionales y regionales, entre los m\u00e1s relevantes, el Protocolo Adicional a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (Art. 17), la Carta de San Jos\u00e9 sobre los Derechos de las Personas Mayores (2012), los Principios de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (1991), la Proclamaci\u00f3n sobre el Envejecimiento (1992) y la Declaraci\u00f3n de Brasilia (2007), redactada en el marco de la Segunda Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el previsto en el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n, en cuya virtud \u201c[e]l Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan\u201d. <\/p>\n
2.3. La Interpretaci\u00f3n acabada de hacer, vista en su conjunto, consulta mejor la finalidad de la legislaci\u00f3n procesal y sustantiva y deja a salvo los intereses generales y privados, e indemne la equidad y la justicia, faro y gu\u00eda de la hermen\u00e9utica de las normas en el marco del Estado Constitucional y Social de Derecho\u00bb. (CSJ AC2810-2019, 18 de jul. 2019, rad. 2019-02112-00, reiterado en AC965-2022, 11 de mar. 2022. rad. 2022-00449-00). <\/p>\n
Y es que la protecci\u00f3n del adulto mayor es un compromiso asumido por el Estado colombiano a trav\u00e9s de m\u00faltiples convenciones, la m\u00e1s reciente, mediante promulgaci\u00f3n de la ley 2055 de 2020, aprobatoria de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana Sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores\u00bb, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015, que ratifica como uno de sus axiomas que \u00abla persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminaci\u00f3n fundada en la edad ni a ning\u00fan tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, entre otros derechos, reconoce en su articulado el del acceso a la justicia4, que en sentencia C-395 de 2021 fue rememorado por la Corte Constitucional de la siguiente manera: <\/p>\n
423. El art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n se refiere al derecho que tienen todas las personas mayores a ser o\u00eddas en un proceso judicial con todas las garant\u00edas propias del debido proceso y en un plazo razonable. Al respecto, indica que cuando se encuentre un riesgo a la salud o vida del adulto, se deber\u00e1 tramitar de manera expedita la actuaci\u00f3n administrativa o judicial. <\/p>\n
424. En la construcci\u00f3n de un orden social justo, en los t\u00e9rminos en que lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n, se debe asegurar la igualdad y la justicia a toda la comunidad. siendo la justicia y la igualdad dos valores fundamentales de la Constituci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del Pre\u00e1mbulo. Para ello, deber\u00e1 brindarse la posibilidad de que las personas resuelvan de manera definitiva sus controversias, adjudicaci\u00f3n o reconocimiento de sus derechos sustantivos. <\/p>\n
425. El derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia se encuentra consagrado en el art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n, de acuerdo con el cual \u201c[s]e garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 casos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado\u201d. Este es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho, as\u00ed como que se le ha reconocido su calidad de derecho fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata, el cual se armoniza con el derecho al debido proceso, y con del derecho humano a la justicia. De acuerdo con esta Corporaci\u00f3n, el contenido de este derecho es el siguiente: \u201c(i) el acceso a un juez o tribunal imparcial, como materializaci\u00f3n del acceso a la justicia, (ii) a obtener la sentencia que resuelva las pretensiones planteadas de conformidad con las normas vigentes, y (iii) a que el fallo adoptado se cumpla efectivamente; siendo estos dos \u00faltimos elementos los que permiten la materializaci\u00f3n de la tutela judicial efectiva\u201d. <\/p>\n
4. Con base en tales premisas y descendiendo al caso en concreto, menester es resaltar que la demandante, quien es un adulto mayor, tiene su domicilio en la direcci\u00f3n \u00abCarrera 3 N\u00b0 11- 156 \/ 194, Barrio san Luis, Puente Nacional\u00bb. Situaci\u00f3n que en este preciso caso implica ceder ante la prevalencia del inter\u00e9s superior del adulto mayor, por lo cual se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al inciso 2\u00b0, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento del estrado judicial de Puente Nacional, al pretender apartarse del conocimiento del asunto, pues, ins\u00edstese, el domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero de atribuci\u00f3n de competencia territorial, en favor de las personas de la tercera edad, en tanto prevalecen los derechos e inter\u00e9s superior de estos, por su relevancia constitucional5. <\/p>\n
Y si bien en alg\u00fan momento del tr\u00e1mite la convocante se traslad\u00f3 a Calarc\u00e1, esto no significa que tal reubicaci\u00f3n obedeciera a un cambio de domicilio, sino simplemente fue para pasar una temporada de vacaciones en casa de una de sus hijas. De manera que, no hay raz\u00f3n para inferir un cambio en el domicilio de la actora y, por lo tanto, se concluye que este continu\u00f3 establecido en el municipio de Puente Nacional, donde siempre ha estado ubicada su residencia con \u00e1nimo se permanencia, como informaron sus descendientes a este despacho. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puente Nacional, por ser el competente para conocer del mencionado proceso y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puente Nacional, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Perteneciente al Distrito Judicial de San Gil. <\/p>\n
2\u0002 Perteneciente al Distrito Judicial de Armenia. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia C-395 de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 31 ley 2055 de 2020: \u00abLa persona mayor tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, incluso mediante la adopci\u00f3n de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuaci\u00f3n judicial deber\u00e1 ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor\u2026\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Sentencia C-395 de 2021. \u00ab432. Cabe advertir que como se ha reiterado en el an\u00e1lisis de este asunto, el adulto mayor es qui\u00e9n supera los 60 a\u00f1os. As\u00ed, en principio, este grupo podr\u00eda contar con una condici\u00f3n de vulnerabilidad debido a los cambios f\u00edsicos que se generan por el paso del tiempo y los eventuales padecimientos de salud, que pueden dar lugar a actuaciones discriminatorias debido a la edad. Por ello, en virtud de los art\u00edculos 13 y 46 de la Constituci\u00f3n, es exigible un trato especial y preferencial que le permita disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. En la Convenci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis se pretende llenar de herramientas jur\u00eddicas a este grupo etario y exigir a los Estados el cumplimiento de obligaciones espec\u00edficas tendientes a la materializaci\u00f3n de dicho fin. 433. El trato al que se refiere este art\u00edculo a favor del adulto mayor tiene dos \u00e1mbitos de protecci\u00f3n especial: (i) la debida diligencia y el tratamiento preferencial para la tramitaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales, y (ii) la necesidad de que la actuaci\u00f3n judicial se delante de forma expedita\u00bb. <\/p>\n
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